| Jueves 18 de Septiembre de 2014

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Asi se retiro Alvaro Uribe del Senado en medio del debate

El expresidente pasó de la defensa al ataque y se fue lanza en ristre contra Santos, Vargas Lleras, Cristo, Serpa, Galán, Chamorro y el propio Cepeda.

 

El debate del senador del Polo Iván Cepeda sobre los eventuales vínculos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo y el narcotráfico tomó un giro inesperado. Este se produjo, precisamente, en la intervención del exmandatario, que, como es su costumbre, pasó de la defensa al ataque.

En algo más de una hora, Uribe respondió de forma vana y general a los señalamientos de Iván Cepeda, quien presentó en el recinto del Senado un extenso dossier en el que relacionaba varias cuestionadas actuaciones de Uribe, desde su época de director de la Aeronáutica, pasando por la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, su primer paso por el Senado de la República y, lógicamente, sus ocho años como presidente de la República (lea el texto completo de su discurso ).

Lo que hizo el expresidente para afrontar esos señalamientos fue “despacharse” contra todo el que pudo. Parecía escrutar con su mirada a cada uno de los asistentes al debate, y uno a uno fue lanzándoles dardos y dejando en el aire acusaciones en contra de ellos.

Cuando empezó a defender la honra de los miembros de su familia, especialmente a su hermano Santiago, propietario de la ganadería La Carolina, se fue contra el hoy vicepresidente, Germán Vargas Lleras. No sólo lo acusó de clientelista y de “intrigar” en la elección del magistrado de la Corte Suprema Augusto Ibáñez, sino de las del fiscal general Eduardo Montealegre, y de la reciente de Edgardo Maya Villazón a la Contraloría.

También lo señaló de tener vínculos con los paramilitares en Casanare, e insinuó que el fiscal Montealegre se encargó, en tiempo récord, de archivarle un proceso por esa causa. “En cambio, a pesar de numerosas pruebas, la Fiscalía no ha tenido la gallardía de archivar la investigación contra mi hermano Santiago”, dijo.

Al exsenador y actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también le dedicó varios minutos. “Cómo voy a creer en el ministro del Interior, si acudió a mi oficina a pedirme garantías porque el alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo lo iba a matar, y después aparece de aliado político de Ramiro Suárez”.

Al presidente Juan Manuel Santos, Uribe no sólo lo calificó de estar aliado con las FARC para promover este debate, sino que le recordó que quiso aliarse con el paramilitarismo para sacar del poder al presidente Ernesto Samper.

En el recinto se encontraban los senadores Carlos Fernando y Juan Manuel Galán. Uribe recordó su gran amistad con Luis Carlos Galán y el trabajo político que tuvo con él. Aprovechó ese hecho para decirle a uno de ellos, no se refirió a cual, que durante su gobierno le pidió que lo nombrara en un cargo diplomático en Londres y que después “salió a maltratarme en los medios de comunicación”.

A Iván Cepeda, el citante del debate y quien debió quedarse a la espera de muchas respuestas, lo calificó de aliado de las FARC. “El promotor del debate es mentiroso consumado. Siendo yo presidente fue a hacer una inspección al Ubérrimo (su finca) a pedir liberación de 'Simón Trinidad', camufla sus visitas a las cárceles. En los correos de 'Raúl Reyes' lo retratan como un aliado del grupo terrorista de las FARC”.

Se refirió a Yanette Bautista, una de las 12 personas que integraron la primera delegación de víctimas en La Habana, hermana de Nydia Érika Bautista, desaparecida por miembros del Ejército. Uribe dijo tener pruebas de que ella no era una víctima del conflicto, sino que era una guerrillera del ELN en el Catatumbo.

Pero quizá la despachada que causó mayor efervescencia fue la última, cuando le dedicó espacio al senador Jimmy Chamorro, presidente de la Comisión Segunda y quien fue uno de los que permitieron la realización de este debate.

“Usted fue a mi casa a decirme que quería entrar al Centro Democrático. En esta foto aparece en la convención. Pero después le ofrecieron la cabeza de La U. Usted ha procedido con crueldad. Le entregaré a la Corte Suprema los cheques que a usted le dieron los carteles de la droga para financiar su campaña”, dijo Uribe.

Defensores de DD. HH., ‘objetivo militar’ de las Águilas Negras

En menos de 24 horas, 91 defensores de la paz y Derechos Humanos fueron amenazados.

 

Por segunda vez en menos de 24 horas, 91 defensores de la paz y los Derechos Humanos fueron amenazados de muerte a través de un correo electrónico que, en este caso, está firmado por el grupo paramilitar Águilas Negras, según denunciaron este martes varias asociaciones.

Pese a que el número de amenazados es el mismo, en la lista recibida este martes hay tres nombres que no aparecen en el mensaje del lunes.

En este segundo mensaje, cuyo asunto es "objetivo militar", el grupo paramilitar da quince días a los amenazados para abandonar Colombia y acusa a los activistas de ser "guerrilleros comunistas".

Entre las personas amenazadas se encuentra una de las víctimas que participó en el primer grupo que viajó a La Habana en el marco de las audiencias previstas por la Mesa de Conversaciones.

Asimismo, en los panfletos se lee que van a "a picar en pedacitos" a los activistas y, al igual que en el primer correo, abundan los insultos y las amenazas contra sus familiares.

Del mismo modo se repiten las críticas a la defensa que los activistas hacen del proceso de paz con la guerrilla de las FARC y aseguran que "ese puto cuento no se lo come nadie".

Fuentes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), algunos de cuyos directivos están en la lista de amenazados, comentaron a Efe que "no se puede menospreciar ningún hecho victimizante" y menos cuando estos se producen de forma reiterada.

En este sentido ratificaron la solicitud al Estado de que tome medidas para proteger a los amenazados ya que, según dijeron, hasta ahora no se ha tomado ninguna.

Otra de las amenazadas, Jael Quiroga, de la Corporación Reiniciar, hizo un llamamiento urgente a través de un comunicado de prensa para "que cesen los señalamientos contra las defensoras y los defensores de derechos humanos".

La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó las amenazas de muerte enviadas por correo electrónico a más de 90 defensores y defensoras de derechos humanos, que trabajan por la paz. Por lo que la organización hizo un llamamiento al Estado, la Fiscalía y la Unidad de Protección para que se adopten medidas urgentes que garanticen la vida y la integridad de las personas amenzadas.

 

*Con información de Efe

Montes de María | Informe de DDHH y DIH 2012-2013
nacional  | Sábado, 13 de Septiembre de 2014 19:50

El Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA, presenta el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos (2012-2013) "Montes de María: Un escenario de riesgo para la exigibilidad de los Derechos de la población víctima del conflicto armado".

Los Montes de María, área geográfica conformada por la intersección de 15 municipios entre los departamentos de Bolívar y Sucre en la Costa Caribe colombiana, constituye una de las zonas del país con altos índices de violaciones a los derechos humanos (DDHH) que configuraron una gran crisis humanitaria. Entre los crímenes más representativos cometidos contra la población campesina se encuentran hechos imborrables como las masacres de El Salado y Macayepo en el Carmen de Bolívar, Chengue en el municipio de Ovejas y la de Las Brisas en María La Baja, perpetradas por paramilitares pertenecientes al Bloque Montes de María –de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)– quienes contaron con el apoyo de funcionarios públicos y de influyentes personalidades políticas regionales que actualmente se encuentran investigadas o condenadas, y quienes incluso, en ocasiones, llegaron a actuar en complicidad con miembros de la Fuerza Pública.

El presente informe sobre el contexto de riesgo para la exigibilidad de los derechos de la población rural víctima del conflicto armado en los Montes de María, da continuidad a un informe anterior titulado “Montes de María: entre la consolidación del territorio y el acaparamiento de tierras”, que constituyó un esfuerzo previo de aproximación a la situación de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario para el periodo 2006-2010 y fue publicado por el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo (ILSA) en el año 2012.

Al igual que el anterior, este trabajo se inscribe en la ejecución del proyecto “Protección a la población afectada por el conflicto armado interno colombiano y consolidación de los procesos de restablecimiento y reparación de las víctimas y sus asociaciones desde un enfoque basado en derechos”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Este documento hace parte así de la estrategia de apoyo de este programa al monitoreo permanente de la situación de Derechos Humanos en los Montes de María.

El informe cubre hechos asociados al periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2013 y guarda continuidad y sostiene las tesis estructurantes del informe anterior; algunas de las cuales ya fueron previamente expuestas en esta introducción. Su estructura consta de 4 capítulos.

El primero de ellos busca encuadrarse en el análisis de los hechos más significativos registrados en el anterior informe, con la situación de riesgo que define en la actualidad la implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, así como la exigibilidad de los derechos en la región.

El segundo capítulo constituye un esfuerzo interpretativo adicional del fenómeno de compras masivas de tierras que caracteriza a los Montes de María desde el año 2005, y del eventual contexto de riesgo que puede generar la reclamación de tierras, a la luz del fallo emitido en la primera sentencia de restitución de tierras para el Carmen de Bolívar, que desde el pasado mes de julio de 2013 generó un precedente jurídico significativo frente al fenómeno de compras masivas, al ordenar la restitución de un predio afectado por una transacción realizada entre una víctima de desplazamiento forzado y un particular que aprovechó la oportunidad para invertir.

El tercer capítulo es un balance de los riegos que la cultura de la impunidad de los crímenes cometidos contra la población civil, implican en un contexto en el que la mayoría de los hechos que constituyeron daños, afectaciones y violaciones no han sido esclarecidos, ni sus responsables judicializados o sancionados; impunidad que por permisiva podría conducir a la institucionalización social de la violación de Derechos Humanos, al disciplinamiento y control de la población por la acción del miedo y la desconfianza, y a imposibilitar acciones de construcción de ciudadanía y de exigibilidad de derechos en una zona en la que el Estado de Derecho también fue socavado por las acciones de los actores armados.

En el cuarto capítulo se describen los hechos violentos cometidos por grupos armados ilegales que durante el 2012 y el 2013 hicieron presencia en los 15 municipios; en total se estudian 225 hechos, algunos de ellos violentos pero también otros que no hicieron victimas sino que representan índices de una presencia armada ilegal. A partir de estos hechos, se propone un análisis que los relaciona con el contexto actual de la exigibilidad de derechos de las víctimas del conflicto y de la implementación de la Ley 1448 en la región.

En el quinto capítulo, se describen hechos violentos relacionados con violencia sexual contra mujeres y niñas en los Montes de María, ejercidos de manera regular y sistemática por grupos ilegales organizados desde el año 2009. A partir de los casos, se analiza la respuesta institucional y se evalúa la implementación de la ruta de atención, protección y reparación a estas víctimas.

Para finalizar, es importante señalar que, a pesar del exhaustivo esfuerzo por analizar el contexto de riesgo para la exigibilidad y la defensa de los Derechos Humanos en los Montes de María, así como de los factores que lo configuran, este trabajo no deja de ser una interpretación aproximada inconclusa de la situación; interpretación que constituye nuestro aporte al difícil trabajo de monitoreo constante que permita alertar sobre las necesidades de protección de los derechos de la población víctima del conflicto armado, con quienes el Estado colombiano asumió un reto reciente: garantizar la no repetición de las agresiones y de la violación de los derechos, de las que por más de dos décadas esta población ha sido objeto.

 

“Unidad y compromiso con la paz y el socialismo”
nacional  | Viernes, 12 de Septiembre de 2014 13:41

 

Por Nelson Lombana Silva


En la ciudad de Bogotá se dio inicio al primer Congreso Nacional Alternativo del sindicalismo clasista, evento que irá hasta mañana y que reviste singular importancia por cuanto se reúnen delegados sindicales clasistas a estudiar crítica y autocríticamente la aguda crisis que vive el sindicalismo, sobre todo la Central Unitaria de Trabajadores (Cut) ad portas de realizar su VI congreso en Santa Marta.

El magno evento estuvo antecedido de encuentros regionales, eventos en los cuales se planteó la problemática del sindicalismo nacional e internacional de conformidad con la actual configuración del régimen capitalista altamente transnacionalizado en el marco del modelo neoliberal.

El sindicalismo tolimense se reunió en Ibagué en rico, participativo y democrático debate colocando en blanco y negro la situación actual del sindicalismo clasista, pero también planteando alternativas de solución que permita el sindicalismo recobrar su liderazgo en la dura batalla contra el patrón capitalista altamente corrompido y transnacionalizado.

Entre los sindicalistas asistentes estuvo la Asociación de los Trabajadores de los medios de comunicación (Asoprensa) seccional Tolima, sindicato que alimentado por la discusión y sus propios aportes, pudo concretar un documento el cual será presentado hoy o mañana por su delegado, el compañero Oscar Hernández.

Dicho documento propone sin ambages de ninguna naturaleza la unidad, la paz y el socialismo. Eso quiere decir la necesidad de luchar por un sindicalismo comprometido con los trabajadores, la lucha de clases, contra el capitalismo y por el socialismo. Implica luchar por la defensa de la Cut para que retome su misión al ser fundada en 1986.

En exclusiva, la página web: www.pacocol.org tuvo acceso al documento que leerá el compañero Oscar Hernández en Bogotá, documento crítico y propositivo que aporta desde Asoprensa seccional Tolima al debate nacional que será seguramente dinámico y provechoso, pero sobre todo unitario encaminado a salvar la Cut y el sindicalismo clasista en general, comprometido con cambios estructurales y de fondo. Se trata de proyectar la Cut depurándola de todos los vicios propios del capitalismo.

El texto completo es el siguiente:

Compañeros y compañeras:

“A nombre de la Asociación de los Trabajadores de los medios de comunicación, (Asoprensa) seccional Tolima, queremos expresar un fraternal, revolucionario y combativo saludo a todos y todas presentes en este magno encuentro sindical, en solidaridad con nuestra Central Unitaria de Trabajadores, Cut, central que atraviesa una crisis sin precedentes en la lucha sindical en Colombia y que hace urgente unir esfuerzos para ayudar a resolver dicha crisis y la Cut recobre el horizonte, las perspectivas que dieron origen a su fundación en 1986”.

“Sin embargo, seríamos demasiados cortos afirmar que solamente la Cut está en crisis, sería más correcto decir que hay crisis al interior del sindicalismo nacional e internacional de vastas proporciones. Es más: la crisis resulta estructural y está determinada por un sistema económico cada vez más incapaz de resolver los problemas de la humanidad. El capitalismo se hunde en sus propias contradicciones en el marco de la brutal globalización. Se hace cada vez más irracional e inhumano. Más depredador de la naturaleza y de todo al ser convertido, todo absolutamente todo, en mercancía”.

“Asumiendo el espíritu crítico y autocrítico habría que decir que el mismo sujeto transformador se encuentra en crisis, quizás hemos sido permeados o cooptados por las fuerzas monstruosas del capitalismo. Se expresa esta tesis a través del sindicalismo conciliador, ahistórico y “apolítico” que hoy hace carrera en Colombia y en el mundo, hace carrera con entera libertad e incluso,  con el mismo apoyo de la burguesía”.

“Pensamos que la crisis no es producto de la casualidad. Por el contrario, es producto de causas concretas, que hay que develar y caracterizar con el fin de proponer soluciones concretas y coherentes con el momento histórico que está viviendo la humanidad y la sociedad colombiana”.

“No es ajena a la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Urss, y la caída del muro de Berlín, tampoco el surgimiento del neoliberalismo. Sobre todo si entendemos que el neoliberalismo no hace referencia solamente al campo económico, sino también a otros campos importantes como el social, político, ideológico, cultural y ambiental”.

“Asoprensa seccional Tolima participó de dos eventos para llegar a este encuentro. Lo hizo animado por la necesidad de contribuir a buscar soluciones, salidas audaces que permitan la recuperación de la Cut. Valoramos los diagnósticos pero pensamos que estamos saturados de diagnósticos. Como dijera el comandante Fidel Castro: Basta de palabras, acciones”.

“La crisis de la Cut es compleja: Debilidad ideológica, graves problemas de carácter ético y poca capacidad de lucha, poca capacidad de crítica y autocrítica. Sumado a eso, tenemos la brutalidad del régimen militar – paramilitar, la aberrante política anticomunista, la estigmatización y la cooptación”.

“Proponemos: Unidad, Conciencia social y de clase, depuración, crítica y autocrítica profunda, sincera y de clase. Fundamental resulta una revisión de los estatutos de la Cut, impulsar la educación sindical sobre dos elementos esenciales: Teoría y Práctica. También apoyar decididamente los diálogos de la Habana (Cuba) y las perspectivas de diálogo con los elenos. Una salida política le debe apostar el sindicalismo colombiano de manos de la Cut”.

 

“Bienvenida la discusión y las conclusiones para avanzar”.

CARAVANA EN DEFENSA DEL AGUA Y EL TERRITORIO
nacional  | Viernes, 12 de Septiembre de 2014 13:22

Las comunidades de la región del Sumapaz adelantaremos este 16 de septiembre una gran caravana hacia Bogotá, con el fin de llevar al presidente de la república un derecho de petición firmado por 25.000 personas de la región, que exige la rescisión de los contratos de exploración y explotación petrolera y minera adjudicados en los municipios de Fusagasugá, Pasca, Pandi, Silvania, San Bernardo, Tibacuy, cabrera, granada, Arbeláez, Sibaté, Venecia.

 

Se instala la subcomisión de género en los diálogos de paz
nacional  | Martes, 09 de Septiembre de 2014 14:21

tomado del espectador

 

Estará integrada por 10 miembros que serán los encargados de verificar que se tenga en cuenta a la mujer como uno de los ejes centrales en los acuerdos.

Negociadores de las Farc y del gobierno colombiano, en el marco de los diálogos de paz, crearon este domingo en La Habana, una subcomisión para abordar la equidad de género y en particular la situación de la mujer enColombia.

1er FORO POR EL AGUA Y EL TERRITORIO CAMPESINO
nacional  | Lunes, 08 de Septiembre de 2014 13:34

La nueva edición del Boletín Nyéléni es ahora en línea!


El acaparamiento de tierras en el planeta crece implacable.

No es sólo su utilización para emprendimientos agrícolas industriales de monocultivo de materias primas de exportación,  ni la producción dislocada de alimentos en otros países.

Implica extractivismo: agua, minería, petróleo, deforestación, narcotráfico, servicios ambientales y proyectos REDD  (es decir territorios enajenados aparentemente en resguardo) y la especulación subsecuente con ellos, el turismo, 
el desarrollo inmobiliario y la urbanización, la geopolítica militar y mucho más.

En este número de Nyéléni, queremos asomarnos un poco a este fenómeno creciente y a 
las posibilidades de resistirlo desde nuestras comunidades.

 


Haga clic aquí para descargar la edición en español o lea el boletíndirectamente, en el sitio web www.nyeleni.org

Haciendo memoria a inicios de siglo XX cuando en la ZONA BANANERA del departamento del MAGDALENA, se empezaba a desarrollar con gran empuje el cultivo del BANANO, los empresarios de la época en cabeza de la MULTINACIONAL UNITED FULL COMPANY, vinculaba a los y las trabajadoras sin ninguna clase de contrato, ni garantías LABORALES, SIN SALUD, EDUCACION, ni VIVIENDA, mucho menos los servicios básicos esenciales, lo que llevo a que en Diciembre de 1928 estos trabajadores se revelaran contra estas COMPAÑIAS exigiendo mejoras salariales y condiciones DIGNAS de TRABAJO y respeto a las garantías laborales, lo que dio que como respuesta de las MULTINACIOBNALES Y el gobierno de la época, respondieran con balas asesinando a más de 3.000, trabajadores, HOMBRES y MUJERES,  que reclamaban sus derechos.

Hoy a pesar que existe una ORGANIZACIÓN SINDICAL denominada SINTRAINAGRO de ideología patronalista desde hace más de dos décadas, los empresarios siguen maltratando y violando todas las normas laborales existentes en la Legislación Colombiana, con el beneplácito de quienes dirigen esta Organización Sindical.

Sin embargo desde el año 2006,  nace una nueva esperanza para los trabajadores de la Zona, al constituirse la Organización Sindical SINTRAGRANCOL, filial de FENSUAGRO-CUT, que con esfuerzo, por encima de los obstáculos que las empresas en ALIANZA con el Sindicato SINTRAINAGRO, para no dejar avanzar el desarrollo de la actividad de asociación y bajo la mirada cómplice y pasiva de las autoridades, sin embargo cada día crece más la credibilidad de la Organización Sindical clasista, afianzando su trabajo y solidaridad con el respaldo de Organizaciones como SINTRAMINERGETICA, SINTRAIME, EL INTERSINDICAL DE LA AGROINDUSTRIA Y LA ALIMENTACION EN COLOMBIA, entre otras, que sigue adelante en defensa de los Intereses de todos y todas las trabajadoras de esta región.

Por eso hoy ya hemos logrado pactar en tres ocasiones CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO –CCT- con la finca VILLA GRANDE, en diciembre del 2013 se firma CCT con la finca SAN RAFAEL y el pasado 06 de Junio se firmó CCT con la finca CORDOBA BIS, donde se ha logrado estabilidad laboral y mejores garantías y condiciones para los trabajadores.

Sin embargo la unidad de empresarios con el sindicato SINTRAINAGRO, y la parcialidad a favor de estos, los funcionarios de quien (imparten Justicia) hace que no logremos avances en otras empresas y fincas de la Zona, caso en la empresa AGROBANACARIBE, la cual consta de 10 fincas en la Zona con algo más de 700 trabajadores, donde SINTRAINAGRO tiene pactado CCT, pero que desde hace tres negociaciones los trabajadores ven retrocesos en sus derechos adquiridos, como el caso de salarios congelados, desmonte de algunas conquistas ya adquiridas, despidos injustos, y acuerdos entre la empresa y el Sindicato que desmejoran los ingresos. En un momento más de 400 trabajadores se habían afiliado a SINTRAGRANCOL, pero en una campaña entre la empresa y la dirección de SINTRAINAGRO, donde ofrecieron prebendas económicas, iniciaron a aplicar el doble descuento Sindical a los afiliados a SINTRAGRANCOL, desconocimiento de afiliaciones por parte de la empresa, desconocimiento del derecho de negociación, persecución a los afiliados de este Sindicato etc. Hoy persisten afiliados más de 300 trabajadores en SINTRAGRANCOL, en espera que las autoridades laborales cumplan con su obligación de defender los derechos Sindicales como laborales de todos los trabajadores.

Así mismo la empresa AGROBANANO finca SAN PEDRO, en unión con SINTRAINAGRO logran desmontar un proceso Organizativo y de negociación que iniciaron estos

trabajadores con SINTRAGRANCOL, los cuales más de 100 que se afiliaron a SINTRAGRANCOL fueron desalojados de la finca, despedidos de la empresa, mientras vinculan en su remplazo una cantidad igual de trabajadores, afiliándolos a SINTRAINAGRO al momento de la contratación y que hoy cuando también reclaman mejores condiciones de trabajo los retiran sin contemplación alguna.

Con SINTRAGRANCOL, FENSUAGRO-CUT venimos realizando sensibilización para que los trabajadores despierten y reaccionen ante las barbaries que comenten estos empresarios con los trabajadores de la zona en complicidad con SINTRAINAGRO, y la complacencia de las autoridades, donde permiten que en estas empresa hayan trabajadores que ni siquiera les pagan el salario mínimo de ley, que no tengan seguridad Social, ni los tengan en un fondo de pensiones mucho menos a una caja de compensación, no les paguen prestaciones sociales ni ninguna otra garantía contempladas en la legislación laboral COLOMBIANA.

Ante esta situación el trato y señalamiento, que venimos recibiendo la dirigencia de SINTRAGRANCOL Y DE FENSUAGRO, que estamos al frente de este proceso, por parte de los empresarios de la Zona y la dirigencia de SINTRAINAGRO, es de delincuentes como lo ocurrido durante el paro de los trabajadores de la finca SAN PEDRO.

En esta región no hay ley para los empresarios que explotan sin misericordia a los trabajadores, la situación de salud, educación, vivienda, saneamiento básico, derechos Sociales y humanos son precarios.

Por tal razón llamamos a las Organizaciones de Derechos Humanos, que intercedan  ante organismos nacionales e internacionales competentes para que se nos reconozcan como ciudadanos con derechos laborales y sociales.

A las organizaciones Sindicales que actúan en contra de los intereses de los trabajadores y acompañan a los empresarios en los atropellos, que recapaciten y adquieran consciencia del mal que ocasionan a la institución sindical y por ende a los trabajadores,  que día a día desmejoran su calidad de vida y aportan ingresos para funcionamiento sindical que en ocasiones son mal utilizados por esta dirigencia.

A las autoridades que cumplan oportunamente con su deber ajustado a la ley y al derecho con imparcialidad ante los patronos y trabajadores. No como lo ocurrido el día de hoy, que a pesar que a los trabajadores de la FINCA SAN PEDRO se les violan todos sus derechos. Por el paro que desarrollan en defensa de estos, las autoridades les declaran paro Ilegal para justificar la masacre laboral cometida por esta empresa. Mientras a su vez el ministerio de trabajo archiva una demanda de múltiples abusos y violaciones a los derechos de la Organización SINTRAGRANCOL y  trabajadores de la empresa AGROBANACARIBE, sin tener en cuenta evidencias y sustentaciones de del sindicato. Y alude el deber de sancionar a las empresa MONTE LIMAR, AGROBANACARIBE Y AGROBANANO, que violando el artículo 433 de CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO ya que a estas empresas se les presento pliego de peticiones, 28 de Noviembre del 2013, 18 de Diciembre del 2013 y 01 De Abril del 2014 respectivamente, e incumpliendo lo acordado entre nuestra Organización sindical, la Doctoras PATRICIA MARULANDA, DANCY PALACION, JULIA ESTHER MEJIA DE PINTO Y MARILUZ SAAVEDRA BOHORQUES funcionarias del Ministerio de trabajo Nacional, Regional Magdalena e Inspectora de trabajo de Cienaga.

Ciénaga Junio 12 de 2014

PABLO ELIAS VARGAS MANTILLA

Coordinador Nacional

 

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy el informe “Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, con motivo de la visita in loco realizada en diciembre de 2012.

La Comisión advierte que Colombia se encuentra en un momento histórico en el que se concibe la suscripción de un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, que podría poner fin al conflicto armado luego de más de cinco décadas de duración. La CIDH valora y alienta el avance de los diálogos de paz y reitera su convicción de que el camino transitable para lograr el objetivo de una paz estable y duradera debe descansar en el pleno respeto a los derechos humanos. En este sentido, es necesario el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, el juzgamiento de los responsables y su sanción conforme a la ley, así como la reparación del daño causado a las víctimas.

Este informe aborda diversas temáticas, en particular las relativas a los derechos a la verdad, justicia y reparación. La Comisión resalta, en este sentido, la importancia de redoblar esfuerzos para combatir la impunidad.

Respecto a este punto, la Comisión reconoce y valora que el enfoque que el Estado aplica en las negociaciones de paz se centra, entre otros principios, en un enfoque que se basa en los derechos humanos, la situación y necesidades de las víctimas, y la necesidad de evitar la repetición de las violaciones del conflicto. La Comisión considera especialmente importante en términos prácticos y simbólicos la incorporación de victimas representativas en las negociaciones de paz.

La Comisión constata en su informe el grave impacto que continúa teniendo el prolongado conflicto armado interno colombiano en la situación de derechos humanos en el país. La guerra ha conjugado todas las formas de violencia y ha acontecido en los lugares más apartados, perpetuando y acentuando contextos de discriminación y exclusión social histórica, en especial con los sectores en mayor situación de vulnerabilidad, en particular, personas afrodescendientes, raizales y palenqueras; niños, niñas y adolescentes; pueblos indígenas; mujeres; periodistas y comunicadores sociales; personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex, y personas privadas de libertad.

En este contexto, analiza la situación de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal en casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; así como la efectividad de los mecanismos adoptados para proteger las personas que se encuentran en situación de riesgo. La CIDH también examina la continuidad del fenómeno del desplazamiento forzado interno, el cual representa, a juicio de la Comisión, uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta Colombia en la actualidad y en las décadas venideras. Igualmente, el informe recoge la información que la Comisión ha sistematizado y analizado respecto de la situación de los derechos económicos sociales y culturales, y la situación específica de los grupos especialmente afectados por el conflicto armado interno.

La CIDH ha establecido que el principio de no-discriminación es uno de los pilares de cualquier sistema democrático y que es una de las bases fundamentales del sistema de protección de derechos humanos instituido por la OEA. A pesar de ello, tal como se desarrolla a lo largo de este informe, la Comisión advierte que el conflicto armado interno colombiano provoca y contribuye a perpetuar ciertas afectaciones específicas a determinados grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y/o afectados por múltiples niveles de discriminación. La Comisión analiza de manera detallada el impacto diferenciado respecto de cada uno de estos grupos, tomando en cuenta el concepto de interseccionalidad.

Para la CIDH, la superación de la violencia se encuentra indisolublemente vinculada a la superación de la situación de impunidad y que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares puedan obtener justicia. Este es otro de los desafíos centrales y urgentes que la Comisión identifica en su informe. En ese sentido, la Comisión presenta sus consideraciones sobre las reformas adoptadas por el Estado en materia de justicia transicional y los mecanismos de reparación para las víctimas, principalmente la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; las reformas planteadas en materia de justicia penal militar, y los avances y desafíos en la implementación de la Ley de Justicia y Paz.

Una parte importante de los desafíos que enfrenta Colombia se relaciona con asegurar justicia, verdad y una reparación adecuada a las víctimas del conflicto. En este sentido, la CIDH considera que el Estado debe fortalecer el trabajo de las instituciones que desempeñan un rol en las funciones de investigación y administración de justicia, en particular en la implementación de la Ley de Justicia y Paz. La CIDH reconoce el momento histórico que atraviesa el Estado para la construcción de la paz en el país y ha observado que el Estado se encuentra desarrollando diversas medidas legislativas encaminadas a tal dirección. La Comisión considera que la construcción de la paz se encuentra indisolublemente vinculada a la investigación, juzgamiento y reparación de violaciones de los derechos humanos, particularmente, aquellas cometidas por los agentes del Estado o con su apoyo o aquiescencia. En este sentido, la Comisión considera imperativo que el Estado adopte una perspectiva de derechos humanos al tomar las decisiones que correspondan al marco jurídico transicional, de tal manera que garantice el acceso a la justicia de las y los colombianos en conformidad con las obligaciones internacionales que el Estado ha asumido.

En el contexto actual de las negociaciones hacia la paz, y tomando en cuenta las complejidades que surgen debido a la prolongación del conflicto, la Comisión analiza la particular situación de riesgo que enfrentan las y los defensores de los derechos humanos. La CIDH destaca que en virtud del carácter vinculante de las medidas de protección del sistema interamericano, reconocido por el Estado de Colombia, y del principio de buena fe que rige en el derecho internacional, la fase que le corresponde al Estado ante un otorgamiento de una medida de protección proveniente del sistema interamericano, es la de su implementación y seguimiento. En tal sentido, la Comisión recuerda que la implementación de medidas de protección otorgadas en el contexto de procedimientos internacionales no puede estar subordinada al inicio o agotamiento de procesos internos.

La CIDH ha venido monitoreando la situación de derechos humanos en Colombia desde hace décadas. En diciembre de 2012 realizó una visita in loco al país, con el propósito de recopilar información, en particular, sobre la situación del conflicto armado interno y los grupos en especial situación de vulnerabilidad, así como para evaluar los mecanismos de justicia transicional adoptados por el Estado. El informe es el resultado de la información que la Comisión recibió durante y con posterioridad a la visita y en el mismo ofrece su análisis y recomendaciones en relación con los temas de la agenda de derechos humanos en Colombia. El informe, aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2013 por la misma integración que realizó la visita, tiene en cuenta también las observaciones realizadas por el Estado de Colombia a la versión preliminar del informe.

La CIDH valora la apertura y voluntad del Estado de haber dado su anuencia para una visita in loco, y estima que esta disposición permite consolidar aportes sustantivos en el proceso que atraviesa Colombia. La Comisión agradece a las autoridades colombianas por la valiosa información suministrada para la elaboración de este informe, así como aquella aportada por organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos internacionales.

Sabemos que, con posterioridad, ha habido nuevas decisiones jurisdiccionales y políticas públicas relevantes, así como avances en el diálogo para la paz. Es claro que en el proceso de seguimiento de las conclusiones y recomendaciones del informe que hoy le presentamos, habrá oportunidad para que la República de Colombia y la sociedad civil se sirvan aportar los insumos y actualizaciones correspondientes para su debida valoración por el Pleno de la Comisión.

La Comisión espera seguir colaborando con el Estado y con los integrantes de la sociedad civil en su determinación a la búsqueda y consolidación de una paz duradera, así como enfrentar y superar las situaciones estructurales que afectan el pleno goce de los derechos humanos en Colombia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia