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Fuerte rechazo al intento de golpe al Mercosur para impedir la presidencia de Venezuela

Por: Camilo Raigozo

 

Mediante un comunicado divulgado por varios medios de comunicación alternativos del continente, múltiples organizaciones sociales latinoamericanas rechazaron el intento de golpe institucional contra Mercosur para impedir que Venezuela ejerza la presidencia pro tempore del ente multiestatal.

 

 Afiche de los movimientos sociales de América Latina contra el neoliberalismo en la región: Foto: Seguimos la lucha.

 

“Alertas ante el avance de políticas que atentan contra nuestros pueblos, nuestra soberanía, nuestra autodeterminación y la integración regional, los distintos movimientos, organizaciones y espacios, que desde nuestras diversas resistencias nos articulamos en la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, en pos de construir otro mundo posible, denunciamos un golpe institucional en el Mercosur para imposibilitar la asunción de Venezuela a la Presidencia Pro-Témpore de este organismo regional”, dice el documento.

 

Al mismo tiempo llamaron a los gobiernos involucrados en la perversa maniobra para que desistan de cometer este atropello contra los pueblos de la región.

 

Según el documento, el 4 de agosto se reunieron en Montevideo altos funcionarios de los gobiernos de Paraguay, Brasil y Argentina, con la presencia de Uruguay como país anfitrión, para impedir que Venezuela asuma legítimamente la presidencia de Mercosur.

 

Los gobiernos golpistas argumentaron que la presidencia temporal de Venezuela de Mercosur no se podía dar debido, supuestamente, a las violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Nicolás Maduro, lo cual fue catalogado por las organizaciones  como falaces e hipócritas, que transgreden las normas vigentes del bloque.

 

Mercado Común del Sur, Unasur, en azul. Foto: Internet.

 

El pasado 29 de julio el gobierno de Uruguay comunicó a sus pares la finalización de la presidencia temporal de su país del Mercosur y su disposición a traspasar el cargo a Venezuela, a quien legalmente le corresponde en cumplimiento del Artículo 12 del Tratado de Asunción y el Artículo 5 del Protocolo de Ouro Preto, el cual regula la rotación de las presidencias temporales.

 

Sin embargo algunos gobiernos se mostraron reticentes a la realización de las reuniones ordinarias del Consejo del Mercado Común del Sur para oficializar el traspaso y luego convocaron a una reunión para elegir a una nueva presidencia pro tempore, violando el orden jurídico del bloque regional. El gobierno uruguayo rechazó las tentativas de golpe, lo cual fue ampliamente respaldado por las organizaciones sociales.

 

Canciller de Venezuela rechaza la maniobra

 

Por su parte la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que la derecha imperial busca destruir y tomar por asalto al Mercado Común del Sur, por lo que llamó a los pueblos a izar las banderas del organismo en su defensa.

 

 Canciller de Venezuela Delcy Rodríguez. Foto Telesur.

 

La diplomática expresó que “existe una triple alianza entre los gobiernos de Argentina, Paraguay e interino de Brasil, con el propósito de acabar con el acervo regional de integración que construyeron los Estados progresistas del sur en los últimos años”, citada por Telesur.

 

Rodríguez agregó que en la región se planifica un boicot contra su país para impedirle la presidencia pro témpore en la entidad, la cual aseguró le corresponde a Venezuela por ley.

 

La fuente afirma qué “la intentona golpista fue puesta en marcha por el canciller paraguayo Eladio Loizaga, miembro del derechista Partido Colorado, que inició su carrera política bajo el ala del dictador Stroessner, y cuenta con el acuerdo del gobierno interino de Brasil (surgido gracias al golpe institucional en curso contra la presidenta Dilma Rousseff), a través de su 'canciller' José Serra, y del gobierno argentino del neoliberal Mauricio Macri”. 

 

Finalmente aducen los denunciantes que esta maniobra golpista al interior del Mercosur oculta además la estrategia de los gobiernos retardatarios y sumisos a Washington, de querer desmantelar los mecanismos de integración regional como el Mercosur, Unasur y la Celac, entre otros.

 

 

Mediante una carta pública, las directivas de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, les solicita al Gobierno Nacional y a varias instituciones del Estado actuaciones más acordes con las necesidades del campesinado y en general con los trabajadores de la ruralidad.

 

A continuación el texto íntegro de la carta:

 

 

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2016

 

Carta abierta

 

Por una institucionalidad democrática, al servicio del campesinado y del campo colombiano

 

Señores

Juan Manuel Santos

Presidente Republica de Colombia

 

Aurelio Iragorri Valencia

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

 

Clara López Obregón

Ministra del Trabajo y la Seguridad Social

 

Alejandr Ordoñez Maldonado

Procurador General de la Nación

 

Carlos Negret Mosquera

Densor del Pueblo

 

Edgar Maya Villazón

Contralor General de la Republica

 

Respetados señores:

 

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro CUT, se dirige a ustedes de carácter urgente ante la preocupación por la grave situación que afronta el sector rural colombiano, y de manera especial, por las decisiones que se han venido tomando en materia de la concreción y funcionamiento de una “institucionalidad que esté acorde a las demandas y necesidades del sector agropecuario y de los habitantes de la ruralidad Colombiana”.

 

Como es de conocimiento público, el Plan Nacional de Desarrollo aprobado mediante la ley 1753 de 2015, en el capítulo III denominado “transformación del campo”, que dentro sus propósitos busca dar solución o arreglo a los “desajustes institucionales”, específicamente a aquellas que apoyan al sector del agro de nuestra Nación, las cuales se han venido decidiendo de manera unilateral, arbitraria e inconsulta con las organizaciones campesinas y de los trabajadores organizados en los sindicatos, específicamente Sintraincoder y Sintrarurales.

 

Estas decisiones afectarán de manera negativa y directa a las poblaciones rurales debido a los graves impactos que tendrán, ya que se han tomado sin la participación plena de las organizaciones campesinas y del campesinado en general que hacemos parte de la vida social, gremial, productiva, económica, cultural y política de nuestro país.

 

En ese sentido los decretos 2363 del 7 de diciembre del 2015 y 2364 del 7 de diciembre del mismo año, que dan vida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) respectivamente, y las cuales después de siete (7) meses de creadas no han podido iniciar sus funciones, programas, planes y proyectos;-

 

y lo más grave aún, la desesperanza expresa manifiesta para millones de familias campesinas que se verán marginadas o excluidas por la focalización y la poca claridad de los alcances de unas figuras corporativas, que en realidad distan mucho de ser la institucionalidad por la que hemos luchado los campesinos y campesinas,-

 

y que hemos propuesto desde distintos escenarios como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular como fórmula efectiva para salir de la crisis estructural que afronta el campo Colombiano y la cual dio origen al paro agrario y popular del 2013, con sucesivas replicas en el 2014, 2015 y 2016, en este último año con la Minga Agraria.

 

Crisis que sigue sin resolverse ante la decidía del gobierno central de concretar políticas concertadas con el movimiento agrario que hoy se encuentra en movilización permanente.

 

De otro lado, con el Decreto 23 de julio de 2016, relacionado con la supresión y liquidación del Incoder, consideramos que ha sido para poner en la calle a más de 500 trabajadores de este instituto; deshaciéndose de un activo humano de alta calidad,-

 

difícil de reemplazar por el alto grado de compromiso e idoneidad de la gran mayoría de los trabajadores y funcionarios despedidos y lo que los trabajadores con justa razón han considerado como una "verdadera masacre laboral", al mismo tiempo que las nuevas “instituciones” quedan con el camino expedito para la tercerización laboral.

 

Política acorde a los ajustes neoliberales y fiscales que se imponen desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Rechazamos esta decisión y exigimos el reintegro inmediato de los trabajadores despedidos al calor de los razonamientos abstractos del alto gobierno.

 

Igualmente es de público conocimiento que la drástica reducción en materia de funcionarios de las nuevas instituciones, ahora denominadas Agencias, con relación al liquidado Incoder y que estarán al frente de la ejecución de los diferentes programas, no tendrán la capacidad operativa para el cabal cubrimiento de sus funciones, ya que en el caso específico de la Agencia Nacional de Tierras se tendrá solo una planta de 121 funcionarios,-

 

de los cuales 60 de ellos estarán en la oficina central de Bogotá y los 61 restantes estarán dispersos en gran parte de la geografía nacional, llevando a cabo labores como los programas de adjudicación de baldíos, las autorizaciones de venta de predios y las diligencias ante los jueces y notarios en procedimientos de certificación de predios para procesos de prescripción, entre otros.

 

Esto generará fatiga y desprestigio para muchos de ellos y para la propia institucionalidad por los probables incumplimientos a las comunidades que requieran su apoyo.

 

Otro de los agravantes tiene que ver con el poco presupuesto asignado a la A.N.T., ya que según el decreto 465 de marzo 17 de 2016, es de tan solo 11.736 millones y para la A.D.R., es de 9.844 millones, lo que pone aún más entre dicho su capacidad de cumplimiento en los múltiples programas que le han sido asignados a estás dos "Entidades".

 

Respetado Señor Presidente Juan Manuel Santos y demás altos funcionarios del Estado Colombiano, por todo lo anterior y por muchas más razones que se nos escapan, solicitamos de manera respetuosa atender de inmediato el clamor de más de 13 millones de compatriotas que habitan el campo Colombiano, quienes esperan un gesto del gobierno en mataría de soluciones a la cada vez más grave situación que afrontan.

 

Sabemos señor Presidente que uno los puntos claves que se ha acordado en las negociaciones de la Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, es el relacionado con la implementación de una Reforma Rural Integral, que posibilite poner fin al conflicto histórico armado que ha desangrado al país, y que tiene varias de sus raíces en la desigual distribución de la propiedad sobre la tierra, y por ende las aberrantes desigualdades sociales que se dan en el campo Colombiano.

 

Sumado a ello la violencia que aún sigue golpeando a miles de familias, si entendemos la violencia más allá de los condenables asesinatos, haciendo un análisis de está desde los índices de necesidades básicas insatisfechas que como en el caso del departamento de la Guajira, la desnutrición crónica ha dejado a miles de niños muertos y a otro tanto con esperanza de vida limitada.

 

Por último señor Presidente y demás funcionarios del Estado Colombiano, creemos en la reconciliación y estamos seguros que es posible construir la paz en nuestra patria tan sufrida, pero para ello es necesario la puesta en práctica de políticas públicas acordes a las necesidades y demandas de las comunidades campesinas y étnicas que habitamos el campo colombiano.

 

Es hora de actuar, ignorar la realidad que afrontan las comunidades rurales es abono para engendrar nuevas violencias y la condena a millones de compatriotas al empobrecimiento y miseria social.

 

Reciban ustedes nuestras consideraciones

 

Comité Ejecutivo Nacional

 

Eberto Díaz Montes

Presidente Fensuagro

 

Nidia Quintero

Secretaria General

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