| Miércoles 04 de Marzo de 2015

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Contribuciones para el debate - Fensuagro y su XI Congreso

 

Más allá de una visión campesinista.


Hoy, cuando por  razones ideológicas, políticas y económicas se ha producido un distanciamiento entre la clase obrera y el campesinado, cabe recordar que no siempre fue así.

La lucha campesina por la tierra, que se remonta  a 1907, encontró  en el naciente movimiento obrero de finales de la segunda década del siglo pasado (1916) un aliado muy importante; que no sólo ayudo a fortalecer su organización, sino que elevó su capacidad  llevándola  al plano de la lucha política, en el también naciente Partido Socialista Revolucionario (PSR).

Tampoco debemos olvidar, que fueron muchos los líderes campesinos e indígenas como el legendario José Gonzalo Sánchez; principal aliado de Manuel Quintín Lame en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, uno de los fundadores del Partido Comunista de Colombia, el 17 de julio de 1930.

¿Cómo y porque un movimiento campesino de tan reciente aparición asumió formas organizativas que iban  más allá de las simples aspiraciones gremiales?

Vale la pena preguntárselo.

¿Por qué razón sus dirigentes abrazaron la militancia revolucionaria comunista al lado de intelectuales como Luis Vidales y de líderes obreros como María Cano?

¿Por qué la presencia del campesinado creció al interior del partido comunista, convirtiéndose en parte fundamental de este; mientras el Partido Nacional Agrario (PAN) del líder político Erasmo Valencia, fue un proyecto que apenas si alcanzo a ver la luz?

¿Por qué, ante la arremetida violenta de los terratenientes y el gobierno conservador contra las tibias medidas económicas de reforma agraria liberal en la década del treinta; el campesinado respondió con la lucha armada revolucionaria?

Son reflexiones necesarias para explicarnos y entender el desarrollo histórico  de las formas organizativas campesinas de sus luchas y el momento actual por el que atraviesan.

La ligazón temprana con el movimiento obrero; le permitió al campesinado, organizar y desarrollar formas sindicales para la lucha por sus derechos, así, paso de las iniciales ligas agrarias a sindicatos de asalariados agrícolas y de pequeños y medianos propietarios. Logrando de esta manera unir en una misma plataforma de lucha, reivindicaciones gremiales por la tierra y mejores salarios con exigencias políticas por la democratización del país. En momentos en que el Partido conservador representante de los terratenientes y latifundistas ejercía  el poder desde hacía casi tres décadas  de manera consecutiva.

El carácter clasista de su organización y el contenido de su plataforma, le permitió al campesinado, entender, que en la lucha por el poder político,  en unidad con la clase obrera y los intelectuales se encontraban las posibilidades de superar el atraso, la miseria y la exclusión política a la que venía siendo sometido desde la colonia. Situación que no cambio con la independencia y la república.

De esa manera, los sindicatos campesinos y de asalariados agrícolas se comprometieron en la lucha política y  avanzaron  de manera paralela en la conformación de la Federación Nacional de Indígenas y Campesinos. Organización que cumplió desde la perspectiva agraria un papel fundamental en las reformas liberales de la tercera década de siglo pasado: entre ellas la ley 200/1936.

La reacción del latifundismo conservador fue violenta, y el campesinado a pesar de haber recibido muchos golpes; y de ser el blanco de los ataques de las bandas conservadoras, mantuvo intacta su decisión de luchar por un cambio de régimen; asumiendo cuando fue necesario,  la lucha armada como forma de resistencia.

Durante todo el periodo de la violencia desatada por el régimen conservador, el campesinado organizado,  siguió fiel a sus principios revolucionarios: Jacobo Prias Alape, Isauro Yosa, Raúl Balbuena, Juan de la cruz Varela, Pedro Antonio Marín, Eutiquio Timote, Gerardo Gonzales, José Gonzalo Sánchez entre muchos otros mantuvieron junto al movimiento obrero una lucha persistente por un cambio de régimen. Lucha que se mantiene hasta nuestros días.

La década del sesenta del siglo pasado, permitió decantar las posiciones políticas del movimiento obrero. De un lado, el sindicalismo patronal ligado a la iglesia católica pregonaba la conciliación de clases, por otra parte, un sindicalismo liberal vacilante e incapaz siquiera de forzar reformas de carácter capitalista en el desarrollo económico de la nación y una tercera línea sindical, fiel a los principios del sindicalismo clasista, que debió soportar los ataques de las dos anteriores.

El frente nacional, enterró las pocas diferencias político-ideológicas que existían entre liberales y conservadores, permitiendo no sólo la alternancia en el poder sino que amalgamo sus intereses de clase. Dando paso a un régimen aún más excluyente que adoptó nuevas formas de violencia contra la clase trabajadora.

Lo que antes pudo ser una confrontación partidista, se convirtió en una confrontación de clase en la cual el Estado. Cómo lo dice Marx, ¨cumplió su papel de defender a toda costa los intereses de la clase en el poder¨.

Es,  en este periodo que los sindicatos clasistas, en particular los de influencia comunista, son expulsados de la. CTC. Ser expulsados de la central, no significaba desaparecer del escenario político. Menos aún en una década en que la revolución Cubana, señalaba el camino y la posibilidad del acceso al poder por parte de la clase trabajadora.

Surge entonces la CSTC y con ella, un nuevo impulso y un nuevo  periodo del movimiento sindical agrario.

La década del setenta, fue particularmente difícil para el movimiento campesino; a un periodo de unidad que se inició a finales de los sesenta, le sigue una etapa de profundas divisiones en los primeros años de los años setenta.

La intervención del gobierno con programas oficiales permearon el movimiento que en parte, se sintió tentado y sucumbió ante la posibilidad de ser ejecutores y beneficiarios de proyectos que no buscaban resolver de manera radical e integral los problemas del campo; tan solo aplicar paliativos y convertirlos en base social de las políticas de modernización capitalista del régimen burgués y de paso realizar una labor contra insurgente y contra revolucionaria.

Es así, como  desde la iglesia y el establecimiento, se impulsan organizaciones desligadas del movimiento obrero; cuyas plataformas, tan solo tenían  un alcance gremialista en el marco del modelo económico que impulsaba el Estado.

Solo un sector del campesinado continuo de la mano de la clase obrera y con su ayuda siguió organizando sindicatos de orientación clasista, vinculados a un proyecto político de transformación estructural de las relaciones de producción y del régimen político.

Tras la división de la  ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos)  en los primeros años de la década del setenta; vuelven a surgir al interior del campesinado formas organizativas de carácter sindical. Algunas ligadas a la vieja centrar CTC como fue el caso de FESTRACOL, (Federación de Trabajadores Agrícolas de Colombia) otras sin adoptar la forma sindical, se unieron al sindicalismo social cristiano como  sucedió con la ACC  (Acción Campesina Colombiana). También surge  FENSA (Federación Nacional Sindical Agraria)  integrante de la  Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC).

El paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977, demostró la importancia de la unidad obrero campesino y popular. Acción contundente en la cual el campesinado, participó activamente  exigiendo el cambio de políticas represivas y antidemocráticas impuestas por lo que se suponía  un gobierno liberal, después de  diez y seis años de gobierno del Frente nacional.

Un sector del  movimiento campesino que resurge en la década del setenta, hereda los postulados del mandato campesino expuesto en Villa del Rosario en 1971: independencia del Gobierno, Independencia de los partidos políticos, reforma agraria integral, cese de la violencia oficial y democratización de la vida política del país; son algunas de las exigencias que el campesinado en unión con la clase obrera levantantaron frente al gobierno.

La década de los ochenta, llego con muchos cambios en las organizaciones rurales, los pueblos indígenas que por muchos años compartieron formas organizativas con el campesinado habían emprendido un proceso de separación desde 1971 con la creación del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca); pasos que siguieron otros departamentos hasta conformar la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC). Pero estos cambios no se dieron solo en la población indígena también las comunidades afrodecendientes y campesinas experimentaron cambios en sus formas organizativas.

¿Cuáles fueron las causas de esos cambios? Podríamos decir, que la década del setenta del siglo pasado, trajo consigo cambios en el régimen político; cambios casi imperceptibles pero que modificaron la relación de los ciudadanos con el Estado. Las responsabilidades del gobierno central fueron paulatinamente transferidas: Primero a los departamentos (departamentalización) y luego en la década de los ochenta y noventa a los municipios (municipalización).

Quizás sin percatarse esto influyo en las comunidades rurales; quienes coincidentemente con la descentralización dieron inicio a la formación de organizaciones de carácter departamental y municipal, desligadas de los proyectos organizativos nacionales; pero sobre todo adoptando plataformas de lucha eminentemente gremiales alejadas de cualquier concepto de lucha de clases y por supuesto de la alianza con el movimiento obrero.

Se inicia entonces, desde el punto de vista político un retroceso en el contenido de las plataformas de lucha de las organizaciones rurales. Presentándose de una parte, plataformas de carácter económico gremial de parte del campesinado y de otra plataformas  étnico-sociales de parte de las comunidades negras y los pueblos indígenas. No es que considere que las reivindicaciones socioeconómicas, no tengan razón de ser. Lo que si es cierto, es que estas exigencias corresponden solo a un nivel o dirección de la lucha, que desprovistas de un contenido de clase y de una estrecha ligazón  con la lucha política por las transformaciones estructurales de la sociedad, terminan siendo solo victorias de corto alcance o lo que puede ser peor; caer en la estrategia de cooptación del sistema.

La alianza obrero campesina sirvió y sigue jugando un papel de gran importancia en la politización de la lucha de los campesinos; en la formación de dirigentes agrarios cuyo horizonte no se agota en lo sectorial y que por el contrario plantean salidas a la crisis general del sistema.

El aporte,  bastante considerable de cuadros revolucionarios  campesinos, a la lucha por el cambio de régimen que ha hecho el campesinado, se debe fundamentalmente al carácter  de clase, que esta alianza introdujo en un sector social como el campesinado; sector por demás bastante tradicional en sus exigencias.

La tendencia de hoy, bastante extendida por cierto es la creación de formas de asociación gremial. Entre ellas, hallamos algunas que han sido promovidas por instituciones del Estado mediante programas gubernamentales y proyectos de cooperación auspiciados por  ongs.

¿Que se busca con esto? No es difícil de adivinar. Buscan fundamentalmente que las organizaciones  rurales, sean arietes desde donde se impulsen las políticas  de la denominada ¨reconversión productiva¨ o ¨nueva ruralidad¨ en un país donde una clase latifundista   de gran influencia en el gobierno ha logrado frenar y en ocasiones hacer  retroceder con medidas legales o acciones violentas las tibias reformas de corte capitalista que algunos mandatarios han querido implementar.

Hoy, se mueven dos tendencias en la visión sobre el modelo de desarrollo rural: Una  que pretende desarrollar la llamada¨ modernización¨ capitalista del campo; y la otra que pretende mantener el atrasado modelo de tenencia especulativa de  la tierra, rezago de la hacienda colonial heredada del feudalismo de la corona española.

A nivel del gobierno, la primera está representada en el presidente Santos, los agroindustriales y algunos de sus aliados en la denominada ¨unidad Nacional¨ y la segunda por el ex presidente Uribe, el centro democrático, Fedegan y buena parte de la caverna conservadora.

En este juego de poderes; el sector campesino  del cual hacen parte desde el punto de vista de la producción  económica  los Indígenas,  Mestizos y negros  queda en el medio; con unos agravantes: menos capacidad de interlocución con el gobierno, menos tierras y de menor calidad; menor acceso a los factores de producción ( crédito, tecnología  e información sobre mercado).

Por ley del desarrollo de la sociedad, las formas de producción campesina, son contrarias a las dinámicas de desarrollo del capital. Pues en esencia la lógica del capital es la de despojar a los trabajadores, del control sobre los medios de producción. Así ocurrió con los maestros y artesanos y así ocurrirá con los trabajadores del campo  que aún son propietarios de tierra y de algunas herramientas para  hacerla producir.

Como ocurrió con los maestros artesanos en los siglos XIV y XV. Primero  le quitan al productor el contacto directo con el consumidor del producto, dejándole solo la tarea de producir un bien, que entregara a un intermediario (comerciante) luego lo despojaran de su medio de producción, y pasara a ser solo un asalariado: Esta ley se cumple irremediablemente en el sistema del capital ¨ solo es cuestión de tiempo¨.

Entonces  la pregunta  que debemos  hacernos es ¿Puede la producción campesina, parcelaria o familiar subsistir dentro del modo de producción capitalista? Por supuesto que no,  es mi respuesta. Tal vez otros piensen que sí, y esa es la razón por la cual sus exigencias son exclusivamente de carácter gremial o sectorial.

La tendencia gremialista que viene tomando fuerza, debe tener en cuenta que la rueda de la historia no se detiene; que los cambios que requiere la sociedad y por los que debemos luchar deben ser estructurales. Que no importa cómo nos presentemos, si el contenido de nuestras demandas no buscan afectar de fondo el modo de producción y su régimen político; que la unidad obrero campesino y de los sectores populares es condición indispensable para lograrlos. Que una visión agrarista o campesinista de nuestra lucha; será irremediablemente derrotada.

No es cierto, que podamos sacarle provecho al sistema; que podamos manejar el sistema. Es el sistema el que nos maneja a nosotros

Que el modo de producción capitalista; terminara con la producción familiar o parcelaria y que aún en un nuevo modo de producción que supere el actual; la producción campesina debe sufrir profundas transformaciones.

Por lo tanto, nuestra lucha debe ser por el poder, por el cambio de régimen  político y de sistema económico. Y eso se logra solo con la unidad.

Fensuagro organización sindical de carácter nacional,  en su decimó primer congreso (asamblea nacional federal) seguramente mantendrá sus principios y continuara luchando por un cambio de  régimen al lado de la clase obrera.

Seguiremos siendo fieles a nuestros principios,  ni la persecución por parte del establecimiento; ni las contradicciones con organizaciones que políticamente plantean tesis gremialistas economicistas o étnico-sociales, nos harán desistir de ser con nuestro trabajo, un sector que aporta  dentro de un proyecto político, a los cambios estructurales que el pueblo colombiano requiere y exige.

Hubert Ballesteros Gómez.

Prisionero político.

Vicepresidente de Fensuagro.

Integrante del comité ejecutivo de la CUT y de la Junta Patriótica Nacional de Marcha patriótica.

 

Cárcel la Picota Bogotá D.C. febrero 27 de 2015.

Cauca-Colombia: Comunicado a la opinión pública nacional e internacional, exigimos nuestros derechos liberando la madre tierra
nacional  | Lunes, 02 de Marzo de 2015 15:49


Recientemente cumplimos 44 años de aquella fecha histórica en la que nuestros mayores de los cabildos indígenas del norte del Cauca, progenitores valientes, humildes y coherentes con los principios y valores del pueblo Nasa, Misak y Totoroez retomaron las banderas de resistencia de nuestros ancestros fundando en el año de 1971 el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC.


La historia de la invasión española a los territorios indígenas y el tratamiento a los pueblos nativos fue inhumano, inquisitivo y genocida. Sin embargo, en esta región en la cual permanecemos, ocupamos y resistimos hasta el día de hoy no lograron tal propósito en vista de la respuesta valiente y valerosa de nuestros antepasados, obligando al virreinato español reconocer la propiedad del territorio a través de títulos coloniales, bajo la figura de resguardos.

De lo corrido en la historia republicana, las élites criollas no solo preservan la descendencia genética de los invasores, sino también heredaron las prácticas horrorosas de guerra y violencia para mantener la osadía de usurpar de diferentes maneras la propiedad de las tierras ancestrales que la corona española no nos pudo arrebatar. Estos criollos de manera fraudulenta disolvieron muchos de los resguardos y los territorios ancestrales escriturándolos a su ejército.

En la historia reciente de Colombia, resultado del pacto constitucional de 1991 se reconocen derechos colectivos a los pueblos indígenas del país, sin embargo respecto a la propiedad integra de los territorios ancestrales la situación no cambia, al contrario, el poder económico del país, la élite terrateniente y los gobierno de turno han recrudecido la guerra genocida y violenta contra los pueblos que reclaman su derecho al territorio institucionalizándola a través de las Fuerzas Militares y de Policía (ESMAD).

HECHOS:

Desde el día 14 de diciembre de 2014, hombres, mujeres, mayores, guardias, jóvenes indígenas atendiendo los mandatos comunitarios iniciaron acciones de liberación de la madre tierra en la parte plana de Corinto, después de permanecer y ocupar pacíficamente los predios denominados: Miraflores, Quebrada Seca, García Arriba, Granaditas. Las exigencias por el derecho al territorio se han extendido hasta el sector de La Agustina-Santander de Quilichao en la vía panamericana que comunica al departamento con el sur y centro del país, reclamos iniciados a mediados de febrero.

Después de la orden impartida por el Gobierno Nacional para el desalojo de los ocupantes de los predios y el desbloque de la vía panamericana se han presentado las siguientes violaciones a los derechos humanos a partir del uso indiscriminado de la fuerza y el uso de armas largas para acallar las justas reclamaciones:

El Tejido de Defensa de la Vida y los DDHH de ACIN, registra que en los últimos 4 días (24, 25, 26 y 27 de febrero) de arremetida por parte la Fuerza Pública ejército, policía ESMAD se han presentado 53 afectados por parte de las comunidades indígenas movilizadas, heridas que según descripción medica se registran así: heridas abiertas causada por arma contundente, heridas abiertas causadas por objeto corto punzantes, heridas de alto compromiso causada por impacto de arma de fuego, contusiones hematomas en diferentes partes del cuerpo, y compromisos oculares. los afectados han sido atendidos en los hospitales de Corinto, Miranda y Santander de Quilichao, entre los heridos hay 5 comuneros que por su gravedad fueron remitidos al  Hospital Universitario del Valle nivel III en la ciudad de Cali, 3 de los cuales registran herida por arma de fuego.

Lo anterior se ha dado por la desmedida e ilegal utilización de la fuerza, pues se han empleado las armas TRUFLY (lanzagranadas de gas) como arma contundente y letal al disparar de manera directa contra la humanidad de los indígenas, utilización de armas corto punzantes (machetes) y disparos de arma de fuego. Manifestamos que existe asedio y acciones de judicialización de los indígenas heridos en el Hospital Universitario del Valle, a los tres les han retenido su documentación.

También se registra restricción a la misión médica por parte de la Fuerza Pública en los lugares en que la comunidad se manifiesta, seguimientos a autoridades indígenas y guardia, registro fotográfico indebido a comuneros indígenas, estigmatizaciones y señalamiento.

En momentos en que se redacta este comunicado se conoce de la arremetida por parte del ESMAD a los lugares donde se encuentran los víveres y las cocinas de los manifestantes en el sector de La Agustina-Santander de Quilichao y, en la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Corinto se presenta una situación similar.

En medio de estas acciones en la tarde del día de ayer 27 de febrero por medios de comunicación han circulado lo que sería la tercera amenaza mediante panfleto del grupo paramilitar los Rastrojos que junto con las Águilas Negras intentan inducir miedo en la población. También ayer, en horas de la tarde llegó una nueva amenaza, esta vez contra la emisora Radio Pa’Yumat del Tejido de Comunicación de la ACIN. Esta amenaza llegó vía celular a varios integrantes del Tejido de Comunicación desde el número 3207538360, dice: “SAPOS TRIPLE HP LES RECOMENDAMOS MODERAR EL LENGUAJE POR ESA PUTA EMISORA O NO RESPONDEMOS POR USTEDES, SOLICITAMO A FELICIANO V, GOB DE CORINTO Y LOS LLAMADOS CONSEJEROS PARA Q CORRIJAN SUS MENTIRAS X SUS MEDIOS.”

El 26 de febrero, la gobernadora de Huellas Caloto MARGARITA HILAMO recibió una amenaza, también vía celular, desde el numero celular 3156957400 en donde le dicen “TIENEN 24 ORAS PARA QUE LEVANTEN ESA GUARDIA QUE ESTA ENSEGUIDA DEL PUEBLO ONO RESPONDEMOS NO QUE REMOS ESOS SAPOS ENLA VIA PASADO 24 ORAS INO ACATAN MIS ORDENES SONDE CLARADO OJETIVO MILITAR DES D EL VALLE LAS ÁGUILAS NEGRAS ASIENDO LINPIESA”

Rechazamos con contundencia los comunicados firmados por grupos autodenominados Rastrojos, Águilas Negras en los cuales amenazan a los cabildos indígenas del norte del Cauca, a la ACIN, al CRIC y a la ONIC, a líderes y a colaboradores de estas organizaciones a quienes han declarado objetivo militar en distintos panfletos que han aparecido en la zona desde finales del año pasado y que en horas de la mañana del día de hoy sábado 28 de febrero distribuyeron por diferentes lugares de la región.

Lo paradójico de la anterior situación es que el norte del Cauca es una de las zonas de mayor concentración de personal activo de las Fuerzas Militares, haciendo presencia con batallones de Alta Montaña en los municipios de Corinto, Miranda, Toribio, Caloto y Jambaló, así mismo con personal permanente en el corredor vial entre los municipios de Miranda, Corinto, Caloto y Santander de Quilichao, además de contar con estaciones de policía en cada uno de estos municipios, lugares donde en lo corrido del año 2015 se han presentado 52 personas asesinadas: 40 en el municipio de Santander de Quilichao, 5 en el corredor de la vía Caloto-Corinto y 7 alrededor del municipio de Caloto, según datos presentados en la presentación del II informe del Frente Amplio por la Paz en el corregimiento de El Palo del municipio de Caloto el 25 de febrero de 2015.

Instamos al Gobierno Nacional que en el menor tiempo posible adquiera los predios que demandan las comunidades indígenas del norte del Cauca ubicadas en los municipios de Miranda, Corinto, Caloto y Santander de Quilichao.
Hacemos un llamado a los empresarios del Valle del Cauca y en particular a la agroindustria de la caña a ser coherente con la campaña “Soy Capaz” lanzada el pasado mes de septiembre de 2014 a que cedan y oferten las tierras que demandan las comunidades indígenas del norte del Cauca.

Alertamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, a las Instituciones, Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que estén atentos a los abusos y posibles violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas
Llamamos a la Defensoría del Pueblo, para que haciendo presencia en la zona y en ejercicio de las funciones asignadas constitucional y legalmente, verifique la situación descrita y de inicio a las acciones que haya lugar en contra de la Fuerza Pública.

A la Procuraduría General y Procuraduría Municipal, para que desplieguen las acciones pertinentes en materia de Derechos Humanos y Disciplinarias en observancia de su resorte misional. A la Fiscalía General de la Nación, para que dé inicio a las investigaciones a pertinentes, a partir de la situación de vulneración de Derechos Humanos en contra de los Pueblos Indígenas identificados en la zona.

A la Oficina del Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, para que dentro del resorte de sus funciones direccione todos los esfuerzos necesarios para garantizar la legalidad y el respeto a los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas concentrados en el departamento del Cauca.

A las agencias internacionales (ACNUR, OACNUDH, PNUD, CIDH, CICR entre otras) y demás organizaciones de la sociedad civil (CODHES, CCJAR, INDEPAZ, entre otras), para que en el marco de sus funciones misionales exijan al Estado Colombiano, realice las acciones necesarias para garantizar y proteger sus derechos e informen a la comunidad nacional e internacional sobre la grave situación que afrontamos los Pueblos Indígenas en Colombia por el riesgo latente de extinción física y cultural que afrontamos en la actualidad.

Entrevista_CONCEJAL_Corinto_Cauca

AUTORIDADES TRADICIONALES DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA

 

CONSEJERIA ASOCIACIÓN CABILDOS INDÍGENAS DE LA ZONA NORTE DEL CAUCA – ACIN Santander de Quilichao  Cauca- Colombia  28 de Febrero del 2015

Precio del arroz en Colombia por las nubes y se vende “amarrado”
nacional  | Martes, 24 de Febrero de 2015 01:08

 

Ni la amenaza del Gobierno para que baje o baje el precio del arroz ha frenado la especulación que hay con este alimento, por una supuesta escasez, al punto que tanto a comerciantes minoristas como a los consumidores se les está exigiendo que deben comprar otros productos para conseguir el cereal.

En su cuenta de Twitter el propio Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, denunció que “algunas tiendas obligan a consumidores a comprar otros productos para venderles arroz”, y advirtió que ese tipo de ventas “atadas” son ilegales.  A través de esa red social, el funcionario también aseguró que “si alguna tienda es descubierta vendiendo arroz en venta atada a otro producto será drásticamente sancionada”.

Se constató que la venta amarrada a los consumidores igualmente la padecen los tenderos de barrio, pues durante la semana anterior representantes comerciales de algunas marcas de arroz ofrecieron este producto, pero con la condición de que el pequeño negociante también debía adquirir un lote de aceite. Como si fuera poco la semana pasada cuando se denunció que el precio del arroz en lo corrido de este año había aumentado un 50 por ciento, para la venta al por mayor en Medellín, y estaba a 39.000 pesos la arroba, este valor se ubicó el fin de semana en 40.600 pesos, es decir siguió aumentando según la lista de precios diaria de la Mayorista.

Así las cosas el ultimátum del pasado jueves por parte del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, para que los especuladores dejaran de hacer su agosto con el arroz, resultó intrascendente.  Sobre las causas de esta situación el ministro explicó que “tengo carta de Fedearroz e Induarroz (gremios de productores) que dice que hay suficiente producto. Esto es cuestión de unos cuantos comerciantes que solamente quieren valorizar su inventario para generar esos precios y es algo inaudito”.

Asunto de soberanía

La academia terció en el tema del arroz afirmando que los anuncios gubernamentales de importar unas 80.000 toneladas del producto este año (de Estados Unidos y Ecuador), obedece más a medidas revanchistas que a las consecuencias del cambio climático. Para Héctor Fabio Ramos, profesor y agrónomo de la Universidad Nacional, lo que ocurre es que “simplemente no les compran el arroz a los colombianos y lo importan más barato, una medida con la que al final se va perdiendo soberanía alimentaria en el cultivo de este cereal”.

El catedrático añadió que Colombia siempre ha sido autosuficiente en la producción de arroz, pues se cultivan entre 460.000 y 500.000 hectáreas en Huila, Tolima, el Caribe y los Llanos, las principales zonas productoras.

Aplicarán Sanciones

 

El Ministerio de Agricultura reveló la semana anterior que en Pereira la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en asocio con la Casa del Consumidor y la Alcaldía, luego de realizar quince visitas de inspección a establecimientos públicos, ordenó levantar resolución mediante formulación de cargos por las ventas atadas de arroz a cuatro supermercados que han sido señalados de provocar especulación del producto. “No existe justificación alguna para el incremento de precios del arroz”, sostuvo el despacho oficial, que denunció que en las últimas tres semanas se han hecho tres incrementos al consumidor.

INTERSINDICAL DE LA AGRO-INDUSTRIA Y LA ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA 2015
nacional  | Viernes, 20 de Febrero de 2015 20:03

Se inició en la ciudad de puerto wilches, Santander los días 20, 21 y 22 de febrero la reunión de la intersindical de la agroindustria y la alimentación en Colombia, esta reunión se realiza con el fin de definir políticas de unidad y acción de lucha del movimiento sindical de la agroindustria en Colombia, se analizan temas de coyuntura política internacional e internacional, el proceso de paz que se lleva a cabo en la habana, construcción del frente amplio para la paz, la soberanía y el espacio así como temas de  geopolítica.

 

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Tierra, territorio, cultura e interculturalidad
nacional  | Martes, 17 de Febrero de 2015 16:59

Por Húberth Ballesteros


Dirigente campesino de Fensuagro y de la Marcha Patriótica. Miembro del Comité Ejecutivo de la CUT. Prisionero político en la cárcel La Picota de Bogotá.


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Movimiento campesino

Cuatro aspectos esenciales para entender las relaciones de tres grupos sociales distintos, que comparten la problemática rural y en ocasiones conviven en un mismo territorio. Problemática rural, que por supuesto va más allá de lo agropecuario y que involucra no solo a estos tres grupos de población.

El tema de la tierra y el derecho de propiedad, uso, tenencia o usufructo sobre ella, ha estado presente desde antes de la llegada de los europeos a América.

Con la llegada de los españoles, se desconocieron los derechos de propiedad sobre la tierra de los nativos y se da inicio a una tradición de la propiedad mediante cédulas y mercedes reales.

La encomienda, la hacienda colonial y posteriormente los resguardos indígenas, fueron formas de propiedad y tenencia de la tierra que la corona española instauró durante todo el tiempo que duro la colonia.

El Libertador SIMON BOLIVAR durante su campaña de liberación y desde 1820 con el decreto del 20 de mayo del mismo año de Villa del Rosario (Cúcuta), ordenó no solo el reconocimiento de los resguardos de origen colonial sino la devolución de todas las tierras usurpadas mediante violencia o engaño a los nativos. De igual manera ordenó la abolición de la esclavitud y la distribución de las tierras que les habían sido confiscadas a los realistas y a los criollos que habían colaborado con ellos hasta último momento.

En los primeros años de la República los gobiernos liberales fueron proclives a la abolición de los resguardos, el más radical de ellos, el del General JOSE HILARIO LOPEZ. Tanto estos territorios como la población que en ella vivía, fue disputada por las facciones políticas que se enfrentaron en múltiples guerras civiles a lo largo del siglo XIX.

De esa manera y según la conveniencia política del momento, los resguardos indígenas fueron reconocidos o disueltos en cada etapa histórica. La ley 89 de 1890, se propuso reconocer los derechos de los pueblos indígenas tanto a su territorio de resguardos como a las formas de organización y autoridad propia.

Con base en disposiciones de la república, se reconocieron nuevos territorios de resguardo que se conocen como resguardos de origen republicano, sumándose estos a los reconocidos por la corona española y que se conocen como de origen colonial.

La primera mitad del siglo veinte fue bastante difícil para la existencia de los resguardos, disposiciones como el decreto 059 de 1944 del ministerio de la economía, abrió la posibilidad de titulación individual de las tierras de resguardo; y otras disposiciones de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, llevaron a la disolución practica de muchos de ellos.

La ley 21 de 1991, mediante la cual se reconocen las disposiciones de la OIT, sobre pueblos indígenas y la Constitución Política de ese mismo año, fortalecieron y dieron impulso a las reclamaciones de los pueblos indígenas por sus derechos territoriales y de la organización de su gobierno propio. De otro lado la Carta Constitucional de 1991, establece los derechos de las comunidades afrodescendientes en su artículo 55 transitorio, del cual se desprende en 1993 la ley 70. En ella se consignan los derechos territoriales y de organización de los consejos comunitarios de negritudes.

Los artículos 64, 65 y 66 de la constitución política de Colombia establecen los derechos del campesinado, a la tierra, producción de alimentos, educación, salud y el crédito agropecuario. Con base en estos preceptos constitucionales se expide la ley 160/1994 que consigna en sus artículos 81 y 82 el derecho de los campesinos a solicitar la creación de Zonas de reserva campesina ZRC.

El decreto 1777/1996, define el procedimiento para la creación de dichas zonas, haciendo posible que hoy existan en el país seis zonas legalmente constituidas y un número bastante grande de solicitudes para la creación de nuevas ZRC.

Como podemos ver, hoy existen de manera legal en el ordenamiento territorial del Estado, tres formas de territorio en el área rural del país, correspondiendo cada una a un grupo social distinto: Resguardos para pueblos y comunidades indígenas, Consejos Comunitarios para población afrodescendiente y Zonas de Reserva Campesina para la población campesina o mestiza.

La existencia de estas figuras ha permitido fortalecer la producción parcelaria y la cultura de estos tres sectores de la población rural; obviamente teniendo en cuenta las diferencias culturales, políticas y filosóficas que se presentan entre las tres y al interior de cada una de ellas. La exigencia de estos derechos después de 500 años de la llegada de los españoles se ha vuelto compleja, precisamente por las diferencias existentes. Diferencias de carácter natural he histórico unas y otras que han surgido en el tiempo, producto de desarrollos económicos y políticos diferentes.

El modelo económico colonial produjo el despojo y la negación de los derechos; primero de la población nativa, posteriormente de los esclavos negros y de los campesinos pobres.

Todo esto ocurrió mediante formas violentas de acumulación de la tierra, dejando a su paso millones de desterrados y de empobrecidos, producto del modelo económico heredado de la época colonial española cuyos rezagos se extienden hasta nuestros días.

La pérdida de los resguardos indígenas, unas veces por disposiciones legales otras mediante formas violentas, cambio el mapa tradicional de los asentamientos de los pueblos originarios. La esclavitud a la que fueron sometidos los negros y la servidumbre mediante el terraje y la aparcería a la que fueron obligados los mestizos, ha configurado a lo largo de la historia un escenario de pobreza generalizada de la población rural, que no ha podido ser resuelta en casi doscientos años de vida republicana.

Al echar una mirada al sector rural, encontramos que los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas y el menor nivel de ingreso per-cápita y por familia se encuentran allí.

El Estado colombiano, ha diseñado una serie de medidas políticas y sociales que solo han generado expectativas incumplidas y una mayor complejidad para el relacionamiento entre las comunidades que comparten un territorio o conviven en territorios aledaños.

El traslape generado o que se puede generar ante las pretensiones legítimas de cada grupo social frente a su derechos de territorio, no ha sido resuelto por la legislación colombiana, más bien parece que al gobierno le interesara atizar estas contradicciones entre pueblos indígenas, comunidades negras y campesinos con el propósito de no enfrentar el latifundismo y la inequitativa distribución de la tierra.

Estas contradicciones se ven en algunos casos y lugares, agudizadas por una mal comprendida y ejecutada autonomía; en unos casos de los Cabildos Indígenas y en otros de los Consejos Comunitarios.

Tan legítimos son los derechos de los unos como de los otros. Quizás puedan verse con mayor legitimidad los reclamos de los pueblos indígenas desde el punto de vista histórico, sin embargo y además de los títulos de origen colonial y republicano que sustentan sus reclamos, es importante valorar otros criterios como la función social, ambiental, económica y cultural de la propiedad.

Quinientos veinte dos (522) años de mestizaje, de desarrollo económico, cultural y de intervención del hombre sobre la naturaleza, han incidido sin lugar a dudas en la construcción de una sociedad diferente a la que se tenía a la llegada de los europeos.

Son muchos los cambios político-institucionales sucedidos en todo este tiempo, también muy profundas las transformaciones en lo económico, lo social y lo cultural; cambios no siempre positivos pero cambios al fin y al cabo que no debemos desconocer a la hora de proponer un modelo de ordenamiento del territorio que sea incluyente de los distintos grupos sociales que lo habitan.

Debemos tener en cuenta de la misma manera, que no se puede pensar lo rural aislado del resto de la sociedad, que el capitalismo es el modo de producción imperante y a este están subordinadas todas las formas de producción; por lo tanto un modelo de desarrollo rural diferente al actual, debe estar enmarcado en una propuesta que busque de igual manera generar cambios en el modo de producción.

Los territorios, no deben ser vistos como una porción de terreno con unos límites y unos accidentes geográficos; deben verse y entenderse en su multidimensionalidad y multifuncionalidad.

Una correcta comprensión de las dimensiones económicas, políticas, ambientales, culturales y sociales del territorio, unida al entendimiento de las múltiples funciones que cumple para el conjunto de la sociedad, seguramente nos ayudara a encontrar la fórmula más acertada de ordenamiento y convivencia al interior de él.

Las leyes 89/1890, 21/1991, 70/1993 y 160/1994 deben verse como instrumentos legítimos y válidos para el ordenamiento territorial de las comunidades rurales. Debemos interpretarlas como complementarias y no como opcionales o contradictorias.

Los Resguardos Indígenas, los Consejos Comunitarios y las Zonas de Reserva Campesina, deben ser partes de una propuesta integral de desarrollo rural que garantice la territorialidad, el respeto al medio ambiente y la soberanía alimentaria, constituyéndose en elementos claves para la paz. Debemos reconocer que por causa de estos reclamos justos, legítimos y legales por el territorio, han aparecido fricciones entre dos o más grupos que reclaman derechos sobre un mismo lugar. Desde el punto de vista legal, hasta hoy no ha sido posible resolver en favor de ninguno este litigio. Tan solo razones históricas, culturales y económicas se han planteado, todas válidas pero sin que planteen una solución que no ponga en desventaja al otro u otros grupos reclamantes.

Todas las soluciones expuestas hasta hoy de parte y parte, pretenden que se reconozcan sus derechos desconociendo e incluso violando los del otro. Por eso es necesario que mediante un proceso transparente, desprevenido, solidario e incluyente construyamos una figura que permita el desarrollo económico, social, ambiental, político y cultural de cada uno enmarcado en un todo.

Esta figura inexistente hasta el momento, debería ser la de los ¨territorios multiétnicos e interculturales¨.

Un paso inicial para la implementación de esta propuesta, debe ser la adopción de un manual de convivencia y gobierno intercultural. Este gobierno que debe permitir la participación de todos los grupos étnicos y sociales presentes en el territorio, debe además incluir formas organizativas específicas que se hayan desarrollado por parte de cualquiera de los grupos sociales que lo habitan. Me refiero a mujeres, jóvenes, productores, comerciantes etc.

Este gobierno intercultural, conformado a manera de consejo, asamblea o congreso tendrá la tarea de elaborar en un tiempo prudencial una propuesta de estructura administrativa del territorio, diferenciándose en ella los espacios de deliberación, decisión y ejecución. Cada una de estas instancias debe permitir una amplia participación de los sectores y formas organizativas presentes en el territorio.

Un segundo paso para la conformación del territorio interétnico e intercultural, debe ser la formulación y aprobación de un plan de vida del territorio. Este, al igual que la estructura administrativa, debe recoger e interpretar las diversas visiones que sobre la problemática de él tienen los distintos grupos sociales que lo habitan.

Para alcanzar este objetivo, es necesario tener una muy alta voluntad política, debemos superar concepciones estrechas tanto del economicismo campesino, como del etnocentrismo que se presenta en los pueblos indígenas como en las comunidades negras; una tarea compleja pero no imposible, si tenemos en cuenta que algunos países han logrado conformar Estados multinacionales donde conviven en paz y logran altos niveles en la calidad de vida o buen vivir. Estos ejemplos de convivencia y desarrollo en medio de las diferencias que se dan en muchos países, son muestras de que aquí lo podríamos lograr. Aquí no se trataría de diferencias profundas en lo que denominamos identidad nacional, en realidad son diferencias no antagónicas entre la visión política y económica del campesinado, con la cosmovisión y la cosmogonía de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Eso sí, se requiere de parte de todos nosotros desprendernos de prejuicios raciales, económicos, filosóficos y hasta religiosos que pesan mucho a la hora de concretar la unidad.

Los territorios ¨interétnicos e interculturales¨ serán la experiencia más importante de unidad, tolerancia y desarrollo humano de que tengamos conocimiento en nuestro país, haciendo de las diferencias elementos que suman y enriquecen y no de contradicción o conflicto.

Serán un espacio para que las diferencias se vuelvan positivas, complementarias, verdaderos territorios de inclusión, democracia y paz. ¿Seremos capaces de construirlos? He aquí un gran reto para las organizaciones rurales que constituimos la Cumbre Agraria Étnica y Popular. Bogotá Cárcel la Picota Noviembre 2 de 2014.

 

XI Congreso Nacional de Fensuagro
nacional  | Lunes, 16 de Febrero de 2015 20:40

 

POR DUBERNEY GALVIS


Los alimentos son un bien único, esencial para la supervivencia humana. Por ende el debate sobre seguridad alimentaria es superlativo. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO: "existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, a fin de llevar una vida activa y sana".

La definición está centrada en la disponibilidad, ligada a dónde se producen los alimentos (http://bit.ly/1Fj8PvQ), objetivo en riesgo cuando la idea dominante es que, mientras alguna parte del mundo los produzca lo demás es cuento de compra y venta, obviando el monopolio de las trasnacionales de los alimentos como Cargill, Kraf y Nestlé. Pero advierte la FAO que el promedio anual de "emergencias alimentarias prolongadas" ha doblado las cifras desde 1990 al 2010; es decir, a pesar de las existencias, millones de personas no disponen de alimentos. Es tan importante el asunto que, sobre la idea que un país no pueda cultivar sus alimentos, el expresidente George W. Bush opinó que "sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable" (TheFutureFarmers of America, Jul.27.01, Washington).

Entre tanto Colombia, tras 20 años de "libre comercio", importa 9 millones de toneladas más de alimentos que en 1990. Pasó de atender 90% de la demanda de producción agropecuaria a 60%. Insuficiencia alimentaria cercana al 30%. Importa más del 95% del trigo y la cebada, 75% del maíz, 90% del sorgo y la soya, y prácticamente todo el garbanzo, la arveja y la lenteja. Dependemos del extranjero para acceder a nueve de cada diez kilos de los principales cereales; que no es un problema cualquiera, por ejemplo, parte del meollo en el conflicto de Ucrania obedece a que es potencia en producción de cereales, el "chernozem", fértil tierra negra ucraniana, es considerado el granero de Europa y Rusia.

Las importaciones incluso empujan el Índice de Precios al Productor, en el 2014 incrementó 6,82% con respecto al 2013. Arruinan el trabajo y la producción nacional. Para ilustrar un caso; los potenciales trabajadores de viñedos nacionales abandonados ante las importaciones de uva, terminan en las calles de las ciudades con una carretilla vendiendo las uvas chilenas.

 

Urge entonces como lo han reclamado los productores en las protestas, un Estado con soberanía alimentaria, protegiendo la producción campesina y empresarial, con tierras a las que no le importen del extranjero lo que puedan producir.

El Comité Ejecutivo de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO-CUT, en uso de las facultades conferidas en el artículo 22, literal D de los Estatutos y teniendo en cuenta que:

a. El actual Comité Ejecutivo Nacional ha cumplido su período estatutario

b. Estatutariamente debe desarrollarse la Asamblea Nacional Federal cada tres (3) años.

c. Se hace necesario analizar la compleja situación  que afronta la población Rural Colombiana de los trabajadores de la  agroindustria y del agro en general.  Así como la situación política, económica y social que vive el país.

d. Se debe actualizar las normas estatutarias acordes a las necesidades y realidades de nuestra Federación

e. La Federación requiere de la elaboración y actualización de sus líneas estratégicas y plan de acción para los próximos tres (3) años

f. Hay urgencia de determinar los órganos responsables de ejecutar las decisiones de la XI asamblea Nacional Federal

 

g. Emanar de la XI asamblea Federal todas aquellas decisiones que tengan por objeto garantizar el desarrollo de las conclusiones de la misma y el futuro general de la Federación.

 

tesis política

CONVOCATORIA XI CONGRESO

tesis organización

tesis política financiera

tesis mujer rural

tesis comunicación

tesis educadion

tesis soberanía alimentaria

tesis elementos sobre territorio y territorialidad

 

 

1.      ¿Qué es un contrato de trabajo?

El Contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa y diremos que es laboral, cuando además de los elementos de cualquier contrato (capacidad de las partes para contratar, consentimiento, causa lícita, objeto lícito), concurran los elementos esenciales de que trata el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice:

“Elementos esenciales.

1.    Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:

d)    La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

e)    La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y,

f)    Un salario como retribución del servicio.

2.    Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”.

2.      ¿Qué diferencia hay entre un contrato de trabajo verbal y un contrato de trabajo escrito?

El contrato de trabajo puede ser acordado de forma verbal o escrita, prefiriéndose esta última para que sirva como medio de prueba en un momento determinado, pero ambas formas de contratación, escrita o verbal, están reguladas por el ordenamiento laboral colombiano y gozan de los mismos derechos y obligaciones.

3.      ¿Qué es la duración del contrato de trabajo?

La duración del contrato de trabajo, resulta ser el tiempo que las partes han pactado, durante el cual se mantendrá vigente la relación laboral.

4.      ¿Cuántas clases de contratos de trabajo a término fijo existen?

Los contratos de trabajo se diferencian unos de otros, por su duración. Al respecto señala el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo:

“Duración.

El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por un tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio”.

 

Dependiendo del tiempo que acuerden las partes, el contrato de trabajo puede ser por un tiempo definido o por un tiempo indefinido, aclarando que independientemente del tiempo acordado, en todo contrato de trabajo, las partes tienen los mismos derechos y obligaciones dispuestas en la normativa laboral.

 

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Otros documentos

Cartilla Negociacion Colectiva en el Sector Publico.pdf

Codigo Sustantivo del Trabajo Colombia.pdf

Nota de clase 62. reforma pensional.pdf

guia_beneficios_ley_formalizacion_generacion_empleo.pdf