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La Vía Campesina hizo el lanzamiento de su Séptima Conferencia Internacional

Por: Camilo Raigozo

 

El pasado 10 de junio en Derio, Bizkaia País Vasco, La Vía Campesina realizó el acto del lanzamiento de su Séptima Conferencia Internacional. En el evento participaron miembros del Comité de Coordinación Política y representantes del gobierno Vasco.

 

Momento en el que se hizo el lanzamiento oficial de la VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina. Foto: La Vía Campesina.

 

La Séptima Conferencia Internacional de La Vía Campesina se llevará a cabo  entre los días 15 al 24 de julio de 2017 en Euskal Herria, País Vasco. Estas conferencias se realizan cada cuatro años, y son el órgano máximo de toma de decisiones colectivas, de debates y de construcción de una agenda de movilización del movimiento campesino.

 

El evento del próximo año espera reunir más de 600 delegados de los cinco continentes, más de un importante número de campesinos llegados de diferentes países de Europa y miembros de otras organizaciones aliadas.

 

Al lanzamiento acudieron Paul Ortega, director de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y Elena Gutiérrez, de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, quienes han mostrado su respaldo a la VII Conferencia, así como el compromiso de sus respectivos departamentos para apoyar económicamente parte del desarrollo  de la Conferencia.

 

Igualmente asistieron Unai Aranguren, de Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna y Eberto Díaz Montes de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, de Colombia, quienes presentaron las líneas principales que tendrá la VII Conferencia.

 

Se abordarán, entre otros temas, los Tratados de Libre Comercio, el proceso de construcción de una Carta de Derechos Campesinos en Naciones Unidas y la promoción de la agroecología como modelo para la producción de alimentos saludables y como modo de enfriar el planeta.

 

La soberanía alimentaria de los pueblos y el enfriamiento del planeta son dos de los principales objetivos de la lucha de La Vía Campesina. Foto: Elikaherria.

 

En su intervención, el colombiano destacó la importancia de la participación de los jóvenes y las mujeres en la construcción de este movimiento social, posiblemente el mayor a escala planetaria y quizás el movimiento más representativo en la historia de la agricultura, según un comunicado emitido por La Vía Campesina.

 

Esta organización “hoy está en 73 países, cuenta con 164 organizaciones, y más de 200 millones de personas, todas unidas para cambiar el mundo”, dice un aparte del comunicado.

 

Por su parte Paul Ortega resaltó el apoyo que desde hace años la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo viene brindando al movimiento campesino internacional, ya sea de modo directo con más de 25 proyectos o mediante la financiación través de proyectos de ejecutados conjuntamente por la ONGDs vascas y las organizaciones que integran La Via Campesina todo el mundo.

 

A su turno Elena Gutierrez exaltó la importancia de apoyar al mundo rural, no solo para la producción de alimentos de calidad, sino también para preservar los entornos naturales de los que disfrutan tanto campesinos, como los habitantes de las ciudades. Hizo énfasis en  la importancia de la agricultura familiar a pequeña escala tanto en el pasado como en el presente del Pais Vasco y para las organizaciones que integran La Via Campesina.

 

“Hemos creado un patrimonio político, basado en una visión común, que nos ha ayudado a comprender el mundo y el futuro. Y que ha permitido desarrollar una capacidad de movilización tanto local como global. Entendemos que los campesinos y las campesinas de todo el mundo tenemos los mismos problemas y tenemos que afrontarlos unidos”, expresó Marina Dos Santos, miembro de Comité de Coordinación Internacional, citada por la fuente.

 

Elizabeth Mpofu, Zimbabwe del Smallholder Farmer Forum, secretaria general de La Vía Campesina, fue la encargada de cerrar el acto en el que agradeció al Gobierno Vasco la colaboración que presta al movimiento campesino internacional. 

 

“La Vía Campesina ha construido una identidad campesina global, politizada, ligada a la tierra y la construcción de la Soberanía Alimentaria garantizando alimentos saludables para los pueblos mediante la producción agroecológica. Haciendo frente al modelo neoliberal y al agronegocio, contra las grandes corporaciones multinacionales y la complicidad de los estados”, finaliza el comunicado.

 

Cronología de las maniobras y abusos de los empresarios contra los afiliados a Sintragrancol

Por: Camilo Raigozo

 

El Sindicato Nacional de Trabajadores Agroindustriales de Colombia, Sintragrancol, denunció este 27 de julio las siguientes maniobras y abusos de los empresarios y sus representantes,  contra los trabajadores afiliados a este sindicato en las fincas Nabusimaky y La Lucha y otras:

 

El pasado 8 de mayo un grupo de trabajadores de las fincas mencionadas contactaron a los dirigentes de Sintragrancol y les manifestaron que en estas fincas había cerca de 30 trabajadores con tiempo de trabajo que oscila entre cuatro meses y 19 años.

 

Trabajadores de Sintragrancol en un taller de Comunicaciones. Foto: Sintragrancol.

 

Según  el documento el propietario de estas fincas es Santiago Vives Prieto, quien les paga a los trabajadores menos del salario mínimo vigente legal; no les paga dominicales, festivos, prestaciones sociales, auxilio de transporte, seguridad social, fondo de pensión y nunca les ha entregado dotaciones, entre otras anomalías.

 

Vives Prieto paga los salarios a través de una tienda del pueblo, donde los obreros se ven obligados a comprar los víveres. Por los salarios paupérrimos no les alcanza para pagar lo que han sacado fiado y para la adquisición de la canasta básica familiar. Ante los abusos los trabajadores decidieron afiliarse a Sintragrancol.

 

El 11 de mayo el sindicato presentó un pliego de peticiones, sin haber obtenido respuesta dentro del tiempo que estipula el Código Sustantivo del Trabajo, por lo que el sindicato solicitó  la intervención del Ministerio de Trabajo de Ciénaga. El ministerio citó a Vives Prieto en dos ocasiones pero este hizo caso omiso.

 

Sin embargo, a finales de mayo Vives se comunicó con el asesor sindical Pablo Elías Vargas, con quien se reunió el 31 del mismo mes en la oficina del abogado Eduardo Barreneche, ubicada en el edificio Santa Rita, en Santa Marta. Vives presentó a Barreneche como su socio y negociador del pliego por parte del empleador, dándose así inicio a la etapa de arreglo directo, tal como consta en el acta 01, firmada por la comisión negociadora del sindicato, Santiago Vives Prieto y Eduardo José Barreneche, en representación del empleador.

 

A los pocos días de haber sido presentado el pliego, el administrador de la finca Nabusimaky le informó verbalmente a Víctor Martínez Bonett, quien llevaba cuatro meses laborando en la finca, con contrato verbal y en las condiciones antes mencionadas, afiliado a Sintragrancol, que no tenía más trabajo.

 

Luego, según versión de los trabajadores, Santiago Vives Prieto se presentó en Nabusimaky y entregó dotaciones a los obreros (nunca antes lo había hecho), les ofreció dinero y la firma de un pacto colectivo con, supuestos, mejores beneficios de los que lograrían por medio del sindicato.

 

Los trabajadores que se habían nombrado como negociadores del pliego de la finca La Lucha, le informaron al asesor Pablo Vargas que no se harían presentes en la mesa de negociación, porque ya habían arreglado directamente con Vives Prieto. Sin embargo a esa fecha el sindicato no había recibió las renuncias de estos trabajadores.

 

Trabajadores en el momento de votar la huelga. Foto: Sintragrancol.

 

Mientras esto ocurría en las dos fincas, las comisiones negociadoras continuaban la discusión del pliego de peticiones como consta en las actas 2 y 3 firmadas por las partes, hasta que el 8 de julio anterior, el abogado Eduardo Barreneche se comunicó con Pablo Vargas y le informó que la empresa decidió no seguir negociando por un problema que se presentó con los dueños de la finca. Esto sucedió el día anterior del cierre de la prologa de la etapa de arreglo directo.  

 

Días después la secretaria de Vives envió al correo electrónico de Pablo Vargas, una comunicación entregada al Ministerio de Trabajo de Ciénaga, en la que manifestó, entre otras cosas, que no puede seguir negociando el pliego de peticiones porque él no es el dueño de la finca Nabusimaky, ya que esta pertenece a la compañía Vives Castro y Cia. y que por desconocimiento de las normas laborales y error del sindicato al haberle presentado a él el pliego, sin ser el representante legal de la empresa.El sindicato acusa a Vives de pretender desconocer las normas del Código Sustantivo del Trabajo.

 

Dentro de los términos establecidos por la ley, el 13 de Julio, 9  de los 16 trabajadores permanentes en la finca Nabusimaky y de los 13 afiliados hasta ese momento a Sintragrancol, optaron por la huelga de acuerdo a la ley.

 

Realizado este proceso la comisión del sindicato asignado para esta tarea se trasladó a la finca La Lucha, para realizar la votación entre la huelga o el tribunal, encontrando que de los 5 afiliados de esta finca a Sintragrancol, renunciaron 4, los cuales manifestaron que se retiraban porque habían negociado con Santiago Vives unos dineros y habían acordado un pacto colectivo.

 

El abogado Eduardo Barreneche, manifestó que esta finca, si era propiedad de Santiago Vives Prieto. Los trabajadores le expresaron su voluntad de seguir negociando el pliego de peticiones para llegar a un acuerdo definitivo en la finca Nabusimaky donde aun quedan afiliados al sindicato.

 

El 18 de julio Barreneche hizo llegar a las oficinas del sindicato las cartas de dos trabajadores en las que manifestaban su retiro del mismo.

 

Asmblea de Sintragrancol. Al fondo el asesor Pablo Vargas. Foto: Sintragrancol

 

El 21  de julio Santiago Vives reunió a los trabajadores más antiguos y les ofreció pagar entre 9 y 20 millones de pesos, haciendo compromisos de pago y entregando cheques por 5 y 6 millones de pesos. También les ofreció un pacto colectivo con la condición de que renunciaran al sindicato.

 

Dentro de los términos de ley, el 22 de julio los trabajadores de la finca Nabusimaky declararon la hora cero de la huelga general comunicándoselo al coordinador de la finca, quien respondió que quienes quisieran podían ir a trabajar, haciendo caso omiso de las normas legales.

 

Previendo lo que podría pasar, el sindicato envió un oficio a la estación de Policía de la Zona Bananera, para que garantizara el normal desarrollo de la huelga, tal como lo contempla el artículo 448 del CST, pero ningún agente hizo presencia. Sin embargo la Policía si fue muy diligente al llamado de los empresarios para presionar a los huelguistas a que dejaran trabajar a quien quisiera. Los agentes policiales se retiraron sin acatar la solicitud de la organización sindical.

 

En la mañana de ese día el coordinador de la finca, se paseó desafiante con un machete y tomándole fotos a quienes se encontraban en el lugar. En la tarde el Ministerio de Trabajo de Ciénaga se hizo presente en la finca en compañía abogado Barreneche. El coordinador general y representante de la empresa en esa diligencia de nombre Darío, anunció que 5 de los 13 trabajadores, habían laborado ese día.

 

En la diligencia el sindicato dejó constancia de la voluntad de los trabajadores para continuar la negociación y de activar el plan de contingencia para el cuidado del cultivo, tal como lo señala las leyes. Ante esto la empresa guardó silencio.

 

Al momento de terminar la diligencia y cuando todos se disponían a retirarse, el coordinador manifestó en voz alta, que al día siguiente, (sábado 23), daría trabajo a quienes así lo quisieran, logrando convencer a 6 trabajadores. El lunes 25 asistieron 8 trabajadores y solo acataron la huelga 6 obreros.

 

Ante esta situación, en común acuerdo los seis trabajadores restantes decidieron levantar la huelga y someter el conflicto laboral a un tribunal de arbitramento. Para los días de corte y empaque estas empresas vinculan a más de 20 trabajadores, a los cuales no les pagan ni el mínimo legal, los hacen trabajar más de 10 horas diarias y sin ninguna clase de garantías contempladas en la ley.

 

Finca San Rafael

 

Tal como ha sido denunciado, en esta finca con la ayuda de esquiroles (obreros traicioneros), según los trabajadores, la empresa viene ofreciendo 100.000 pesos, para que los obreros se acojan a un pacto colectivo y renuncien al sindicato. Por esta situación la organización sindical le envió un oficio a la empresa, para que confirmara o desmintiera estas denuncias, ya que de ser ciertas constituyen una violación al derecho a la libre asociación sindical. Al cierre de esta nota el sindicato no había obtenido respuesta.

 

La empresa reunió a los trabajadores y ante ellos señaló y calumnió al asesor del sindicato, Pablo Elías Vargas Mantilla, quien también es miembro del comité ejecutivo de Fensuagro.

 

En cabeza de Luis Jaramillo y de la secretaria de la finca acusaron a Pablo Vargas, entre otras cosas, de que en un comunicado había insultado e irrespetado a los trabajadores afiliados a Sintragrancol, que fue expulsado de otra organización y que es el responsable del paro en la finca San Pedro. Según la denuncia, Jaramillo tildó de guerrilleros a los trabajadores que optaron por afiliarse a Sintragrancol.

 

El dirigente y asesor sindical Pablo Elías Vargas. Foto Internet.

 

Esto se viene presentando –conceptúa el sindicato- con la pretensión de debilitar a la organización sindical, ya que el próximo fin de año se vence la convención colectiva y se presentará un nuevo pliego de peticiones. Varios trabajadores han caído en la trampa a sabiendas del engaño que ya ha sucedido en años anteriores.

 

Finca Villagrande

 

En esta empresa luego del regreso de un grupo de trabajadores al otro sindicato de la zona, continúa la persecución y despido de los trabajadores que rechazan las políticas de la empresa en complicidad con esa organización sindical.

 

A mediados del año pasado 14 trabajadores renunciaron a Sintragrancol y regresaron a Sintrainagro, lo que los llevó a una mala negociación y a un retroceso de las conquistas laborales y salariales alcanzadas.

 

La empresa ha despedido sin justa causa a tres trabajadores de Sintragrancol, el último de ellos el pasado 22 de julio, lo que es una clara persecución sindical

 

También despidieron a los trabajadores Jaime Varela y Carlos Rocha, por haber denunciado los atropellos a pesar de que llevaban más de 20 años vinculados a la empresa. Sin embrago el tiempo para liquidarles la indemnización lo toman desde el año 2013.  

 

“Como podemos ver, estos empresarios, violan todas las normas legales y derechos laborales y sindicales, contemplados en nuestra legislación laboral y tratados internacionales”, expresaron finalmente la junta directiva y la comisión negociadora de Sintragrancol.

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