Reflexiones sobre Reforma Rural Integral

proceso de paz

REFLEXIONES SOBRE REFORMA RURAL INTEGRAL.

Como organización de campesinos y trabajadores del agro Colombiano,  víctimas del conflicto  armado, social y económico histórico, hemos abrazado los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las Farc, como hechos trascendentales para lograr superar la crisis humanitaria que han vivido las comunidades agrarias en su conjunto, de la misma manera respaldamos las negociaciones con el ELN, como acciones indispensables para consolidar  los cambios estructurales que se requieren, así mismo hemos participado en los diferentes espacios de unidad y participación para construcción de propuestas que ayuden a la solución de la problemática que viven las comunidades indígenas, afros y campesinos trabajadores del campo colombiano, desde hace ya varias décadas, y ahora en este momento histórico que vive nuestro país consideramos de mayor importancia nuestra participación, más aun, que así lo contemplan los acuerdos firmados.  

Por esta razón al estudiar detenidamente los diferentes decretos de ley construidos como base normativa para la implementación de los acuerdos nos asaltan muchas preocupaciones porque vemos una construcción normativa desarticulada que recoge los acuerdos pactados en la habana de manera unilateral como los interpreta el gobierno, pero además deja por fuera las propuestas construidas y  presentadas desde las organizaciones agrarias  como  el proyecto de ley alternativa  presentadas por  la mesa de unidad agraria y que luego fueron incluidas en el pliego de los 8 puntos de la cumbre agraria campesina étnica y popular de la que Fensuagro hace parte, pero además  de esto,  no recoge los principios  de participación e inclusión de genero del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 

Colombia necesita para superar la crisis social económica y de derechos humanos que le dios origen al  conflicto,  reformas estructurales e integrales, por eso cuando vemos la desarticulación que deja por fuera tantas otros temas de vital importancia para la armonía de los humanos con la naturaleza, el buen vivir con dignidad de los habitantes del campo,  es lamentable, bochornoso y vergonzosa la actitud del gobierno nacional al pretender pasarse los espacios de concertación de la implementación normativa acordados y contenidos en el acuerdo final de paz en un sentido totalmente unilateral y maquiavélico en el que se ha pretendido utilizar los procedimientos acordados para implementación,  para incluir aspectos que el movimiento social y los sectores progresistas de la sociedad colombiana han rechazado tajantemente por considerarlos  nocivos y en contra vía del desarrollo de las comunidades agrarias, como sucedió con el proceso de reglamentación de los temas de acceso a la tierra contenidos en el acuerdo.

 Sentamos nuestro rechazo a la visión del gobierno nacional que considera este proceso de implementación normativa como un ciclo interminable de renegociación del acuerdo de paz, celebrado el 24 de noviembre de 2016, pretendiendo arrodillar a los colombianos a los intereses de latifundistas, mercenarios y mercantiles de la vida y de los territorios. 

 Exigimos se respete el contenido oficial del acuerdo de paz y ceñirse a la letra contenida en tan histórico e importante documento y buscar los mejores procedimientos para reglamentar lo acordado y no aspectos que no se discutieron en la negociación entre las partes. 

a. Sobre la participación

Es preocupante el hecho de que la participación de las organizaciones en la construcción de la implementación normativa sea mínima, sino nula. Al parecer las propuestas de los miles de participantes de los foros abiertos para contribuir en la construcción del acuerdo de paz no se tuvo muy en cuenta y lo 

mínimo que se podría esperar es que en esta fase de desarrollo del acuerdo si se tengan en cuenta los desarrollos jurídicos, sociales y legítimos que las organizaciones en medio del conflicto social y armado han construido.

 Somos conscientes de los tiempos a los que nos debíamos ceñir en los últimos meses, teniendo en cuenta que las facultades especiales del presidente santos no volverán, sin embargo, aspiramos a que en la reglamentación normativa de los puntos que faltan de la reforma rural integral se tenga en cuenta la opinión nacional de las víctimas del conflicto armado y de las organizaciones sociales agrarias que llevan décadas exigiendo se escuche su voz y sus propuestas.

El portal de conversaciones de paz debe transformarse en un portal de comunicación de la implementación normativa.  

De la misma manera, es necesario expresar qué en los instrumentos normativos como proyectos de ley y decretos, la participación de las comunidades organizadas pareciese que nuevamente se cierne a ser invitados de piedra y a firmar la asistencia de las reuniones de la institucionalidad. Es preocupante que en los consejos asesores de los elementos de la reforma rural integral como la adecuación de tierras o la innovación tecnológica no se vea por ningún lado. Queremos subrayar que las organizaciones agrarias (campesinas, indígenas y afrodescendientes) tienen el derecho de tener asiento en la toma de decisiones político económico de sus territorios. Por lo que aspiramos que este  aspecto se revise y corrija, por parte del gobierno. 

Sobre el articulado del decreto 902 del 27 de mayo de 2017

a. Se visualiza desarmonía en los montos estipulados para ser sujeto de acceso de tierras con la realidad de las víctimas y los campesinos sin tierra, puesto que 250 salarios mínimos legales vigentes corresponden a 175 millones de pesos aproximadamente, lo cual permite a personas que ni son campesinos ni víctimas del conflicto armado entrara a ser reclamante de tierras y objeto de acceso gratuito. El gobierno nacional para sentar este criterio debe presentar la cantidad de personas campesinas y/o victimas que alcanzan este monto. 

b. No se ve tratamiento diferencial en el artículo 7 respecto de los gastos de formalización, lo cual es injusto ya que es distinto formalizar el predio a un campesino o víctima del conflicto que a un gran propietario.

c. De acuerdo al artículo 18 en donde se plantea que se contará con una subcuenta de acceso a población campesina, comunidades, familias y asociaciones rurales, es necesario contar los campesinos del país. Para lo cual es necesario incluir la categoría de campesino dentro de un censo nacional. 

d. El artículo 22 debería contemplar la posibilidad de valorar las tierras que soliciten las comunidades campesinas y/o agrarias en materia de reconocimiento de la historia de tierras, en tanto que son los campesinos y campesinas las que conocen las tierras objeto de extinción administrativo o judicial. Debería reglamentarse la participación de las comunidades en la conformación de las bases de datos que deberá construir la ANT para el fondo de tierras de la reforma rural integral.  

e. El decreto ley en ninguna parte menciona la solución al problema de los territorios concesionados a las empresas transnacionales y multinacionales, que están generando conflictos y poniendo en riesgo de   expropiación  a los campesinos e indígenas en los territorios.

f. El decreto de ley no contempla la perspectiva de género del acuerdo final para la terminación del conflicto y no reconoce  el carácter de víctima de las mujeres campesinas y en lo económico solo le reconoce su aporte en la economía del cuidado, desconociendo que las  la mujeres campesinas deben cumplir doble y hasta triple jornada laboral  con lo cual aportan, no solo a la economía del cuidado,  sino al sostenimiento de las familias y al desarrollo económico del país.

Por todo lo anteriormente expuesto proponemos:

1. Que es necesario que el gobierno nacional cree mecanismos o metodologías para lograr la articulación de la normatividad construida y se integren en una ley de reforma agraria integral, con la que se pueda hacer las transformaciones estructurales que requiere el campo Colombiano para salir de verdad del atraso.

2. Que se defina un mecanismo  urgente para la participación de las organizaciones y comunidades que se ajuste a la realidad de un país que está en vía de desarrollo.

3. Que se respete el derecho de participación y reconocimiento del papel de las mujeres campesinas indígenas que hacen parte de las organizaciones mixtas.

4. Que se incluya la categoría de campesino en el censo nacional y se le reconozcan como sujeto de derechos sociales económicos y políticos.

 

 

!!!CUENTEN CON FENSUAGRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL!!!