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Diálogos de paz

"La Constituyente no se descarta y no se ha abandonado": Enrique Santiago

Por: Semana.com

Para el abogado de las FARC, en pocas semanas se pactará el cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Cree que no es necesaria una consulta popular para refrendación.

 

 

 "La Constituyente no se descarta y no se ha abandonado": Enrique Santiago Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

 

En entrevista con Semana.com en La Habana, Enrique Santiago, uno de los gestores del reciente acuerdo jurídico que blinda el proceso de paz, afirmó que a estas alturas no hay ningún condicionamiento para la firma de un acuerdo final y tanto el Gobierno como las FARC son conscientes de que hacen parte de un proyecto común que es la construcción de la paz.

 

“Hemos cumplido más del 90 % de la agenda, lo que queda es muy poco, aunque sin duda hay asuntos sensibles. A estas alturas ninguna de las partes se imagina que fracase el proceso. En este momento las posiciones no son de adversarios, sino de socios en la construcción de la paz y como ocurre en cualquier familia, los integrantes tienen distintos puntos de vista que se debaten para ser acordados”, puntualizó el jurista español.

 

Semana.com: ¿Podemos decirles a los colombianos que un acuerdo final se puede dar en junio próximo?

 

Enrique Santiago: Yo no quiero hablar de fechas porque cuando se fijan y no se cumplen los objetivos, se producen sensaciones de desánimo, de desencanto. Pero desde mi punto de vista el acuerdo está muy próximo y desde luego, tal como van las cosas, creo que para finales de año ya el acuerdo final esté firmado mucho antes y podríamos encontrarnos en diciembre con una situación de absoluta normalización de la vida política en Colombia.

 

Semana.com: ¿Qué falta entonces?

 

E. S.: Falta cerrar el acuerdo sobre paramilitarismo, que se podría cerrar pronto, está muy avanzado, y las garantías de seguridad para las fuerzas políticas en Colombia, los movimientos sociales y de las propias FARC una vez se hayan transformado en fuerza política, porque no puede volver a ocurrir lo acontecido en Cartagena con ese vil atentado contra Imelda Daza. Se parece demasiado a lo que ocurrió en los años 1980 y 1990 con la Unión Patriótica. Falta el acuerdo sobre cese bilateral de fuego y hostilidades definitivo, es decir, el fin de la guerra, que es un acuerdo que perfectamente se puede alcanzar antes del acuerdo final.

 

El punto de garantías de no repetición, que es un componente del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se abordó en el punto cinco, de Víctimas, y se pospuso para su discusión en el punto tres que discutimos ahora.

 

Y falta abordar el punto de la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil una vez que las FARC hayan desaparecido como organización armada. Los dos únicos puntos cuyo debate no ha comenzado en profundidad son garantías de no repetición y reincorporación a la vida civil, aunque muchos aspectos ya se han venido tocando, por lo cual en realidad queda muy poco. Después del acuerdo del 12 de mayo sin duda alguna el acuerdo final está al alcance la mano en un tiempo muy breve.

 

Semana.com: Se esperaba que el 23 de marzo fuera anunciado el cese bilateral de fuegos y hostilidades, ¿por qué se ha demorado tanto?

 

E. S.: Porque hay aspectos muy delicados, desde mi opinión. Desgraciadamente, el Gobierno está muy presionado por un discurso muy belicista que sigue existiendo en algunos sectores de la sociedad colombiana, un discurso que no quiere renunciar a la guerra. Sin duda el Gobierno tiene un ojo puesto en la negociación de ese punto y el otro en los ataques que pueda recibir por parte de ese sector que está empeñado en su discurso en continuar con la guerra.

 

Semana.com: ¿Está muy optimista?

 

E. S.: Yo siempre he sido optimista porque los esfuerzos de las partes han sido de muchos meses de trabajo. Resalto que este proceso puede ser el segundo más rápido que haya habido en el mundo después de la Segunda Guerra mundial. Creo que este proceso es ejemplar, está toda la comunidad internacional y académica, los expertos en Derecho y Derecho Internacional Humanitario con los ojos puestos en este proceso, que es pionero e innovador en muchos aspectos. Sin lugar a dudas cuando esto concluya, ojalá con éxito, va a ser un referente en procesos de paz en todo el mundo y ese es otro elemento para que la sociedad colombiana esté muy orgullosa de esa impronta que va a dejar el pueblo colombiano en el Derecho Internacional y que va a facilitar la consecución de la paz en otros lugares del mundo.

 

Semana.com:  ¿Qué viene ahora, qué es lo más difícil ya evacuado el acuerdo jurídico?

 

E. S.: Sin duda, a estas alturas ninguna parte tiene sospechas de si la otra parte está dispuesta a cumplir los acuerdos. Lo que se estableció con este acuerdo jurídico es un mecanismo para que quede claro que ambas partes se obligan a cumplir lo acordado y eso hace más sencillo abordar los temas que quedan pendientes, construir los pocos acuerdos que falta según la agenda de conversaciones.

 

Semana.com: ¿Es cierto que, por una parte, al lograr las FARC que los acuerdos se eleven a un acuerdo especial, se bajan de la Constituyente y aceptan la refrendación de los acuerdos tal vez a través de un plebiscito?

 

E. S.: Las FARC aceptan la refrendación de los acuerdos, lo que no hay es una coincidencia ahora mismo entre el Gobierno y las FARC sobre cuál es el mecanismo más idóneo de consulta. Aquí volvemos a encontrarnos con un problema que ha sido reiterado a lo largo del proceso de paz, incluso antes, que es la unilateralidad por parte del Gobierno, que ha perjudicado y ha demorado mucho este proceso.

 

Si el Gobierno se hubiera sentado con las FARC para dialogar sobre el mecanismo de refrendación antes de decidir que era un plebiscito y de comenzar a tramitar la ley pues no se habría presentado ese enfrentamiento dialéctico donde no han sido coincidentes.

 

Hoy hay una aproximación, el Gobierno defiende el plebiscito y las FARC una consulta popular. Es prematuro definir ese mecanismo sin que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el plebiscito, que tal como ha sido formulado es inexequible atendiendo a lo establecido en la ley que lo convoca.

 

Semana.com: ¿Pero las FARC no descartan la Constituyente?

 

E. S.: La Constituyente no se descarta y no se ha abandonado por las FARC, la Constituyente del 91 surge de un proceso de paz con el M-19 y siendo este acuerdo más trascendente para el país, parecería lógico emprender esa nueva fase de la historia colombiana con un nuevo marco constitucional.

 

El problema de la Constituyente es otro. Las FARC lo que están planteando es que atendiendo al punto de la agenda que hace referencia a las reformas institucionales tras el acuerdo de paz, la Constituyente sería idónea porque ya se hicieron reformas en 1991 y un acuerdo de paz va a obligar a hacer reformas institucionales importantes. Si además hay un proceso de conversaciones con el ELN, se requieren más reformas constitucionales.

 

Por otra parte, la importancia histórica que se abre con un acuerdo de paz que pone fin a un conflicto de más de 50 años, pues no cabe duda de que se avecina la fase de construcción de un nuevo país, que tiene que haber un proceso de reconciliación y de adecuación de las instituciones que durante cinco décadas han funcionado en un contexto de guerra. Y eso es lo que dicen las FARC, que se adelante un proceso donde el pueblo colombiano decida cuál es el nuevo marco de convivencia y de organización del Estado que quiere.

 

Semana.com: ¿Qué pasa si en esa consulta popular, llámese como se llame, la mayoría de colombianos dice que no está de acuerdo o no aprueban lo firmado aquí en La Habana?

 

E. S.: Eso sería una tragedia política porque evidentemente eso significaría que el pueblo colombiano quiere estar otros 50 años en guerra. No contemplo esa posibilidad, no creo que eso ocurra, no creo ni siquiera que el Centro Democrático sea capaz de proponerle al pueblo colombiano que vote para que no se desarmen las FARC. Sería una situación sumamente contradictoria de un partido político cuyo principal dirigente cuando fue presidente, combatió militarmente tanto a las FARC y verle ahora oponerse a que esa guerrilla dejen las armas.

 

Desde un punto de vista estrictamente jurídico y muy personal, hay derechos que no pueden ser sometidos a consulta popular, como es el derecho a la vida o a la dignidad humana. No se puede consultar a los ciudadanos si estamos dispuestos a quitarle derechos a un determinado colectivo de personas y entiendo que no es susceptible de consulta si tiene que haber paz o guerra.

 

Esa es mi opinión distinta a la Mesa, que dice que tiene que haber una consulta ciudadana. Una buena idea sería incluir en esa refrendación una pregunta sobre un "nunca más”, sobre “si el pueblo colombiano quiere que la violencia nunca más vuelva a ser una herramienta de la política en Colombia”.

 

Semana.com: ¿Qué pasa si por cualquier motivo este acuerdo jurídico se cae en el Congreso de la República?

 

E. S.: el Gobierno tendría dos opciones: la primera sería volver a la guerra y la segunda, renegociar el acuerdo atendiendo los motivos por los cuales no es aprobado. En todo caso, no contemplo la posibilidad que el Congreso no apruebe los acuerdos.

 

Semana.com: ¿Otro escollo a superar es el de la revisión de la Corte Constitucional? 

 

 

E. S.: Esa no me preocupa en absoluto porque obviamente todo lo que se ha acordado en La Habana, no solamente es respetuoso con los derechos fundamentales y constitucionales de los colombianos, sino que los refuerzan, con lo cual estoy convencido de que la Corte va a saludar lo acordado en La Habana y felicitarse porque lo acordado permita consolidar y hacer realidad el artículo 22 de la Constitución.

 

Tomado de: http://www.semana.com/mundo/articulo/enrique-santiago-farc-no-descarta-la-constituyente/473758

 

Diálogos de paz

Gobierno y FARC EP acordaron método para blindar el Acuerdo Final

Por Camilo Raigozo

 

Con el acuerdo entre las FARC EP y el Gobierno para blindar el Acuerdo Final la paz para Colombia está cada vez más cerca. Foto: Internet. 

 

El 12 de mayo de 2016 las delegaciones de paz del Gobierno colombiano y de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC EP, anunciaron ante Colombia y el mundo desde La Habana, Cuba, que habían llegado a un acuerdo para darle estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final al que se llegue. A continuación transcribimos el texto íntegro del comunicado firmado conjuntamente por las dos partes:

 

Comunicado Conjunto #69

La Habana, Cuba, 12 de mayo de 2016

En el día de hoy las delegaciones del Gobierno de Colombia y de las FARC-EP queremos anunciar que hemos llegado a un acuerdo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final; para asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento de dicho Acuerdo Final, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional.

Se trata de una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios, que en su conjunto constituyen una ruta expedita y segura para cumplir con los objetivos enunciados en el párrafo anterior.

I.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Gobierno Nacional introducirá, antes del 18 de mayo de 2016, el siguiente texto en la tramitación del Acto Legislativo nº 04/2015 Senado, 157/2015 Cámara:

 “Artículo xxx: La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:

Artículo Transitorio: En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.

Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.

El procedimiento legislativo especial para la aprobación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, incluirá un “procedimiento de ley aprobatoria del Acuerdo Especial” con los siguientes criterios procedimentales especiales: envío al Congreso para su incorporación al derecho interno por medio de una ley; tramitación como ley ordinaria: radicación del proyecto ante la secretaria del Senado y publicación, debate en comisiones  constitucionales conjuntas  del Senado y Cámara, votación, debate en plenario del senado; y debate en plenario de la Cámara.

 

El tránsito del proyecto entre una y otra cámara será de 8 días, las votaciones serán únicamente de aprobación o improbación de todo el texto, por mayoría calificada; control de constitucionalidad de la ley aprobatoria del Acuerdo Especial; sanción presidencial y publicación en diario oficial; el Gobierno se obligará a presentar esta ley aprobatoria inmediatamente sea firmado y aprobado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y entrado en vigor el presente Acto Legislativo.

El procedimiento legislativo de aprobación de leyes o actos legislativos para la implementación o desarrollo del Acuerdo Final, será el Procedimiento legislativo especial para la paz establecido en el artículo transitorio xxxx contemplado en el artículo primero de este Acto Legislativo, y estará en vigencia para la aprobación de normas de implementación y desarrollo del Acuerdo Final durante el tiempo establecido en el artículo xxxx

El control constitucional relacionado con la aprobación de La ley aprobatoria del Acuerdo Especial, será único y automático.

El control constitucional relacionado con la implementación del Acuerdo Final mediante Leyes ordinarias o leyes estatutarias, será único y automático.

II.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Gobierno Nacional, antes del 18de mayo de 2016, añadirá en el parágrafo j)  del articulo 1  del PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 04 DE 2015 SENADO, 157 DE 2015 CÁMARA, la palabra “único” en el siguiente párrafo:

“j) Los proyectos de Acto Legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático de constitucionalidad  (….)”

quedando así dicho texto:

“j) Los proyectos de Acto Legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único  de constitucionalidad  (….)”

III.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Gobierno Nacional, antes del 18de mayo de 2016,  retirará de la tramitación del Acto Legislativo nº 04/2015 Senado, 157/2015 Cámara la proposición aditiva “artículo transitorio. Jurisdicción Especial para la paz”

IV.- Una vez aprobado en el Congreso el Acuerdo Final firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, el Gobierno Nacional, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, impulsará inmediatamente un Acto Legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio, en el que tendrá que constar expresamente el Acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz de 15 de diciembre de 2015. Dicho artículo transitorio entrará en vigor una vez entre en vigor el Acuerdo Final.

V.- El Gobierno Nacional y las FARC EP, acuerdan que el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, se depositará, inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra.

VI.- Igualmente, el Gobierno Nacional y las FARC EP acuerdan que una vez aprobado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se efectuará una declaración presidencial con forma de declaración unilateral del Estado colombiano ante el Secretario General de las Naciones Unidas, citando la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 25 de enero de 2016, pidiendo al Secretario General que se de la bienvenida al Acuerdo Final y lo relacione con la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad del 25 de enero,  generando un documento oficial del Consejo de Seguridad, y anexando a dicha Resolución 2261 el texto completo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Mesa de Diálogos de La Habana se reune con empresarios

Mesa de Diálogos de La Habana se reune con empresarios. Foto: Pacificta.co

 

Por Staff ¡Pacifista!

Con la inminente firma del acuerdo final, el Gobierno y las Farc atraviesan el último tramo en la carrera por convocar a distintos sectores alrededor de la paz. Por eso, los negociadores acaban de sentarse con los empresarios en Cuba para explicarles los pormenores de lo que se ha acordado hasta ahora y resolver sus preocupaciones de cara a la negociación.

Una iniciativa necesaria pues los gremios económicos deberán ser unos de los principales contribuyentes de la gran bolsa de recursos, conocimientos y capacidades técnicas que requerirá la etapa de posacuerdos.

Este jueves, después de sostener reuniones separadas con ambas delegaciones, el grupo de ocho empresarios que viajó a La Habana declaró que puso sobre el tapete distintas propuestas para trabajar en “la construcción colectiva de una visión de paz y un posconflicto sostenibles, que beneficien a la sociedad como un todo”.

Su declaración va en la misma línea de la comunicación de ocho puntos que entregó en octubre pasado el Consejo Nacional Gremial, en la que señaló sus preocupaciones por los impactos que pudieran tener sobre los intereses del empresariado temas clave para la paz como el desarrollo rural, la justicia y la verdad.

Los empresarios también discutieron en Cuba “proyectos de inclusión en los territorios”, lo que constituye un avance concreto en la tarea de definir la manera como los gremios y el Estado van a llegar a las vastas zonas del país que han sido históricamente desatendidas y que enfrentan altos márgenes de desigualdad, que es donde se espera tengan mayor impacto las reformas negociadas en La Habana.

Finalmente, el grupo declaró que “reiteramos nuestro respaldo a los esfuerzos por lograr el fin del conflicto armado” y “hacemos un llamado para lograr la firma de un Acuerdo con el propósito de que se pueda superar la página de dolor y guerra que ha vivido Colombia en las últimas décadas”.

Pero, ¿quiénes conforman ese grupo de ocho y cuál será el papel de los sectores económicos a los que pertenecen en el posconflicto? Las pistas están en el acuerdo de desarrollo rural integral al que llegaron el Gobierno y las Farc en 2014. Por ejemplo, uno de los invitados a La Habana fue Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia.

Se espera que su gremio, el bancario, esté ampliamente involucrado en la puesta en marcha de los estímulos a la producción agropecuaria. En el subpunto sobre subsidios, generación de ingresos y crédito, el Gobierno y las Farc acordaron “la provisión de líneas de crédito blandas, ágiles, oportunas y subsidiadas para la economía campesina familiar y comunitaria (…), con subsidios progresivos para los medianos productores con menores ingresos”.

También se pactó una fuerte campaña de comunicación en temas financieros, que incluye manuales de crédito subsidiado y suministro de información sobre “el uso de los mecanismos de normalización de la cartera”. Otro que integró el grupo de ocho fue David Bojanini, presidente del grupo Sura.

Su gremio, el de las aseguradoras, podrá contribuir a mejorar la oferta de seguros agropecuarios, que serán vitales para el sostenimiento de la economía campesina. En el subpunto sobre subsidios, se determinó que se promoverán “seguros de cosecha subsidiados para la producción agropecuaria” y que se fomentará “una cultura de manejo de todo tipo de riesgos”.

Por su parte, Antonio Celia, presidente de Promigás, integra uno de los sectores que experimentará un mayor dinamismo en la etapa de implementación: el de los servicios públicos domiciliarios.

En virtud del acuerdo sobre desarrollo rural, el Gobierno deberá garantizar la provisión de estos servicios en el campo, por lo que estás empresas deberán extender ampliamente sus redes.

También estuvieron, en representación de la agroindustria, Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería; Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa; Gustavo Adolfo Carvajal, presidente de la Junta Directiva de Carvajal y Harold Éder, presidente de Manuelita. Este sector, que representa un modelo de desarrollo agrario complementario al acordado en La Habana, podrá participar al menos en tres frentes.

Primero, en la vinculación laboral de personas en situación de discapacidad y de “mujeres en áreas productivas no tradicionales”, que es una de las tareas consignadas en el acuerdo sobre desarrollo rural.

Segundo, en la planeación y ejecución del “sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional”, que incluye “el desarrollo de programas contra el hambre y la desnutrición con cobertura nacional, especialmente para la población rural en condiciones de miseria”.

Y tercero, en la integración de los productores rurales con los modelos de producción a gran escala, “en función de la integración campo-ciudad”. La agroindustria, además, podrá verse afectada por algunas de las decisiones consignadas en el acuerdo, tales como la de “estricta regulación de los transgénicos”.

Por último, estuvo entre los ocho Juan Luis Mejía, rector de la Universidad Eafit. Las universidades privadas tendrán un papel clave en la etapa de posacuerdos, suministrando asesoría y capacitación a todos los niveles.

En lo que se refiere al campo, tendrán la tarea de fortalecer la investigación para el sector agropecuario y ampliar la cobertura en zonas rurales. Así las cosas, las delegaciones parecen haber convocado a los gremios clave para la ejecución del acuerdo sobre desarrollo rural integral y, en general, para el posconflicto.

Sin embargo, el empresariado, como todos los sectores, también deberá participar en otros procesos polémicos y complejos: la reconstrucción de la verdad y la comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Tomado de: http://pacifista.co/

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Diálogos de paz

El comandante de las FARC EP insta al Gobierno a no ponerle tantas trabas al proceso

Por Camilo Raigozo. Fensuagro

 

Encuentro de las delegaciones de paz de las FARCD EP y del Gobierno

Encuentro de las delegaciones de paz de las FARC EP y del Gobierno. Foto: Internet.

 

El máximo comandante de las FARC EP, Timoleón Jiménez, mediante una carta publicada en la página web de la comisión de paz de la insurgencia en La Habana, le reclama al presidente Santos mayor celeridad en los diálogos de paz.

 

Timochenko afirma que después del apretón de manos el pasado 23 de septiembre en La Habana entre él y el Presidente, en el que ambos expresaron voluntad de trabajar por llegar a un Acuerdo Final en el término máximo de seis meses, el proceso se ha relentizado no por culpa de la insurgencia, sino por actitudes de su contraparte.

 

“Hoy nos preocupa que del lado del gobierno prospere un cierto propósito de ralentizar, de complicar el progreso en los acuerdos. El lento ritmo impuesto en la Mesa y las Subcomisiones da mucho qué pensar. Se volvieron frecuentes los aplazamientos, los pretextos y las disculpas para no cumplir los ciclos y las sesiones del modo esperado”, exterioriza el líder guerrillero en su carta.

 

Igualmente critica al Gobierno por recular después de haber llegado a un acuerdo sobre justicia, de lo cual fue testigo el mundo entero. “De pronto resultó que el acuerdo sobre justicia no podía considerarse cerrado, que lo único oficial era un comunicado. Que había que revisar una serie de temas”, afirma Timochenko.

 

También advierte que a casi dos meses del histórico acuerdo ha sido imposible el cierre definitivo, no precisamente porque las FARC-EP hayan “desconocido una sola letra de lo aprobado”.

 

Ante las voces que anuncian que la fecha del 23 de marzo de 2016, expresada por las partes el día del apretón de manos, para la firma final del acuerdo es inamovible, Timochenko se pregunta:

 

“¿Y qué pasaría si llegado el 23 de marzo no hubiera Acuerdo Final? ¿Echaríamos por la borda lo trabajado y alcanzado durante tanto tiempo? No sería conveniente ni justo. ¿0 es que la dilación de ahora apunta a arrinconarnos a última hora para forzarnos a aceptar imposiciones?”.

 

Eso sería un desastre –afirma el líder insurgente-  porque la Mesa de Conversaciones es y debe seguir siendo el espacio ideal para discutir y llegar a acuerdos. Agrega que “ninguna de las partes tiene el derecho a concebirla como un mecanismo para someter la otra”.

 

Las FARC-EP no desean ser culpadas injustamente de faltar a la palabra empeñada en la mesa. “Al poner de presente las actuales trabas esperamos del gobierno nacional una actitud positiva que nos permita concluir cuanto antes con este largo conflicto”, explicó. 

 

“Presidente Santos, con voluntad todo acuerdo es posible. La nuestra existe y es firme, hagámosle”, fue la invitación final de Timochenko a Santos.

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Por Camilo Raigozo. Fensuagro

 

 

Por intermedio de un comunicado firmado este 4 de noviembre en La Habana la comisión de paz de las FARC EP manifiestan que las dificultades que atraviesan los diálogos de paz en este momento deben ser solucionados de inmediato para salvar el proceso.

Uno de los puntos a los que hace referencia la insurgencia es solucionar de una vez por todas el “el camino equivocado de las decisiones unilaterales en torno a temas que deben ser consensuados por las partes”, en referencia a las decisiones tomadas por el Gobierno sin el consenso de la mesa.

Así mismo la insurgencia advierte que hasta la fecha el Gobierno no ha querido cerrar el Acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, el cual se creía sellado desde el pasado 23 de septiembre con el encuentro del presidente Santos y el Comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, con la presencia del presidente de Cuba, Raúl Castro, en La Habana.

Por otra parte –argumentan las FARC-  el Acuerdo,  “Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia”, está chocando con la incoherencia del desarrollo de operativos militares contra los frentes de las FARC en tregua unilateral, en todo el país, lo que pone en alto riesgo la continuidad del mismo.

 

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