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Sáb, Abr
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Por: Eberto Díaz Montes

Presidente de Fensuagro

 

Miembro de la Vía Campesina Internacional

Vocero de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y popular.

 

La situación sobre el proceso de paz, una vez conocido los resultados electorales del plebiscito del pasado 2 de octubre, como también tratar de vaticinar  sus posibles consecuencias, será materia obligada de análisis con el objeto de buscar salidas a semejante reto de ganar la lucha por la paz y la justicia social, en un entorno del antes y el después, nada fácil de entender, donde fallaron las encuestas, falló el tino del gobierno en su afán por el SÍ y hasta una gran parte del pueblo desinformado también falló. En efecto el plebiscito convocado por decisión y riesgo propio del gobierno nacional, con el objeto de que los ciudadanos dijeran si estaban o no de acuerdo con el fin del conflicto armado, término siendo un callejón lleno de espinas y profundos abismos demasiados peligrosos desde el punto de vista  político, con un terreno movedizo, que de no saberse  donde se pisa puede reconducir al país a viejas experiencias y prácticas de querer dar soluciones a las crisis a través de acuerdos entre las élites, sobre todo de aquéllas élites que históricamente  han gobernado por décadas, empobreciendo y explotando al pueblo Colombiano. Ante esta realidad, no se descarta la posibilidad que por la fragilidad de la coyuntura política y las indecisiones gubernamentales puedan agrietarse aún más las diferencias entre el régimen y las FARC-EP y ser éste en últimas el detonante de un posible rompimiento de las negociaciones  entre ambas partes, situación está no la  más deseada, pues esto  significaría un nuevo ciclo de violencia que afectaría directamente a la población civil que habita en numerosas regiones donde por largas décadas ha existido la presencia y se ha sentido con mayor fuerza el desarrollo  del conflicto armado, con sus impactos sociales y económicos. De otro lado sin ser alarmistas no se puede descartar una posible salida aventurera desde  aquellos sectores militaristas hacia la ejecución de  un golpe cívico militar, ya practicado en otras latitudes y países como en el caso de Honduras o el Paraguay, con dolorosos resultados para esos países que aún no se reponen de la violencia y la militarización de sus sociedades. Ahora bien el voto por el NO, que logro un margen de menos del uno por ciento frente al SÍ, y que se puede entender como un empate técnico, no necesariamente se debe interpretar como el querer de la mayoría de los Colombianos a la continuidad de la guerra, sí, es cierto, el NO, fue vencedor,  este tampoco es  un rédito del Centro Democrático, como ellos lo proclaman ante la opinión pública. Fueron varios los factores que empujaron a muchos compatriotas a decidirse por el NO. El primero de ellos considero a la desinformación, los falsos y tramposos argumentos utilizados por el Uribismo sobre los acuerdos alcanzados en la Habana entre el gobierno nacional y la Farc y que fue el caballo de batalla de la extrema derecha a favor del NO, en segundo lugar el descontento de muchos sectores sociales ante las políticas demagógicas del gobierno de Santos en materia social y económica  y un tercer elemento esta cimentado sobre  la desfavorabilidad en la correlación de fuerzas a nivel continental a cambios progresistas, que ha permitido un reacomodamiento de las fuerzas proclives al militarismo y a la derecha reaccionaria y al neoliberalismo en el actual momento  latinoamericano.

 

Es de destacar el Voto por el SÍ, con más 6.3 millones de sufragantes, que aunque no alcanzó la mayoría, significa por simple lógica, que no será fácil para los detractores de la paz y los cambios democráticos imponer sus razonamientos de guerra y exclusión social y política.

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Por: Camilo Raigozo

 

El dirigente sindical Pablo Elías Vargas, miembro de la dirección nacional de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro y asesor del sindicato Sintragrancol, denunció los atropellos que se vienen presentando en la empresa Agroinversiones La Ceiba en cabeza de la representante legal Joceline Azar.

 

Sintragrancol había dado a conocer que el pasado 12 de septiembre se terminó la etapa de arreglo directo de la negociación del pliego de peticiones presentado a esta empresa, debido a la intransigencia de la misma.

 

Una vez naufragó el arreglo directo el sindicato pidió permiso a la empresa para informarles a los trabajadores los términos de la negociación, el cual fue negada por Gustavo Gómez, aduciendo que ese día estaban en corte de fruta. Sin embargo al sindicato patronal, Sintrainagro, si le dio permiso.

 

Los dirigentes sindicales Pablo Elías Vargas (der) y Raúl Patiño.  

Ante la situación Sintragrancol realizó un mitin de protesta el 13 de septiembre orientado por Pablo Elías Vargas, representante de Fensuagro y asesor del sindicato. Como retaliación la empresa sancionó al trabajador Fredis Ríos, en actitud arrogante y de persecución sindical. Desde el 18 de septiembre último, Ríos forma parte de la junta directiva de Sintragrancol en la Zona Bananera.

 

Según Vargas los dueños de la empresa y sus administradores lo que pretendieron fue quitarles a los trabajadores pequeños derechos  conquistados como son: auxilio de maternidad de 18.000 pesos; auxilio por muerte de familiar de 25.800 pesos y auxilio de educación para los hijos de 16.850 pesos.

 

Así mismo los patronos propusieron bajar el monto de otros derechos, tales como, el auxilio por muerte del trabajador de 157.300 a 100.000 pesos; prima extralegal de navidad de 28.090 a 25.000 pesos. Así mismo ofreció un incremento salarial de apenas 3,3 por ciento para el año 2017 y 2018 respectivamente.

 

El dirigente sindical aclaró que los salarios de estos trabajadores no superan los 700.000 pesos mensuales, con el agravante de que los días de embarque son obligados a trabajar hasta 13 horas diarias.

 

Así mismo puntualizó que para los años 2015 y 2016, los incrementos del salario fueron apenas del 3,66 por ciento, mientras que la inflación del 2015 fue del 6,77 por ciento y en los últimos 12 meses ha sido del 8,1 por ciento según el DANE. Es decir que la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores es enorme.

 

Mentiras de la empresa frente a la CUT

 

Vargas desmintió a los dueños de Agroinversiones La Ceiba, quienes el pasado 22 de septiembre le hicieron llegar una carta a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Magdalena, con afirmaciones falaces tales como:

 

Que esta compañía fue creada en el 2009 y que desde su inicio se ha caracterizado por su responsabilidad social corporativa, en cumplimiento de las normas legales.

 

“Lo que no dice es que en esta finca laboran trabajadores con más de 20 años de servicio. Que desde el 2009 la nueva administración tomó el control de la compañía y los trabajadores han padecido el menoscabo de sus salarios por la traición de Sintrainagro en cada negociación. Por esta razón hoy un gran número de trabajadores se pasaron a Sintragrancol”, observa el comunicado de Vargas.

 

Del mismo modo afirma que la empresa miente cuando afirma que “tenía la intención de continuar con las conversaciones”, cuando, tal como quedo en el acta, fue Sintragrancol quien dejó constancia en el acta su voluntad de continuar la negociación y la respuesta de la empresa, a través de Joceline Azar fue que “hasta allí llegaba la negociación”.

 

En la misma carta a la CUT la empresa acusa a Pablo Vargas de haber bloqueado el ingreso del personal con la complicidad de otro trabajador afiliado a Sintragrancol.   “Para la empresa un acto de protesta, como el allí desarrollado, es catalogado como un comportamiento, inapropiado, irrespetuoso, e ilegal, por lo que sanciona al compañero Fresdis Ríos”, resalta Vargas.

 

El asesor gremial advirtió que en todas las empresas de la zona bananera donde Sintragrancol hace presencia él es señalado de ser el responsable, de la confrontación laboral que se presenta. Esto pone en alto riesgo la vida y la integridad del dirigente y su familia. “Hago responsable a quienes me han hecho los diferentes señalamientos, de lo que me pueda ocurrir a mí y a mi familia”, aseveró Vargas en el comunicado.

 

Los trabajadores de la finca Porvenir en votación realizada entre el 19 y el 21 de septiembre pasado, que la empresa trató de impedir, por mayoría votaron la huelga, si no hay pronunciamiento de la empresa para buscar dar solución al conflicto laboral. En los próximos días se dará la hora cero para el inicio de la protesta. 

 

“Nuestro llamado es a todas las organizaciones hermanas a estar atentos a la situación en esta región, que tal como lo denunciamos ante la Misión de Solidaridad Internacional, el 21 de los corrientes, la explotación de los trabajadores por parte de los empresarios bananeros y palmeros, es lo más miserables, que en casos podemos compararlos como los que ocasionaron los hechos de la Masacre de las Bananeras en 1928”, finaliza el documento.  

CLOC –Vía Campesina

Misión de solidaridad internacional visitará a Colombia

Por: Camilo Raigozo

 

La misión se realizará del 20 al 24 de septiembre y la dirección estará en cabeza de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Cloc- Vía, mientras que por Colombia formarán parte, Fesuagro, Asociación de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, Coordinadora Nacional Agraria, Acvc, Apemecafé, Asocampo y PCN, entre otras organizaciones.

 

Entre los principales objetivos de la misión están, la de brindar apoyo y atención a la grave situación en derechos humanos y la falta de garantías para la labor de los dirigentes sociales. Así mismo observará las demandas de las organizaciones agrarias y el cumplimiento por parte del Gobierno de los compromisos firmados en las mesas de diálogos que se implementaron a raíz de las jornadas de movilización social en años anteriores.

 

Del mismo modo monitoreará la aplicación de las directrices de tenencia de tierra, bosques y pesca, en el contexto de seguridad alimentaria emitido en 2012 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, teniendo en cuenta el compromiso del Gobierno para implementarlas.

 

De igual forma, acompañará a las organizaciones para conseguir la libertad de los prisioneros que la han perdido por defender la tierra, el territorio y lo derechos humanos.

 

Más de seis millones de campesinos han sido despojados de sus tierras violentamente por medio de la estrategia paramilitar. Foto: Ipc.

 

En cuanto a la problemática del territorio el propósito es visibilizar el diagnostico, las amenazas y las iniciativas de la región frente a la tenencia de tierras, situación económica, injerencia y presencia de multinacionales, procesos de restitución, procesos de baldíos y todo lo relacionado con la construcción de territorio.

 

En referencia a los derechos humanos se visibilizará el diagnóstico sobre las amenazas, orden público, presencia de paramilitares, hostigamientos, asesinatos, desplazamientos forzados y desapariciones, entre otras  violaciones que afectan directamente la integridad física, psicológica y la dignidad de las personas y tejidos sociales.

 

La Misión Internacional CLOC-Vía Campesina estará conformada por delegados campesinos de Asia, Europa, África y América. Visitará los departamentos de Putumayo, Cauca, Meta, Magdalena y Norte de Santander. 

 

El martes 20 de septiembre la misión se reunirá con congresistas, luego con las organizaciones que conforman la Cumbre Agraria y finalmente con funcionarios de la ONU. El jueves 21 visitará las regiones programadas para observar en el terreno las condiciones de los derechos humanos, laborales y sindicales. EL día 22 mantendrá una reunión con la Presidencia de la República y luego con la academia. El día 23 ofrecerá una rueda de prensa en Bogotá y el último día, 24 de septiembre, la comisión estará en San José de Apartadó con el fin de escuchar a los campesinos y trabajadores de la agroindustria, entre ellos al sindicato Sintracol.

 

Por: Camilo Raigozo

 

El Sindicato Nacional de Trabajadores Agroindustriales de Colombia, Sintragrancol, denunció que el pasado 12 de septiembre terminó sin acuerdo la etapa de arreglo directo de negociación del pliego de peticiones entre este sindicato y la empresa Agroinversiones La Ceiba.

 

Según la dirigencia de Sintragrancol el resultado negativo de las negociaciones preliminares se debió a la intransigencia de los empresarios a ofrecer salarios dignos y acordes con la inflación y el costo de vida.

 

Agroinversiones La Ceiba, finca El Porvenir, donde se presenta el litigio laboral, están ubicadas en la zona bananera del departamento del Magdalena

 

En esa finca hay trabajadores con más de 20 años de servicio y a pesar de que durante todo este tiempo han pertenecido al sindicato Sintrainagro, en los últimos ocho años han perdido condiciones salariales, laborales y sindicales, a causa de que este sindicato favorece los intereses de los empresarios contra los derechos de los trabajadores.

 

En la última convención colectiva de trabajo entre el sindicato patronal y los empresarios se convinieron aumentos salariales irrisorios que muchas veces quedan por debajo del salario mínimo legal.

 

Trabajadores de Sintragrancol de la empresa Agroinversiones La Ceiba, finca Porvenir en asamblea informativa. Foto: Sintragrancol.

 

Los incrementos para las labores en el año 2015 y 2016, fueron apenas de 3,66 por ciento. Así mismo los auxilios, catalogados como miserables por los obreros, fueron del siguiente orden: prima de 25.000 pesos; prima de navidad 28.000 pesos; auxilio de educación para los hijos 18.850 pesos y auxilio por muerte del trabajador 157.300 pesos.

 

“Qué hacemos con estos “logros” extralegales y salariales, cuando el aumento del costo de la canasta familiar ha sido por encima de 6 y 7 por ciento y en el caso de los últimos 12 meses supera el 8,1 por ciento, según cifras del DANE”, resalta el documento.

 

En los ofrecimientos de Agroinversiones La Ceiba a Sintragrancol en la negociación que acaba de terminar sin acuerdo, están la de quitar los auxilios extralegales exceptuando solo los de muerte del trabajador, el cual baja a 100,000 pesos y el de navidad, el cual baja a 25.000 pesos. Además ofreció un aumento salarial de apenas el 3,3 por ciento para los años 2017 y 2018.

 

Por esta circunstancia Sintragrancol le solicitó a la empresa, permiso para realizar con los trabajadores una reunión informativa en la finca, la cual fue negada. Al respecto el representante de los empresarios Gustavo Gómez dijo que no podía dar el permiso porque estaban en periodo de embarque.

 

Sin embargo la empresa si le dio permiso al otro sindicato para que se reuniera con sus afiliados en la misma finca y a la misma hora. “Ahí se puede ver la complicidad que hay entre la empresa y la dirigencia del otros sindicato para mantener a los trabajadores con salarios de hambre”, expresó Sintragrancol.

 

Ante la negativa del permiso, el sindicato, en cabeza del asesor Pablo Elías Vargas, se presentó en la entrada de la finca para informar a los trabajadores el estado en que quedaron las conversaciones, la orientación de los pasos a seguir según la ley y protestar ante la intransigencia del empleador a dar solución a las peticiones hechas por la organización sindical.

 

 Trabajadores prestos a la reunión informativa. Foto: Sintragrancol.

 

Emerson Yepes, administrador de la finca, trató de sabotear la reunión abriendo el portón para que los trabajadores ingresaran a laborar, por lo que el asesor Pablo Elías Vargas pidió a los trabajadores cerrar la entrada para evitar el saboteo. Esto causó que un trabajador fuera llamado a descargos.

 

Sintragrancol espera que la empresa cumpla con no tomar represalias contra ningún trabajador involucrado en el actual conflicto.

 

Una vez terminada la reunión y cuando los asalariados se dirigían a sus sitios de trabajo se presentó Gustavo Gómez, negociador de la empresa, quien tiene fama en la región de perseguir y estigmatizar a los afiliados a Sintragranol.  

 

Gómez advirtió que quién no estuviera en la empacadora en menos de 10 minutos no tendría trabajo. Igualmente los amenazó con hacer llegar la Policía y de despedir más trabajadores.

 

El sindicato recuerda que cuando Gómez era gerente de producción de la finca San Pedro en el año 2014, con la ayuda de los escuadrones Esmad de la Policía despidió a más de 100 trabajadores. Por este caso la empresa Agrobanano, propietaria de la finca, fue condenada por el Juzgado Laboral de Ciénaga a reintegrar a estos trabajadores y a pagarles los salarios dejados de recibir desde el momento del despido.

 

El sindicato tiene conocimiento de que las empresas Agrobanacaribe, Agrobanano, Agroinversiones La Ceiba y Agroorganicos, son propiedad de la familia Díaz-Granados, cuyos miembros son reconocidos políticos en la región.

 

En estas empresas los funcionarios se rotan los diferentes cargos entre sí, de tal manera que las políticas son idénticas para explotar a los trabajadores. En las mismas, al momento de aceptar a un nuevo trabajador lo obligan a firmar la afiliación al sindicato patronal Sintrainagro. Así mantienen engañados a los trabajadores en cada negociación saliendo beneficiado el conglomerado empresarial de esta familia. 

 

“Nuestro llamado es a todas las organizaciones nacionales e internacionales  de clase a que denuncien la situación que vivimos los trabajadores bananeros de la histórica Zona Bananera del Magdalena, que a pesar que han transcurrido 88 años de la conocida Masacre de las Bananeras de 1928, hoy los trabajadores seguimos siendo explotados, marginados y estigmatizados, por los gamonales y empresarios de la región”, expresa finalmente el comunicado.

 

Por Camilo Raigozo

 

La Junta directiva del Sindicato Nacional de trabajadores Agroindustriales de Colombia, Sintragrancol, hizo saber a la opinión pública a través de un comunicado, que sí es cierto que la empresa Agroindustrial San Rafael ha venido violentando los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.

Sintragrancol había denunciado que en la finca San Rafael ubicada en la zona bananera del Magdalena, cuya propiedad es de la empresa mencionada, esta venía ofreciendo prebendas y un pacto colectivo a los trabajadores para que renunciaran a Sintragrancol, lo cual se traduce en el delito de persecución sindical.

Aunque la empresa niega la veracidad de estas denuncias, quedó evidenciado –según la fuente- que en el último pago la empresa no realizó los descuentos sindicales a los trabajadores, sin justificación alguna remitida al sindicato.

Así mismo el pasado 31 de agosto Jairo Jaramillo, directivo de la empresa, reunió a los trabajadores de esa finca y les dijo, entre otras cosas, que el pacto colectivo se empezará a cumplir a partir de enero de 2017. Algunos trabajadores le preguntaron la fecha en que va a pagar el bono prometido de $150.000 pesos.

Estos hechos demuestran que las denuncias que el sindicato había hecho resultaron ciertas. “Esta empresa engañosamente, coacciono a los trabajadores para que se desafiliaran de Sintragrancol. ¿Si a la empresa no le cuesta un solo peso el sindicato, cuál es el interés que los trabajadores renunciaran?”, se preguntan los asalariados sindicalizados.

Ellos mismos respondieron que los motivos de estas acciones ilegales de los empresarios se deben a que en diciembre próximo se vence la convención colectiva de trabajo vigente y para evitar otra nueva recurren a un pacto colectivo donde hacen lo que quieren con los trabajadores.

Algunos hechos que han ocurrido en esta finca

Antes de llegar la organización sindical a esta empresa, no obstante habiendo un pacto colectivo, los precios en varias ocasiones los congelaron hasta que el patrón rompió ese acuerdo, diciendo que la finca era de él y era quién mandaba, para no aumentar los precios en algunos años.

Para que los trabajadores firmaran ese pacto colectivo los engaño ofreciéndoles un bono de 100.000 pesos que nunca les pagó.

A la mitad de los trabajadores los mantenía como ocasionales, sin pagarles dominicales, festivos, prestaciones sociales, etc. Hoy gracias a la convención colectiva con el sindicato los trabajadores lograron que fueran contratados directamente como lo ordena la ley.

En la negociación pasada, para que aumentara los salarios acordes con el IPC se logró que pagara 20 premios sindicales por año, prima de vacaciones de 20,000 pesos, auxilios de nacimiento por hijo 18,000 pesos, auxilio para educación de los hijos 18,000 pesos y prima de navidad de 30,000 pesos.

Sin embargo los trabajadores tuvieron que hacer una huelga de nueve días para que la empresa cumpliera, gracias a Sintragrancol.

Entre los abusos está el despido de los trabajadores que conformaron las comisiones obreras para  reclamar aun siendo miembros del sindicato y por lo tanto con el fuero legal que este otorga.

El trabajador Raúl Iglesias se dejó “engatusar” de Jairo Jaramillo quien inicialmente lo puso de coordinador. Cuando ya no tuvo fuero sindical lo despidió sin justa causa.

La liquidación de cesantías, intereses y vacaciones las viene pagando sobre 365 días al año, cuando la ley estipula que se debe liquidar sobre 360 días. Tampoco paga el salario básico establecido en la convención colectiva y la ley.

De igual forma las primas semestrales las liquida sobre 182 días y no sobre 180. No paga los compensatorios que por ley tienen derecho los trabajadores. Así mismo les descuenta de manera ilegal a los trabajadores el valor de herramientas de trabajo que se roban o desaparecen.

Lo que le queda a un trabajador que labora 14 días en esta finca:

En la catorcena pagada el pasado 20 de agosto, en promedio los 36 trabajadores ganaron $450,000. Los descuentos, además de los de ley, para algunos trabajadores fueron:

Ahorro del trabajador manejado por la empresa: $50.000. Aporte al fondo de empleados también manejado por la empresa: $20,000. Descuento por los aspersores perdidos: $40,000. Préstamo del fondo: $66,000.

En esta catorcena al trabajador le quedó para sostener a su familia $239,000. 

El pasado 18 de mayo fue radicada una querella en el Ministerio de Trabajo, por considerar que la empresa durante los años 2015 y 2016 no ha pagado el salario básico legal, ni se está cumpliendo lo pactado en la convención colectiva. Sin embargo, inexplicablemente el Ministerio de Trabajo trasladó la querella para Medellín y hasta la fecha los trabajadores no han recibido respuesta.

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