24
Vie, Mar
0 New Articles

 

Por: Camilo Raigozo 

Foto: Radio Macondo.

 

El pasado 10 de agosto en la vereda La Riñonada, municipio de Almaguer, Cauca, aproximadamente a las 8 de la mañana ingresaron cinco sujetos de civil y armados a la finca Lidia Mamián.

 

Los extraños se instalaron en la mina La Concepción. Armaron sitios para pernoctar y dispusieron de maquinaria, insumos para la extracción de oro y provisiones como para un mes de estadía.

 

La joven Diana Mamián al darse cuenta de los abusos de los intrusos fue hasta la mina pero estos al notar su presencia se escondieron. Diana les dejó un mensaje escrito exigiéndoles que desalojaran el lugar ya que no les estaba permitido trabajar y extraer material de la mina.

 

Posteriormente, a las siete de la noche, la joven recibió tres llamadas amenazantes a su celular procedentes del número 312 206 29 87. Del otro lado de la línea telefónica le dijeron: “ya sabe con quién habla y esperamos que no se meta en problemas porque le va mal".

 

El 20 de agosto anterior, en la vereda Potrero Largo, municipio de Balboa, Cauca, aproximadamente a las 8 de la mañana, llegaron a la finca de Arley Ijaji Bolaños, dos hombres de civil, quienes portaban una pistola y se identificaron como miembros del Ejército Nacional.

 

La comunidad rodeó a los sujetos y les preguntó el motivo de su presencia en el lugar a lo que respondieron que estaban haciendo un registro porque procederían a quemar algunos bienes.

 

Los moradores les exigieron a los dos hombres exhibir la respectiva orden judicial para proceder al allanamiento y la quema de los bienes, pero estos señalaron no tener dicho requisito oficial.

 

La comunidad procedió a hacer las investigaciones con el fin de identificar plenamente a los dos individuos, encontrándose que estos eran el cabo segundo Edwin Ortiz Martínez y el soldado profesional Fabián Valderrama Pérez, miembros de inteligencia militar.

 

El 21 de agosto último, en el corregimiento El Rodeo, municipio de Bolívar, Cauca, aproximadamente a la una de la tarde, miembros del Batallón de Infantería 56 Coronel Francisco Javier González del Ejército quemaron un sitio, aparentemente dedicado a la para elaboración de sustancias psicoactivas.

 

Por no tomar las precauciones necesarias el fuego se les salió de control a los militares causando graves daños ecológicos y materiales en siete veredas, entre las que se mencionan, Las Tablas, Guadual, Mata de Puro, El Boquerón, Las Minas y Trujillo.

 

El incendio dejó a tres personas con quemaduras graves, cuatro viviendas afectadas, muerte de animales domésticos y salvajes, así como graves daños ambientales.

 

El 8 de agosto pasado, en la vereda El Sauce, corregimiento San Miguel del mismo municipio, a las 7 y media de la mañana, aproximadamente 30 soldados del Ejército prendieron fuego a cultivos ilícitos pequeños y dispersos en la zona.

 

El fuego afectó severamente cultivos de caña, café,árboles frutales, ojos de agua y bosques. Luego de varias horas y después de afectar los cultivos de pancogerde los campesinos Albeiro Gómez, Alex Zúñiga y Norberto Zúñiga, el incendio fue controlado por las comunidades. Los anteriores casos fueron denunciados por la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.

 

Por: Camilo Raigozo 

 

Las movilizaciones pacíficas en Putumayo están siendo reprimidas brutalemente. Foto: Putumayo contigo.

 

Desde el 16 de agosto de 2016, en los puntos de movilización pacífica y pedagogía popular de paz que completan 27 días, se han presentado las siguientes agresiones contra las comunidades por parte de la Policía y el Ejército:

 

En el municipio San Miguel el Esmad hirió de gravedad a Renso Germán Morán, Orlando Cueltan, Alberto Nipaz, Jorge Alberto Benavides y Campo Elías Chacua. Aunte con heridas graves, al cierre de esta nota todos se encontraban con salud estable.

 

Igualmente fueron detenidos arbitrariamente por la Policía: José Benavides, Juan Carlos Villota, Jhonatan Yela Vallejo y Gustavo Monserrate Basurto. El primero fue dejado en libertad el mismo día y los otros tres al día siguiente, según denunció el Comité de Derechos Humanos del Putumayo.

 

El mismo 16 de agosto en el corregimiento de San Pedro, municipio de Puerto Caicedo, a las dos de la tarde cuando los campesinos hacían un plantón para pedagogía y movilización en la vía que conduce hacia Puerto Asís sin impedir el paso de trasporte público, fueron atacados por el Esmad por orden de las autoridades locales y nacionales. 

 

Las comunidades se oponen a la explotación minera por las graves consecuencias ecológicas y sociales que trae. Foto: Destino Seguro.

 

Los agentes represores del régimen lanzaron gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y entraron por la fuerza al casco urbano donde se encontraban familias campesinas con muchos niños y mayores de edad, quienes sufrieron con mayor rigor las agresiones. Varios tuvieron que ser atendidos de urgencia en el hospital.

 

Un joven que observaba desde su casa fue golpeado en la cabeza por los policías, quienes desde las casas lanzaban elementos no convencionales. El defensor de la Red de DDHH, Salomón Labio, quien además hace parte del Cabildo del Pueblo Nasa Kiwe Ukwe, fue impactado con balas de goma, disparadas a corta distancia, mientras auxiliaba a una señora que se ahogaba por el gas lacrimógeno.

 

La brutal represión duró cuatro horas hasta que la acción pacífica de los pobladores, mujeres y jóvenes, quienes en vez de resguardarse y huir, fueron hasta los Esmad, arriesgando su integridad y les exigieron que cesaran las agresiones y se retiraran del lugar, lo que finalmente hicieron.

 

El 18 de agosto en el punto de San Pedro, las movilizaciones apostadas a la orilla de la vía Puerto Asís - Mocoa, fueron atacadas por el Esmad. Al preguntarles por qué atacaban a los manifestantes pacíficos dijeron que, “están intimidando y obstruyendo la vía pública y la movilidad de los carros que transportan petróleo y de servicio público”, lo cual era falso.

 

El Esmad nuevamente disparó gases lacrimógenos en viviendas, dejó varias afectaciones psicológicas, físicas y daños materiales en las comunidades, en sus enceres y en las personas que están ejerciendo el derecho a la protesta social. 

 

Agresiones de la Policía contra los manifestantes. Foto: Conexión Putumayo.

 

Miembros de la Policía llegaron en motos al lugar donde se estaban alojando los manifestantes y violentamente destruyeron carpas, ollas, botaron los alimentos y amenazaron con judicializar a todos. Así mismo hicieron disparos al aire.

 

Las agresiones dejaron un saldo de dos menores de edad con problemas respiratorios a causa del gas lacrimógeno, quienes fueron atendidos de urgencia en el Hospital Alcides Jiménez de Puerto Caicedo.

 

Del mismo modo fueron afectadas dos personas de la tercera edad y otras ocho, quienes fueron lesionadas en diferentes partes del cuerpo con bolas de goma y de cristal disparadas por el Esmad. En total fueron heridas 12 personas:

 

Joaquín Rojas Correal, Luis Solarte Pinta, Oriana Borja Carbonell, Silvia dorado, Herlinto Fermín cerón, José Ever Córdova, María Elvira Males de Rivera, Nubia María Rivera males, Juan Pablo Rivera, Tulio Hernán Balcázar Jaramillo, Reinelio González, Erlinten Ferney Cerón y Cristian Esneyder Soscue Josa.

 

En Orito, en el punto ubicado en el Yarumo, los mecanismos de diálogo para garantizar el ejercicio constitucional a la protesta social continúan. Se espera una reunión con el alcalde y la Personería.

 

El 20 de agosto desde las 9 y 20 de la mañana, agentes del Esmad atacaron a los manifestantes con gases lacrimógenos, hubo daños físicos, sicológicos y culturales al resguardo La Cristalina del pueblo indígena Emberá Chamí. Los policías ingresaron violentamente portando armas de largo alcance. Atacaron con gases lacrimógenos a los indígenas.

 

En la vereda Alea de Puerto Asís, el 18 de agosto, hombres del Escuadrón Móvil de Carabineros, Emca, de la Policía, irrumpieron en la reunión de la movilización pacífica y procedieron a romper las carteleras y otros materiales.

 

Ambos escuadrones de la Policía, Esmad y Emca, ingresaron por la fuerza en la casa comunal, la cancha de futbol y la Iglesia, donde se atrincheraron y acamparon. 

 

En los cuatro corregimientos que componen las 61 comunidades del corredor Puerto Vega-Teteye, municipio de Puerto Asís, la situación no es distinta. Según la fuente, en la vía hay aproximadamente 1.300 miembros de la Fuerza Pública reprimiendo a las comunidades.

Fuente: http://www.notimundo.in/p/brutal-represion-contra-las.html?m=1

 

Por: Camilo Raigozo

 

Continúan la movilizaciones contra la erradicación forzada de cultivos ilícitos y los incumplimientos del Gobierno Nacional para los diálogos regionales con La Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofania Jardines de Sucumbíos de Ipiales Nariño, Meros.

 

Desde el 25 de julio de 2016 las organizaciones sociales y comunidades realizan actividades de pedagogía popular, asambleas, actos culturales y reuniones entre las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, para explicar los acuerdos e incumplimiento del Gobierno Nacional con los diálogos regionales.

 

Se brealizaron plantones en la vereda El Espinal, corregimiento Puerto Colón, municipio de San Miguel; en la vía y cruce del Yarumo, municipio de Orito; en el corregimiento de San Pedro, municipio de Puerto Caicedo y en los corregimientos comprendidos entre Puerto Vega y Teteye, municipio de Puerto Asís.

 

Las comunidades han sido agredidas por los Esmad de la Policía. Foto: Red de Comunicadores del Sur.

 

Las comunidades denuncian que en medio de las movilizaciones y demás actividades pacíficas, se han presentado las siguientes violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, la Policía y paramilitares:

 

El 3 de agosto de 2016, defensores de derechos humanos integrantes de la red de derechos humanos de la región, que acompañan la movilización del corregimiento de Piñuña Blanco y de la vereda la Alea informaron que miembros del Ejército Nacional, Brigada 27 de Selva, hicieron un retén a 20 de metros de la concentración de las comunidades.

 

Un defensor trató de explicarles a los agentes del Estado que se retiraran a ina mayor distancia pero con palabras soeces y agresivas lo insultaron, le dijeron que era un tonto y se fueron. Al rato dos soldados, se metieron por el rastrojo, ocultándose de las comunidades y las grabaron, según un poblador que se dio cuente.

 

Cuando los defensores fueron a verificar los abusos los militares salieron corriendo. Una hora después pasaron por el lugar miembros de la empresa Amerisur, también grabando a las comunidades desde la camioneta en que se transportaban.

 

El 5 de agosto de 2016, mientras sesionaban en asamblea permanente en la Estación Colon de la vereda El Espinal, municipio San Miguel, las organizaciones campesinas e indígenas, vieron sobrevolar drones de color verde olivo, que se atribuye a uso privativo de la fuerza pública, por espacio de una hora, también sobrevolaron por una hora más, el espacio donde los defensores de la Red DDHH del Putumayo se encontraban reunidos.

 

 Represión a las protestas sociales por parte de el Esmad de la Policía. Foto: Red de Comunicadores del Sur.

 

En la misma fecha a las tres de la tarde el coronel Bonilla en enlace telefónico con el teniente coronel Paul Rodríguez, funcionarios de la Policía se comunicaron con el vocero de la Meros, Yule Anzueta y le manifestaron en tono amenazante, suspendiera las protestas y lo señalaron de que él como vocero, era quien estaba dando órdenes de bloquear carreteras.

 

Los oficiales le advirtieron que si no acataba la orden de la Policía, tendría problemas jurídicos, afirmando que las empresas petroleras solicitaban continuar con sus operaciones normalmente.

 

El líder campesino, Yule Anzueta, es vocero regional de la Meros, miembro del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, delegado de Fundaprogreso, filial a Fensuagro, quien además cuenta con medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección, UNP, debido a las amenazas en su contra.

 

El 5 de agosto de 2016 en el municipio Puerto Asís, mientras en el parque central se encontraba Ildefonso Mendoza, tomándose un jugo, fue abordado por agentes de la Policía que se movilizaban en cuatro motos, quienes le preguntaron si él había participado en un reciente incidente en el Bancolombia del municipio, con un paquete chileno, aduciendo que tenía las características físicas de la persona sospechosa.

 

Lo interrogaron ilegalmente sobre su vida personal y laboral, lo fotografiaron y le advirtieron que iban a estar pendientes de él. Mendoza es defensor de derechos humanos y vocero regional para los diálogos con gobierno nacional en los corregimientos de Piñuña blanco y la vereda la Alea. Además es coordinador de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, la Baja Bota Caucana y Cofania Jardín de Sucumbíos de Ipiales, Nariño.

 

El 6 de agosto anterior, en la casa donde funciona el Equipo Jurídico de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, la Baja Bota Caucana y Cofania Jardín de Sucumbíos de Ipiales, Nariño, se encontró pintado en una pared externa, un grafiti amenazante en letras rojas y blancas que decía: “Q chimba morirse, para ya no molestar a nadie… J.A.”.

 

 Grafiti amenazante de paramilitares contra defensores de derechos humanos. Foto: de la fuente.

 

Es de anotar que la casa se encuentra en un barrio tranquilo de Puerto Asís, en el que este tipo de mensajes en paredes no se había presentado antes. Según los vecinos y obreros del lugar en el municipio no hay alumbrado público, no se explican estos hechos pasan inadvertidos por el cuadrante de la Policía.

 

El domingo 7 de agosto de 2016 a las 11:20 de la mañána, en el punto de concentración ubicado en la vereda El Espinal, corregimiento Puerto Colón del municipio de San Miguel, el teniente Martínez de la Policía amenazó a los defensores Yobani Hernández, Claudia Patricia Erazo y Andrés Quiñones integrantes de la Red de DD.HH. El oficial cuestionó los conocimientos de los defensores sobre la defensa de los derechos humanos y les advirtió que el nuevo Código de Policía le permitía llevárselos sí él quería.

 

El mismo día, la asamblea permanente de las comunidades se vio interrumpida por un teniente del Ejército que se identificó como David Ricardo Meza, adscrito al Batallón Especial Energético Vial 9, ubicado en la base militar La Concordia, del municipio de Valle del Guamuez.

 

El teniente y un buen número de soldados, portando armas de largo alcance, irrumpieron en la caseta comunal y rodearon el lugar. Luego se dirigieron a los pobladores y amenazaron con judicializarlos. A los voceros de la asamblea, les gritaron que ellos perjudicaban a muchos con sus actuaciones y debían detenerse.

 

"Esta movilización pacífica, en el marco del Artículo 37 de la Constitución Política, surgió por las dinámicas del dialogo con el Gobierno Nacional; las conversaciones y los puntos de la agenda regional, de la que hacen parte funcionarios públicos de las diferentes instituciones, entidades, ministerios y Presidencia, quienes tienen amplio conocimiento y notificados de la misma", dice un aparte de la denuncia.

 

Entre el 2 y el 6 de agosto pasado, el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica programó dentro de sus actividades sociales y humanitarias para todo el departamento, una brigada internacional de salud conformada por un equipo de trabajo multidisciplinario de 11 médicas y psicólogas.

 

Consistió en visitar tres municipios del Putumayo para realizar acciones de promoción y prevención en el derecho a la salud, y además visitaron  algunos puntos de las diferentes asambleas permanentes de la movilización regional, para atender situaciones de primeros auxilios.

 

El 7 de agosto desde las 6 de la tarde la brigada partió del municipio del Valle del Guamuez, Putumayo, hacia  Pasto, Nariño, para continuar con su misión humanitaria.

 

A las tres de la mañana, a 5 kilómetros de Pasto, hombres encapuchados con armas de fuego y armas blancas, bajaron a los integrantes de la Brigada Internacional de Salud. Los amenazaron y hurtaron las cámaras fotográficas, computadores, teléfonos celulares y dinero. Aunque la Policía fue informada inmediatamente no hubo ninguna respuesta.

 

 

Fuente: http://www.notimundo.in/p/urgentesituacion-de-defensores-de-dd.html?m=1

 

Por: Selva.com.co y Las 2 Orillas

 

 

Campesinos y Fuerza Pública se enfrentaron a la brava en el municipio de El Paujil. La alcaldesa decretó toque de queda

 

Graves disturbios se presentaron anoche y aún hoy se presentan en el municipio de El Paujil, al norte del Caquetá, dentro de la enconada resistencia civil campesina de rechazo al ingreso de las petroleras.

 

La bodega y la sede de la empresa Petroseismic, fueron incineradas y la comunidad se enfrentó desde las 11 de la noche, en la vía El Paujil – Cartagena del Chairá, en el sitio conocido como Puerto Albania, al ESMAD que acompaña a los trabajadores de la sísmica en sus entradas nocturnas.

 

Los disturbios continuaron anoche en el casco urbano de El Paujil donde la alcaldesa Liliana Cuéllar Floriano decretó el toque de queda y en un consejo de seguridad realizado hoy en ese municipio, se acordó el retiro temporal del ESMAD para evitar más enfrentamientos con la comunidad.

 

La Petroseismic no continuará entrando de noche a realizar sus trabajos de sísmica como lo venía haciendo, datos que nos suministró el concejal de El Paujil Faiber Camacho Guerrero.

 

Tal y como lo habíamos vaticinado en notas anteriores y tal como lo dijo la alcaldesa de El Doncello Sandra Milena Lozada Floriano, en su angustioso llamado al gobierno nacional pidiendo una comisión de alto nivel para evitar que las cosas pasaran a mayores, anoche, en la vía El Paujil Cartagena del Chairá, la comunidad se enfrentó al ESMAD que acompañaba a los trabajadores de la Petroseismic, en sus ya acostumbradas salidas de noche para evitar la presión campesina que rechaza vehementemente el ingreso de las petroleras al Caquetá.

 

Hoy la vía Florencia El Paujil estuvo bloqueada hasta cerca de medio día cuando se conocieron los resultados de un consejo de seguridad realizado en este municipio, en el que se acordó el retiro temporal del ESMAD para evitar enfrentamientos con la comunidad y la empresa Petroseismic se comprometió a no volver a salir de noche a efectuar sus trabajos de sísmica.

 

Con la bodega y la sede de Petroseismic incineradas, con la gente en estado de tensión, con algunos heridos leves producto de los enfrentamientos, con la presencia de tanquetas de la policía en el casco urbano de El  Paujil, la situación está caldeada en El Caquetá  en donde se tienen programadas manifestaciones simultáneas de respaldo a la resistencia campesina el próximo miércoles en Valparaíso para los municipios del sur del Caquetá, el mismo Paujil con los municipios del norte y Florencia como capital del Departamento.

 

Es indudable que El Caquetá está en pie de lucha contra las empresas petroleras. Los campesinos han tomado la bandera de esa lucha y están demostrando que no están dispuestos ceder ante las andanadas de la fuerza pública protegiendo los intereses de las multinacionales. 

 

Es inexplicable el silencio sepulcral del gobernador Álvaro Pacheco Álvarez sobre los graves sucesos que se están presentando, el silencio de los parlamentarios caqueteños sobre los sucesos es deplorable y la gente del común ha comenzado a entender que la lucha por el agua y en defensa del territorio, es de todos, si no queremos que El Caquetá sea el próximo desierto de Colombia.

Fuente: http://www.las2orillas.co/se-agrava-la-situacion-en-el-caqueta-fuertes-disturbios-en-rechazo-a-las-petroleras/

Foto: tucaqueta.com

 

Por: mundo.sputniknews.com

 

"La minera Anglo Gold invirtió más de 100 millones de dólares para ganarse la simpatía de la gente y de los políticos", dijo en una entrevista exclusiva con Sputnik el alcalde de la ciudad colombiana de Ibagué.

 

Por primera vez, el 2 de octubre, una ciudad colombiana decidirá por medio de un referéndum si quiere o no explotación minera en su territorio. Para ello debe enfrentarse a enemigos poderosos. "Cuando la pregunta de la consulta pasó al estudio del tribunal administrativo de Tolima para decidir sobre su constitucionalidad, Anglo Gold presentó argumentos en contra de su aprobación.

 

Hace tres años puso a todos sus abogados a trabajar para detener la consulta popular que se hizo en un pequeño pueblo llamado Piedras, vecino de Ibagué, donde pensaban realizar el lavado con cianuro. Se hizo la consulta [en julio de 2013] y ganó el 'no' a la minería.

 La explotación minera conlleva contaminación de las aguaz y el medio ambiente. Foto: Internet.

 

Pero ellos la impugnaron. Hicieron lo mismo con el acuerdo del Consejo a favor de la consulta", dijo en exclusiva a Sputnik el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.

 

El proyecto minero La Colosa de la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti en Tolima es considerado como uno de los yacimientos mineros más grandes en todo el mundo. Se calcula que su potencial de extracción es de 800.000 onzas de oro al año.

 

El proyecto está ubicado en la reserva forestal central y cabecera del río Coello, fuente de agua del 85% de los hogares de Ibagué y de los cultivos del departamento. Es por esto que el pueblo decidió ejercer su derecho ciudadano, y mediante el llamado a una consulta popular planea decirle 'no' a la minería a cielo abierto.

 

"Dependemos esencialmente del agua. En Ibagué tenemos una explotación agrícola y ganadera que depende del río Coello. Esta fuente de agua se vería directamente afectada con este proyecto. Nuestro modelo de desarrollo se basa en la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Necesitamos el agua potable para la vida y el riego. Conocemos los estragos que hace la minería a cielo abierto. Nos oponemos de manera tajante a ello", remarcó Jaramillo.

 El alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo ha convocado la voluntad popular contra la minería. Foto: Sputnik

 

Las acciones de la multinacional contra Piedras fueron solo el comienzo. "Han estado muy activos buscando alternativas. Ashanti ha recibido distintos apoyos, especialmente por la Procuraduría de la Nación. A principios de año cuando realizamos la propuesta, la Procuraduría vino y presentó su alegato en las discusiones del Consejo Municipal.

 

Dijo que estábamos cometiendo prevaricato [delito en el cual incurren los funcionarios públicos cuando faltan a las obligaciones y deberes inherentes al cargo que desempeñan] y que si insistíamos íbamos a ser judicializados y destituidos. Ashanti es una multinacional poderosa. Ha invertido más de 100 millones de dólares, patrocina equipos de fútbol y actividades periodísticas. Con esto intenta ganarse la simpatía de la gente y de los políticos", afirmó el alcalde. 

 

Además de hacer frente a las ambiciones de la compañía, Ibagué debe luchar contra una estrategia de expansión nacional. "El Gobierno tiene una política denominada de locomotoras. La minería es uno de esos motores. El impulso económico del país se basa en varios intereses.

 

Uno de ellos es conseguir divisas a través de la minería a cielo abierto. Colombia exporta carbón y níquel. Esta la plantean como una de las minas más grandes del mundo. Por eso el Gobierno insiste en llegar a la fase de explotación de esta mina", explicó Jaramillo, quien asegura que esta batalla se debe librar expresando y respetando la voz del pueblo.

 El alcalde de Ibagué, Sergio Alfonso Jaramillo, explica a las comunidades el riesgo de perder el agua por las explotaciones mineras. Foto: Sputnik.

 

Desde los sectores que se oponen al proyecto han acordado resolver la situación dentro del marco de la democracia. "Existe un mecanismo de consulta. Pensamos que la mejor forma de resolver esta situación es darle entidad al pueblo para que se exprese", dijo el alcalde.

 

Luego del referéndum, el desafió de Ibagué será que su voluntad sea escuchada. Para ello, quizás, cuenten con un aliado. "Es cierto que la consulta no es vinculante. Pero en los últimos meses la Corte Constitucional ha definido que no habrá minería en nuestros páramos.

 

La Corte acaba de refrendar que sobre el suelo deciden los municipios y departamentos. Nosotros tenemos la soberanía sobre el suelo. La Nación la del subsuelo. Pero como para poder acceder al subsuelo es necesario pasar por la superficie, nosotros decidimos si el suelo se puede romper para proyectos de megaminería", explicó el Jaramillo.

 

Pero todas estas cuestiones se resolverán recién el 2 de octubre. Ese día harán falta 130.000 votos sobre una población de 460.000 personas para que el referéndum sea ratificado. Hasta entonces el pueblo de Ibagué resiste. 

 

Fuente: http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20160819/1062914231/colombia-minera-inversion-politicos.html

Más artículos...