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Vie, Mar
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Por: El Espectador

 

Las confrontaciones de los campesinos de Putumayo y Nariño con la Fuerza Pública, que hoy cumplen 26 días, se originan en el comienzo de la fumigación manual de cultivos de coca.

 

Aun cuando el Gobierno y las Farc no firman el acuerdo final para alcanzar el pacto de paz definitivo, que contiene, entre otros puntos, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito como la coca, en varios municipios de Nariño y Putumayo, principales productores de coca con 29.755 hectáreas el primero y 20.068 hectáreas el segundo, las protestas pacíficas pasaron a vías de hecho porque sus tierras se están llenando de erradicadores de la Policía Antinarcóticos sin que hasta ahora el Gobierno haya llegado a acuerdos con los campesinos para reemplazar el cultivo por otros de economía sostenible.

 

El incidente más grave se registró el pasado 16 de agosto, cuando campesinos de las veredas Palmar, Fátima, Loma Larga y Valencia, del municipio de Tablón de Gómez, oriente de Nariño, se enfrentaron con efectivos de la Policía Antinarcóticos que pretendían erradicar y fumigar manualmente los arbustos. El resultado: la muerte de Leonel Ordóñez, de 23 años, quien recibió un disparo en la cabeza.

 

Las manifestaciones se han extendido a municipios de San Miguel, Orito, Puerto Caicedo y Puerto Asís, en donde, desde el domingo 14 de agosto de 2016, se registraron confrontaciones con la Fuerza Pública por los bloqueos a las vías terciarias del departamento de Putumayo. “En todos estos sitios existen movilizaciones y bloqueo a la industria petrolera.

 

El Esmad (Escuadrón Móvil de Carabineros) está desplegado en el corregimiento de San Pedro (municipio de Puerto Caicedo) y en los municipios de San Miguel y La Dorada, en la vía fronteriza con Ecuador que estaba bloqueada. Ayer (miércoles) llegó el Esmad al corredor Puerto Vega Teteyé”, dijo el personero del departamento, Fabián Vargas. En dicho sitio está la vereda Campo Alegre, zona escogida para la concentración de las Farc para la dejación de las armas.

 

Las manifestaciones se vienen dando en estos dos departamentos del sur del país por tres razones principales: primera, porque el 11 de julio de 2016, la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (ANLA), a través de la Resolución 708, dio vía libre al Gobierno para que se aplique la fumigación manual con glifosato a los cultivos de uso ilícito.

 

La segunda es que el pasado 25 de julio esa acción empezó a materializarse en varios municipios de Putumayo y Nariño, como lo relata Yuli Artuluaga, líder de la Mesa de Organizaciones Sociales del Putumayo. Y la tercera razón obedece a la afectación ambiental que ha ocasionado la explotación petrolera en este pie de monte amazónico desde hace más de 50 años cuando llegó a la región.

 

En septiembre de 2014, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunió con la Mesa de Organizaciones Sociales y acordaron la conformación de cuatro comisiones: minero-energética y ambiental, derechos humanos, inversión social y sustitución de cultivos de uso ilícito.

 

En una carta que el ministro Cristo les envió a la gobernadora departamental, Sorrel Parisa Aroca, a los alcaldes municipales y a congresistas de la región, el pasado 17 de agosto, se enfatiza que frente a las quejas de contaminación ambiental por parte de empresas petroleras se ofreció la presencia de la Directora Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) con el fin de recibir las quejas de la comunidad.

 

No obstante, dice la misiva “esa oferta no fue aceptada por la mesa de organizaciones sociales y en su defecto propusieron una revisión de la política minero-energética del país, una pretensión que respetamos, pero que no compartimos, dado que la actual política minero-energética forma parte del modelo de desarrollo consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo, avalado por la mayoría de los colombianos en las urnas”, subraya Cristo. (Lea también: La pelea de los nasas con las petroleras por la olla ancestral).

 

 Las manifestaciones se han extendido a los municipios de San Miguel, Orito, Puerto Caicedo y Puerto Asís, Putumayo. Fotos: El Espectador.

 

Frente al otro escollo, la sustitución de cultivos de uso ilícito, que llevó a los campesinos a las carreteras del Putumayo, lo cierto es que la disputa apenas comienza. Si bien en La Habana, Gobierno y Farc, negociaron la sustitución de cultivos ilícitos, en el papel también quedó abierto que el modelo o la forma como se haría se concertaría con las comunidades. Y aquí lo que dicen los cocaleros del Putumayo es que se debe implementar un modelo propio distinto al que se está aplicando en Briceño, Antioquia.

 

“Es contradictorio que el Gobierno, luego de que construimos una propuesta de sustitución conjunta, siga arremetiendo por la fuerza contra las comunidades”. La líder campesina Yuli Artuluaga se refiere a la misma acta que menciona Cristo firmada por cuatro ministros en septiembre de 2014.

 

Ahí, explica Artuluaga, se acordó no condicionar la erradicación a un plan gradual de dos años, como era el inamovible de los campesinos, sino que más bien se creara un fondo que les garantice que el programa de sustitución esta vez sí va a ser sostenible.

 

“La propuesta se llama Plan de Desarrollo Andino Amazónico (Pladia), que consiste en montar fincas, ordenarlas bajo el conocimiento de la tierra y sembrar productos que garanticen la soberanía alimentaria, vivienda digna, ingresos, transformación de productos para que los campesinos no sigamos vendiendo materias primas, comercialización y garantías de libre asociatividad. Si se da esto, las comunidades no volverían a sembrar coca”. Una propuesta que viene pensada desde las marchas cocaleras de 1996.

 

A esta propuesta el Gobierno ya le aprobó $2.000 millones para la formulación y socialización. Y, como lo reconoce el ministro Cristo en la misiva, el pasado 4 de agosto el Gobierno delegó a Eduardo Díaz Uribe, director nacional de la lucha contra las drogas, para negociar con alcaldes de Putumayo y la Mesa de Organizaciones Sociales. Ahí concertaron una ruta metodológica para la sustitución de los cultivos ilícitos, no obstante, lo que se preguntan los campesinos es por qué el Gobierno pretende erradicar a la fuerza. 

 

Fuente: http://colombia2020.elespectador.com/pais/razones-del-paro-cocalero-en-putumayo

 

Por: Selva.com.co y Las 2 Orillas

 

Campesinos de la región denuncian que el Ejército los desalojó a bala por impedir la entrada de la Petroseimic

 

“Y la biodiversidad de la Amazonía”. Ese es el grito de angustia pronunciado ante los medios de comunicación de la región por el reconocido líder campesino José Antonio Saldarriaga, cuando, según él, en la vereda Lusitania del municipio de Valparaíso, el Ejército al mando de un sargento los desalojó a bala porque estaban impidiendo el paso de la empresa Petroseismic, que hace trabajos de sísmica para las petroleras en la región.

 

Como resultado de la balacera, el campesino Wilson Váquiro recibió un disparo por la espalda que le perforó el colon y en consecuencia está en cuidados intensivos en el Hospital María Inmaculada de Florencia, donde aún no le han podido extraer el proyectil.

 

Las comunidades del Caquetá se oponen a la explotación petrolera para defender el agua y el medio ambiente. Foto: Caracol. 

 

La resistencia contra la entrada de las petroleras al Caquetá, está tomando visos alarmantes de violencia. Un campesino en cuidados intensivos por un supuesto ataque del Ejército en la vereda Lusitania para despejar la vía que los campesinos habían bloqueado con el fin de evitar el paso de los equipos y trabajadores de la empresa Petroseismic, es apenas un eslabón en la cadena de graves sucesos que se están presentando en gran parte del Caquetá.

 

En los municipios de El Paujil y El Doncello, se vive un ambiente de extrema tensión, después de la quema de cableado de la mencionada empresa supuestamente por los campesinos y la incineración de una camioneta particular por encapuchados aún no identificados, hechos que prendieron las alarmas hacia el norte del departamento lo que obligó a la alcaldesa del Doncello Sandra Milena Lozada Floriano, a hacer un angustioso llamado al gobierno nacional para que conforme una comisión de alto nivel que venga al Caquetá a buscar soluciones a la grave problemática que se está presentando.

 

Ante las denuncias de la comunidad campesina de El Paujil, en el sentido de que la fuerza pública no les permite la libre movilización, los diputados Arturo Mayorga, Reinaldo Castrillón y Angélica María Henao, acompañados de concejales de ese municipio, llegaron al sitio donde la fuerza pública impide la libre movilización argumentando que la Petroseismic tiene cableado en la carretera y los campesinos lo desconectan, lo que prueba que si es cierto que la fuera pública está protegiendo los intereses de las multinacionales en lugar de proteger la vida y honra de los colombianos, según argumentan los líderes campesinos.

 

Además de una comisión de alto nivel, la alcaldesa de El Doncello ya solicitó oficialmente al gobierno nacional la realización de una consulta popular para definir si la comunidad quiere o no la explotación petrolera.

 

El alcalde de Belén de los Andaquíes dice que su municipio está blindado jurídicamente contra las petroleras porque tiene desde  hace muchos años gran parte de su territorio declarado reserva forestal, incluyendo una parte con un área de 27.000 hectáreas que colinda con El Huila, además de una ordenanza que proclama a su municipio como “Protector del agua”.

 

Por las emisoras que en Florencia les da participación a la comunidad, masivamente las gentes se pronuncian a favor de la resistencia civil campesina y  le piden al gobernador Álvaro Pacheco Álvarez que se pronuncie en favor de los labriegos así se pierda la mermelada de las regalías; “es mejor tener agua que es vida y no petróleo que significa desierto”, dice la gente que también le pide a los dos representantes del Caquetá a que se pongan al lado del pueblo y que lo defiendan.

 

El Caquetá que ha sufrido desde siempre el azote del centralismo y los intereses de las multinacionales, como pasó en el siglo pasado con la explotación del caucho y la quina que diezmó inmisericordemente a tribus enteras, que acogió a miles y miles de colonos que huyeron de la violencia del interior del país en la década del 50, que vivió la guerra con el M-19, que incluyó un intento de toma de su ciudad capital, que ha sufrido la terrible guerra con las Farc en la cual ha perdido a sus mejores hijos, incluyendo dos gobernadores en ejercicio, tres parlamentarios, alcaldes, concejales y diputados.

 

El Caquetá repito, está a las puertas de una nueva violencia, la violencia del propio Estado contra sus campesinos, estos por defender el territorio y el agua y el Estado por proteger sus intereses económicos y los de las multinacionales del petróleo, así convierta al departamento en un nuevo desierto, como ya ha ocurrido en otras partes del país; “No nos manden a matar” es un grito angustioso que el gobierno nacional tiene que escuchar.

 

Fuente: http://www.las2orillas.co/que-no-nos-manden-a-matar-por-defender-el-agua-del-caqueta/

  

Por: Fabián Esquivel 

 

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, refrendó su papel de constructor de paz una vez más los pasados 12 y 13 de agosto en su centro de capacitación Raúl Valbuena ubicado en el municipio de Viotá, Cundinamarca.

 

Lucha que emprendió hace 40 años en medio de la guerra contra el pueblo colombiano y que espera ver su final muy pronto y ver las condiciones reales democráticas para canalizar las aspiraciones del campesinado colombiano en unidad con otras organizaciones y lograr el bienestar paulatino de las comunidades rurales. 

 

Por ello, en presencia de 58 delegados de 33 organizaciones llegados  del oriente, el sur, el suroccidente, el centro, el noroccidente, el caribe colombiano y organizaciones hermanas como Anzorc,  se desarrolló el Primer Activo Nacional Agrario por la Paz, en el cual se  profundizo  el estudio de los acuerdos de paz de la mesa de diálogos de La Habana y generar un plan de acción frente a la implementación  en la que es fundamental la participación ciudadana y social para que efectivamente lo firmado constituya el inicio de la construcción popular de la paz.

 

Durante la jornada de trabajo, los delegados abordaron el estudio del punto uno de los acuerdos, denominado “hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral” en el que se profundizó en la tenencia de la tierra y en el que hacer de cada organización.

 Vista parcial del evento. Foto: Facebook Fensuagro.

 

Se resaltó la organización avanzada de algunas comunidades que han avanzado significativamente en la conformación de comités veredales para fortalecer el estudio de los acuerdos y resistir los embates del gobierno nacional, en especial a las comunidades cultivadoras de cultivos de uso ilícitos, con lo que el gobierno nacional se ha negado a concertar los programas de sustitución gradual de los cultivos y con garantías sociales y económicas.

 

De la misma manera, los delegados analizaron las condiciones actuales para fortalecer la presentación del histórico proyecto de ley agraria alternativa, formulado por un sin número de organizaciones agrarias y que condensan las aspiraciones campesinas, una propuesta importante para el futuro, cuando la apertura política se consolide con propuesta legislativas populares y campesinas como estas.

 

Finalmente, la jornada culminó realizando un plan de acción por regiones en las que se destacan la programación de activos agrarios regionales para aterrizar los otros puntos de la mesa de diálogos de paz, el fortalecimiento organizativo, la participación activa en los foros cocaleros municipales que las organizaciones se encuentran realizando,-

 

la proyección de nuevas zonas de reserva campesinas, la realización de un censo nacional de la tenencia de la tierra y un diagnostico productivo para nutrir las propuesta de implementación de los acuerdos y la concreción del plan nacional de Fensuagro, emanado del XI congreso denominado “Vamos por la paz, los derechos campesinos y la soberanía alimentaria”  en cada departamento de trabajo.

 

Nos iremos a cada punto de la geografía nacional acompañando a las organizaciones en las pedagogías de paz, de campesino a campesino y en la campaña por el sí,  al plebiscito por la paz, porque la paz es ahora y vamos por más.

 

Por: Camilo Raigozo

 

El pasado 15 de agosto, mediante un comunicado el sindicato Sintragrancol denunció nuevamente al sindicato patronal Sintrainagro, porque a través del representante patronal de la finca Plantación, Luis Fuentes, trata de confundir con mentiras y engaños a los trabajadores.

 

Según información de trabajadores de esta finca, el 12 de agosto Luis Fuentes, en reunión realizada en la misma plantación, señaló que a los trabajadores que votaron por el tribunal de arbitramento, estarían perdiendo los puntos extra convencionales, que hoy existe en la actual convención colectiva de trabajo.

 

Sin embargo -aclaran los trabajadores- un tribunal de arbitramento no puede fallar para desmontar logros ya adquiridos, más cuando existe una convención colectiva, lo cual violaría los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.

 

 

“Lo que si saben pero no lo dicen, es que con el fallo del tribunal de arbitramento, no podrán seguir robando a través del doble descuento a quienes se encuentran afiliados a nuestra organización sindical”, dice un aparte del comunicado.

 

El dirigente sindical Pablo Vargas, de camisa verde, al fondo, orienta a trabajadores sindicalizados.

 

El gremio de obreros argumenta que lo que sí puede pasar es que “el tribunal reconozca el pésimo aumento pactado para el 2017, que fue del 3,5%, frente al IPC del 2016 que se estará ubicando por encima del 8%, ya que en los últimos 12 meses, ya está en el 8,97%, y ordene reconocer al menos el IPC causado en el 2016, donde demostraremos que por más de 6 años los aumentos en las labores, cuando no han sido congeladas, las pactan muy por debajo del costo de vida de los Colombianos, deteriorando cada día nuestros salarios”.

 

Las directivas de Sintragrancol esperan que en los próximos días puedan estar presentes en las fincas, para desmentir ante los trabajadores las amenazas de supuestas pérdidas de derechos conquistados hechas por los patrones y Sintrainagro. 

 

Igualmente los dirigentes animan a los trabajadores afiliados a Sintragrancol a no dejarse engañar y a que tengan en cuenta lo ocurrido en la finca Porvenir, en la cual se está negociando actualmente el pliego de peticiones de los trabajadores.

 

Villanueva, Casanare

Sindicato acusa a varias empresas palmeras de violentar derechos laborales y sindicales

Por: Camilo Raigozo

 

El pasado 6 agosto, el Sindicato de Trabajadores de las Palmeras del Oriente Colombiano, Sintrapaloriente, hizo serias denuncias contra empresas palmicultoras del oriente colombiano, entre las que figuran: Palmas Casanare, perteneciente sucesores de Jesús Restrepo; Palmas del Oriente; Palmas Santana; Palmas Bella Cruz del Llano y Palmas Guaicaramo.

 

Rodolfo Mora, presidente de Sintrapaloriente a la derecha, seguido de Germán B. Aucú, de Onof, Eberto Díaz, Pablo Vargas y Cristobal Mora. Foto Camilo Raigozo.

 

Estas empresas son señaladas de persecución sindical, acoso laboral, acoso sexual, aislamientos, desmejoramientos de salarios, cambios de labores, despidos sin justa causa, amenazas, rotación de listas negras, algunas no pagan festivos ni vacaciones, no dan transporte a los trabajadores por lo que los expone diariamente a accidentes de tránsito en las carreteras y tampoco pagan rodamiento, ni seguros.

 

Por su parte las cooperativas o empresas tercerizadoras son acusadas de jugar con el bienestar de los trabajadores. Entre otros abusos son señaladas de afiliar y desafiliar constantemente a los asalariados a las EPS dejándolos expuestos a no tener servició médico en determinado momento; así mismo las señalan de despedir a los trabajadores enfermos o accidentados sin velar por su integridad y hay casos en los que algunas empresas retienen ilegalmente los salarios.

 

En el municipio de Maní, Casanare,  algunas empresas instalan los dormitorios de los trabajadores en las mismas bodegas donde almacenan químicos y abonos poniendo en alto riesgo la salud de los mismos.

 

Empresas y Ministerio del Trabajo dilatan procesos

 

Un proceso sobre conflicto laboral contra las empresas mencionadas de Casanare y Meta, ya lleva más de tres años sin que los empresarios se sienten a negociar, ni que el Ministerio del Trabajo tome cartas en el asunto a pesar de que con insistencia le han pedido su intervención como es su obligación constitucional y legal.

 

Logo del Sindicato de Trabajadores de las Palmeras del Oriente Colombiano, Sintrapaloriente. 

 

“Desde septiembre de 2013 no se ha podido resolver este conflicto laboral por que las empresas y el Ministerio de Trabajo han venido dilatando el  proceso. Para ello el proceso ha sido trasladado desde el Ministerio de Trabajo de Villavicencio, Meta, al Ministerio de Trabajo de Yopal, Casanare y de allí a Bogotá y Manizales, con la excusa de que es por  competencia”, expresa Sintrapaloriente. Más de 3.500 trabajadores y sus familias esperan que se haga justicia.

 

Varios han trabajado en la empresa Palmas Casanare por más de 20 años. De estos, 15 años han sido por medio de cooperativas de trabajo asociado, 6 por medio de contratistas y un año por medio de la empresa Agroindustria Feleda, la cual despidió recientemente a un gran número de trabajadores por reclamar sus derechos y por la creación de un sindicato. 

 

También fue denunciada la empresa Palmeras Agrícolas el Encanto, en Vichada, de propiedad de Alfonso Matus y administrada por Miguel Guzmán Fajardo, quienes contratan trabajadores en Villanueva, Casanare y luego los despiden sin pagarles los respectivos salarios.  Recientemente les ocurrió a ocho trabajadores que laboraron durante cuatro meses y finalmente fueron despedidos sin pagarles un peso.

 

Foto portada: Universidad de los Andes.

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