Por: Camilo Raigozo

 

Continúan la movilizaciones contra la erradicación forzada de cultivos ilícitos y los incumplimientos del Gobierno Nacional para los diálogos regionales con La Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofania Jardines de Sucumbíos de Ipiales Nariño, Meros.

 

Desde el 25 de julio de 2016 las organizaciones sociales y comunidades realizan actividades de pedagogía popular, asambleas, actos culturales y reuniones entre las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, para explicar los acuerdos e incumplimiento del Gobierno Nacional con los diálogos regionales.

 

Se brealizaron plantones en la vereda El Espinal, corregimiento Puerto Colón, municipio de San Miguel; en la vía y cruce del Yarumo, municipio de Orito; en el corregimiento de San Pedro, municipio de Puerto Caicedo y en los corregimientos comprendidos entre Puerto Vega y Teteye, municipio de Puerto Asís.

 

Las comunidades han sido agredidas por los Esmad de la Policía. Foto: Red de Comunicadores del Sur.

 

Las comunidades denuncian que en medio de las movilizaciones y demás actividades pacíficas, se han presentado las siguientes violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, la Policía y paramilitares:

 

El 3 de agosto de 2016, defensores de derechos humanos integrantes de la red de derechos humanos de la región, que acompañan la movilización del corregimiento de Piñuña Blanco y de la vereda la Alea informaron que miembros del Ejército Nacional, Brigada 27 de Selva, hicieron un retén a 20 de metros de la concentración de las comunidades.

 

Un defensor trató de explicarles a los agentes del Estado que se retiraran a ina mayor distancia pero con palabras soeces y agresivas lo insultaron, le dijeron que era un tonto y se fueron. Al rato dos soldados, se metieron por el rastrojo, ocultándose de las comunidades y las grabaron, según un poblador que se dio cuente.

 

Cuando los defensores fueron a verificar los abusos los militares salieron corriendo. Una hora después pasaron por el lugar miembros de la empresa Amerisur, también grabando a las comunidades desde la camioneta en que se transportaban.

 

El 5 de agosto de 2016, mientras sesionaban en asamblea permanente en la Estación Colon de la vereda El Espinal, municipio San Miguel, las organizaciones campesinas e indígenas, vieron sobrevolar drones de color verde olivo, que se atribuye a uso privativo de la fuerza pública, por espacio de una hora, también sobrevolaron por una hora más, el espacio donde los defensores de la Red DDHH del Putumayo se encontraban reunidos.

 

 Represión a las protestas sociales por parte de el Esmad de la Policía. Foto: Red de Comunicadores del Sur.

 

En la misma fecha a las tres de la tarde el coronel Bonilla en enlace telefónico con el teniente coronel Paul Rodríguez, funcionarios de la Policía se comunicaron con el vocero de la Meros, Yule Anzueta y le manifestaron en tono amenazante, suspendiera las protestas y lo señalaron de que él como vocero, era quien estaba dando órdenes de bloquear carreteras.

 

Los oficiales le advirtieron que si no acataba la orden de la Policía, tendría problemas jurídicos, afirmando que las empresas petroleras solicitaban continuar con sus operaciones normalmente.

 

El líder campesino, Yule Anzueta, es vocero regional de la Meros, miembro del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, delegado de Fundaprogreso, filial a Fensuagro, quien además cuenta con medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección, UNP, debido a las amenazas en su contra.

 

El 5 de agosto de 2016 en el municipio Puerto Asís, mientras en el parque central se encontraba Ildefonso Mendoza, tomándose un jugo, fue abordado por agentes de la Policía que se movilizaban en cuatro motos, quienes le preguntaron si él había participado en un reciente incidente en el Bancolombia del municipio, con un paquete chileno, aduciendo que tenía las características físicas de la persona sospechosa.

 

Lo interrogaron ilegalmente sobre su vida personal y laboral, lo fotografiaron y le advirtieron que iban a estar pendientes de él. Mendoza es defensor de derechos humanos y vocero regional para los diálogos con gobierno nacional en los corregimientos de Piñuña blanco y la vereda la Alea. Además es coordinador de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, la Baja Bota Caucana y Cofania Jardín de Sucumbíos de Ipiales, Nariño.

 

El 6 de agosto anterior, en la casa donde funciona el Equipo Jurídico de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, la Baja Bota Caucana y Cofania Jardín de Sucumbíos de Ipiales, Nariño, se encontró pintado en una pared externa, un grafiti amenazante en letras rojas y blancas que decía: “Q chimba morirse, para ya no molestar a nadie… J.A.”.

 

 Grafiti amenazante de paramilitares contra defensores de derechos humanos. Foto: de la fuente.

 

Es de anotar que la casa se encuentra en un barrio tranquilo de Puerto Asís, en el que este tipo de mensajes en paredes no se había presentado antes. Según los vecinos y obreros del lugar en el municipio no hay alumbrado público, no se explican estos hechos pasan inadvertidos por el cuadrante de la Policía.

 

El domingo 7 de agosto de 2016 a las 11:20 de la mañána, en el punto de concentración ubicado en la vereda El Espinal, corregimiento Puerto Colón del municipio de San Miguel, el teniente Martínez de la Policía amenazó a los defensores Yobani Hernández, Claudia Patricia Erazo y Andrés Quiñones integrantes de la Red de DD.HH. El oficial cuestionó los conocimientos de los defensores sobre la defensa de los derechos humanos y les advirtió que el nuevo Código de Policía le permitía llevárselos sí él quería.

 

El mismo día, la asamblea permanente de las comunidades se vio interrumpida por un teniente del Ejército que se identificó como David Ricardo Meza, adscrito al Batallón Especial Energético Vial 9, ubicado en la base militar La Concordia, del municipio de Valle del Guamuez.

 

El teniente y un buen número de soldados, portando armas de largo alcance, irrumpieron en la caseta comunal y rodearon el lugar. Luego se dirigieron a los pobladores y amenazaron con judicializarlos. A los voceros de la asamblea, les gritaron que ellos perjudicaban a muchos con sus actuaciones y debían detenerse.

 

"Esta movilización pacífica, en el marco del Artículo 37 de la Constitución Política, surgió por las dinámicas del dialogo con el Gobierno Nacional; las conversaciones y los puntos de la agenda regional, de la que hacen parte funcionarios públicos de las diferentes instituciones, entidades, ministerios y Presidencia, quienes tienen amplio conocimiento y notificados de la misma", dice un aparte de la denuncia.

 

Entre el 2 y el 6 de agosto pasado, el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica programó dentro de sus actividades sociales y humanitarias para todo el departamento, una brigada internacional de salud conformada por un equipo de trabajo multidisciplinario de 11 médicas y psicólogas.

 

Consistió en visitar tres municipios del Putumayo para realizar acciones de promoción y prevención en el derecho a la salud, y además visitaron  algunos puntos de las diferentes asambleas permanentes de la movilización regional, para atender situaciones de primeros auxilios.

 

El 7 de agosto desde las 6 de la tarde la brigada partió del municipio del Valle del Guamuez, Putumayo, hacia  Pasto, Nariño, para continuar con su misión humanitaria.

 

A las tres de la mañana, a 5 kilómetros de Pasto, hombres encapuchados con armas de fuego y armas blancas, bajaron a los integrantes de la Brigada Internacional de Salud. Los amenazaron y hurtaron las cámaras fotográficas, computadores, teléfonos celulares y dinero. Aunque la Policía fue informada inmediatamente no hubo ninguna respuesta.

 

 

Fuente: http://www.notimundo.in/p/urgentesituacion-de-defensores-de-dd.html?m=1

 

Por: mundo.sputniknews.com

 

"La minera Anglo Gold invirtió más de 100 millones de dólares para ganarse la simpatía de la gente y de los políticos", dijo en una entrevista exclusiva con Sputnik el alcalde de la ciudad colombiana de Ibagué.

 

Por primera vez, el 2 de octubre, una ciudad colombiana decidirá por medio de un referéndum si quiere o no explotación minera en su territorio. Para ello debe enfrentarse a enemigos poderosos. "Cuando la pregunta de la consulta pasó al estudio del tribunal administrativo de Tolima para decidir sobre su constitucionalidad, Anglo Gold presentó argumentos en contra de su aprobación.

 

Hace tres años puso a todos sus abogados a trabajar para detener la consulta popular que se hizo en un pequeño pueblo llamado Piedras, vecino de Ibagué, donde pensaban realizar el lavado con cianuro. Se hizo la consulta [en julio de 2013] y ganó el 'no' a la minería.

 La explotación minera conlleva contaminación de las aguaz y el medio ambiente. Foto: Internet.

 

Pero ellos la impugnaron. Hicieron lo mismo con el acuerdo del Consejo a favor de la consulta", dijo en exclusiva a Sputnik el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.

 

El proyecto minero La Colosa de la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti en Tolima es considerado como uno de los yacimientos mineros más grandes en todo el mundo. Se calcula que su potencial de extracción es de 800.000 onzas de oro al año.

 

El proyecto está ubicado en la reserva forestal central y cabecera del río Coello, fuente de agua del 85% de los hogares de Ibagué y de los cultivos del departamento. Es por esto que el pueblo decidió ejercer su derecho ciudadano, y mediante el llamado a una consulta popular planea decirle 'no' a la minería a cielo abierto.

 

"Dependemos esencialmente del agua. En Ibagué tenemos una explotación agrícola y ganadera que depende del río Coello. Esta fuente de agua se vería directamente afectada con este proyecto. Nuestro modelo de desarrollo se basa en la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Necesitamos el agua potable para la vida y el riego. Conocemos los estragos que hace la minería a cielo abierto. Nos oponemos de manera tajante a ello", remarcó Jaramillo.

 El alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo ha convocado la voluntad popular contra la minería. Foto: Sputnik

 

Las acciones de la multinacional contra Piedras fueron solo el comienzo. "Han estado muy activos buscando alternativas. Ashanti ha recibido distintos apoyos, especialmente por la Procuraduría de la Nación. A principios de año cuando realizamos la propuesta, la Procuraduría vino y presentó su alegato en las discusiones del Consejo Municipal.

 

Dijo que estábamos cometiendo prevaricato [delito en el cual incurren los funcionarios públicos cuando faltan a las obligaciones y deberes inherentes al cargo que desempeñan] y que si insistíamos íbamos a ser judicializados y destituidos. Ashanti es una multinacional poderosa. Ha invertido más de 100 millones de dólares, patrocina equipos de fútbol y actividades periodísticas. Con esto intenta ganarse la simpatía de la gente y de los políticos", afirmó el alcalde. 

 

Además de hacer frente a las ambiciones de la compañía, Ibagué debe luchar contra una estrategia de expansión nacional. "El Gobierno tiene una política denominada de locomotoras. La minería es uno de esos motores. El impulso económico del país se basa en varios intereses.

 

Uno de ellos es conseguir divisas a través de la minería a cielo abierto. Colombia exporta carbón y níquel. Esta la plantean como una de las minas más grandes del mundo. Por eso el Gobierno insiste en llegar a la fase de explotación de esta mina", explicó Jaramillo, quien asegura que esta batalla se debe librar expresando y respetando la voz del pueblo.

 El alcalde de Ibagué, Sergio Alfonso Jaramillo, explica a las comunidades el riesgo de perder el agua por las explotaciones mineras. Foto: Sputnik.

 

Desde los sectores que se oponen al proyecto han acordado resolver la situación dentro del marco de la democracia. "Existe un mecanismo de consulta. Pensamos que la mejor forma de resolver esta situación es darle entidad al pueblo para que se exprese", dijo el alcalde.

 

Luego del referéndum, el desafió de Ibagué será que su voluntad sea escuchada. Para ello, quizás, cuenten con un aliado. "Es cierto que la consulta no es vinculante. Pero en los últimos meses la Corte Constitucional ha definido que no habrá minería en nuestros páramos.

 

La Corte acaba de refrendar que sobre el suelo deciden los municipios y departamentos. Nosotros tenemos la soberanía sobre el suelo. La Nación la del subsuelo. Pero como para poder acceder al subsuelo es necesario pasar por la superficie, nosotros decidimos si el suelo se puede romper para proyectos de megaminería", explicó el Jaramillo.

 

Pero todas estas cuestiones se resolverán recién el 2 de octubre. Ese día harán falta 130.000 votos sobre una población de 460.000 personas para que el referéndum sea ratificado. Hasta entonces el pueblo de Ibagué resiste. 

 

Fuente: http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20160819/1062914231/colombia-minera-inversion-politicos.html

 

Por: Selva.com.co y Las 2 Orillas

 

Campesinos de la región denuncian que el Ejército los desalojó a bala por impedir la entrada de la Petroseimic

 

“Y la biodiversidad de la Amazonía”. Ese es el grito de angustia pronunciado ante los medios de comunicación de la región por el reconocido líder campesino José Antonio Saldarriaga, cuando, según él, en la vereda Lusitania del municipio de Valparaíso, el Ejército al mando de un sargento los desalojó a bala porque estaban impidiendo el paso de la empresa Petroseismic, que hace trabajos de sísmica para las petroleras en la región.

 

Como resultado de la balacera, el campesino Wilson Váquiro recibió un disparo por la espalda que le perforó el colon y en consecuencia está en cuidados intensivos en el Hospital María Inmaculada de Florencia, donde aún no le han podido extraer el proyectil.

 

Las comunidades del Caquetá se oponen a la explotación petrolera para defender el agua y el medio ambiente. Foto: Caracol. 

 

La resistencia contra la entrada de las petroleras al Caquetá, está tomando visos alarmantes de violencia. Un campesino en cuidados intensivos por un supuesto ataque del Ejército en la vereda Lusitania para despejar la vía que los campesinos habían bloqueado con el fin de evitar el paso de los equipos y trabajadores de la empresa Petroseismic, es apenas un eslabón en la cadena de graves sucesos que se están presentando en gran parte del Caquetá.

 

En los municipios de El Paujil y El Doncello, se vive un ambiente de extrema tensión, después de la quema de cableado de la mencionada empresa supuestamente por los campesinos y la incineración de una camioneta particular por encapuchados aún no identificados, hechos que prendieron las alarmas hacia el norte del departamento lo que obligó a la alcaldesa del Doncello Sandra Milena Lozada Floriano, a hacer un angustioso llamado al gobierno nacional para que conforme una comisión de alto nivel que venga al Caquetá a buscar soluciones a la grave problemática que se está presentando.

 

Ante las denuncias de la comunidad campesina de El Paujil, en el sentido de que la fuerza pública no les permite la libre movilización, los diputados Arturo Mayorga, Reinaldo Castrillón y Angélica María Henao, acompañados de concejales de ese municipio, llegaron al sitio donde la fuerza pública impide la libre movilización argumentando que la Petroseismic tiene cableado en la carretera y los campesinos lo desconectan, lo que prueba que si es cierto que la fuera pública está protegiendo los intereses de las multinacionales en lugar de proteger la vida y honra de los colombianos, según argumentan los líderes campesinos.

 

Además de una comisión de alto nivel, la alcaldesa de El Doncello ya solicitó oficialmente al gobierno nacional la realización de una consulta popular para definir si la comunidad quiere o no la explotación petrolera.

 

El alcalde de Belén de los Andaquíes dice que su municipio está blindado jurídicamente contra las petroleras porque tiene desde  hace muchos años gran parte de su territorio declarado reserva forestal, incluyendo una parte con un área de 27.000 hectáreas que colinda con El Huila, además de una ordenanza que proclama a su municipio como “Protector del agua”.

 

Por las emisoras que en Florencia les da participación a la comunidad, masivamente las gentes se pronuncian a favor de la resistencia civil campesina y  le piden al gobernador Álvaro Pacheco Álvarez que se pronuncie en favor de los labriegos así se pierda la mermelada de las regalías; “es mejor tener agua que es vida y no petróleo que significa desierto”, dice la gente que también le pide a los dos representantes del Caquetá a que se pongan al lado del pueblo y que lo defiendan.

 

El Caquetá que ha sufrido desde siempre el azote del centralismo y los intereses de las multinacionales, como pasó en el siglo pasado con la explotación del caucho y la quina que diezmó inmisericordemente a tribus enteras, que acogió a miles y miles de colonos que huyeron de la violencia del interior del país en la década del 50, que vivió la guerra con el M-19, que incluyó un intento de toma de su ciudad capital, que ha sufrido la terrible guerra con las Farc en la cual ha perdido a sus mejores hijos, incluyendo dos gobernadores en ejercicio, tres parlamentarios, alcaldes, concejales y diputados.

 

El Caquetá repito, está a las puertas de una nueva violencia, la violencia del propio Estado contra sus campesinos, estos por defender el territorio y el agua y el Estado por proteger sus intereses económicos y los de las multinacionales del petróleo, así convierta al departamento en un nuevo desierto, como ya ha ocurrido en otras partes del país; “No nos manden a matar” es un grito angustioso que el gobierno nacional tiene que escuchar.

 

Fuente: http://www.las2orillas.co/que-no-nos-manden-a-matar-por-defender-el-agua-del-caqueta/

 

Por: El Espectador

 

Las confrontaciones de los campesinos de Putumayo y Nariño con la Fuerza Pública, que hoy cumplen 26 días, se originan en el comienzo de la fumigación manual de cultivos de coca.

 

Aun cuando el Gobierno y las Farc no firman el acuerdo final para alcanzar el pacto de paz definitivo, que contiene, entre otros puntos, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito como la coca, en varios municipios de Nariño y Putumayo, principales productores de coca con 29.755 hectáreas el primero y 20.068 hectáreas el segundo, las protestas pacíficas pasaron a vías de hecho porque sus tierras se están llenando de erradicadores de la Policía Antinarcóticos sin que hasta ahora el Gobierno haya llegado a acuerdos con los campesinos para reemplazar el cultivo por otros de economía sostenible.

 

El incidente más grave se registró el pasado 16 de agosto, cuando campesinos de las veredas Palmar, Fátima, Loma Larga y Valencia, del municipio de Tablón de Gómez, oriente de Nariño, se enfrentaron con efectivos de la Policía Antinarcóticos que pretendían erradicar y fumigar manualmente los arbustos. El resultado: la muerte de Leonel Ordóñez, de 23 años, quien recibió un disparo en la cabeza.

 

Las manifestaciones se han extendido a municipios de San Miguel, Orito, Puerto Caicedo y Puerto Asís, en donde, desde el domingo 14 de agosto de 2016, se registraron confrontaciones con la Fuerza Pública por los bloqueos a las vías terciarias del departamento de Putumayo. “En todos estos sitios existen movilizaciones y bloqueo a la industria petrolera.

 

El Esmad (Escuadrón Móvil de Carabineros) está desplegado en el corregimiento de San Pedro (municipio de Puerto Caicedo) y en los municipios de San Miguel y La Dorada, en la vía fronteriza con Ecuador que estaba bloqueada. Ayer (miércoles) llegó el Esmad al corredor Puerto Vega Teteyé”, dijo el personero del departamento, Fabián Vargas. En dicho sitio está la vereda Campo Alegre, zona escogida para la concentración de las Farc para la dejación de las armas.

 

Las manifestaciones se vienen dando en estos dos departamentos del sur del país por tres razones principales: primera, porque el 11 de julio de 2016, la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (ANLA), a través de la Resolución 708, dio vía libre al Gobierno para que se aplique la fumigación manual con glifosato a los cultivos de uso ilícito.

 

La segunda es que el pasado 25 de julio esa acción empezó a materializarse en varios municipios de Putumayo y Nariño, como lo relata Yuli Artuluaga, líder de la Mesa de Organizaciones Sociales del Putumayo. Y la tercera razón obedece a la afectación ambiental que ha ocasionado la explotación petrolera en este pie de monte amazónico desde hace más de 50 años cuando llegó a la región.

 

En septiembre de 2014, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunió con la Mesa de Organizaciones Sociales y acordaron la conformación de cuatro comisiones: minero-energética y ambiental, derechos humanos, inversión social y sustitución de cultivos de uso ilícito.

 

En una carta que el ministro Cristo les envió a la gobernadora departamental, Sorrel Parisa Aroca, a los alcaldes municipales y a congresistas de la región, el pasado 17 de agosto, se enfatiza que frente a las quejas de contaminación ambiental por parte de empresas petroleras se ofreció la presencia de la Directora Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) con el fin de recibir las quejas de la comunidad.

 

No obstante, dice la misiva “esa oferta no fue aceptada por la mesa de organizaciones sociales y en su defecto propusieron una revisión de la política minero-energética del país, una pretensión que respetamos, pero que no compartimos, dado que la actual política minero-energética forma parte del modelo de desarrollo consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo, avalado por la mayoría de los colombianos en las urnas”, subraya Cristo. (Lea también: La pelea de los nasas con las petroleras por la olla ancestral).

 

 Las manifestaciones se han extendido a los municipios de San Miguel, Orito, Puerto Caicedo y Puerto Asís, Putumayo. Fotos: El Espectador.

 

Frente al otro escollo, la sustitución de cultivos de uso ilícito, que llevó a los campesinos a las carreteras del Putumayo, lo cierto es que la disputa apenas comienza. Si bien en La Habana, Gobierno y Farc, negociaron la sustitución de cultivos ilícitos, en el papel también quedó abierto que el modelo o la forma como se haría se concertaría con las comunidades. Y aquí lo que dicen los cocaleros del Putumayo es que se debe implementar un modelo propio distinto al que se está aplicando en Briceño, Antioquia.

 

“Es contradictorio que el Gobierno, luego de que construimos una propuesta de sustitución conjunta, siga arremetiendo por la fuerza contra las comunidades”. La líder campesina Yuli Artuluaga se refiere a la misma acta que menciona Cristo firmada por cuatro ministros en septiembre de 2014.

 

Ahí, explica Artuluaga, se acordó no condicionar la erradicación a un plan gradual de dos años, como era el inamovible de los campesinos, sino que más bien se creara un fondo que les garantice que el programa de sustitución esta vez sí va a ser sostenible.

 

“La propuesta se llama Plan de Desarrollo Andino Amazónico (Pladia), que consiste en montar fincas, ordenarlas bajo el conocimiento de la tierra y sembrar productos que garanticen la soberanía alimentaria, vivienda digna, ingresos, transformación de productos para que los campesinos no sigamos vendiendo materias primas, comercialización y garantías de libre asociatividad. Si se da esto, las comunidades no volverían a sembrar coca”. Una propuesta que viene pensada desde las marchas cocaleras de 1996.

 

A esta propuesta el Gobierno ya le aprobó $2.000 millones para la formulación y socialización. Y, como lo reconoce el ministro Cristo en la misiva, el pasado 4 de agosto el Gobierno delegó a Eduardo Díaz Uribe, director nacional de la lucha contra las drogas, para negociar con alcaldes de Putumayo y la Mesa de Organizaciones Sociales. Ahí concertaron una ruta metodológica para la sustitución de los cultivos ilícitos, no obstante, lo que se preguntan los campesinos es por qué el Gobierno pretende erradicar a la fuerza. 

 

Fuente: http://colombia2020.elespectador.com/pais/razones-del-paro-cocalero-en-putumayo

 

Por: Camilo Raigozo

 

El pasado 15 de agosto, mediante un comunicado el sindicato Sintragrancol denunció nuevamente al sindicato patronal Sintrainagro, porque a través del representante patronal de la finca Plantación, Luis Fuentes, trata de confundir con mentiras y engaños a los trabajadores.

 

Según información de trabajadores de esta finca, el 12 de agosto Luis Fuentes, en reunión realizada en la misma plantación, señaló que a los trabajadores que votaron por el tribunal de arbitramento, estarían perdiendo los puntos extra convencionales, que hoy existe en la actual convención colectiva de trabajo.

 

Sin embargo -aclaran los trabajadores- un tribunal de arbitramento no puede fallar para desmontar logros ya adquiridos, más cuando existe una convención colectiva, lo cual violaría los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.

 

 

“Lo que si saben pero no lo dicen, es que con el fallo del tribunal de arbitramento, no podrán seguir robando a través del doble descuento a quienes se encuentran afiliados a nuestra organización sindical”, dice un aparte del comunicado.

 

El dirigente sindical Pablo Vargas, de camisa verde, al fondo, orienta a trabajadores sindicalizados.

 

El gremio de obreros argumenta que lo que sí puede pasar es que “el tribunal reconozca el pésimo aumento pactado para el 2017, que fue del 3,5%, frente al IPC del 2016 que se estará ubicando por encima del 8%, ya que en los últimos 12 meses, ya está en el 8,97%, y ordene reconocer al menos el IPC causado en el 2016, donde demostraremos que por más de 6 años los aumentos en las labores, cuando no han sido congeladas, las pactan muy por debajo del costo de vida de los Colombianos, deteriorando cada día nuestros salarios”.

 

Las directivas de Sintragrancol esperan que en los próximos días puedan estar presentes en las fincas, para desmentir ante los trabajadores las amenazas de supuestas pérdidas de derechos conquistados hechas por los patrones y Sintrainagro. 

 

Igualmente los dirigentes animan a los trabajadores afiliados a Sintragrancol a no dejarse engañar y a que tengan en cuenta lo ocurrido en la finca Porvenir, en la cual se está negociando actualmente el pliego de peticiones de los trabajadores.

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