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Sáb, Abr
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En Colombia las vacas tienen más tierra que los campesinos

Por: Agencia de Noticias UN

 

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario 2015 (CNA-2015), en Colombia se destinan 42,3 millones de hectáreas para uso agropecuario, de las cuales el 80 % corresponden a pastos, y el 20 % restante (8,4 millones de hectáreas) pertenece a cultivos agrícolas. 

 

El CNA-2015 muestra una extensión mínima de tierra dedicada a cultivos transitorios como hortalizas, tubérculos y algunas frutas. Foto: Agencia de Prensa UN.

 

A la luz de estos datos, el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, Carlos Suescún, advierte que el 80 % dedicado a pastos sirve para mantener ganado en forma extensiva, por ello en el país las vacas tienen más hectáreas para pastar que un campesino para cultivar.

 

De hecho, el CNA-2015 también revela que el inventario bovino es de 21,4 millones de cabezas, mientras que el equino es de 1,2 millones y el porcino de un millón. De esta clasificación pecuaria es bien sabido que el ganado bovino es el que requiere de un área considerable en pastos.

 

Cultivos agroindustriales de palma, caña y caucho, también ocupan grandes extensiones de tierra en el país. Foto: Agencia de Prensa UN.

 

Al hacer cálculos con estos datos, el profesor Suescún encuentra que en Colombia cada vaca tendría 1,57 hectáreas para pastar. Muy poco al contrastar con las extensas fincas que disponen para 50 o 100 vacas en los alrededores de Montería (Córdoba).

 

La razón es que el 53,8 % del inventario bovino en Colombia está en fincas de menos de 50 hectáreas, es decir, son vacas de medianos y pequeños propietarios. Ello muestra que más de la mitad de las vacas del país están pastando en minifundios y microfundios, agrega el experto.

 

Las mujeres, niños y jóvenes de áreas rurales son los que más migran a las zonas urbanas. Foto: Agencia de Prensa UN.

 

No obstante, advierte, mientras el grueso de los habitantes del sector rural que tienen una Unidad de Producción Agropecuaria (UPA) menor a 5 hectáreas, representan el 70,9 % del total y apenas ocupan el 2,4 % del área productiva (un millón de hectáreas), es decir un promedio de 1,4 hectáreas por residente.

 

En contraste, hay vacas que pueden pastar en áreas superiores a las 3,5 hectáreas cada una, y se ubican en fincas de más de 500 hectáreas, las cuales representan el 0,4 % de las UPA y que abarcan el 65,1 % del área productiva.

 

Profesor Carlos Suescún, de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N. Foto: Agencia de Prensa UN.

 

El panorama del CNA-2015, comenta el experto economista, evidencia una realidad ya conocida y denunciada: alta concentración de la tierra, conflicto entre uso y vocación, pobreza, escasa organización social de las comunidades rurales y brechas sociales persistentes.

 

“Hasta en las estadísticas habían olvidado al sector rural”, señala el docente, al recordar que hacía más de 40 años el Gobierno no adelantaba un censo rural.

 

La información recopilada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es la radiografía de una población sin acceso a garantías mínimas de derechos, que combinado con una tendencia exponencial al envejecimiento, acarreará con el paso del tiempo mayores problemas para la población, a menos que se hagan esfuerzos significativos por transformar tal situación, sostiene el experto.

 

Según el censo, la superficie agrícola corresponde principalmente a cultivos permanentes (5,3 millones de hectáreas), o sea el 74,8 % del total de área con uso agrícola. Estos en gran cantidad son cultivos como caña de azúcar, palma aceitera y caucho, entre otros agroindustriales, los cuales totalizan 3,4 millones de hectáreas.

 

 La pobreza sigue siendo el común denominador en las áreas rurales. Foto: Agencia de Prensa UN.

 

En cultivos transitorios y asociados, donde se clasifican productos como hortalizas, tubérculos, algunas frutas y, en sí, una importante proporción de alimentos, se utilizan 1,8 millones de hectáreas. Esta producción es realizada sobre todo por economías campesinas. Así mismo, en el campo colombiano se tiene un total de 2,7 millones de productores, de los cuales apenas el 26,8 % (724 mil personas) son residentes.

 

Para el profesor Carlos Suéscun son sorprendentes y preocupantes las cifras en materia poblacional del sector rural. El CNA-2015 establece que aproximadamente 2 de cada 3 personas son hombres, y en la mayor proporción se encuentran en edades de 40 a 54 años. Esto significa que se está achatando cada vez más la pirámide poblacional en niños y jóvenes, y es un punto de inflexión histórico del sector rural, para transformarse en una pirámide invertida.

 

En Colombia la ganadería extensiva le quita terreno a los campesinos, según el último Censo Nacional Agropecuario. Foto: Agencia de Prensa UN. Foto: Agencia de Prensa UN.

 

La afectación es notable en apenas 10 años (comparando con el Censo Poblacional de 2005), lapso en el cual se da una migración mayor de las mujeres, niños y jóvenes de áreas rurales a urbanas. Esto se explica en gran medida por la falta de oportunidades para la población y escasos niveles de bienestar.

 

Igualmente, se puede especular este fenómeno demográfico en factores como los mejores indicadores de educación en las mujeres (la deserción es menor en mujeres que en hombres), las limitaciones de medidas para garantizar un retorno efectivo de población desplazada (Ley 1448 de 2011), y por supuesto el rigor del conflicto armado que sigue ocasionando desplazamientos de la población. Indagar de manera profunda en estos y otros factores explicativos es una labor de investigación pendiente, recomienda el académico.

 

Los problemas o conflictos de estas tendencias demográficas radican en la necesidad de mayores medidas de atención a la población mayor, las restricciones al crecimiento económico, entre otros aspectos pertinentes a la política pública, puntualiza el investigador. 

 

Tomado de: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/en-colombia-las-vacas-tienen-mas-tierra-que-los-campesinos.html#.V6MyXwQRHwk.gmail

 

Terror paramilitar en el suroccidente colombiano

Por: Camilo Raigozo

 

La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes denunció el pasado 29 de julio una serie de asesinatos, secuestros, amenazas y otras acciones de terror en los departamentos de Cauca y Nariño.

 

En la vereda Los Andes en el corregimiento del mismo nombre, municipio de Corinto, Cauca, aproximadamente a las seis y media de la mañana, cuando el campesino Evaristo  Dagua Troches, de 64 años de edad, fundador de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Zona de Reservas Campesinas del municipio de Corinto, fue asesinado de varios impactos de bala.

 

El crimen fue perpetrado por sujetos encapuchados que al parecer lo estaban esperando a unos 400 metros de la vivienda, cuando la víctima se dirigía al sitio donde trabajaba a las seis y media de la mañana. Los criminales le propinaron seis tiros de fusil que le cegaron la vida instantáneamente. 

 

Santander de Quilichao, Cauca

 

El pasado 26 de julio en la vereda Vilachi, municipio de Santander de Quilichao, Cauca, a las nueve de la noche, cinco sujetos vestidos con prendas militares y armas de largo alcance ingresaron violentamente a la finca Villa Claudia. Algunos ocultaban el rostro con pasamontañas.

 

Los desconocidos abordaron a Milton Sánchez, quien es el tesorero de la finca e integrante de la Asociación Indígena Avelino Ull y le ordenaron apagar todas las luces. Acto seguido indagaron por el dueño de la finca y el nombre del sector.

 

Los sujetos indicaron que procederían a ocupar la finca por lo que el tesorero les inquirió que debían identificarse pero los atacantes sin mediar más palabras recorrieron la finca en medio de la oscuridad y luego desaparecieron.

 

Tumaco, Nariño

 

 A las 11 de la noche de la misma fecha, en el barrio Unión Victoria, municipio de Tumaco, Nariño, cuatro hombres de civil, armados con pistolas y en dos motocicletas, llegaron a la vivienda de Anuncia Mesa y preguntaron donde se encontraba “Maturana”. Así llaman cariñosamente los vecinos a Jhon Boya.

 

Quien los atendió fue Everney Boya, hermano de este, pero al darse cuenta de que los individuos estaban armados y agresivos se resguardó en el interior de la casa y se comunicó con la Policía quien llegó al sitio oportunamente. Sin embargo cuando arribó la patrulla policial los sujetos abandonaron el lugar tranquilamente, según la denuncia.

 

Mientras tanto otros  cuatro hombres de civil que se movilizaban en dos motocicletas y armados con pistolas, llegaron a la vivienda de Jhon Boya, ubicada en el Barrio Obrero, empujaron violentamente la puerta sin lograr su cometido. Los sujetos permanecieron por más de una hora al frente de la residencia hasta que llegó la Policía quien fue alertada por los vecinos. 

 

Esa misma fecha como a las siete de la noche varios sujetos vestidos de negro y armados con fusiles, quienes se movilizaban en una camioneta y dos motos, entraron al barrio Union Victoria  y se llevaron amarrado un muchacho sin identificar de aproximadamente 17 años de edad. Se desconoce la suerte del joven.

 

Cronología de las maniobras y abusos de los empresarios contra los afiliados a Sintragrancol

Por: Camilo Raigozo

 

El Sindicato Nacional de Trabajadores Agroindustriales de Colombia, Sintragrancol, denunció este 27 de julio las siguientes maniobras y abusos de los empresarios y sus representantes,  contra los trabajadores afiliados a este sindicato en las fincas Nabusimaky y La Lucha y otras:

 

El pasado 8 de mayo un grupo de trabajadores de las fincas mencionadas contactaron a los dirigentes de Sintragrancol y les manifestaron que en estas fincas había cerca de 30 trabajadores con tiempo de trabajo que oscila entre cuatro meses y 19 años.

 

Trabajadores de Sintragrancol en un taller de Comunicaciones. Foto: Sintragrancol.

 

Según  el documento el propietario de estas fincas es Santiago Vives Prieto, quien les paga a los trabajadores menos del salario mínimo vigente legal; no les paga dominicales, festivos, prestaciones sociales, auxilio de transporte, seguridad social, fondo de pensión y nunca les ha entregado dotaciones, entre otras anomalías.

 

Vives Prieto paga los salarios a través de una tienda del pueblo, donde los obreros se ven obligados a comprar los víveres. Por los salarios paupérrimos no les alcanza para pagar lo que han sacado fiado y para la adquisición de la canasta básica familiar. Ante los abusos los trabajadores decidieron afiliarse a Sintragrancol.

 

El 11 de mayo el sindicato presentó un pliego de peticiones, sin haber obtenido respuesta dentro del tiempo que estipula el Código Sustantivo del Trabajo, por lo que el sindicato solicitó  la intervención del Ministerio de Trabajo de Ciénaga. El ministerio citó a Vives Prieto en dos ocasiones pero este hizo caso omiso.

 

Sin embargo, a finales de mayo Vives se comunicó con el asesor sindical Pablo Elías Vargas, con quien se reunió el 31 del mismo mes en la oficina del abogado Eduardo Barreneche, ubicada en el edificio Santa Rita, en Santa Marta. Vives presentó a Barreneche como su socio y negociador del pliego por parte del empleador, dándose así inicio a la etapa de arreglo directo, tal como consta en el acta 01, firmada por la comisión negociadora del sindicato, Santiago Vives Prieto y Eduardo José Barreneche, en representación del empleador.

 

A los pocos días de haber sido presentado el pliego, el administrador de la finca Nabusimaky le informó verbalmente a Víctor Martínez Bonett, quien llevaba cuatro meses laborando en la finca, con contrato verbal y en las condiciones antes mencionadas, afiliado a Sintragrancol, que no tenía más trabajo.

 

Luego, según versión de los trabajadores, Santiago Vives Prieto se presentó en Nabusimaky y entregó dotaciones a los obreros (nunca antes lo había hecho), les ofreció dinero y la firma de un pacto colectivo con, supuestos, mejores beneficios de los que lograrían por medio del sindicato.

 

Los trabajadores que se habían nombrado como negociadores del pliego de la finca La Lucha, le informaron al asesor Pablo Vargas que no se harían presentes en la mesa de negociación, porque ya habían arreglado directamente con Vives Prieto. Sin embargo a esa fecha el sindicato no había recibió las renuncias de estos trabajadores.

 

Trabajadores en el momento de votar la huelga. Foto: Sintragrancol.

 

Mientras esto ocurría en las dos fincas, las comisiones negociadoras continuaban la discusión del pliego de peticiones como consta en las actas 2 y 3 firmadas por las partes, hasta que el 8 de julio anterior, el abogado Eduardo Barreneche se comunicó con Pablo Vargas y le informó que la empresa decidió no seguir negociando por un problema que se presentó con los dueños de la finca. Esto sucedió el día anterior del cierre de la prologa de la etapa de arreglo directo.  

 

Días después la secretaria de Vives envió al correo electrónico de Pablo Vargas, una comunicación entregada al Ministerio de Trabajo de Ciénaga, en la que manifestó, entre otras cosas, que no puede seguir negociando el pliego de peticiones porque él no es el dueño de la finca Nabusimaky, ya que esta pertenece a la compañía Vives Castro y Cia. y que por desconocimiento de las normas laborales y error del sindicato al haberle presentado a él el pliego, sin ser el representante legal de la empresa.El sindicato acusa a Vives de pretender desconocer las normas del Código Sustantivo del Trabajo.

 

Dentro de los términos establecidos por la ley, el 13 de Julio, 9  de los 16 trabajadores permanentes en la finca Nabusimaky y de los 13 afiliados hasta ese momento a Sintragrancol, optaron por la huelga de acuerdo a la ley.

 

Realizado este proceso la comisión del sindicato asignado para esta tarea se trasladó a la finca La Lucha, para realizar la votación entre la huelga o el tribunal, encontrando que de los 5 afiliados de esta finca a Sintragrancol, renunciaron 4, los cuales manifestaron que se retiraban porque habían negociado con Santiago Vives unos dineros y habían acordado un pacto colectivo.

 

El abogado Eduardo Barreneche, manifestó que esta finca, si era propiedad de Santiago Vives Prieto. Los trabajadores le expresaron su voluntad de seguir negociando el pliego de peticiones para llegar a un acuerdo definitivo en la finca Nabusimaky donde aun quedan afiliados al sindicato.

 

El 18 de julio Barreneche hizo llegar a las oficinas del sindicato las cartas de dos trabajadores en las que manifestaban su retiro del mismo.

 

Asmblea de Sintragrancol. Al fondo el asesor Pablo Vargas. Foto: Sintragrancol

 

El 21  de julio Santiago Vives reunió a los trabajadores más antiguos y les ofreció pagar entre 9 y 20 millones de pesos, haciendo compromisos de pago y entregando cheques por 5 y 6 millones de pesos. También les ofreció un pacto colectivo con la condición de que renunciaran al sindicato.

 

Dentro de los términos de ley, el 22 de julio los trabajadores de la finca Nabusimaky declararon la hora cero de la huelga general comunicándoselo al coordinador de la finca, quien respondió que quienes quisieran podían ir a trabajar, haciendo caso omiso de las normas legales.

 

Previendo lo que podría pasar, el sindicato envió un oficio a la estación de Policía de la Zona Bananera, para que garantizara el normal desarrollo de la huelga, tal como lo contempla el artículo 448 del CST, pero ningún agente hizo presencia. Sin embargo la Policía si fue muy diligente al llamado de los empresarios para presionar a los huelguistas a que dejaran trabajar a quien quisiera. Los agentes policiales se retiraron sin acatar la solicitud de la organización sindical.

 

En la mañana de ese día el coordinador de la finca, se paseó desafiante con un machete y tomándole fotos a quienes se encontraban en el lugar. En la tarde el Ministerio de Trabajo de Ciénaga se hizo presente en la finca en compañía abogado Barreneche. El coordinador general y representante de la empresa en esa diligencia de nombre Darío, anunció que 5 de los 13 trabajadores, habían laborado ese día.

 

En la diligencia el sindicato dejó constancia de la voluntad de los trabajadores para continuar la negociación y de activar el plan de contingencia para el cuidado del cultivo, tal como lo señala las leyes. Ante esto la empresa guardó silencio.

 

Al momento de terminar la diligencia y cuando todos se disponían a retirarse, el coordinador manifestó en voz alta, que al día siguiente, (sábado 23), daría trabajo a quienes así lo quisieran, logrando convencer a 6 trabajadores. El lunes 25 asistieron 8 trabajadores y solo acataron la huelga 6 obreros.

 

Ante esta situación, en común acuerdo los seis trabajadores restantes decidieron levantar la huelga y someter el conflicto laboral a un tribunal de arbitramento. Para los días de corte y empaque estas empresas vinculan a más de 20 trabajadores, a los cuales no les pagan ni el mínimo legal, los hacen trabajar más de 10 horas diarias y sin ninguna clase de garantías contempladas en la ley.

 

Finca San Rafael

 

Tal como ha sido denunciado, en esta finca con la ayuda de esquiroles (obreros traicioneros), según los trabajadores, la empresa viene ofreciendo 100.000 pesos, para que los obreros se acojan a un pacto colectivo y renuncien al sindicato. Por esta situación la organización sindical le envió un oficio a la empresa, para que confirmara o desmintiera estas denuncias, ya que de ser ciertas constituyen una violación al derecho a la libre asociación sindical. Al cierre de esta nota el sindicato no había obtenido respuesta.

 

La empresa reunió a los trabajadores y ante ellos señaló y calumnió al asesor del sindicato, Pablo Elías Vargas Mantilla, quien también es miembro del comité ejecutivo de Fensuagro.

 

En cabeza de Luis Jaramillo y de la secretaria de la finca acusaron a Pablo Vargas, entre otras cosas, de que en un comunicado había insultado e irrespetado a los trabajadores afiliados a Sintragrancol, que fue expulsado de otra organización y que es el responsable del paro en la finca San Pedro. Según la denuncia, Jaramillo tildó de guerrilleros a los trabajadores que optaron por afiliarse a Sintragrancol.

 

El dirigente y asesor sindical Pablo Elías Vargas. Foto Internet.

 

Esto se viene presentando –conceptúa el sindicato- con la pretensión de debilitar a la organización sindical, ya que el próximo fin de año se vence la convención colectiva y se presentará un nuevo pliego de peticiones. Varios trabajadores han caído en la trampa a sabiendas del engaño que ya ha sucedido en años anteriores.

 

Finca Villagrande

 

En esta empresa luego del regreso de un grupo de trabajadores al otro sindicato de la zona, continúa la persecución y despido de los trabajadores que rechazan las políticas de la empresa en complicidad con esa organización sindical.

 

A mediados del año pasado 14 trabajadores renunciaron a Sintragrancol y regresaron a Sintrainagro, lo que los llevó a una mala negociación y a un retroceso de las conquistas laborales y salariales alcanzadas.

 

La empresa ha despedido sin justa causa a tres trabajadores de Sintragrancol, el último de ellos el pasado 22 de julio, lo que es una clara persecución sindical

 

También despidieron a los trabajadores Jaime Varela y Carlos Rocha, por haber denunciado los atropellos a pesar de que llevaban más de 20 años vinculados a la empresa. Sin embrago el tiempo para liquidarles la indemnización lo toman desde el año 2013.  

 

“Como podemos ver, estos empresarios, violan todas las normas legales y derechos laborales y sindicales, contemplados en nuestra legislación laboral y tratados internacionales”, expresaron finalmente la junta directiva y la comisión negociadora de Sintragrancol.

 

‘Hay diputados suecos muy interesados en fortalecer el proceso de paz en Colombia’: Nury Martínez

Por:

 

La dirigenta de Fensuagro, Nury Martínez, visitó Suecia durante una semana en el mes de junio, invitada por Solidaridad Suecia – América Latina (SAL). SAL es una organización social sueca que trabaja para fortalecer a Fesuagro y a todas las organizaciones que hacen parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo/Vía Campesina (CLOC/Vía Campesina).

 

 En el centro la dirigente de Fensuagro Nury Martínez interviene en un seminario con dirigentes sociales y diputados suecos. Foto: Fotos: Leo Stolpe.

 

El objetivo de la visita era intercambiar información entre SAL y Fensuagro e informar al público sueco sobre los procesos de paz en Colombia desde una perspectiva campesina.

 

Para nosotros es importante recibir visitas de nuestras organizaciones copartes, para que ellas mismas puedan expresar sus necesidades hacía los políticos suecos. También estas visitas son importantes para crear mayor conciencia entre los políticos sobre las consecuencias de sus decisiones en países como Colombia, y su responsabilidad internacional.

 

Vemos de forma muy positiva que esta información sea comunicada por el movimiento campesino. Al observar y seguir como los políticos suecos razonan, esperamos que nuestras copartes - en este caso Fensuagro - puedan ayudarnos a definir estrategias de trabajo en Suecia, dice Markus Malm, director de SAL.

 

La cooperación bilateral para el desarrollo de Suecia con Colombia se inició en la década de 2000, y en los últimos años la cooperación sueca ha ascendido a alrededor de 29 millones de dólares por año. Actualmente el principal objetivo de la cooperación es apoyar los procesos de paz.

 

Por lo tanto, la agenda de actividades para la visita en Suecia incluyó un seminario en el parlamento sobre los procesos de paz, así como varias conferencias abiertas al público sobre la coyuntura política de Colombia.

 

“Hay diputados muy interesados en lo que está pasando en Colombia y en fortalecer el proceso de paz”, expresó Nury Martínez, quien agregó seguidamente qué:

 

“Es importante el apoyo bilateral, pero el gobierno sueco también tiene que tener en cuenta a los movimientos sociales y tener una relación más directa con ellos. Si no hay un acompañamiento a organizaciones internacionales como la Vía Campesina, difícilmente se puede garantizar que realmente vaya a haber presión para las necesidades del movimiento campesino en Colombia”.

 

Nury Martínez en un seminario en Estocolmo, Suecia. Foto: Leo Stolpe.

 

Linnea Fehrm: ¿Qué nivel de  conocimiento tiene la población sueca en general sobre el contexto político en Colombia?

 

Nury Martínez: Hay muchos colombianos en Suecia, unos que son bastante activistas y otros que no lo son. Por lo que he escuchado, hay bastante desinformación concreta de las cosas que pasan en países como Venezuela y Ecuador, donde los medios de información muestran más lo que plantea la oposición. Pero la gente sabe bastante lo que está pasando en Colombia. Me voy fortalecida por ver el interés y apoyo a lo que está pasando en mi país y en América Latina, dijo Nury Martínez.

 

Solidaridad Suecia – América Latina (SAL) es una organización social de solidaridad y crítica a las normas, que ha trabajado en conjunto con movimientos sociales latinoamericanos desde 1968.

 

SAL aboga por una redistribución equitativa de los recursos del mundo, la soberanía alimentaria y una mayor incidencia popular. Las prioridades se enfocan en los derechos del campesinado y de los pueblos indígenas. El apoyo se expresa en ayuda económica, difusión mediática, pasantías e intercambios, y campañas de información e incidencia en Suecia.

 

Sabana de Torres, Santander

Denuncian a la empresa Aceites Oro Rojo por persecución laboral y sindical

Por: Camilo Raigozo

 

Mediante un comunicado firmado por las directivas del sindicato Sintrapalmas seccional Sabana de Torres, Santander, el pasado 15 de julio, denunciaron que la empresa Procesadora de Aceites Oro Rojo Ltda., domiciliada en esa localidad, viene atropellando y vulnerando los derechos de los trabajadores afiliados a ese sindicato.

 

Trabajadores de la palma en proceso organizativo. Foto: Vanguardia.

 

Según la denuncia, el personal de administración en cabeza del director administrativo viene haciendo una serie de señalamientos  y acusaciones contra los ayudantes y operarios de forma repetitiva y violenta, lo cual genera angustia y zozobra.

 

El administrador amenaza a los obreros gritándoles que va a dar por terminado varios contratos de trabajo por culpa de una supuesta crisis – que no existe según el comunicado-  de la que culpa al sindicato de haberla generado.

 

“Cómo si el sindicato fuera quien manejara las finanzas y la contabilidad de las empresas, donde para el personal administrativo si no hay crisis, ya que ellos si cuentan con excelentes salarios”, dice un aparte del documento.

 

Igualmente los trabajadores les recuerdan a los empresarios que son ellos los responsables de la administración de las finanzas y de la contabilidad sana de sus empresas, de la misma forma que lo hacen con el disfrute de la altísima plusvalía producto de la inmisericorde explotación del trabajo de los obreros.

 

“Ustedes a los trabajadores siempre les quieren pagar son limosnas y miserias, cuando nosotros día a día con el sudor en nuestras frentes somos los que les generamos sus riquezas. Nosotros como sindicato catalogamos todos estos actos como persecución laboral”, le expresan los asalariados a los patronos en el comunicado.

 

Junta directiva de Sintrapalmas. Foto: Sintrapalmas.

 

Del mismo modo  les reclaman a los empresarios de Indupalma por haber despedido recientemente a dos obreros sin justa causa, demostrando persecución contra los trabajadores afiliados al sindicato Sintrapalmas. “Estas dos empresas dirigidas por Andrés Monsalve Cadavid, quien firma los despidos en ambas partes, no dejan duda de que Indupalma y Oro Rojo son harina de un mismo costal”, se lee en el documento.

 

Los explotados salarialmente también denunciaron que desde la llegada del nuevo jefe de producción de Oro Rojo Ltda., no ha hecho más que perseguir a los trabajadores afiliados al sindicato. Tal es la saña del jefe que en las entrevistas para recibir nuevos trabajadores les advierte que los recibe pero con la condición de no afiliarse al sindicato. 

 

“Esto lo hace con el fin de disminuir al personal sindicalizado y acabar con el sindicato. Estas prácticas son sancionables y encarcelables como lo estipula el art. 200 del Código Penal. No cabe duda que la gerencia de Oro Rojo Ltda., viene atentando y atropellando el derecho de libre asociación sindical. Exigimos respeto y garantías hacia las organizaciones sindicales”, advirtieron finalmente los sindicalistas.

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