Gobierno colombiano alcanza acuerdo definitivo con Cumbre Agraria

Por: Telesur

 

Reunión entre voceros de la Cumbre Agraria y representantes del Gobierno. Foto. Internet.

 

El acuerdo está relacionado con garantías y defensa de los DDHH. El próximo 17 de junio hay otra reunión entre las partes. El paro agrario fue suspendido.

 

El paro agrario que desde hace dos semanas realiza la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular fue suspendido luego de alcanzar un acuerdo definitivo con los ministerios del interior y de agricultura de Colombia.

 

El acuerdo prevé la instalación de una mesa temática de negociación el próximo 17 de junio en las instalaciones del ministerio del Interior en Bogotá (capital) con los ministros o viceministros de Agricultura, Interior, Ambiente y Vivienda, así como el Departamento Nacional de Planeación.

 

Según informó el Gobierno colombiano, los temas dialogados y acordados están relacionados con garantías, justicia, protección individual, paz, participación, derechos humanos, víctimas, pueblos indígenas, campesinos, comunidades afrodescendientes, medio ambiente, relación campo ciudad, entre otros.

 

El trabajo que se pueda hacer con las comunidades indígenas y campesinas nos permitirán garantizar una paz estable y duradera acabando con la desigualdad. Falta aún mucho por hacer. Queremos avanzar de manera decidida pero a la vez seria y responsable con acuerdos que se puedan cumplir", sostuvo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

 

En contexto

 

Desde el pasado 30 de mayo comenzó la Minga Agraria, Étnica y Popular, nombre con el que identificaron la protesta, en rechazo al incumplimiento del Ejecutivo de convenios suscritos luego de anteriores manifestaciones, como la huelga del sector rural en 2013.

 

Los campesinos exigen el desarrollo de proyectos productivos mediante un fondo de financiamiento pactado con la actual administración, así como la revisión de los Tratados de Libre Comercio, a los que responsabilizan con la quiebra de pequeños productores.

 

Con marchas también demandaron suspender programas mineros en sitios donde implica el desplazamiento de millares de familias.

 

Derogar la ley Zidres, por considerar que despojará de sus terrenos a cultivadores de escasos recursos, fue otra de las solicitudes de los protagonistas del paro, quienes abogaron por una distribución equitativa de la tierra, además pidieron respeto por la identidad y los criterios de los residentes en el campo colombiano. 

 

Producto de la represión de la fuerza pública durante el paro, tres indígenas murieron y más de 100 fueron heridos de gravedad en 16 municipios del país.

 

Tomado de: http://www.telesurtv.net/shows/Cumbre-Agraria-alcanza-acuerdo-definitivo-con-el-Gobierno-colombiano-20160612-0025.html.

 

Turbo, Antioquia

Empresa viola derechos de los trabajadores con la complicidad del Ministerio de Trabajo y de sindicato patronal

Por: Camilo Raigozo.

 

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, denunció ante la opinión pública los atropellos, sabotajes y violaciones contra los derechos laborales y sindicales de los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria de Colombia, Sintracol, por parte de la empresa El Convite.

 

Según la denuncia los hechos vienen ocurriendo en la finca Guadalupe, ubicada en el municipio de Turbo, zona del Urabá antioqueño.

 

Luego de terminar las etapas de negociación conforme a la ley y de tratar de  llegar a acuerdos con la empresa, los trabajadores no consiguieron que los empresarios y sus representantes les ofrecieran soluciones al pliego de peticiones, por lo que los asalariados se vieron avocados a decretar la hora cero para el inicio de una huelga general, acatando las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, CST.

 

Sin embargo la empresa, en contubernio con el sindicato patronal Sintrainagro y la complacencia de los funcionarios del Ministerio de Trabajo de Urabá, han saboteado, obstaculizado y violado este derecho constitucional, utilizando trabajadores que no son de esta finca.

 

Con la perversa estrategia los empresarios obstruyen el desarrollo de la huelga y provocan una confrontación entre los obreros huelguistas y los trabajadores que la  empresa y Sintrainagro usan para tal fin al vincularlos de forma fraudulenta.

 

Desde la negociación preliminar la empresa ha venido creando desventajas para los asalariados con el fin de debilitarlos en la negociación colectiva y la huelga. Cuando Sintracol presentó el pliego de peticiones la finca contaba con 58 trabajadores, de los cuales 33 eran afiliados suyos.

 

En el transcurso de las conversaciones y en el momento de la votación por la huelga o por el tribunal de arbitramento, la empresa había vinculado cerca de 10 trabajadores para crear la mayoría necesaria e inclinar la balanza a su favor.

 

Una vez los trabajadores votaron la huelga, la empresa decidió como estrategia sacar a vacaciones a  15 de ellos y contrató más trabajadores afiliados a Sintrainagro, saboteando así  la huelga que necesitan los trabajadores afiliados a Sintracol para conquistar sus derechos. 

 

“Hacemos un llamado a todas las organizaciones hermanas a nivel nacional e internacional para brindar toda la solidaridad a estos compañeros, a solicitar a la ministra del Trabajo,  doctora Clara López Obregón, el cumplimiento constitucional de proteger los derechos de los trabajadores y de  la organización Sindical”, finaliza la denuncia.

 

Minga Agraria

Policía asesinó a indígena y dejó heridos a otros cinco heridos en el Cauca

Por Camilo Raigozo

 

Foto: Een Dxi'j

 

En una violenta represión del régimen contra las movilizaciones de las comunidades en el marco de la minga agraria que se desarrolla en todo el país el Esmad de la Policía asesinó a un indígena y dejó heridos a otros cinco en el Cauca, según informaron medios locales.

 

Los hechos ocurrieron a las 11 de la mañana de este 2 de junio en la vía Panamericana, a la altura del corregimiento El Pital, municipio de Caldono, Cauca, cuando miembros del Esmad arremetieron violentamente contra los manifestantes acabando con la vida del indígena Gersaín Cerón y dejando a otros cinco heridos.

 

La realización del paro agrario fue decidida por las organizaciones sociales que conforman la Cumbre Agraria para reclamarle al Gobierno Nacional el cumplimiento de los compromisos pactados desde el 2013.

 

El indígena Gersaín Cerón, asesinado por el Esmad de la Policía en Cauca. Foto: @nasawala1

 

“Una vez más somos víctimas de la represión estatal ejercida por parte del gobierno nacional, ante nuestras justas exigencias”, expresa la Coordinación Nacional de Pueblos, Organizaciones y Líderes Indígenas, Conpi. 

 

Las comunidades afectadas expresaron a los medios que “Una vez más somos víctimas de la represión estatal ejercida por parte del gobierno nacional ante nuestras justas exigencias”. Asi mismo le exigieron al gobernó cesar inmediatamente la brutal represión y los asesinatos.

 

Mercados Campesinos

Peñalosa se erige como enemigo de los pequeños y medianos productores del campo

Por: Camilo Raigozo

 

Mercados Campesinos en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Foto: Notimundo.

 

Los Mercados Campesinos en Bogotá tuvieron su origen a mediados de 2004, cuando se realizó el primero de ellos en la Plaza de Bolívar por iniciativa de los mismos labriegos y sus organizaciones de los municipios de Boyacá, Meta, Tolima, Cundinamarca y Bogotá.

 

Julián Corredor, miembro de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, Fenacoa  y director de los convenios que se hacen con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá, explicó que  junto con otras seis organizaciones, entre las que están Fensuagro, Asomercal, Andas y la Fundación San Isidro, integradas a su vez en el Comité de Interlocución Campesina y Comunal, vienen jalonando el proceso de Mercados Campesinos.

 

Julián Corredor, dirigente de Mercados Campesinos. Foto: Camilo Raigozo.

 

 

La iniciativa salió de un congreso agrario de pequeños y medianos productores realizado en 2003 en el que los campesinos tomaron las políticas agrarias como tema central y desarrollaron los 14 puntos que conformaron el Mandato Agrario. Uno de esos puntos es la soberanía alimentaria y se identificó a la comercialización de los productos cómo una de las mayores dificultades que tienen los campesinos.

 

Para solucionar este problema las organizaciones campesinas iniciaron un arduo trabajo con el fin de general espacios y alternativas. Fue así como se lograron los primeros acuerdos y convenios con el entonces alcalde mayor de Bogotá Luis Eduardo Garzón.

 

Tanto en la administración de Garzón, como en la de los exalcaldes Samuel Moreno y Gustavo Petro, los Mercados Campesinos mantuvieron fluidez y lograron tener un importante desarrollo, al punto de que se implementaron en 14 puntos estratégicos en 10 localidades de la ciudad y se realizaron cada 15 días.

 

 

Mercados Campesinos dependen de la voluntad política de los alcaldes

 

 

Durante las tres administraciones mencionadas se vieron beneficiadas más de dos mil familias campesinas pequeñas y medianas productoras de la región central del país, porque por primera vez en mucho tiempo pudieron vender sus productos sin perder plata,  al lograr esquivar a una cadena de intermediarios, acaparadores y monopolistas.

 

Pequeños y medianos productores agrícolas podían asegurar la venta de sus cosechas en los Mercados Campesinos. Foto: Notimundo.

 

Con los Mercados Campesinos también se vieron beneficiadas enormemente miles de familias bogotanas que lograban adquirir los productos de la canasta familiar con precios desde un 30, hasta un 130 por ciento más baratos que los precios de los grandes supermercados y otros intermediarios.

 

Desafortunadamente desde que inició la administración del alcalde Peñalosa no se ha logrado hacer el primer Mercado Campesino en Bogotá. El nuevo gobierno de la capital colombiana no ha querido dialogar y mucho menos abrir los espacios que mantuvieron los tres anteriores burgomaestres con las organizaciones campesinas.

 

El alcalde Peñalosa quiere reemplazar a los campesinos por intermediarios, empresarios y monopolistas de la alimentación. Foto: Internet.

 

Según Julián Corredor, las organizaciones, por iniciativa de los campesinos, le hicieron llegar a la administración de Peñalosa una propuesta para la continuación de los Mercados Campesinos, pero hasta la primera semana de mayo de 2016 la alcaldía no había querido dar una respuesta. Igualmente en febrero último le solicitaron al secretario de Desarrollo Económico del Distrito una reunión para abordar el tema pero el funcionario se las ha arreglado para evadir el tema.

 

Aunque los labriegos fueron atendidos inicialmente en la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito y hubo allí una primera interlocución de la cual los altos funcionarios distritales quedaron comprometidos a que iban a estudiar las propuestas de los campesinos. Sin embargo una vez estas fueron radicadas, como en los casos anteriores, no ha habido respuesta alguna.

 

 

748 millones de pesos embolatados

 

 

A pesar de que el exalcalde Gustavo Petro dejó una partida de 748 millones de pesos para la continuidad de los Mercados Campesinos, como lo pudieron comprobar las organizaciones por intermedio de un derecho de petición a la Secretaría de Hacienda de Bogotá, la administración de Peñalosa niega tal monto y dice que solo fueron 100 millones de pesos. Además, con cierto cinismo, los funcionarios públicos respondieron que esta plata se había destinado a otros rubros, como la contratación de vigilancia para las oficinas, entre otros.

 

Miles de familias bogotanas se beneficiaban de los bajos precios y la calidad de los alimentos que ofrecen los Mercados Campesinos. Foto: Notimundo.

 

Ante la negativa del alcalde Enrique Peñalosa de oír a las comunidades campesinas de la región central, estas y sus organizaciones realizaron el pasado 5 de abril un  plantón de protesta pacífica  frente a la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito. Habían llevado una propuesta para presentársela a los funcionarios por intermedio de una comisión de cinco campesinos, pero lo que encontraron fue el cierre de las puertas de atención al público y la represión por parte de los escuadrones del Esmad.

 

En su lucha por llamar la atención del gobierno distrital y de la ciudadanía capitalina las comunidades lograron hacer un Mercado Campesino en las instalaciones del Congreso de la República en el marco de la presentación del proyecto de ley sobre los derechos de los campesinos liderado por el senador Alberto Castilla. En este acto los labriegos y sus  organizaciones   también participaron en la visibilización de todo el trabajo que vienen realizando y de la importancia de los Mercados Campesinos para el desarrollo del país.

 

Irónicamente la alcaldía de Peñalosa convocó a la realización de un “Mercado Campesino”, sin campesinos, para el 24 de junio de 2016 en la Plaza de Bolívar. Según Julián Corredor este “Mercado Campesino” lo van a realizar a través de negociantes y empresarios privados, en el que priman los intereses de estos, por encima de los derechos de los medianos y pequeños productores del campo de poder comercializar sus productos sin intermediarios, así como los derechos de los bogotanos que se verán privados de la posibilidad de poder adquirir sus alimentos a precios justos.

 

Señalizaciones de la Alcaldía y la prensa

 

 

Finalmente el dirigente Julián Corredor denunció que mientras la alcaldía de Peñalosa les ha dado la espalda a los campesinos para ayudarles a comercializar sus productos en Bogotá, su administración ha hecho señalamientos temerarios contra algunas organizaciones agrarias, como Fensuagro, al acusarlas de tener vínculos con la insurgencia de las FARC EP y de escudarse en ello para desoír al campesinado.

 

Los bogotanos se verán privados de comer y degustar barato los productos de los diversos municipios gracias a la animadversión del alcalde Peñalosa con los campesinsos. Foto: Notimundo.

 

En el mismo sentido Corredor calificó de falaces las afirmaciones del diario El Espectador en las que acusa a las organizaciones que realizan los Mercados Campesinos de dar malos manejos de los recursos económicos y de contratar personal no idóneo para la ejecución de los convenios.

 

“No es cierto lo que han insinuado de que las organizaciones campesinas no son idóneas para el tema de la contratación, cuando la verdad tenemos un alto nivel organizativo y una capacidad técnica para el desarrollo y la administración de convenios interadministrativos entre la Alcaldía y las organizaciones campesinas y sobre todo para el buen desarrollo de los proyectos. 

 

“En este caso la mayoría de recursos se utilizaron para las operaciones logísticas del mercado, como el alquiler de carpas, sillas, el desarrollo de los mismos mercados, para la promoción y la publicidad. No se malgastaron los recursos en otras actividades, ni siquiera para ponerles transporte a los campesinos para que trasladaran sus productos”, Enfatizó finalmente Julián Corredor a Unidad Agraria.

 

“Llegaron con lista en mano. Dijeron que estaban buscando a unos ocho campesinos para asesinarlos”

 

 

Líderes locales y organizaciones de derechos humanos denuncian el resurgimiento paramilitar en el país. Por otro lado, según el gobierno colombiano, el paramilitarismo está siendo reemplazado por bandas criminales (Bacrim). El futuro del paramilitarismo en Colombia constituye una cuestión clave para la firma de futuros acuerdos de paz.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Victima de la estrategia militar-paramilitar. Foto: Internet.

 

La Comunidad de Paz San José de Apartadó fue fundada en 1997 con la visión de una sociedad pacífica, civil y políticamente neutral en la conflictiva región de Urabá. Los habitantes son refugiados de las zonas circundantes. La mayoría de ellos se dedican al cultivo de plátano, cacao, frijol y frutas para su propio consumo.

 

El fundador Bartolomé Castaño Vallejo, que también fue concejal de su municipio por el partido Unión Patriótica, fue asesinado un año antes de la inauguración del pueblo. El asesinato ocurrió meses después de que Bartolomé apoyara el éxodo de los campesinos locales hacia el coliseo municipal, para denunciar la violencia que sufrieron sistemáticamente en el fuego cruzado de la guerra.

 

Desde entonces, los residentes viven en constante temor de todos los grupos armados. Hoy el mayor temor lo constituyen los paramilitares. Un ejemplo de lo anterior son las declaraciones del habitante de San José de Apartadó, Arley Tuberquia, que en noviembre de 2015 señalaba lo siguiente al portal Verdad Abierta:

 

“Llegaron con lista en mano. Dijeron que estaban buscando a unos ocho campesinos para asesinarlos. Tres de ellos son miembros de la Comunidad de Paz.

 

“Dijeron también que si la guerrilla los atacaba, si les mataban un miembro de ellos, pues que ellos asesinarían cinco habitantes de la región. Que sus intenciones eran claras: recuperar la serranía de Abibe, que los que quisieran trabajar con ellos, bien, los que no, se podían ir de la zona” (1).

 

Comunidad adolorida por la Masacre de San José de Apartadó perpetrada por militares y paramilitares el 21 de febrero de 2005. Foto: Internet.

 

San José de Apartadó es una de las comunidades colombianas que vive la ofensiva actual del paramilitarismo. A finales de abril de 2016 la Asociación Campesina de San José de Apartadó (Acasa) publicó un comunicado donde denunció el desplazamiento forzado que está sufriendo la población nuevamente (2).

 

Clave de los acuerdos de paz

 

 El paramilitarismo, según diversas fuentes, es de importancia clave en los diálogos actuales entre el gobierno colombiano y las FARC.

 

Desde el principio de las negociaciones, las FARC han dicho que no van a abandonar las armas antes de que exista un acuerdo para el desmantelamiento del paramilitarismo. En la memoria fresca de la guerrilla aún están los asesinatos de la Unión Patriótica durante los 80 (3).

 

Enrique Santiago, asesor jurídico de la delegación de las FARC-EP en los Diálogos de Paz de La Habana, declaró al medio digital Diagonal Periódico: 

 

“Para las FARC firmar el Acuerdo de Paz sin que esté cerrado un acuerdo para el desmantelamiento del paramilitarismo es como ponerle el pecho a una inevitable muerte” (4).

 

Santiago también señaló:

 

“Es algo (el acuerdo) que al Gobierno le está costando mucho, de hecho, se han intercambiado ya 29 borradores, lo que llama la atención porque son demasiados. El Gobierno es siempre muy reacio, encuentra una excusa para no concretar los contenidos de ese acuerdo.

 

“El Estado debe reconocer que el paramilitarismo existe en Colombia para poder llegar a un acuerdo de paz, fue el mensaje concluyente de Enrique Santiago en la entrevista, después de que el gobierno anunciara la extensión de los diálogos en abril pasado”.

 

¿Bandas criminales?

 

Antes de terminar su mandato de terror Álvaro Uribe determinó que ya no eran paramilitares, sino "Bandas criminales". Foto: Internet.

 

En San José de Apartadó las bandas criminales dicen que pertenecen al ”Clan Úsuga”, pero en la ya referida entrevista de Verdad Abierta, Arley Tuberquia también declaró:

 

“Decimos ‘paramilitares’ porque son los mismos que siempre han estado en la zona. Se desmovilizaron unos pocos, pero los principales cabecillas siguieron y son los que hoy tienen intimidada a la comunidad”.

 

La funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de Fensuagro, Viviana Morán Castañeda, comentó que las organizaciones de derechos humanos no están de acuerdo con la posición del gobierno, de que los paramilitares están siendo reemplazados por bandas criminales.

 

“Los miembros y actividades de dichas bandas son equivalentes a los de grupos paramilitares. Sin embargo, eso es muy difícil de investigar, porque el paramilitarismo tiene fuertes vínculos con el poder”, declaró.

 

Cuando los enjuiciamientos a los cabecillas paramilitares, condenados durante el proceso de desmovilización de los ‘paras’ 2003-2006, comenzaron a llegar a su fin en 2014, hubo temor (5) de que estos fueran a incurrir nuevamente en su accionar delictivo y conformaran nuevos grupos criminales.

 

Viviana Morán indicó que estos temores se hicieron realidad: 

 

“Antes de que los criminales fueran liberados, comenzaron las amenazas desde las cárceles hacia líderes de izquierda. El aumento de violaciones de derechos humanos contra los líderes de movimientos sociales que hemos visto durante los últimos meses, coincide con las liberaciones”.

 

En las supuestas desmovilizaciones los 'paras' entregaron armas viejas, oxidadas e inservibles, como lo muestra la gráfica. ¿Donde están las verdaderas?. Foto: Internet

 

Para el dirigente de Fensuagro, Eberto Díaz, se ha visto un resurgimiento del paramilitarismo en muchos municipios y agregó:

 

“En 40 años, Fensuagro ha sufrido casi 1.800 asesinatos de sus miembros. Estos crímenes son cometidos por grupos paramilitares, al servicio de grupos estatales y el capital nacional e internacional”.

 

Una nueva fase de paramilitarismo

 

El 5 de abril 2016 seis organizaciones de derechos humanos interpusieron una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que llamaron una Nueva Fase del paramilitarismo. Las organizaciones hicieron referencia al paro armado, organizado por el “Clan Úsuga”, ocurrido una semana antes en 36 municipios del país.

 

El 15 de abril, la CIDH exigió al estado colombiano cumplir con su deber de desarticular este tipo de fuerzas ilegales y combatir cualquier vestigio de impunidad. El relator para Colombia, José de Jesús Orozco, se refirió al “Clan Úsuga” y grupos similares como “grupos armados ilegales que se identifican como estructuras sucedáneas del paramilitarismo”.

 

Se puede interpretar como un híbrido entre la definición entregada por el gobierno (”bandas criminales” o ”Bacrim”) y las organizaciones paramilitares (6).

 

Una semana después de las audiencias de la CIDH, la revista Semana publicó un artículo llamado “El informe que indica que la parapolítica no es cosa del pasado”. En dicho informe, la Procuraduría General de la Nación reveló registros de 519 procesos disciplinarios por vínculos entre funcionarios públicos con los nuevos grupos paramilitares desde 2006 (7).

 

Tales enlaces pueden explicar por qué líderes locales que tratan de llamar la atención sobre los abusos paramilitares aún se silencian con medidas legales.

 

Según El Espectador, seis líderes comunitarios de San José de Apartadó han sido detenidos por las autoridades desde 2015. Las acusaciones han sido por rebelión, narcotráfico y terrorismo. Todos eran reconocidos en la comunidad por liderar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos por parte del Ejército y grupos paramilitares. Según Acasa, otras 20 órdenes de captura han sido comunicadas por parte de las autoridades.

 

Enrique Santiago afirmó que la naturaleza de la parapolítica, implica que el desmantelamiento del paramiliatarismo será un proceso largo e institucional: 

 

“En el supuesto de que el Estado estuviera dispuesto a combatir el paramilitarismo, se trata de una realidad tan estructural en Colombia que no se va a desmantelar ni en un mes, ni en un año, ni en dos. Eso es evidente”.

Más artículos...