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Sáb, Abr
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Mercados Campesinos

Peñalosa se erige como enemigo de los pequeños y medianos productores del campo

Por: Camilo Raigozo

 

Mercados Campesinos en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Foto: Notimundo.

 

Los Mercados Campesinos en Bogotá tuvieron su origen a mediados de 2004, cuando se realizó el primero de ellos en la Plaza de Bolívar por iniciativa de los mismos labriegos y sus organizaciones de los municipios de Boyacá, Meta, Tolima, Cundinamarca y Bogotá.

 

Julián Corredor, miembro de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, Fenacoa  y director de los convenios que se hacen con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá, explicó que  junto con otras seis organizaciones, entre las que están Fensuagro, Asomercal, Andas y la Fundación San Isidro, integradas a su vez en el Comité de Interlocución Campesina y Comunal, vienen jalonando el proceso de Mercados Campesinos.

 

Julián Corredor, dirigente de Mercados Campesinos. Foto: Camilo Raigozo.

 

 

La iniciativa salió de un congreso agrario de pequeños y medianos productores realizado en 2003 en el que los campesinos tomaron las políticas agrarias como tema central y desarrollaron los 14 puntos que conformaron el Mandato Agrario. Uno de esos puntos es la soberanía alimentaria y se identificó a la comercialización de los productos cómo una de las mayores dificultades que tienen los campesinos.

 

Para solucionar este problema las organizaciones campesinas iniciaron un arduo trabajo con el fin de general espacios y alternativas. Fue así como se lograron los primeros acuerdos y convenios con el entonces alcalde mayor de Bogotá Luis Eduardo Garzón.

 

Tanto en la administración de Garzón, como en la de los exalcaldes Samuel Moreno y Gustavo Petro, los Mercados Campesinos mantuvieron fluidez y lograron tener un importante desarrollo, al punto de que se implementaron en 14 puntos estratégicos en 10 localidades de la ciudad y se realizaron cada 15 días.

 

 

Mercados Campesinos dependen de la voluntad política de los alcaldes

 

 

Durante las tres administraciones mencionadas se vieron beneficiadas más de dos mil familias campesinas pequeñas y medianas productoras de la región central del país, porque por primera vez en mucho tiempo pudieron vender sus productos sin perder plata,  al lograr esquivar a una cadena de intermediarios, acaparadores y monopolistas.

 

Pequeños y medianos productores agrícolas podían asegurar la venta de sus cosechas en los Mercados Campesinos. Foto: Notimundo.

 

Con los Mercados Campesinos también se vieron beneficiadas enormemente miles de familias bogotanas que lograban adquirir los productos de la canasta familiar con precios desde un 30, hasta un 130 por ciento más baratos que los precios de los grandes supermercados y otros intermediarios.

 

Desafortunadamente desde que inició la administración del alcalde Peñalosa no se ha logrado hacer el primer Mercado Campesino en Bogotá. El nuevo gobierno de la capital colombiana no ha querido dialogar y mucho menos abrir los espacios que mantuvieron los tres anteriores burgomaestres con las organizaciones campesinas.

 

El alcalde Peñalosa quiere reemplazar a los campesinos por intermediarios, empresarios y monopolistas de la alimentación. Foto: Internet.

 

Según Julián Corredor, las organizaciones, por iniciativa de los campesinos, le hicieron llegar a la administración de Peñalosa una propuesta para la continuación de los Mercados Campesinos, pero hasta la primera semana de mayo de 2016 la alcaldía no había querido dar una respuesta. Igualmente en febrero último le solicitaron al secretario de Desarrollo Económico del Distrito una reunión para abordar el tema pero el funcionario se las ha arreglado para evadir el tema.

 

Aunque los labriegos fueron atendidos inicialmente en la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito y hubo allí una primera interlocución de la cual los altos funcionarios distritales quedaron comprometidos a que iban a estudiar las propuestas de los campesinos. Sin embargo una vez estas fueron radicadas, como en los casos anteriores, no ha habido respuesta alguna.

 

 

748 millones de pesos embolatados

 

 

A pesar de que el exalcalde Gustavo Petro dejó una partida de 748 millones de pesos para la continuidad de los Mercados Campesinos, como lo pudieron comprobar las organizaciones por intermedio de un derecho de petición a la Secretaría de Hacienda de Bogotá, la administración de Peñalosa niega tal monto y dice que solo fueron 100 millones de pesos. Además, con cierto cinismo, los funcionarios públicos respondieron que esta plata se había destinado a otros rubros, como la contratación de vigilancia para las oficinas, entre otros.

 

Miles de familias bogotanas se beneficiaban de los bajos precios y la calidad de los alimentos que ofrecen los Mercados Campesinos. Foto: Notimundo.

 

Ante la negativa del alcalde Enrique Peñalosa de oír a las comunidades campesinas de la región central, estas y sus organizaciones realizaron el pasado 5 de abril un  plantón de protesta pacífica  frente a la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito. Habían llevado una propuesta para presentársela a los funcionarios por intermedio de una comisión de cinco campesinos, pero lo que encontraron fue el cierre de las puertas de atención al público y la represión por parte de los escuadrones del Esmad.

 

En su lucha por llamar la atención del gobierno distrital y de la ciudadanía capitalina las comunidades lograron hacer un Mercado Campesino en las instalaciones del Congreso de la República en el marco de la presentación del proyecto de ley sobre los derechos de los campesinos liderado por el senador Alberto Castilla. En este acto los labriegos y sus  organizaciones   también participaron en la visibilización de todo el trabajo que vienen realizando y de la importancia de los Mercados Campesinos para el desarrollo del país.

 

Irónicamente la alcaldía de Peñalosa convocó a la realización de un “Mercado Campesino”, sin campesinos, para el 24 de junio de 2016 en la Plaza de Bolívar. Según Julián Corredor este “Mercado Campesino” lo van a realizar a través de negociantes y empresarios privados, en el que priman los intereses de estos, por encima de los derechos de los medianos y pequeños productores del campo de poder comercializar sus productos sin intermediarios, así como los derechos de los bogotanos que se verán privados de la posibilidad de poder adquirir sus alimentos a precios justos.

 

Señalizaciones de la Alcaldía y la prensa

 

 

Finalmente el dirigente Julián Corredor denunció que mientras la alcaldía de Peñalosa les ha dado la espalda a los campesinos para ayudarles a comercializar sus productos en Bogotá, su administración ha hecho señalamientos temerarios contra algunas organizaciones agrarias, como Fensuagro, al acusarlas de tener vínculos con la insurgencia de las FARC EP y de escudarse en ello para desoír al campesinado.

 

Los bogotanos se verán privados de comer y degustar barato los productos de los diversos municipios gracias a la animadversión del alcalde Peñalosa con los campesinsos. Foto: Notimundo.

 

En el mismo sentido Corredor calificó de falaces las afirmaciones del diario El Espectador en las que acusa a las organizaciones que realizan los Mercados Campesinos de dar malos manejos de los recursos económicos y de contratar personal no idóneo para la ejecución de los convenios.

 

“No es cierto lo que han insinuado de que las organizaciones campesinas no son idóneas para el tema de la contratación, cuando la verdad tenemos un alto nivel organizativo y una capacidad técnica para el desarrollo y la administración de convenios interadministrativos entre la Alcaldía y las organizaciones campesinas y sobre todo para el buen desarrollo de los proyectos. 

 

“En este caso la mayoría de recursos se utilizaron para las operaciones logísticas del mercado, como el alquiler de carpas, sillas, el desarrollo de los mismos mercados, para la promoción y la publicidad. No se malgastaron los recursos en otras actividades, ni siquiera para ponerles transporte a los campesinos para que trasladaran sus productos”, Enfatizó finalmente Julián Corredor a Unidad Agraria.

 

Minga Agraria

Policía asesinó a indígena y dejó heridos a otros cinco heridos en el Cauca

Por Camilo Raigozo

 

Foto: Een Dxi'j

 

En una violenta represión del régimen contra las movilizaciones de las comunidades en el marco de la minga agraria que se desarrolla en todo el país el Esmad de la Policía asesinó a un indígena y dejó heridos a otros cinco en el Cauca, según informaron medios locales.

 

Los hechos ocurrieron a las 11 de la mañana de este 2 de junio en la vía Panamericana, a la altura del corregimiento El Pital, municipio de Caldono, Cauca, cuando miembros del Esmad arremetieron violentamente contra los manifestantes acabando con la vida del indígena Gersaín Cerón y dejando a otros cinco heridos.

 

La realización del paro agrario fue decidida por las organizaciones sociales que conforman la Cumbre Agraria para reclamarle al Gobierno Nacional el cumplimiento de los compromisos pactados desde el 2013.

 

El indígena Gersaín Cerón, asesinado por el Esmad de la Policía en Cauca. Foto: @nasawala1

 

“Una vez más somos víctimas de la represión estatal ejercida por parte del gobierno nacional, ante nuestras justas exigencias”, expresa la Coordinación Nacional de Pueblos, Organizaciones y Líderes Indígenas, Conpi. 

 

Las comunidades afectadas expresaron a los medios que “Una vez más somos víctimas de la represión estatal ejercida por parte del gobierno nacional ante nuestras justas exigencias”. Asi mismo le exigieron al gobernó cesar inmediatamente la brutal represión y los asesinatos.

 

Minga Nacional

La Minga Nacional va hasta que el gobierno tramite una ley que ponga fin a las penalidades de las comunidades rurales: Eberto Díaz, Fensuagro

Por: Camilo Raigozo

 

El presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, Eberto Díaz, hizo estas afirmaciones en el marco de la Minga Nacional que se viene desarrollando desde el pasado 30 de mayo en todo el país. A continuación las respuestas de Díaz a los interrogantes de la oficina de prensa el 1 de junio de 2016.

 

Ver entrevista: 

 

¿Cuál es la participación de Fensuagro y cómo ve  el desarrollo de la protesta?

 

Nosotros hacemos parte de la Cumbre Agraria quién ha sido la convocante a la movilización del paro agrario nacional, el cual se está llevando a cabo desde el pasado 30 de mayo y hasta el momento cuenta con más de 70 mil personas que se encuentran movilizadas en 27 departamentos del país.

 

Fensuagro ha venido participando junto con las otras organizaciones sociales que hacemos parte de la Cumbre Agraria, en la puesta en marcha de todas estas acciones que se vienen desarrollando a nivel nacional, cómo consecuencias de las políticas que vienen afectando a los campesinos, cómo lo denunciamos desde el 2013, con las políticas que afectan al campo y por lo tanto necesita resolverse para dar fin a ese conflicto tan largo que padece el país.

 

Nuestra federación apoya y participa en el Paro Nacional Agrario Étnico y Popular convocado por la Cumbre Agraria, porque el gobierno no ha dado respuestas a los ocho puntos que presentó la Cumbre Agraria en el 2014.

 

Estos tienen que ver con la solución concreta a los grandes problemas que vive el campo, que necesariamente pasan por decisiones políticas cómo la construcción de una política agraria con una reforma agraria, democrática, integral, participativa, que les permita a los campesinos tener acceso a la propiedad de la tierra, pero también acceso a los medios complementarios, para que esa reforma agraria sea efectivamente acorde a las necesidades que viven los campesinos.

 

¿Cuáles son los objetivos más próximos  del paro agrario?

 

Uno de los objetivos es decirle al gobierno que no puede seguir dilatando las soluciones a las exigencias que se le han hecho desde la Cumbre Agraria los campesino y las organizaciones, entre estas Fensuagro y en general del movimiento popular del mundo rural en Colombia; para que le de salida a la crisis que vive el campo colombiano en materia de créditos, comercialización, infraestructura, dotación de tierras, reconocimiento a las organizaciones agrarias, respeto a los derechos humanos y reconocimiento a las mujeres y a los jóvenes del campo.

 

Otros objetivos es que el gobierno le ponga fin a todas las políticas que agravan la crisis ambiental, que agravan el desplazamiento y las violaciones a los derechos humanos, en beneficio de la implementación de megaproyectos en los territorios, sin consulta previa  con los pueblos indígenas, afros y campesinos.

 

Toda esta crisis se ha ido acumulando y hoy las comunidades afectadas, a través de la Cumbre Agraria han decidido movilizarse para exigirle al gobierno que ahora le corresponde cumplir. Qué este no es el momento de la distorsión, ni de seguir dilatando una negociación, sino que tiene que concretar políticas, leyes y política pública de desarrollo rural, que vayan de la mano con la participación plena de los indígenas, de los afros y campesinos.

 

¿Con dos días del paro por qué cree usted que el gobierno no ha querido solucionar los problemas a tiempo antes de que estos se agraven?

 

El gobierno siempre ha tenido oídos sordos a las demandas de los sectores rurales. No hay que olvidar que en el 2013 quiso desconocer el paro e hizo famosa la frase de que “el tal paro no existe”. El gobierno está justificando la represión y está justificando el no cumplimiento con las organizaciones que conformamos la Cumbre Agraria.

 

Esa justificación está basada también en el olvido histórico, porque el Estado no ha tenido una política consecuente con la defensa de la soberanía alimentaria, con la defensa de una reforma agraria incluyente y con la defensa de políticas que permitan el fortalecimiento general de la economía campesina, que permita el fortalecimiento de los pueblos indígenas, que permita el fortalecimiento de los pueblos negros y en general que permitan el fortalecimiento de las zonas de reserva campesina. Esa política de olvido es lo que está causando que los campesinos también se levanten.

 

Cómo lo ha dicho el DANE en sus recientes estadísticas, la pobreza en el campo sigue teniendo un peso contundente, pues más del 50 por ciento de los pobres en el país viven en el campo. La indigencia en el campo cada día crece más como consecuencia de las políticas que prefieren que los recursos del Estado vayan a los grandes negocios y no al apoyo de la economía campesina.

 

Por eso nosotros estamos exigiendo con justa causa la salida a la crisis del sector agropecuario y la inclusión social de la población campesina que históricamente ha sido olvidada pero que además ha sido violentada en todos sus derechos.

 

¿Cuáles son los planes de la Cumbre Agraria para los próximos días de paro?

 

Hemos dicho desde la Cumbre Agraria Indígena Campesina y Popular que esta es una movilización permanente, un paro indefinido. En la medida en que vayan pasando los días esa movilización se irá fortaleciendo con la adhesión de nuevas fuerzas sociales, gremiales, políticas, campesinas, sindicales, estudiantiles, étnicas y populares que van a enriquecer la movilización.

 

Esta es una movilización con mucha iniciativa de los indígenas, campesinos, afros y demás sectores, porque son creativos a la hora de movilizarse. No pretendemos hostigar  con nuestra movilización el paso de la sociedad civil en las carreteras, pero si pretendemos llamar la atención del Gobierno Nacional, de que hay un pueblo que está movilizado.

 

Qué las comunidades campesinas, indígenas, afros y demás sectores populares que acompañan la Minga Agraria, esta movilizado en todo el territorio nacional. Qué esta movilización es para también decirle al gobierno que a pesar de que insiste en afirmar que el modelo de desarrollo económico no está en discusión, los campesinos sentimos que para que haya plena democracia y plena inclusión social de las comunidades rurales, el modelo tiene que revaluarse y modificarse para democratizar la riqueza y no la apropiación de la riqueza en pocas manos como hasta ahora ha venido ocurriendo en el país.

 

¿Que debe ocurrir para dar fin a la protesta?

 

Lo primero es que el gobierno atienda de manera inmediata las exigencias que han venido haciendo la Cumbre Agraria y la Minga Agraria. Eso significa que el gobierno se siente de manera inmediata, lo cual no significa que los campesinos, indígenas y afros, que hoy están en las carreteras y en las calles, regresen a sus parcelas y a sus casas.

 

Las comunidades que hoy están en la movilización regresarán a sus parcelas cuando el gobierno definitivamente decida tramitar una ley orgánica de urgencia en el Congreso de la República para poder incluir las exigencias que las comunidades rurales han venido haciendo históricamente y que ahora a través de acciones de hecho siguen reclamando.

 

¿Qué mensaje les manda a las comunidades que ya están movilizadas y en general al pueblo colombiano? 

 

El primer mensaje es que la dirigencia de la Cumbre Agraria está en pie de lucha con los miles de campesinos, indígenas y afros que están en las carreteras, en las vías, en las cabeceras municipales en 27 departamentos, exigiendo que el gobierno le cumpla a la Cumbre Agraria.

 

El mensaje a  la sociedad colombiana es que acompañe a los campesinos, que son los productores de los alimentos en este país y que los campesinos son necesarios para construir una sociedad democrática.

 

Por eso nuestro llamado es a ejercer la solidaridad  desde el movimiento obrero, estudiantil e intelectual. Desde los citadinos que habitan las grandes ciudades como Bogotá, para que acompañen a las comunidades rurales en sus luchas para darle una salida definitiva a la crisis que padece el sector agrario.

 

También alzar nuestra voz de protesta contra la profundización de ese modelo neoliberal que hoy afecta a millones de compatriotas y a miles de trabajadores. Contra la posible venta de la ETB en Bogotá, contra la privatización de la salud y la privatización de la política social en general, porque todo esto está para favorecer únicamente a los monopolios y grandes capitales nacionales y transnacionales. 

 

Entonces nuestro llamado es a la movilización, a manifestarnos de tal manera que podamos exigirle al gobierno un gran acuerdo nacional donde logremos hacer un plan de desarrollo a favor de todos los colombianos. Un modelo de desarrollo incluyente, que permita que se consolide el proceso de paz que se está llevando en La Habana y el que próximamente se va a abrir con el ELN.

 

“Llegaron con lista en mano. Dijeron que estaban buscando a unos ocho campesinos para asesinarlos”

 

 

Líderes locales y organizaciones de derechos humanos denuncian el resurgimiento paramilitar en el país. Por otro lado, según el gobierno colombiano, el paramilitarismo está siendo reemplazado por bandas criminales (Bacrim). El futuro del paramilitarismo en Colombia constituye una cuestión clave para la firma de futuros acuerdos de paz.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Victima de la estrategia militar-paramilitar. Foto: Internet.

 

La Comunidad de Paz San José de Apartadó fue fundada en 1997 con la visión de una sociedad pacífica, civil y políticamente neutral en la conflictiva región de Urabá. Los habitantes son refugiados de las zonas circundantes. La mayoría de ellos se dedican al cultivo de plátano, cacao, frijol y frutas para su propio consumo.

 

El fundador Bartolomé Castaño Vallejo, que también fue concejal de su municipio por el partido Unión Patriótica, fue asesinado un año antes de la inauguración del pueblo. El asesinato ocurrió meses después de que Bartolomé apoyara el éxodo de los campesinos locales hacia el coliseo municipal, para denunciar la violencia que sufrieron sistemáticamente en el fuego cruzado de la guerra.

 

Desde entonces, los residentes viven en constante temor de todos los grupos armados. Hoy el mayor temor lo constituyen los paramilitares. Un ejemplo de lo anterior son las declaraciones del habitante de San José de Apartadó, Arley Tuberquia, que en noviembre de 2015 señalaba lo siguiente al portal Verdad Abierta:

 

“Llegaron con lista en mano. Dijeron que estaban buscando a unos ocho campesinos para asesinarlos. Tres de ellos son miembros de la Comunidad de Paz.

 

“Dijeron también que si la guerrilla los atacaba, si les mataban un miembro de ellos, pues que ellos asesinarían cinco habitantes de la región. Que sus intenciones eran claras: recuperar la serranía de Abibe, que los que quisieran trabajar con ellos, bien, los que no, se podían ir de la zona” (1).

 

Comunidad adolorida por la Masacre de San José de Apartadó perpetrada por militares y paramilitares el 21 de febrero de 2005. Foto: Internet.

 

San José de Apartadó es una de las comunidades colombianas que vive la ofensiva actual del paramilitarismo. A finales de abril de 2016 la Asociación Campesina de San José de Apartadó (Acasa) publicó un comunicado donde denunció el desplazamiento forzado que está sufriendo la población nuevamente (2).

 

Clave de los acuerdos de paz

 

 El paramilitarismo, según diversas fuentes, es de importancia clave en los diálogos actuales entre el gobierno colombiano y las FARC.

 

Desde el principio de las negociaciones, las FARC han dicho que no van a abandonar las armas antes de que exista un acuerdo para el desmantelamiento del paramilitarismo. En la memoria fresca de la guerrilla aún están los asesinatos de la Unión Patriótica durante los 80 (3).

 

Enrique Santiago, asesor jurídico de la delegación de las FARC-EP en los Diálogos de Paz de La Habana, declaró al medio digital Diagonal Periódico: 

 

“Para las FARC firmar el Acuerdo de Paz sin que esté cerrado un acuerdo para el desmantelamiento del paramilitarismo es como ponerle el pecho a una inevitable muerte” (4).

 

Santiago también señaló:

 

“Es algo (el acuerdo) que al Gobierno le está costando mucho, de hecho, se han intercambiado ya 29 borradores, lo que llama la atención porque son demasiados. El Gobierno es siempre muy reacio, encuentra una excusa para no concretar los contenidos de ese acuerdo.

 

“El Estado debe reconocer que el paramilitarismo existe en Colombia para poder llegar a un acuerdo de paz, fue el mensaje concluyente de Enrique Santiago en la entrevista, después de que el gobierno anunciara la extensión de los diálogos en abril pasado”.

 

¿Bandas criminales?

 

Antes de terminar su mandato de terror Álvaro Uribe determinó que ya no eran paramilitares, sino "Bandas criminales". Foto: Internet.

 

En San José de Apartadó las bandas criminales dicen que pertenecen al ”Clan Úsuga”, pero en la ya referida entrevista de Verdad Abierta, Arley Tuberquia también declaró:

 

“Decimos ‘paramilitares’ porque son los mismos que siempre han estado en la zona. Se desmovilizaron unos pocos, pero los principales cabecillas siguieron y son los que hoy tienen intimidada a la comunidad”.

 

La funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de Fensuagro, Viviana Morán Castañeda, comentó que las organizaciones de derechos humanos no están de acuerdo con la posición del gobierno, de que los paramilitares están siendo reemplazados por bandas criminales.

 

“Los miembros y actividades de dichas bandas son equivalentes a los de grupos paramilitares. Sin embargo, eso es muy difícil de investigar, porque el paramilitarismo tiene fuertes vínculos con el poder”, declaró.

 

Cuando los enjuiciamientos a los cabecillas paramilitares, condenados durante el proceso de desmovilización de los ‘paras’ 2003-2006, comenzaron a llegar a su fin en 2014, hubo temor (5) de que estos fueran a incurrir nuevamente en su accionar delictivo y conformaran nuevos grupos criminales.

 

Viviana Morán indicó que estos temores se hicieron realidad: 

 

“Antes de que los criminales fueran liberados, comenzaron las amenazas desde las cárceles hacia líderes de izquierda. El aumento de violaciones de derechos humanos contra los líderes de movimientos sociales que hemos visto durante los últimos meses, coincide con las liberaciones”.

 

En las supuestas desmovilizaciones los 'paras' entregaron armas viejas, oxidadas e inservibles, como lo muestra la gráfica. ¿Donde están las verdaderas?. Foto: Internet

 

Para el dirigente de Fensuagro, Eberto Díaz, se ha visto un resurgimiento del paramilitarismo en muchos municipios y agregó:

 

“En 40 años, Fensuagro ha sufrido casi 1.800 asesinatos de sus miembros. Estos crímenes son cometidos por grupos paramilitares, al servicio de grupos estatales y el capital nacional e internacional”.

 

Una nueva fase de paramilitarismo

 

El 5 de abril 2016 seis organizaciones de derechos humanos interpusieron una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que llamaron una Nueva Fase del paramilitarismo. Las organizaciones hicieron referencia al paro armado, organizado por el “Clan Úsuga”, ocurrido una semana antes en 36 municipios del país.

 

El 15 de abril, la CIDH exigió al estado colombiano cumplir con su deber de desarticular este tipo de fuerzas ilegales y combatir cualquier vestigio de impunidad. El relator para Colombia, José de Jesús Orozco, se refirió al “Clan Úsuga” y grupos similares como “grupos armados ilegales que se identifican como estructuras sucedáneas del paramilitarismo”.

 

Se puede interpretar como un híbrido entre la definición entregada por el gobierno (”bandas criminales” o ”Bacrim”) y las organizaciones paramilitares (6).

 

Una semana después de las audiencias de la CIDH, la revista Semana publicó un artículo llamado “El informe que indica que la parapolítica no es cosa del pasado”. En dicho informe, la Procuraduría General de la Nación reveló registros de 519 procesos disciplinarios por vínculos entre funcionarios públicos con los nuevos grupos paramilitares desde 2006 (7).

 

Tales enlaces pueden explicar por qué líderes locales que tratan de llamar la atención sobre los abusos paramilitares aún se silencian con medidas legales.

 

Según El Espectador, seis líderes comunitarios de San José de Apartadó han sido detenidos por las autoridades desde 2015. Las acusaciones han sido por rebelión, narcotráfico y terrorismo. Todos eran reconocidos en la comunidad por liderar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos por parte del Ejército y grupos paramilitares. Según Acasa, otras 20 órdenes de captura han sido comunicadas por parte de las autoridades.

 

Enrique Santiago afirmó que la naturaleza de la parapolítica, implica que el desmantelamiento del paramiliatarismo será un proceso largo e institucional: 

 

“En el supuesto de que el Estado estuviera dispuesto a combatir el paramilitarismo, se trata de una realidad tan estructural en Colombia que no se va a desmantelar ni en un mes, ni en un año, ni en dos. Eso es evidente”.

 

 
Con éxito se mantiene la Minga Agraria, Campesina, étnica y popular
 
A continuación transcribimos en su integridad un reporte completo del Equipo Jurídico de los Pueblos sobre los acontecimientos de la Minga el 30 de mayo de 2016 en el nororiente del país:
 
 
Inspirados y animados por la justeza de las razones de la Minga Agraria, campesina, étnica y popular, las comunidades y procesos populares se encuentran apostados, resistiendo en las carreteras del Nororiente Colombiano.
 
 
 
En Lebrija.
 
En Ruta del Sol.
 
Por su parte, el Estado, lejos de considerar la protesta como fundamento básico de la democracia, persiste en su discurso deslegitimador del movimiento social y a través de falacias, pretende sin conseguir éxito, mostrarse sin deuda con las grandes mayorías de este país, cuyos territorios y en general, sus derechos, los sortea al mejor postor.
 
Pancartas en la carretera de Lebrija.
 
Aun cuando cada hecho de sabotaje, inteligencia ilegal, intimidación, estigmatización y provocación de autoridades civiles y militares de las distintas regiones del país, han sido informadas al gobierno nacional, estas prácticas, en el Nororiente, al igual que en otras zonas del territorio Colombiano donde se desarrolla la gran Minga Agraria, Campesina, étnica y popular, se mantienen incólumes.
 
Hace presencia en San Gil el Ejército Nacional de Colombia.
 
A los lugares de concentración de los distintos sectores populares que se han movilizado, han arribado efectivos de la Policía y la Sijin, lo mismo que del Ejército Nacional, aunque legalmente no tienen competencia alguna para hacer frente a este tipo de situaciones.
 
 
Miembros del ejército interrogan a los manifestantes.
 
-En la Lizama de Santander, aproximadamente a las 7:30 pm, se acercaron dos patrullas de la Policía que se desplazaban en motocicletas e instalaron un artefacto o dispositivo que al parecer bloquea la señal de comunicación, pues de ese momento se empezaron a presentar dificultades para el envío y recepción de información.
 
Hacia las 9:00 pm, arribaron al sitio de concentración de la Minga, cerca de 30 efectivos del ESMAD, ubicándose inicialmente cerca al centro de acopio y pretendiendo en actitud agresiva y provocadora dirigirse al lugar donde se encontraba ubicada una parte de las comunidades. 
 
 
 
Luego procedieron a rodear todo el lugar e informaron a los delegados para los derechos humanos de la Minga, que tenían orden de desalojo y que por tanto procederían esa noche a sacar a todos los manifestantes.
 
- En horas de la mañana, del 30 de mayo de 2016, en el punto conocido como Macanillo, jurisdicción de Socorro – Santander, un grupo de uniformados del Ejército Nacional de Colombia abordaron a la comunidad solicitando dialogar con el encargado de la protesta; petición a la cual la comunidad responde que debían conversar con todo el campesinado presente en el lugar.
 
El Ejército Nacional de Colombia hostigando a los manifestantes.
 
Momentos después, llega el Sargento Martínez, con dos Comandos de Acción Inmediata (CAI) móviles de la policía y varios carros de apoyo de la misma entidad, dando vueltas y aparcados muy cerca del lugar donde se ubica la comunidad; ejerciendo presión psicológica y atemorizando a las personas que se encontraban en el sitio de concentración.
 
Siendo las 3:47 p.m, Llegaron refuerzos del Ejército, Policía Nacional y Sijin, aumentando el nivel de presión en las comunidades que ejercen su derecho a la protesta.
 
Hacia las 4:10 p.m, Policía y Ejército, intentaron sacar a un campesino para hablar con él privadamente, situación que generó mayor tensión en la comunidad. Actualmente se encuentra el mayor Juan Daniel Pedraza Cala, Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Artillería No. 5.
 
-El 30 de mayo, sobre las 5:30 am, al punto de la concentración campesina ubicado en La Ruta del Sol en el corregimiento de Besote del municipio La Gloria - Cesar, llegó una patrulla de la policía, indagando sobre el número de personas que estaban participando de la Minga y en particular, si la gente del sur de Bolívar ya había llegado. Preguntaron igualmente cuánto tiempo permanecerían en el punto. 
 
Hacia las 9:40 am, arribó la intendente Blanca, encargada de la oficina de DDHH de la Policía en el departamento del Cesar y le indicó a la comunidad que estaría pendiente de la situación y que cualquier cosa le avisaran.
 
Sobre las 12:10 de mediodía, hizo presencia el General Segura de la Policía Nacional, informando que venía de Bogotá y sería el encargado del operativo en esta región. Advirtió a los campesinos de la Minga que mientras no bloquearan la vía no sería necesario el uso de la fuerza.
 
Mientras el alto oficial se dirigía a las comunidades, uno de los agentes de policía que lo acompañaban comenzó a fotografiar a los campesinos. Otro de los patrulleros a su mando, portaba un arma larga (Fusil). 
 
Aproximadamente a las 3:40 pm, se presentaron sobrevuelos de dos helicópteros, uno de ellos perteneciente al ejército y el otro con insignias de la policía, dieron 3 vueltas sobre la zona del asentamiento de la Minga y posteriormente se retiraron con dirección al municipio de Aguachica.
 
 
 
Tomado de: 

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