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Sáb, Abr
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La ONU dice que las cosechas orgánicas a menor escala son la mejor forma de alimentar al mundo

Por Romina Bevilacqua

 

La producción agroecológica está llamada a salvar el mundo. Foto: Internet.

 

Necesitamos cambios transformadores en nuestros sistemas alimentarios, agrícolas y comerciales con el fin de aumentar la diversidad en las granjas, reducir el uso de fertilizantes y otros insumos, apoyar a los agricultores que trabajan a menor escala y crear sistemas alimentarios locales fuertes. Esa es la conclusión de una nueva publicación extraordinaria de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Unctad.

 

El informe, Trade and Environment Review 2013: Wake Up Before it is Too Late (Comercio y Medio Ambiente 2013: Despierta antes de que sea demasiado tarde) incluyó contribuciones de más de 60 expertos de todo el mundo (incluyendo un comentario de IATP)  y contiene secciones en las que se habla en profundidad sobre el cambio hacia una agricultura más sustentable y resiliente; la producción ganadera y el cambio climático; la importancia de la investigación y la extensión; el rol del uso de la tierra; y el rol de la reforma de las reglas del comercio mundial.

 

Además vincula la seguridad mundial y el aumento de conflictos con la urgente necesidad de transformar la agricultura hacia lo que se denomina como "la intensificación ecológica".

 

El informe concluye: "Esto implica un cambio rápido y significativo de una convencional producción industrial, basada en el monocultivo y altamente dependiente de insumos externos hacia mosaicos de sistemas de producción sustentables y regenerativos que también mejoren considerablemente la productividad de los pequeños agricultores".

 

El informe de la Unctad identificó indicadores claves para la transformación necesaria en la agricultura:

 

1. Aumento del contenido de carbono en el suelo y una mejor integración entre la producción agrícola y ganadera. Aumento de la incorporación de la agronomía forestal y la vegetación salvaje.

2. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción ganadera.

 

3. Reducción de los gases de efecto invernadero a través de zonas turberas sustentables, y manejo de bosques y pastizales.

4. Optimización del uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, incluyendo mediante los ciclos de nutrientes cerrados en la agricultura.

5. Reducción de los residuos a través de cadenas de comida.

6. Cambio de los hábitos alimentarios hacia el consumo de alimentos amigables con el clima.

 

7. Reforma del régimen de comercio internacional para la alimentación y la agricultura.

La contribución del IATP se centró en los efectos de la liberalización del comercio en los sistemas agrícolas.

 

La liberalización del comercio, tanto en la OMC y en los acuerdos regionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) habrían aumentado la volatilidad y concentración empresarial en los mercados agrícolas, mientras minaban el desarrollo de sistemas agroecológicos locales que apoyaban mayoritariamente a los agricultores.

 

Por otra parte las conclusiones del informe presentan un marcado contraste respecto al impulso acelerado para nuevos acuerdos de libre comercio, incluido el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y la Asociación de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP), que amplían un modelo altamente desacreditado de desarrollo económico diseñado principalmente para fortalecer el dominio de las empresas corporativas y multinacionales financieras en la economía global.

 

En el año 2007, otro informe importante del sistema multilateral, la Evaluación Internacional del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), con contribuciones de expertos de más de 100 países (y avalado por casi 60 países), llegó a conclusiones muy similares.

 

El informe IAASTD concluyó que "los negocios como los conocemos ya no son una opción" y que el cambio hacia enfoques agroecológicos era urgente y necesario para la seguridad alimentaria y la resiliencia climática. Por desgracia, los negocios han logrado su continuidad. Tal vez este nuevo informe de la Unctad proporcione el punto de inflexión para la transformación política que debe tener lugar "antes de que sea demasiado tarde". 

 

Tomado de: http://www.upsocl.com

 

El Tarra, Norte de Santander

Denuncian desaparición de dos jóvenes en zona altamente militarizada

Por: Camilo Raigozo

 

Plantón adelantado por las comunidades en el casco urbano de El Tarra. Foto: Cisca.

 

El Comité de Integración Social del Catatumbo, Cisca, denunció que el pasado sábado 14 de mayo, aproximadamente las tres de la tarde fueron trasportados en motocicleta los jóvenes Jaiber Navarro Chinchilla, de 21 años de edad y Cristián David Romero Rincón, de 20 años.

 

Los dos jóvenes habitan en el  asentamiento humano Tres de Abril, del municipio El Tarra, Norte de Santander. Los dos agricultores, quienes se dirigían  a sus viviendas, fueron dejados por los transportistas en el sector conocido como Hamaca San Rafael y fueron vistos hasta la vuelta de la carretera que conduce hacia El Paso, del sector Puente Rojo.

 

Desde ese momento y hasta el 18 de mayo, fecha en que se conoció la denuncia, no se había vuelto a saber sobre la suerte de los dos labriegos. Según la fuente ningún grupo armado se ha responsabilizado del hecho.

 

Jaiber Navarro, uno de los dos jóvenes desaparecidos. Foto: Cisca

 

 

Ese día en la zona donde desaparecieron los jóvenes solamente se efectuaron acciones por parte del Ejército Nacional, como taponamiento de una vía principal cerca al sector desde las 10 de la noche hasta la una de la madrugada.

 

El sector queda pasando el río Tarra, frente al batallón acantonado en el sector Las Indias, vereda La Motilandia. El asentamiento humano Tres de Abril, está ubicado en la misma vereda. Así mismo en el sector Los Higuerones, en la misma carretera por donde iban los dos jóvenes, el Ejército Nacional hizo retén casi todo el día.

 

Plantón de las comunidades en el sitio donde los dos campesinos fueron vistos por última vez. Foto: Cisca

 

Los familiares solicitaron información al Ejército sobre el caso pero este negó  la presencia de militares en la zona. Sin embargo al realizar una inspección por parte de familiares y vecinos buscando a los jóvenes fueron encañonados por una patrulla del Ejército.

 

El 17 de mayo la comunidad realizó dos plantones. Uno en el parque principal de El Tarra y otro en la carretera donde fueron desaparecidos los dos campesinos.

 

Confirman condena a teniente de la Armada y seis infantes de marina por ejecución extrajudicial

Por Prensa - Colectivo

 

A lo anterior arribó la Sala Penal del Tribunal luego de concluir que “la muerte del señor Flórez Cebero correspondió a un proceder de las autoridades contrario a su posición de garante, correspondiente a uno de los denominados “falsos positivos”. La mencionada Corporación Judicial afirmó también que: ‘se trata de la muerte causada a una persona en un marco especifico, esto es, ’con ocasión y en desarrollo del conflicto armado’”. (Foto: Notimundo)

 

La Armada Nacional y paramilitares sembraron el terror en Montes de María. Foto Notimundo

 

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena confirmó la condena a 31 años y 6 meses de prisión y 18 años de inhabilidad para ejercer funciones públicas, impuesta por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena de Indias D T. y C., en contra del Teniente de la Armada Nacional Carlos Andrés Rodríguez Rodríguez, por la ejecución extrajudicial del líder campesino Patricio Manuel Flórez Cebero, ocurrida en la vereda Tierra Grata en el municipio del Carmen de Bolívar, Montes de María, el 8 de febrero de 2007.

 

La sentencia proferida por el Tribunal también confirma la condena a 30 años de prisión y 15 años de inhabilidad impuesta a los infantes de marina Félix Díaz González, Nélson Delgado Cuadrado, Ramón Alonso Padilla Gamarra, Jair Alfonso Guerrero, Adolfo Polo Romero y Alfonso Zamora Ballestas, pertenecientes a la Infantería de Marina de la Armada Nacional, Patrulla Barracuda 3, Batallón de Contraguerrilla No. 1 de Corozal, Sucre.

 

A lo anterior arribó la Sala Penal del Tribunal luego de concluir que “la muerte del señor Flórez Cebero correspondió a un proceder de las autoridades contrario a su posición de garante, correspondiente a uno de los denominados “falsos positivos”. La mencionada Corporación Judicial afirmó también que: ‘se trata de la muerte causada a una persona en un marco especifico, esto es, ’con ocasión y en desarrollo del conflicto armado’”.

 

La Sala Penal del Tribunal reafirmó que dentro del proceso penal logró probarse que ese 8 de febrero, en horas de la mañana, Patricio fue asesinado por personal de la Infantería de Marina de la Armada Nacional al mando del Teniente Carlos Andrés Rodríguez, que dicho deceso fue ocasionado por las heridas provocadas por las armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas, aun cuando no hubo ningún combate, y que pudo observar una manipulación de la escena del crimen por parte de los condenados al momento de realizar el levantamiento del cadáver de Patricio.

 

Desde el mismo momento del asesinato de Patricio Flórez, la comunidad de la vereda Tierra Grata buscó que hubiese verdad y justicia en este caso. Patricio, como todas las mañanas a las 5 am, salió montado en su burro con dos compañeros suyos y se quedó atrás, como acostumbraba, para recoger aguacates con un palo. Allí recibió los disparos que acabaron con su vida. Sus compañeros de viaje se percataron de lo ocurrido y fueron hasta la vereda a informarle al resto de la comunidad.

 

Entonces un grupo de más de 100 integrantes de la comunidad emprendió el camino hacia el lugar de los hechos para evitar la alteración de la escena del crimen. Allí los vecinos y amigos de Patricio recuperaron su silla de montar con rastros de sangre de la víctima, que se convirtió en prueba fundamental dentro del caso, y retuvieron temporalmente a uno de los oficiales de la Infantería de Marina, por lo cual varios de sus integrantes debieron enfrentar una acusación por secuestro, hurto y asonada que no avanzó por falta de pruebas.

 

Al respecto, la sentencia estimó: “eventos como, el no portar arma con la cual hubiese podido disparar, la presencia de manchas de sangre de la víctima en la silla de montar, y la prueba de disparos unidireccional” demostraron que no era posible la escena de combate que quisieron simular con el campesino asesinado.

 

El caso de Patricio Flórez es uno de los 388 documentados por el Banco de Datos del Cinep para el año 2007, año de mayor ocurrencia de estas ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de falsos positivos, dentro de su informe “Colombia, Deuda con la Humanidad: 23 años de Falsos Positivos” en el que también señala que entre 2002 y 2009, en aplicación de la política de Seguridad Democrática, se presentaron 1200 de los 1741 casos del periodo.

 

La Fiscalía investiga 2.308 casos de homicidios cometidos por agentes del Estado que corresponden a 4.475 víctimas, y vinculan a 5.137 integrantes de la Fuerza Pública, según datos de la entidad a junio de 2015. 

 

La verdad, la justicia y la reparación integral en los miles de casos de falsos positivos son una condición para alcanzar la paz estable y duradera. En tiempos en que se sientan las bases para construir un país en paz, urge también un cambio estructural en las Fuerzas Armadas para que hechos como estos no se repitan.

 

Tomado de: http://www.colectivodeabogados.org/?Confirman-condena-a-teniente-de-la-Armada-y-seis-infantes-de-marina-por

 

Existen 53 títulos mineros en zonas de bocatomas de acueductos y 473 en páramos

Por: Prensa S. Iván Cepeda

 

Senador Iván Cepeda. Foto: Senado de la República

 

En debate de control político sobre el agua en Colombia, el senador Iván Cepeda afirmó que el Gobierno tiene una política ambiental que propicia el acaparamiento de agua por parte de la industria extractiva, mientras crece el desabastecimiento en comunidades rurales y urbanas, y se ponen en riesgo más de 300 fuentes hídricas importantes.

 

El senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, señaló que el Gobierno distrae la atención cuando les atribuye la responsabilidad del desabastecimiento del agua a los fenómenos naturales, y no reconoce los estragos de la contaminación de la industria extractiva, “bajo una mirada permisiva de las autoridades ambientales”.

 

Según la información proporcionada por 22 de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales CAR, existen 213 títulos mineros en diez departamentos que se superponen con las concesiones de agua para uso doméstico. Solo en Cundinamarca, 165 títulos mineros se superponen a concesiones de agua otorgadas, de los cuales, 53 se cruzan con las concesiones relacionadas con bocatomas de acueductos.

 

Según constató el senador Cepeda, a febrero de 2016, existían 473 títulos mineros en páramos (306 en explotación, 148 en construcción y montaje y 67 en exploración), en un área superpuesta de 117.035 hectáreas. 25 de estos títulos se otorgaron después de la prohibición de 2010 de entregar concesiones en estos ecosistemas. Además, 13 bloques de Hidrocarburos (exploración y evaluación técnica), en un área superpuesta de 199.398 ha.

 

Para el congresista, en lo relacionado con la minería y los hidrocarburos, existen evidencias de la falta de control en las concesiones en zonas de protección ambiental, las cuales tienen y tendrán efectos profundos en la oferta hídrica nacional, y advirtió que está surgiendo una ofensiva para privatizar las redes de agua, que pondría en riesgo el abastecimiento para millones de colombianos.

 

Otro de los casos preocupantes para el senador, es la reciente autorización para modificar el Plan de Manejo Ambiental de Drummond Ltd., con lo cual le permite a la empresa ampliar la mina La Loma (La Jagua de Ibirico, Cesar) y la desviación del arroyo San Antonio. Esto ocurre en momentos en los que el departamento está a punto de declarar la calamidad por escasez de agua.

 

Páramo de Sumapaz al acecho de los proyectos hidroeléctricos y la megaminería. Foto: Notimundo.

 

Igualmente, la ANLA le autorizó a la compañía Glencore, la desviación del Arroyo Bruno, afluente del río Ranchería (Albania, Cesar), para proveer agua a la mina El Cerrejón. Mientras la mina consume durante todo el proceso más de 30 millones de litros de agua diarios, cada persona en La Guajira apenas puede consumir 0,7 litros de agua diariamente, menos de un litro. Esta autorización a la multinacional fue objeto de suspensión provisional hace pocos días por decisión del Tribunal de La Guajira.

 

Para Cepeda, ante la amenaza ambiental de déficit de agua a la que se está enfrentando el país, se debe cumplir, sin dilación ni esguinces, la sentencia C035 de 2016, y se deben revocar los títulos mineros sobre bocatomas de acueductos y concesiones de agua para consumo humano.

 

El congresista anunció que acompañará a las organizaciones de derechos humanos en la solicitud de audiencia ante la CIDH, por el desplazamiento forzado que vienen ocasionando los PINES en el país (Drummond y Cerrejón), y en la acción popular frente a la desaparición del Río Sambingo y otras cuencas en grave peligro en el departamento del Cauca (Organizaciones sociales del Cauca).

 

Otros casos:

 

Putumayo:

 

En el área denominada área de perforación exploratoria de Hidrocarburos Llanos 19, ubicada en Orocué, se otorgó licencia ambiental por la ANLA sin tener en cuenta que el polígono se traslapa con el área de la microcuenca del Caño San Miguel, declarada en 2011 como zona de interés público por Corporinoquia, por ser esa fuente abastecedora del acueducto del casco urbano del municipio.

 

San Martín (Cesar)

 

San Martín es municipio entregado a la explotación de hidrocarburos, y a la minería. El bloque entregado para fracturación hidráulica (fracking) se encuentra sobre el complejo de ciénagas del municipio, hábitat y lugar de reproducción del manatí, y sobre parte de la quebrada Torcoroma.

 

Cifras:

 

Estudio Nacional del Agua (2014): la calidad del agua es baja en 150 municipios, que incluyen a las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, y Barranquilla (calidad expresada en cargas contaminantes de material biodegradable, no biodegradable, nutrientes, metales pesados y mercurio).

 

Instituto Nacional de Salud (2015): el 54,8% de los municipios del país tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades como cólera, fiebre tifoidea y enfermedades diarreicas agudas, debido al consumo del agua (no potable) que reciben.

 

318 cabeceras municipales son vulnerables y el 70% ha presentado desabastecimiento. (4 millones de personas no tienen servicio de acueducto, más de 3 millones viven en el sector rural).

 

Hasta marzo de 2016, se han presentado 1.500 incendios en 330 municipios de 18 departamentos.

 

En Carmen de Bolívar el acueducto ha sido contratado 7 veces sin que se logre el suministro adecuado y Yopal hace 5 años no tiene acueducto. 

 

Cada año desaparece el 3% del área glaciar colombiana. Si persiste el aumento de la temperatura se espera una extinción de los glaciares en las próximas 4 décadas (IDEAM).

 

Diálogos de paz

Los densos pendientes de La Habana

Por: Jairo Estrada Álvarez*. UNPeriódico

 

El legendario estrechón de manos entre el presidente Santos y el máximo comandante de las FARC EP, Timoleón Jiménez, con el presidente Raúl Castro como testigo, llenó de esperanza de paz a los colombianos. Foto Internet. 

 

Una lectura con cierto rigor del proceso de La Habana permite afirmar que no se está ad portas de la firma del acuerdo final. Estimar semanas o pocos meses para la terminación de lo pendiente y, más aún, fijar fecha precisa resulta inconveniente. El término del 23 de marzo así lo demostró.

 

La levedad de la mayoría de análisis y la existencia de una oposición visceral impiden comprender la mayúscula densidad de lo pendiente, o incluso falsificar burdamente lo acordado en La Habana.

 

Actualmente, hay un espectro de opinión entre el reduccionismo de lo que falta por negociar a la desmovilización, el desarme, la reinserción (DDR), y la entrega del país al “castrochavismo”. Asimismo, se han manifestado opiniones que limitan lo pactado en La Habana a unos “acuerdos entre élites” e interpretan sus alcances como aportes a la solución de problemas de seguridad y economías ilegales.

 

Todo ello es demostración de las dificultades de apropiación social del proceso de La Habana, principalmente de diferentes visiones políticas e ideológicas que enfrenta la solución política del conflicto, y con las que, sin haber suscrito un acuerdo final, se pretenden prefigurar los escenarios posteriores. Unos magnifican las (presuntas) amenazas de un acuerdo de paz; otros limitan sus posibilidades al extremo. Por lo pronto, la sindéresis y el buen juicio devienen en imperativos.

 

Los pendientes del punto tres “Fin del conflicto”

 

El punto tres se define como “un proceso integral y simultáneo”. Está conformado por siete subpuntos y la indicación explícita de que “la firma del acuerdo final inicia este proceso (el ‘Fin del conflicto’), el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes”.

 

 

Las comisiones de paz de las FARC EP y del Gobierno en La Habana, Cuba. 

 

Además, tiene dos consecuencias para las partes. En primer lugar, les impone construir un acuerdo sobre un conjunto de contenidos particulares interrelacionados y diversos por su naturaleza. La segunda consecuencia obliga a comprender que el acuerdo final es un momento de formalización político–jurídica, que inicia el “Fin del conflicto”, además de definir “el tiempo prudencial” para su desarrollo. Esto es distinto a la implementación del conjunto del acuerdo final propiamente dicha.

 

A la fecha, las partes informaron en el comunicado conjunto N.° 67 del 14 de abril, que han logrado “aproximar las visiones sobre los términos del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, proceso de dejación de armas y garantías de seguridad”.

 

Pero aún están pendientes acuerdos –al menos en el mismo sentido– sobre el combate a las estructuras criminales, incluidas las paramilitares, la “reincorporación de las FARC–EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político– de acuerdo con sus intereses”; asimismo, sobre “las reformas y los ajustes necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”, según lo establecido en la agenda.

 

Adicionalmente, el punto tres contiene componentes no explícitos en la agenda, que se pueden formular por pura inferencia lógica y las propias demandas guerrilleras contenidas en sus propuestas mínimas. 

 

En primer lugar, es necesaria una definición de la dimensión territorial. En los acuerdos parciales hasta ahora suscritos sobre los temas agrarios, de participación política, de cultivos de uso ilícito y de víctimas, son evidentes los contenidos territoriales. Empero, pensar el “Fin del conflicto” según la letra y el espíritu de la agenda obliga a una articulación entre ellos y con todos los subpuntos del punto tres. Esta estructuración implica un entendimiento del territorio, que haga posible el proceso del “Fin del conflicto” y viable la implementación de lo pactado.

 

En segundo lugar, se precisa la formulación de un plan de construcción de paz, que además de incorporar en un solo cuerpo todas las definiciones pertinentes contenidas en los acuerdos parciales (junto con las aún pendientes), posea estipulaciones sobre recursos y financiación requeridos para su ejecución.

 

En tercer lugar, deben establecerse las reformas y ajustes institucionales para posibilitar la implementación. Son “arreglos institucionales”, entendidos en primera instancia como los desarrollos normativos que exige lo acordado, debido a que en el formato actual los acuerdos representan en buena medida declaraciones de voluntad que aún no tienen ni la fuerza, ni el desarrollo normativo requeridos para ejecutarlos.

 

Estos pendientes del punto tres son de densidad mayúscula. Sobre algunos de ellos, no ha habido aún pronunciamientos. Además, la firma del acuerdo final presume que todo lo arriba señalado ya estaría pactado e implica igualmente la fijación de un tiempo convenido por las partes para materializarlo.

 

Además de la imposibilidad de desarrollar algunos de ellos en plazos breves, tampoco será factible pensar en sincronías, y ahí radica una evidente dificultad del momento actual del proceso. Mientras que el Gobierno pareciera concebir, por ejemplo, la dejación de armas como acto único para posibilitar el tránsito de las FARC–EP a movimiento político legal, esta organización guerrillera define la dejación como un proceso vinculado a los otros subpuntos del punto tres.

 

La dejación de armas, probablemente el componente militar más significativo de la terminación de la rebelión armada, necesita estar acompañado de unas condiciones básicas, que junto con las que comprometen las causas históricas del alzamiento, se refieren justamente a aquellas sujetas a acuerdo en los subpuntos ya indicados.

 

Por ello, parece acertado que, para destrabar, las partes aproximen un acuerdo parcial con compromisos precisos y un cronograma de implementación de los mismos, a fin de posibilitar una pronta suscripción del acuerdo final.

 

Pendientes del punto seis, “Implementación, verificación y refrendación”

 

La firma del acuerdo exige adicionalmente que se haya acordado todo lo referido al punto seis de la agenda. Las mayores dificultades en ese aspecto se encuentran, por una parte, en las visiones de la implementación. Mientras que para el Gobierno es asunto de su competencia, la FARC–EP se consideran partícipes activas de ella, junto con comunidades en los territorios, que según la agenda deberán priorizarse. Además, están la forma de incorporación de los acuerdos al ordenamiento jurídico y sus desarrollos normativos.

 

Para poder implementar es preciso que lo establecido tenga fuerza normativa y se haya desarrollado normativamente. Sin que esto sea garantía, sí conduce a compromisos específicos de política pública y disposición de recursos.

 

En cuanto a los efectos de la incorporación al ordenamiento, las partes estudian la posibilidad de definir el acuerdo final como un acuerdo especial, amparado en el artículo 3 común a los acuerdos de Ginebra. No se conoce aún cómo se pactarán los desarrollos normativos. Por otra parte, está la cuestión de la refrendación, sobre la que todavía tampoco existe acuerdo.

 

El Gobierno ya tramitó en el Congreso el plebiscito por la paz, que está en revisión de constitucionalidad. En esa misma instancia marcha el “acto legislativo para la paz”. Las FARC–EP se han opuesto a estas iniciativas por considerarlas unilaterales y no idóneas, e insisten en acordar la convocatoria de una constituyente para ajustar el ordenamiento constitucional vigente a las necesidades de la construcción de la paz.

 

Finalmente, de lo pendiente parece más sencillo pactar la verificación del acuerdo final. Es muy probable que se apele nuevamente al concurso de las Naciones Unidas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) e involucren organizaciones sociales, especialmente del nivel territorial.

 

Con esta breve presentación, que por cierto hace énfasis en asuntos de trámite, más que de contenido, se quiere mostrar que en el camino hacia un acuerdo final aún falta recorrer trechos con suma dificultad y densidad. El país necesita un buen acuerdo para la terminación de la expresión armada del conflicto. Solo así será posible pensar el inicio del largo proceso de construcción de una paz estable y duradera.

 

*Profesor, Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz Universidad Nacional de Colombia.

 

Tomado de: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/los-densos-pendientes-de-la-habana.html

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