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Por: Camilo Raigozo

 

El Sindicato Nacional de Trabajadores Agroindustriales de Colombia, Sintragrancol, denunció que la empresa Central Tumaco despidió a al menos 150 trabajadores, los cuales en su mayoría habían laborado en esa firma por varias décadas.

 

Estas 150 familias quedaron en grave situación de toda índole, avocadas al hambre y con el futuro incierto. La fuente basa sus denuncias en afirmaciones de miembros del sindicato de la caña de azúcar Sintracañazucol.

 

Además de esta masacre laboral la empresa pretende sacar de igual forma a los trabajadores enfermos, los cuales están protegidos por estabilidad laboral reforzada, por lo que los empresarios solicitaron al Ministerio de Trabajo autorización para estos despidos.

 

Así mismo la patronal viene gestionando el levantamiento de fuero sindical de los trabajadores Fhanor José Camacho Díaz, Héctor Elcri Duque, Jhon Jaime López y Robinson Guevara, dirigentes de Sintracañazucol, con el ánimo de despedirlos.

 

“Hacemos un llamado a las autoridades respectivas, para que no permitan estos atropellos, que los patronos vienen desarrollando contra la clase obrera que tanto les han servido y dado fortunas a sus bolsillos.

 

“No se puede permitir que hoy cuando nuestra Colombia está llegando al fin del conflicto armado, se siga agudizando el conflicto social, al dejar sin empleo a estos compañeros, con el propósito de acabar la organización sindical”, dice finalmente la denuncia.

Foto: Internet.

 

 

Mediante una carta pública, las directivas de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, les solicita al Gobierno Nacional y a varias instituciones del Estado actuaciones más acordes con las necesidades del campesinado y en general con los trabajadores de la ruralidad.

 

A continuación el texto íntegro de la carta:

 

 

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2016

 

Carta abierta

 

Por una institucionalidad democrática, al servicio del campesinado y del campo colombiano

 

Señores

Juan Manuel Santos

Presidente Republica de Colombia

 

Aurelio Iragorri Valencia

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

 

Clara López Obregón

Ministra del Trabajo y la Seguridad Social

 

Alejandr Ordoñez Maldonado

Procurador General de la Nación

 

Carlos Negret Mosquera

Densor del Pueblo

 

Edgar Maya Villazón

Contralor General de la Republica

 

Respetados señores:

 

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro CUT, se dirige a ustedes de carácter urgente ante la preocupación por la grave situación que afronta el sector rural colombiano, y de manera especial, por las decisiones que se han venido tomando en materia de la concreción y funcionamiento de una “institucionalidad que esté acorde a las demandas y necesidades del sector agropecuario y de los habitantes de la ruralidad Colombiana”.

 

Como es de conocimiento público, el Plan Nacional de Desarrollo aprobado mediante la ley 1753 de 2015, en el capítulo III denominado “transformación del campo”, que dentro sus propósitos busca dar solución o arreglo a los “desajustes institucionales”, específicamente a aquellas que apoyan al sector del agro de nuestra Nación, las cuales se han venido decidiendo de manera unilateral, arbitraria e inconsulta con las organizaciones campesinas y de los trabajadores organizados en los sindicatos, específicamente Sintraincoder y Sintrarurales.

 

Estas decisiones afectarán de manera negativa y directa a las poblaciones rurales debido a los graves impactos que tendrán, ya que se han tomado sin la participación plena de las organizaciones campesinas y del campesinado en general que hacemos parte de la vida social, gremial, productiva, económica, cultural y política de nuestro país.

 

En ese sentido los decretos 2363 del 7 de diciembre del 2015 y 2364 del 7 de diciembre del mismo año, que dan vida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) respectivamente, y las cuales después de siete (7) meses de creadas no han podido iniciar sus funciones, programas, planes y proyectos;-

 

y lo más grave aún, la desesperanza expresa manifiesta para millones de familias campesinas que se verán marginadas o excluidas por la focalización y la poca claridad de los alcances de unas figuras corporativas, que en realidad distan mucho de ser la institucionalidad por la que hemos luchado los campesinos y campesinas,-

 

y que hemos propuesto desde distintos escenarios como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular como fórmula efectiva para salir de la crisis estructural que afronta el campo Colombiano y la cual dio origen al paro agrario y popular del 2013, con sucesivas replicas en el 2014, 2015 y 2016, en este último año con la Minga Agraria.

 

Crisis que sigue sin resolverse ante la decidía del gobierno central de concretar políticas concertadas con el movimiento agrario que hoy se encuentra en movilización permanente.

 

De otro lado, con el Decreto 23 de julio de 2016, relacionado con la supresión y liquidación del Incoder, consideramos que ha sido para poner en la calle a más de 500 trabajadores de este instituto; deshaciéndose de un activo humano de alta calidad,-

 

difícil de reemplazar por el alto grado de compromiso e idoneidad de la gran mayoría de los trabajadores y funcionarios despedidos y lo que los trabajadores con justa razón han considerado como una "verdadera masacre laboral", al mismo tiempo que las nuevas “instituciones” quedan con el camino expedito para la tercerización laboral.

 

Política acorde a los ajustes neoliberales y fiscales que se imponen desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Rechazamos esta decisión y exigimos el reintegro inmediato de los trabajadores despedidos al calor de los razonamientos abstractos del alto gobierno.

 

Igualmente es de público conocimiento que la drástica reducción en materia de funcionarios de las nuevas instituciones, ahora denominadas Agencias, con relación al liquidado Incoder y que estarán al frente de la ejecución de los diferentes programas, no tendrán la capacidad operativa para el cabal cubrimiento de sus funciones, ya que en el caso específico de la Agencia Nacional de Tierras se tendrá solo una planta de 121 funcionarios,-

 

de los cuales 60 de ellos estarán en la oficina central de Bogotá y los 61 restantes estarán dispersos en gran parte de la geografía nacional, llevando a cabo labores como los programas de adjudicación de baldíos, las autorizaciones de venta de predios y las diligencias ante los jueces y notarios en procedimientos de certificación de predios para procesos de prescripción, entre otros.

 

Esto generará fatiga y desprestigio para muchos de ellos y para la propia institucionalidad por los probables incumplimientos a las comunidades que requieran su apoyo.

 

Otro de los agravantes tiene que ver con el poco presupuesto asignado a la A.N.T., ya que según el decreto 465 de marzo 17 de 2016, es de tan solo 11.736 millones y para la A.D.R., es de 9.844 millones, lo que pone aún más entre dicho su capacidad de cumplimiento en los múltiples programas que le han sido asignados a estás dos "Entidades".

 

Respetado Señor Presidente Juan Manuel Santos y demás altos funcionarios del Estado Colombiano, por todo lo anterior y por muchas más razones que se nos escapan, solicitamos de manera respetuosa atender de inmediato el clamor de más de 13 millones de compatriotas que habitan el campo Colombiano, quienes esperan un gesto del gobierno en mataría de soluciones a la cada vez más grave situación que afrontan.

 

Sabemos señor Presidente que uno los puntos claves que se ha acordado en las negociaciones de la Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, es el relacionado con la implementación de una Reforma Rural Integral, que posibilite poner fin al conflicto histórico armado que ha desangrado al país, y que tiene varias de sus raíces en la desigual distribución de la propiedad sobre la tierra, y por ende las aberrantes desigualdades sociales que se dan en el campo Colombiano.

 

Sumado a ello la violencia que aún sigue golpeando a miles de familias, si entendemos la violencia más allá de los condenables asesinatos, haciendo un análisis de está desde los índices de necesidades básicas insatisfechas que como en el caso del departamento de la Guajira, la desnutrición crónica ha dejado a miles de niños muertos y a otro tanto con esperanza de vida limitada.

 

Por último señor Presidente y demás funcionarios del Estado Colombiano, creemos en la reconciliación y estamos seguros que es posible construir la paz en nuestra patria tan sufrida, pero para ello es necesario la puesta en práctica de políticas públicas acordes a las necesidades y demandas de las comunidades campesinas y étnicas que habitamos el campo colombiano.

 

Es hora de actuar, ignorar la realidad que afrontan las comunidades rurales es abono para engendrar nuevas violencias y la condena a millones de compatriotas al empobrecimiento y miseria social.

 

Reciban ustedes nuestras consideraciones

 

Comité Ejecutivo Nacional

 

Eberto Díaz Montes

Presidente Fensuagro

 

Nidia Quintero

Secretaria General

 

Putumayo

Fensuagro alerta a la Defensoría y al Gobierno sobre las violaciones a los DDHH

 

El Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, por medio de una misiva dirigida al defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera y al gobierno nacional, departamental y local, en cabeza del presidente Juan Manuel santos, alertó de forma temprana para que se tomen correctivos frente a las violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas de las comunidades de Putumayo.

 

A continuación el texto íntegro de la misiva:

 

 

Bogotá D.C. agosto 22 de 2016

Doctor:

Carlos Alfonso Negret Mosquera

Defensor del Pueblo

Carrera 9 No. 16 - 21 Bogotá D.C.

 

Referencia: Activación alerta temprana y prevención de hechos violatorios de los derechos humanos en el departamento de Putumayo.

 

Respetado Doctor Negret: Cordial saludo.

 

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro Cut alerta de manera temprana y por su intermedio, a las siguientes autoridades civiles:

 

Dr. Juan Manuel Santos

Presidente de la República

 

Dr. Germán Vargas Lleras

Vicepresidente de la República

 

Dr. Juan Fernando Cristo Bustos

Ministro del Interior

 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

 

Dra. Sorrel Parisa Aroca Rodríguez

Gobernadora departamento del Putumayo

Señores Alcaldes de los diferentes municipios del departamento del Putumayo

 

Autoridades militares:

 

Comandante General de las Fuerzas Militares Comandante del Ejército Nacional.

Comandante de la Sexta División del Ejército con sede en Florencia Caquetá.

Comandante de la Vigésima Séptima Brigada del Ejército con sede en Mocoa Putumayo.

 

Autoridades Policiales:

 

Director de la Policía Nacional

Comandante Departamental de Policía

Director de la oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional.

 

Ante la gravedad de los hechos que han ocurrido en el departamento del Putumayo con las comunidades campesinas.

 

 

Antecedentes:

 

Las comunidades campesinas del Putumayo ante el incumplimiento del gobierno nacional para resolver los graves problemas de las comunidades campesinas e indígenas, se han visto en la obligación de salir a paro desde el pasado 25 de julio del año en curso con más de mil familias campesinas e indígenas del departamento del Putumayo, las cuales se encuentran concentradas en cuatro puntos de los municipios de Orito,-

 

San Miguel, Teteyé y San Pedro, debido al incumplimiento de los acuerdos firmados en septiembre de 2014, como también por la agudización de la situación social, económica y la violación constante de los derechos humanos a la población campesina e indígena de este departamento; lo que ha hecho nuevamente que explote la protesta e inconformismo de los habitantes de este territorio de colonización campesina.

 

A ello se suma la decisión del gobierno nacional de continuar su política de erradicación forzada y fumigación a los cultivos de coca, único sustento viable de la población campesina en esta región del país.

 

De otro lado la comunidad putumayense ha denunciado que mientras gran parte de la gente sufre las consecuencias del hambre, la contaminación hídrica, ambiental y el desplazamiento, se da un tramiento represivo ante sus demandas y exigencias al Estado Colombiano; al mismo tiempo la favorabilidad a las petroleras que sin ningún control oficial siguen usurpando y violentando el territorio.

 

Como ha sido costumbre de parte del gobierno nacional, la utilización de la represión y violencia del estado a través del Esmad, como respuesta a las justas exigencias y movilización pacífica de los pobladores putumayenses, dejando ya varios heridos en el corredor Puerto Vega - Teteye con impactos de bolas, balas de goma y proyectiles de gas a los campesinos: Edier Cuicue, Olmes Achipis, Leovigildo Hoyos y John Fredy Perdomo. De mayor gravedad Erney Mestizo y Wilmer Jhoan Lago Melo, heridos con impacto de bala.

 

Solicitud:

 

Luego de analizar los hechos, antecedentes e información disponible nos permitimos: Alertar de manera temprana para que se evite la ocurrencia de nuevos hechos de violación a los derechos humanos, desplazamiento forzado e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, los cuales tienen ocurrencia en los diferentes municipios del Departamento del Putumayo, en la vida, la libertad,-

 

la seguridad e integridad personales de las comunidades campesinas e indígenas que se encuentran en grave riesgo de ser vulneradas por las autoridades policiales y encapuchados, quienes han venido cometiendo atropellos por medio del Escuadrón Móvil Antidisturbios, “Esmad” y encapuchados en los últimos días desde el 25 de julio.

 

Acciones que según las comunidades se han realizado con conocimiento de las principales autoridades civiles, militares y policiales del orden municipal, departamental y nacional.

 

Por último demandamos del señor Presidente su pronta intervención con el objeto de ordenar a quién corresponda cesar todo tipo de agresión, judicialización y señalamientos contra las comunidades campesinas e indígenas del Departamento del Putumayo.

 

Comité Ejecutivo Nacional Fensuagro

 

Eberto Díaz Montes  

Presidente de Fensuagro

 

Nidia Quintero

Secretaria General

 

Alirio García

Secretario de Solidaridad y DDHH

 

Notificaciones: Calle 17 No. 10 – 16 Oficina 104 Bogotá D.C.

 

Con copia:

Señor presidente Juan Manuel Santos

Comisión interamericana de DD.HH.

O.T. I. Vía Campesina

Foto: Internet.

 

Por: Comité Ejecutivo Fensuagro

 

 “Una vez que asumes tu convicción,

y sabes quién eres,

una vez que educas tu vocación

y sabes quién eres,

una vez que mueres por la unidad,

y sabes quién eres,

y dejas de amar tu seguridad,

y sabes quién eres,

puedes combatir al senil rufián

para que sin gloria vuelva al basural

del que se escapó manchando la historia”.

Patricio Manns

 

Hace tres años, el 25 de agosto de 2013, el compañero HUBER DE JESÚS BALLESTEROS GOMÉZ cayó en las oscuras garras de la prisión, en medio de una coyuntura nacional que dejaba en claro la capacidad y el poder de la lucha campesina en el país.

 

  El dirigente Huber Ballesteros ha recibido importante respaldo y solidaridad internacional para exigir su libertad. Foto: Internet.

 

Se llevaba a cabo el Paro Nacional Agrario y Popular, del que el compañero Huber era vocero, además de ser miembro de la Comisión Nacional de Negociación del mismo, también se desempeñaba para la época de su detención como Vicepresidente y actualmente como  Secretario de Organización de nuestra Federación, también como integrante de la Junta Patriótica Nacional del Movimiento social y político Marcha Patriótica y miembro Ejecutivo de la Cut.

 

No sorprende que el Estado Colombiano haya acudido al arma con la que históricamente ha pretendido desestabilizar la organización popular: la privación de la libertad para coartar la activa participación que HUBER tenía como defensor de derechos humanos, dirigente agrario, sindical y político de oposición.

 

El montaje judicial contra Huber Ballesteros y contra los más de 100 prisioneras y prisioneros políticos de nuestra organización, no es más que la prueba del miedo que tiene la oligarquía contra la avanzada que ha tenido la lucha de los trabajadores  por los derechos políticos y sociales en los últimos años.

 

No obstante, con alegría y entereza, podemos alzar una voz unánime afirmando que a pesar de que el compañero HUBER lleva 1.095 días tras las rejas no ha dejado de trabajar y de estar presente en el camino de la transformación hacía un país en paz con justicia social; en efecto, el frio acero de los barrotes no ha sido capaz de contener la avalancha de la dedicación, el compromiso y la fuerza con la que desempeña la lucha por la reforma agraria integral, por las libertades democráticas y por la participación política.

 

Seguiremos trabajando y exigiendo la libertad del compañero HUBER y de las más de 100 prisioneras y prisioneros políticos de FENSUAGRO, los montajes judiciales NO detendrán el progreso y crecimiento de nuestra organización. Éste será un obstáculo que superaremos para llegar a nuestros objetivos políticos y organizativos  y la libertad será una razón más para no abandonar la tarea histórica de hacer de Colombia un país en el que se pueda dejar de sobrevivir para empezar a vivir con dignidad.

 

¡Libertad para Huber Ballesteros!

¡No a la criminalización de los dirigentes campesinos, sindicales, populares y sociales!

 

Eberto Díaz Montes

Presidente de Fensuagro

 

Nidia Quintero

Secretaria general Fensuagro

 

Alirio García

Secretario de solidaridad y derechos humanos Fensuagro

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