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Dom, Mar
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Análisis

Tomado de ANNCOL
Por Alfredo Molano

Las zonas de reserva campesina —tan vilipendiadas por los militares, terratenientes y gamonales— surgen como una forma de resolver el problema de la tierra en regiones de colonización afectadas por la violencia. O, dicho de otra forma, de defender la propiedad privada campesina de la voracidad de los ganaderos.


El Estado adoptó esa figura con este objetivo al considerar que el despojo de tierras era una de las causas de la violencia. Y es que nadie puede negar la relación histórica entre la tierra y la guerra. Los colonos del sur de Meta habían invadido el Parque Natural de la Macarena porque ahí adentro podían trabajar sin miedo a que el negociante de tierras viniera a quitarles o a comprarles las mejoras. La razón era práctica: a ningún hacendado le interesa la tierra sin título. En cierta medida lo que el Estado buscaba era desactivar el conflicto armado y, al mismo tiempo, crear un cinturón protector de los parques nacionales para impedir su invasión. Al colono se le decía: “Sálgase del parque y trabaje en esos baldíos aledaños”. El colono respondía: “Nada saco porque en cinco años los terratenientes me sacan”. “No —reviraba el ministro de Agricultura, doctor José Antonio Ocampo–, no pueden sacarlo porque los ganaderos no pueden comprar mejoras ahí”. Con estos mismos argumentos, los colonos y campesinos están pidiendo que sus pequeñas propiedades, hechas a pulso, les sean respetadas y defendidas por la tan mentada institucionalidad. Traducción para los Pepes: los labriegos, como los llaman, quieren salirse de la guerra por la tierra y no meterse a los parques, ni a los resguardos, ni a los territorios negros, ni invadir las haciendas ni los predios urbanos. Bien vistas las cosas, las ZRC son una medida de ordenamiento territorial y además una ley para proteger la propiedad privada hecha a pulso, que “merece especial protección”.

Es la figura legal que están defendiendo los campesinos del Catatumbo y del Sumapaz. Petro, en las goteras de Bogotá, quiere que el Estado proteja el páramo de Sumapaz —la fábrica de agua más grande del país— y proteja al mismo tiempo al campesinado de la región, envuelto en el problema agrario desde los años 30. Al defender a los campesinos por medio de una ZRC se garantizaría comida barata y agua limpia para la capital. Uribe —que está deschavetado del todo— grita que esa zona de reserva sería una avanzada del terrorismo en Bogotá, y el ministro de Defensa —cada vez más parecido a Manolito, el personaje de Quino— les advierte al alcalde y a su secretario de Gobierno: “No se metan ahí porque les cortamos las manos; déjennos arreglar las demandas campesinas a nuestra manera: a bala; queremos otro Catatumbo al lado para que vean cómo nos ganamos la vida”. Las reacciones de Uribe y del ministro de Defensa frente a la idea de Petro son la muestra más evidente de que a esa figura legal se oponen las Fuerzas Militares. En la vida real, Uribe es la voz cantante de la fuerza pública, a la que le está negada por la Constitución ser deliberante. ¿Por qué a los generales no les gustan las ZRC? Porque ellas atentan contra su oficio, porque pueden ayudar a resolver el problema del orden público. ¿Por qué a los grandes ganaderos, con sabor a leche patria, no les gustan las ZRC? Porque les quitan de las manos unas tierras a las que les tienen echado el ojo. Más claro no canta un gallo. He defendido las ZRC desde su creación. Y me parece muy valiente Petro al meterse a pedirle al Gobierno que cumpla la Ley 160 del 94, que tiene tan preocupados a Pepe Lafaurie y a Fedegán, como tuvo preocupados la Ley 200 del 36 a Laureano Gómez y a la APEN. Ojalá a los de ahora no les vaya a dar por hacer lo mismo que hicieron los terratenientes en el Sumapaz, en el Tequendama y en el sur del Tolima en los años 40 y 50.

PUNTO Y COMA: Con la misma fuerza con que defiendo el derecho de los campesinos a su tierra, defiendo el derecho a ver los toros. La prohibición de las corridas que Petro decretó me parece tan arbitraria como el despojo de tierras, porque es también el despojo de un bien cultural al que tiene derecho un sector de la población, así sea una minoría
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El Consejo de Estado ha considerado que nunca debió quitársele la personería a la Unión Patriótica. Reconoce así la injusticia y extralimitación de funciones del Consejo Nacional Electoral en 2002 al no tomar en cuenta los informes de las Naciones Unidas y de la Defensoría del Pueblo sobre la grave persecución y exterminio. El Estado colombiano silenció arbitrariamente a la organización victimizadas, discriminada y sometida al genocidio.

 

El Consejo de Estado restituye un derecho injustamente conculcado. No se trata de una reparación. En este aspecto hay que preguntarse de qué manera el Estado va a reparar 11 años de exclusión y desconocimiento flagrante de una fuerza democrática de la oposición.

 

El Estado colombiano está en mora de proceder a medidas de verdad, justicia y reparación con relación a la UP y al Partido Comunista. Miles de víctimas esperan algo más que las migajas repartidas al detal que rayan en la indignidad.

 

La personería jurídica contribuye a despejar la incertidumbre de una franja importante de la izquierda política sobre su opción de participación electoral. No es el único instrumento necesario en la vía de reagrupar sus fuerzas y favorecer las convergencias. No vence todos los obstáculos para favorecer la intervención de antiguas y nuevas corrientes en el quehacer electoral.

 

Lo importante y afirmativo es la actitud planteada por la UP en su reciente pleno de contribuir a la unidad y al reagrupamiento. Es la consecuencia mayor que se desprende del nuevo hecho sobreviniente. En el marco del proceso de paz, siendo la UP heredera de procesos truncados por el genocidio, tiene una significativa autoridad moral para liderar un nuevo momento de búsqueda de la unidad.

 

Es el momento de un llamado a un encuentro popular unitario de fuerzas sociales, de la cultura, de los derechos humanos, de la Universidad, de las expresiones étnicas y regionales, de los movimientos políticos y las personalidades, comprometidos con la búsqueda de la paz con dignidad y justicia social. Su objetivo tiene que ser la coordinación de esfuerzos comunes para que se expresen la inconformidad, la protesta organizada, la exigencia de que el Estado responda a los reclamos ciudadanos y que se consolide sin ambigüedades el proceso de paz como un propósito nacional.

 

 

JAIME CAYCEDO TURRIAGO

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El estatus de beligerancia dela FARC y del ELN, por parte del Estado colombiano, es una condición jurídica y política necesaria para la búsqueda de la humanización del conflicto armado que desangra y continua haciéndolo en la historia republicana de nuestro Estado Constitucional actual, que no se ha desprendido delas viejas contradicciones bipartidistas  que han manchado de rojo el suelo patrio desde los albores de nuestra historia constitucional desde el siglo XIX.

Ello se dibuja así, teniendo en cuenta que durante el siglo XIX las distintas guerras que existieron entre los distintos bandos, inspirados en los partidos políticos liberales - conservadores, que defendían, entra otras,  tesis jurídicas, filosóficas y políticas, sustentadas en el tipo de Estado para nuestra república, centralista o federalista, establecían con arduo dolor, la violación del derecho de gentes sobre los grupos que no ostentaban el poder político institucional. 

Durante este siglo fueron muchas las peticiones de humanizar el conflicto, reconociendo en el otro un ejército organizado con intereses distintos, por un lado el partido liberal que defendía la federalización del país, a través de Estados Federales que constituyeran la Gran Nación colombiana y por otro lado el partido conservador que defendía a ultranza la nación como un Estado Central y en la contradicción de dichas posturas, sobre el interés de humanizar el conflicto, soportado en el derecho de gentes, como limites a los excesos en el conflicto armado, traemos a colación la misiva, en agosto de 1861,  al Presidente conservador MARIANO OSPINA RODRIGUEZ , suscrita por el  Ex presidente TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA, con ocasión de la alzada en armas de los Estados del Cauca, Bolívar y Santander, donde le manifestó: “Habiendo obtenido que los generales Posada i Henao me reconociesen como beligerante en la guerra civil, según las mutuas declaraciones que hicimos el 27 de agosto de este año, i después de un crudo como brillante combate que libré sobre las fuerzas de la confederación, celebré una suspensión de hostilidades i una esponsión, como preliminares para restablecer la paz en la Confederación (…..) en tan criticas circunstancias, yo apelo de nuevo a vuestro patriotismo para que hagáis cesar la guerra entrando en un avenimiento conmigo, para que desarmen los Ejércitos, i que convoquéis una Convención que reconstituya el país libremente”. Ante lo cual el Presidente conservador OSPINA RODRIGUEZ contestó; “(…..) yo no puedo como presidente constitucional sino lo que la Constitución i las leyes ordenan, i no conozco disposición ninguna que haya autorizado al presidente ni a ningún otro funcionario para entrar en avenimientos con los que resisten con las armas en la mano el cumplimiento de la ley i la obediencia debida a los poderes públicos; i como U conoce el artículo 66 de la Constitución que dice: “es prohibido a todo funcionario o corporación pública el ejercicio de cualquier función o autoridad que espresamente no se le haya conferido”, reconocerá usted fácilmente que lo que U me propone es una cosa que está fuera del circulo de mis facultades. Lo que la Constitución i la lei me ordenan espresamente en el caso mencionado es emplear la fuerza pública de la Confederación o la de os estados para restablecer el orden, es decir el cumplimiento de la Constitución i las leyes. Si U quiere la paz de la República, nada le es más fácil: desarme U su ejército i la guerra se acaba. Dice U que para probar su desinterés piensa retirarse al extranjero cuando la guerra haya terminado; retírese hoy desarmando su ejército i quedará la República en paz i el desinterés de U comprobado. Yo no puedo desarmar el ejército de la Confederación porque la lei me manda tenerlo armado mientras haya quien con las armas en la mano turbe el orden general; pero a U que lei obligatoria le manda invadir los estados, acometer las fuerzas de la Confederación i derramar la sangre de los ciudadanos honrados que están cumpliendo el deber sagrado de mantener el orden legal (….)”. 

Lo anterior nos muestra que en la búsqueda, de humanizar el conflicto, por el poder político en nuestra geografía, la historia afirma que los partidos de gobierno de turno, han mantenido una posición inflexible, que como la señalada, mantuvo la continuidad del conflicto y por ende de la guerra, en contra de las exigencias del derecho de gentes, hoy derecho humanitario, en la pretensión de evitar los desmanes, arbitrariedades como las que analiza MARIO AGUILERA “El remate de heridos fuera de combate fue también una práctica documentable, como en efecto se hizo en 1901, cuando guerrilleros liberales comandados por Tulio Varón asaltaron a Honda y machetearon a los heridos del ejército conservador que se hallaban en el hospital de la población. La modalidad más cruel fue la muerte por inanición, y un caso concreto fue el que ocurrió en la guerra de 1860 – 62, cuando en el Cauca los conservadores dejaron morir de hambre a varios presos y luego permitieron que sus cadáveres encadenados acompañaran por algunos días a los prisioneros que quedaban vivos”.

En la coherencia institucional  de estas posiciones durante la historia constitucional de nuestro Estado en el no asumir el imperativo de humanizar el conflicto como paso previo de reconocimiento del otro actor alzado en armas contra el establecimiento, cabe recordar las comunicaciones de FOCION SOTO  al ministro de guerra JOSE VICENTE CONCHA; “Hacer cesar cuanto antes los actos feroces que se ejecutan por los beligerantes y que están sacando la actual contienda armada de los límites que hoy se reconocen en el mundo civilizado como permitirlas en el Estado de guerra internacional o civil que se halle un país”, y en respuesta el ministro de guerra CONCHA, reafirmando la idea de inexistencia del derecho de gentes, contestó; “Sin contar con que el gobierno no sabe hasta el presente cuáles son las partidas que en sentir de la Subdirección de la guerra defienden “en verdad la revolución” y cuáles las que están fuera de ese camino; sin hacer presente que las fuerzas que combaten el régimen existente no tienen un gobierno establecido , ni dominan una parte del territorio de manera permanente, ni administran justicia o ejercen actos de verdadera soberanía, requisitos todos de beligerancia, según el derecho internacional, debo hacer presente que el reconocimiento de aquélla en contienda entre un gobierno  y un bando, nunca puede hacerse por el mismo Gobierno que en nombre de la soberanía combate la insurrección, y que de hecho la abdicaría al reconocer en el contrario un soberano en el territorio de la lucha. Pretender que sea el gobierno quien deba dirigirse a los que han ocurrido a una revolución, la más injustificable de cuantas registran los anales patrios, y eso para proponerles una transacción que tenga como base fundamental una declaratoria solemne de propender, por cuantos medios patrióticos estén a mi alcance, a la reforma de las instituciones vigentes en sentido no manifestado expresamente, no juzgo regular y decoroso  (…) Ocurrir al medio indicado por ustedes, equivaldría, como a otros les he dicho, a reconocer como beligerantes legítimos a los que no pueden ser considerados sino como rebeldes, conforme al Código Penal”.

En la forma como se evidencia que los mismos partidos liberal – conservador, desde el siglo XIX, en la confección del Estado Constitucional, han instaurado como práctica legal desde la institucionalidad, el desconocimiento de quienes se han alzado en armas contra el régimen al no encontrar eco o resonancia de sus propuestas de Nación, aplastando a cualquier precio al enemigo del Estado, es la muestra más fehaciente de que la deshumanización del conflicto y el no reconocimiento de un orden internacional de respeto por los derechos humanos, es una herencia macabra en los comportamientos públicos de la paridad de los partidos liberal – conservador, en la administración del Estado, que ha conllevado que los grupos políticos – militares que se alzaron en armas desde la mitad del siglo XX, de forma consuetudinaria hayan adoptado la irracionalidad de su accionar en el conflicto.

La instauración de esta doctrina de comportamiento de Estado, no solo la ha sumido el Gobierno, sino las otras dos (2) ramas del poder público, en la constatación histórica que se evidencia con la tesis que fecunda desde la jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia sobre las facultades implícitas del ejecutivo para controlar el orden público, en reverencia a las facultades ilimitadas del Gobierno en los estado de sitios, para conjurar la crisis que se genera por el conflicto armado,   según sentencia del 13 de noviembre de 1928 ; “I. Todos los poderes del estado que tienen atribuciones constitucionales para ejercer una función, o la obligación de ponerla por obra, tienen también, de acuerdo con los dictados de la razón, la facultad de escoger los medios necesarios y adecuados a esos fines siempre que no estén prohibidos (…). 2. En consecuencia, una facultad se considera implícita en la Constitución siempre que sea necesaria para dar efecto a una atribución conferida expresamente por ella. 3. Todo aquello que se halla implícito en la Constitución forma parte de ésta de la misma manera que sus disposiciones expresas. 4. Puede afirmarse, por tanto, que no existe en la Constitución atribución alguna de facultades que no entrañe y lleve consigo en su aplicación otras que, si bien tacitas, son vitales por las primeras y necesarias a su ejercicio”, y el Congreso de la República, actuaba simplemente como expectante de las atribuciones del ejecutivo al declarar los estados de sitio de forma permanente hasta que la Asamblea nacional Constituyente de 1991, derogó esta figura que se sustentaba en la Constitución de 1886.

Finalmente, el máximo Tribunal Constitucional, esta es la Corte Constitucional, creada en la Constitución de 1991, es la que a través de dos pronunciamientos jurisprudenciales, la C-574 de 1992 y la  C-225 de 1995, la primera donde definió la constitucionalidad de la Ley aprobatoria del Protocolo I, donde señaló; “Los principios del derecho internacional humanitario plasmados en los Convenios de Ginebra y en sus dos Protocolos, por el hecho de constituir un catálogo ético mínimo aplicable a situaciones de conflicto nacional o internacional, ampliamente aceptado por la comunidad internacional, hacen parte del iuscogens o derecho consuetudinario de los pueblos. La Carta de 1991 confirma y refuerza tanto la obligatoriedad del derecho internacional de los derechos humanos como la del derecho internacional humanitario. En consecuencia, se acogió la fórmula de la incorporación automática del derecho internacional humanitario al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el iuscogens. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales I y II de 1977 constituyen pura y simplemente, la  expresión formal y por escrito, esto es, la codificación de los principios ya existentes en el derecho internacional consuetudinario. Por tanto, la ratificación produce la importante consecuencia de zanjar definitivamente toda controversia que pudiera existir, en torno a la obligatoriedad del derecho internacional humanitario”, y la segunda que señaló; “La obligatoriedad del derecho internacional humanitario se impone a todas las partes que participen en un conflicto armado, y no sólo a las Fuerzas Armadas de aquellos Estados que hayan ratificado los respectivos  tratados. No es pues legítimo que un actor armado irregular, o una fuerza armada estatal, consideren que no tienen que respetar en un conflicto armado las normas mínimas de humanidad, por no haber suscrito estos actores los convenios internacionales respectivos, puesto que la fuerza normativa del derecho internacional humanitario deriva de la universal aceptación de sus contenidos normativos por los pueblos civilizados y de la evidencia de los valores de humanidad que estos instrumentos internacionales recogen. Todos los actores armados, estatales o no estatales, están entonces obligados a respetar estas normas que consagran aquellos principios mínimos de humanidad que no pueden ser derogados ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado”, es a través de estos dos pronunciamientos jurisprudenciales que el derecho de gentes del siglo XIX y parte del siglo XX, se consolidad como lo conocemos hoy, como el derecho internacional humanitario, en nuestro orden jurídico interno.

 

Lo que nos fuerza concluir: 1. Que ha sido una exigencia de nuestra historia Constitucional desde el siglo XIX, que los conflictos armados en los que hemos estado sumergidos hasta los presentes tiempos, con actores e ideologías y pretensiones distintas, que se humanice el conflicto. 2. Que uno de los grandes errores marcados en el desconocimiento de lo que se entendió como el derecho de gentes que hoy es el derecho internacional humanitario, es la inflexibilidad de reconocer en los actores alzados en armas contra el régimen, su estatus debeligerancia, pudiendo constituir tal pronunciamiento por parte del Estado  atacado, en una manifestación política de aceptar que hay que democratizar al Estado y responder a los requerimientos históricos de los pueblos, ayer, que aún se mantiene como petición, como es la mirada obligada a las regiones, en lo que otrora fuera la tesis de estados federados, como teoría del partido liberal y hoy es el desarrollo autónomo de las provincias distintas a Bogotá. 3. Que el estatutos de beligerancia a las FARC y al ELN, podría significar la obligatoriedad, en el marco del derecho internacional humanitario, que estas dos (2) fuerzas insurgentes se vean obligadas a humanizar el conflicto desde la perspectiva del respeto por el derecho internacional humanitario, haciendo un desprendimiento de los comportamientos irracionales en la guerra, que han heredado de la historia guerrerista de los partidos de gobierno. 4. Que en estos momentos de diálogos de paz en la Habana, sería un paso a desarrollar acuerdos que no solo humanicen el conflicto en medio de la guerra, sino que sientan las bases de credibilidad, que por fin, la fuerza del derecho de gentes, hoy, derecho internacional humanitario, pueda conllevar a reconocer que en el reconocimiento práctico de los derechos de la población, como exigencia de la historia constitucional, en las distintas manifestaciones de contradicción de los actores armados contra el Estado, está cimentar el camino de la paz anhela por los colombianos.

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Por Allende La Paz - Cambio Total

Guerra y Paz

Dicen los abuelos que « todo tiene su tiempo ». Hasta la muerte. Y ello pareciera ser cierto si contemplamos el escenario nacional. Aunque a decir verdad un tiempo se superpone al otro y opaca al primero.

 

La guerra ha tenido su tiempo. Desde 1948 hemos soportado la guerra y sólo en cortos intervalos hemos tenido los « tiempos de Paz ». La guerra ha sido adelantada desde el Estado contra el pueblo. Ello ha significado sufrimientos y dolor, violaciones de derechos humanos por el Terrorismo de Estado de la DSN, ausencia de políticas en favor de las mayorías, además de 500.000 víctimas y más de 5,6 millones de desplazados en todo el territorio nacioanl, convirtiendo a Colombia en el primer país del mundo productor de desplazados.

 

Todos los presidentes han ganstado ingentes cantidades de pesos y dólares para aceitar la maquinaria de guerra. El resultado militar ha sido el nacimiento y fortalecimiento de las FARC, hoy FARC-EP, y la derrota de cuanto plan militar les han puesto enfrente para acabarlos. El resultado político ha sido la más estruendosa derrota política porque hoy estamos viendo a las FARC-EP sentada en la Mesa de Conversaciones de La Habana presentando y discutiendo propuestas políticas de solución dialogada al conflicto interno.

 

Se dice que todo aquel que se embarca en una aventura guerrerista debe tener como norte la Paz. No ha sido así en Colombia. Los agenciadores del estado solo contemplaban una única alternativa: la derrota de las fuerzas insurgentes armadas populares. Por ello, los vemos « dando palos de ciego », erráticos, y el « ciego » de las FARC, Jesús Santrich, dando palos de vidente, viendo muy bien a dónde van.

 

Igualmente se dice que subterráneamente a la posición oficial, propagandizada ésta por los medios de comunicación en poder de la oligarquía, va naciendo y creciendo una nueva corriente, opositora si se quiere, que lucha por la Paz. Ha ido emergiendo toda una gama de luchadores por la Paz, incluso algunos desde la orilla oficial. Y se ha ido dando lo que se llaman los « amigos de la Paz », que han ido elaborando toda la teoría que sustenta la salida política al conflicto interno.

 

 

A pesar de la guerra en que la oligarquía ha sumido a nuestro país son los tiempos de la Paz. Tiempos de Paz que han pasado por las acciones militares de las FARC-EP que han obligado al estado y su gobierno a sentarse en la Mesa de La Habana. La voz de la Paz no puede acallarla el ruido ensordecedor de la guerra. Los disparos de la fusilería y el estruendo de las bombas ha encontrado un pueblo gallardo que no sólo enfrenta la agresión militar, sino que adelanta acciones por la salida política al conflicto, que lucha por la Paz.

 

Ahí están los Colombianos y colombianas por la Paz, la Marcha Patriótica, la U.P. remozada por un acto de justicia burgués, y naturalmente las FARC-EP, creando a golpe de lucha espacios para ambientar la paz de nuestro país. Ahí están los campesinos, los indígenas, los obreros, los estudiantes, las mujeres, los habitantes de las barriadas, los teatreros haciendo su trabajo, en fin, el pueblo mismo luchando por la Paz.

 

Evidentemente que todos quieren ahora montarse al « tren de la Paz » con la pérfida creencia que ellos le darán la dirección que a ellos les interesa. Nada más falso. Nuestro pueblo sabe que « esos » cuando se den cuenta de que no pueden conseguir sus objetivos se lanzarán del tren en movimiento.

El pueblo sigue adelante hasta la consecución de sus objetivos, la paz con justicia social.

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Luego de tres semanas de conteo de votos por fin fue anunciado por el Tribunal Nacional de Garantías el nuevo comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, que había realizado las elecciones el pasado 7 de junio.

De esta manera queda conformado el grupo de dirigentes sindicales que representará los intereses de los trabajadores colombianos ante gobierno y empresarios, y defenderá los derechos humanos, económicos, laborales y sindicales de los colombianos.

NOMBREORGANIZACIÓN SINDICAL Segundo Senén Niño Sindimaestros Winston Petro Barrios Sinties Domingo Tovar Arrieta Ades María Rosalba Gómez Vásquez Adida Francisco Maltés Tello Sindistritales Tarsicio Rivera Muñoz Sutec José Guillermo Rivera Zapata Sintrainagro Álvaro José Vega Caicedo Sinaltrainal Fabio Arias Giraldo Sintraong's Elías Fonseca Cortina Aducesar Jorge Albín Amaya Martínez Ademacor Luis Alejandro Pedraza Becerra Sintrainagro Ligia Inés Alzate Arias Adida Alberto Vanegas Zuluaga ADE Huber de Jesús Ballesteros Gómez Sinpeagric Witney Chávez Sánchez Sutec María Doris González Sindess José Diógenes Orjuela García Adem Rafael Antonio Ovalle Archila Sintraemsdes Gilberto Luis Martínez Guevara Anthoc Rafael Antonio Molano Piracoa SES

 

En los comicios participaron 268.006 trabajadores de cerca de 700 sindicatos quienes definieron los 21 integrantes del máximo órgano directivo de la principal central sindical del país.

“La CUT es de las pocas centrales sindicales del mundo que elige sus directivos por voto universal y directo, lo que la convierte en un importante referente de la democracia sindical. Por tal razón, la distribución de los cupos se hizo por el sistema de proporcionalidad, también llamado cociente electoral”, explica el Tribunal de Garantías.

Los resultados se entregaron sin haber dado respuesta a varias solicitudes de revisión y reconteo de los votos en algunas regiones ni a las denuncias de fraude y prácticas deshonestas de varios dirigentes sindicales.

El caso Bogotá

VOZ habló con Miguel Castro, presidente del Tribunal Electoral de Bogotá quien explicó las demoras en la entrega de resultados y contó algunos procedimientos cuestionables de algunos candidatos a las direcciones.

 

–¿Por qué hubo tanta demora en el conteo de los votos en la capital del país?

–Hay explicaciones lógicas en el sentido de que la CUT afrontó el proceso electoral con procedimientos muy artesanales. También porque se dispuso de unos delegados designados por el comité ejecutivo que no contaban con el tempo suficiente porque la mayoría no tenían permiso sindical. Y, hubo situaciones agresivas de parte de algunos candidatos que no permitió tener garantías para desarrollar la actividad.

–¿A qué clase de situaciones agresivas hacen referencia?

–La presión empezó el 10 de junio porque tomamos la decisión de ir a trabajar para adelantar, lo que le molestó a dos candidatos, Fray Dique Gaitán candidato al ejecutivo nacional y Raúl Soto, candidato a la subdirectiva Bogotá; dizque por estar haciendo a escondidas las cosas, lo cual no era cierto y se trabajaba dentro de la subdirectiva.

Tratamos de llegar a un acuerdo siendo prudentes pero el día 11 llegaron muy agresivos. Agredieron verbalmente a uno de los miembros del Tribunal, intentaron agredirlo físicamente. Argumentaban “ustedes no van a jugar con la comida de nuestras familias, tenemos mucha plata invertida en esto”. Solo les respondí que el sindicalismo no era un negocio.

–¿Qué se debe hacer para que en unas próximas elecciones del movimiento sindical no haya tanta demora en el escrutinio?

–No se explica que en el siglo XXI se manejen métodos así. La ADE nos puede enseñar a eso porque contrata todo el sistema con particulares y se hace el proceso en un sitio centralizado. En Bogotá se debería centralizar en unos cuatro puntos con muchas mesas de votación. Eso impediría no solo suspicacias por las demoras sino los manejos y maniobras fraudulentas que se pueden dar en este tipo de eventos.

–En el ámbito nacional se entregaron resultados sin haber atendido reclamaciones, ¿se hizo así en Bogotá?

–En Bogotá se atendieron cinco reclamaciones y hubo algunas votaciones que al verlas en detalle modificaron resultados. En otras no había pruebas. Pero nos encontramos con situaciones que violentaban la normatividad de la CUT y del Tribunal Nacional Electoral en relación a los propios reglamentos electorales que se había establecido.

–¿Qué piensa de que en el movimiento sindical se copien prácticas corruptas, politiqueras, clientelistas, al igual que en los partidos tradicionales?

–Uno quisiera que no fuera así, porque desde las otras centrales obreras y desde el Establecimiento están en la mira para saber lo que se mueve en la CUT para hacer picadillo el accionar sindical. Hay prácticas que no son transparentes. Pero no puedo hablar de eso porque me debería declarar inhibido ya que vendrán las impugnaciones y no me quiero inhabilitar para tomar decisiones.

Los retos

Alberto Vanegas, fue reelecto para el ejecutivo nacional de la CUT. También se habló con él para saber los retos de una nueva dirección donde predominan dos bloques políticos: la social democracia y el sector clasista.

“Debe profundizar el proceso de movilización y defensa de los derechos de los trabajadores e intereses de los derechos sociales de los colombianos en general. También debe asumir la convocatoria al congreso de la central, que por estatutos debe ser a los seis meses de posesionado el nuevo comité ejecutivo. Se deben generar las garantías para un amplio debate de los temas políticos, organizativos, de derechos humanos”.

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