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De: David Duarte

"El sistema de salud solo se justifica cuando presta un servicio digno", Ricardo Cañón.

Juan Gossaín publica 'un resumen' de la lista de muertos por culpa del 'espere la orden de la EPS'.

Si en las regiones llueve, en Bogotá está cayendo el diluvio universal: no hay rincón de Colombia, grande o pequeño, que se salve de la crisis por la que atraviesa el sistema de salud, que ya hizo metástasis, como una enfermedad dañina, en el cuerpo entero del país, y que lo invade todo, desde las aldeas que se arraciman en la orilla del mar hasta las imponentes ciudades de la montaña o de la llanura.

El barrio La Victoria, por ejemplo, es uno de los sectores populares más pobres y vulnerables del sur de Bogotá. El 4 de enero pasado, en el Hospital de La Victoria, le extirparon un cáncer de colon a un paciente de doce años. No fue posible cerrarle la herida quirúrgicamente. A los tres días, su padre, el ciudadano Oswaldo Torres Hormaza, imploró con angustia que examinaran a su hijo porque expedía mal olor.

Los médicos ordenaron su traslado inmediato a una unidad de cuidados intensivos pediátricos, pero nadie les hizo caso. Fue entonces cuando el padre, desesperado, llamó por teléfono a la línea de urgencia de la Personería Distrital pidiendo ayuda. Los personeros llamaron al hospital. Tengo en mis manos la grabación de aquel diálogo. Cada vez que la oigo siento que algo me está quemando en la cabeza.

–Huy, nooooo, conque mucha Personería y todo –contesta, burlándose, una voz de mujer.

–Huy, qué miedo –repite otra, que pasó a la línea–. La Personería, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, todas las ‘ías’. Qué miedo. Un día de estos les hacemos una huelga.

Y colgó el teléfono. Vuelven a llamar y vuelven a colgarles. Mientras tanto, el enfermo agonizaba. Ante esa actitud, los personeros llamaron directamente al gerente del hospital, quien dispuso que al amanecer del día siguiente el muchacho fuera trasladado al Hospital Santa Clara.

Así se hizo, pero de La Victoria no enviaron la historia clínica del paciente, por lo cual se retrasó la operación urgente que requería. El tiempo apremiaba. Los funcionarios de la Personería se vieron obligados a intervenir de nuevo, obtuvieron por fin una copia en disco compacto y la enviaron al Santa Clara.

Cuando llegaron, el joven Torres acababa de morir.

Las denuncias roncan en la Fiscalía

El caso anterior es apenas un ejemplo de lo que ocurre diariamente en Bogotá y todo el país. Hasta mediados de enero el personero de Bogotá, Ricardo Cañón Prieto, había entablado dieciocho denuncias penales por muerte de pacientes a causa de la falta de atención en instituciones de salud.

Entre los denunciados están funcionarios y directivos de los hospitales de Fontibón, El Tunal, Engativá, Santa Clara y La Victoria, además de las clínicas Nicolás de Federmán, Médicos Asociados, Veraguas, Jorge Piñeros y Palermo. Las denuncias de la Personería también incluyen a empresas de salud (EPS) como Saludcoop, Capital Salud, Unicajas, Caprecom, Nueva EPS, Solsalud, Cruz Blanca, Coosalud, Humana Vivir y Colsubsidio.

“Las denuncias no han avanzado mayor cosa en la Fiscalía –comenta el señor Cañón –porque, según nos dicen, no tienen antecedentes en este tipo de denuncias. Pero ya estamos trabajando con la Procuraduría para ejercer vigilancia especial y, si fuese necesario, nosotros mismos contrataríamos con firmas profesionales la búsqueda de pruebas”.

En ese sentido, el personero Cañón se reunió hace unos días con el director seccional de Fiscalías para llamar su atención por la falta de avances, pero, también, para que se destine un fiscal especial en estos casos. “Cómo será nuestra indiferencia ante la crisis de la salud”, me dice el personero, “que Colombia tiene fiscalías delegadas para todos los temas: de narcotráfico y lavado de activos, de justicia y paz, de terrorismo, de derechos humanos y hasta una fiscalía delegada para el robo de automóviles, pero en cambio no hay una para la salud”.

La brigada nocturna

Cañón es un hombre de carácter recio, bajito y delgado, de media calvicie, con una melena que le corre nuca abajo y anteojos redondos. Dondequiera que va carga una mochila llena de papeles. Crecían tanto las quejas y protestas de la gente por el tema de la salud que, hace casi dos años, en mayo del 2012, resolvió poner en marcha un plan de trabajo que parecía sacado de una película de comandos: grupos de cinco o seis funcionarios aparecen de sorpresa, a la medianoche, en los servicios de urgencia de los hospitales bogotanos, todos los días del año.

Fue así como descubrieron la terrible historia de lo que pasa con los afiliados de Caprecom, la empresa de salud más grande del régimen subsidiado, la de los colombianos más pobres, la que para atenderlos recibe plata del Estado.

Gracias a información suministrada por las autoridades de salud de Bogotá, la Personería encontró 122 casos de personas hospitalizadas que murieron esperando que Caprecom ordenara atenderlas. La orden llegó tarde o no llegó nunca.

La carrera contra la muerte

Los doctores pidieron autorización de dicha EPS para intervenir de urgencia a un bebé que tenía una hora de nacido. La autorización llegó catorce días después, cuando el niño había fallecido. En el caso de los pacientes muertos por la desatención de Caprecom, como la Personería no tiene facultades para sancionar a los funcionarios de esa entidad, lo que hicieron fue remitir la información a la Fiscalía, la Secretaría de Salud de Bogotá y la Superintendencia Nacional de Salud. Hasta el sol de hoy, nadie ha hecho nada.

“El sistema de salud solo se justifica –agrega el personero Cañón– cuando presta un servicio digno y oportuno al ciudadano. El usuario es el eje del sistema. Los aspectos económicos y administrativos no son un fin, sino un medio. El único fin verdadero es el usuario”.

A continuación presento una lista de siete personas, tomadas al azar entre las 122 que fallecieron en diversos hospitales bogotanos, mientras esperaban la autorización de Caprecom para atenderlas.

No olviden que, según las normas legales, a las que nadie hace caso, la orden para una cita médica no puede demorar más de tres días. Fíjense ustedes en las fechas en que se solicita la autorización de la EPS y la fecha de la muerte. Miren cuántos días han pasado en cada caso entre una fecha y la otra sin que la orden hubiera llegado.

La lista del dolor

1– Jorge Tulio García Cardona. 59 años. Hospital de Fontibón. Médicos piden a Caprecom la orden para trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos el 23 de mayo del 2013. Murió el 6 de agosto. Habían pasado tres meses. La orden nunca llegó.

2– Héctor Horacio Hueso Benito. Hospital Simón Bolívar. Piden la orden para una consulta de control renal el 27 de noviembre del 2012. Murió el 12 de febrero del 2013. Esperó 2 meses y medio.

3– Noemí Largo de Lozano. 58 años. Hospital Simón Bolívar. El 7 de diciembre del 2012 piden orden para extirparle un tumor. Murió el 15 de febrero del 2013. Pasaron 2 meses y una semana.

4– Identificado como Arismendi Arismendi. 58 años. Hospital Simón Bolívar Radiografía y lavado de bronquios. Solicitud: 11 de julio del 2012. Murió el 15 de septiembre. Dos meses y cuatro días de espera.

5– Norbeyi Álvarez Corso. 5 meses de nacida. Hospital Simón Bolívar. Solicitan orden para radiografías del tórax el 2 de enero del 2013. Fallece el 18 de febrero. Esperó un mes y medio.

6– Héctor Salazar Salinas. 50 años. Hospital Santa Clara. Solicitud para exámenes de tumor nasal el 11 de julio del 2013. Fallece el 21 de agosto. Un mes y diez días.

7– Cristóbal Forero. 57 años. Hospital de Engativá. Orden para consulta médica por primera vez. Se pidió el 6 de abril del 2013 y murió el 6 de mayo. Un mes exacto.

Lo que ustedes acaban de leer es un resumen apretado de la lista completa, que contiene 115 casos más. Van desde recién nacidos hasta ancianos de 90 años, pasando por muchachos de 25. Quién sabe cuántos de ellos se habrían salvado si la orden de atenderlos hubiera llegado a tiempo. No llegó nunca, ni siquiera a destiempo.

Epílogo

“Las visitas nocturnas a los hospitales –comenta el personero Cañón– nos han enseñado que una cosa es hablar del derecho a la salud, como tema de foros y seminarios, y otra cosa es encarnar ese derecho. Encarnarlo literalmente, quiero decir: de carne y hueso. Tenemos que salir a la calle a buscar a la gente. Para eso nos pagan”.

Cañón no se anda con rodeos: “Eso que le dicen al enfermo en el hospital, ‘espere la orden de la EPS o garantice usted el pago’, eso es lo que está matando a la gente”.

Según la Constitución Nacional y las leyes, el ciudadano tiene derecho a que clínicas y hospitales le expliquen por qué no lo atienden oportunamente. Además, la Superintendencia de Salud estableció un formulario que deben llenar esas instituciones cuando niegan un servicio. De lo contrario, un juez podría penalizarlas.

Hasta ahora, que se sepa, no han sancionado a nadie por ese motivo.

JUAN GOSSAÍN 
Especial para EL TIEMPO

 

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Por: Prensa ADE

 

La comunidad educativa de la Institución Patio Bonito I (Kennedy) y, específicamente los docentes, radicaron un comunicado en relación a lo que consideran la muerte de una docente a causa de negligencia en la atención por parte de Medicol UT Norte.

 


Se trata del caso de la profesora de primaria en esta institución Blanca Julia Rubiano, de 40 años, quien no habría recibido un adecuado tratamiento médico previo a una cirugía, lo cual llevó a su deceso.


La comunidad está dolida y molesta. De acuerdo con su compañero docente, Juan Agustín Carreño, desde Medicol UT Norte hicieron ir y venir a la docente en varias ocasiones para autorizarle una operación, incluso, la mandaron su casa y no la atendieron. Cuando por fin le aprueban el procedimiento quirúrgico el 3 de julio, ella fallece durante la intervención. Como prueba se soportan en su historia clínica.


Las demoras en la autorización de cirugías es una de las principales críticas de los docentes a la atención prestada por la empresa que presta los servicios médico-asistenciales en el Distrito. “Esperamos que la ADE se apersone del asunto y que empecemos las investigaciones pertinentes para esclarecer dicho suceso”, manifestó el profesor Carreño.

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El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Alejandro Pedraza, anunció a través de un comunicado que este miércoles 6 de noviembre habría una nueva marcha en todo el país para rechazar la reforma a la salud que se adelanta en el Congreso de la República.

A pesar de que el líder sindical emite fuertes críticas contra el actual régimen de salud, consagrado por la ley 100 de 1993, porque según él, “convirtió el derecho a la salud en mercancía”, también critica la reforma que se discute en la actualidad por, supuestamente “ahondar en los horrores de la Ley 100”.

De acuerdo con Pedraza, “lejos de resolver los problemas estructurales del sistema de salud” el objeto de esta nueva reforma es “garantizar el negocio de unos cuantos emporios y abrir el terreno a las multinacionales de la salud y aseguradoras en el marco de los Tratados de Libre Comercio”.

Según él, “los contenidos de la reforma determinan la apropiación de billonarios recursos públicos de la salud por las gestoras por medio de un mecanismo fiduciario que les entrega los recursos a los particulares, mientras supedita el derecho fundamental a la salud a la sostenibilidad fiscal”.

Para Pedraza, esta nueva reforma sostiene las utilidades a las EPS, que ahora se llamarían Gestores de Servicios de Salud, “restringiendo la prestación de servicios a los pacientes, lo que se traduce en negación de la atención en salud”.

El mayor reclamo del líder sindical es que la reforma da poder al Gobierno para definir el régimen laboral “recortando aún más los precarios derechos de los trabajadores de la salud”.

Por esta razón, Pedraza enfatiza que desde los sindicatos de trabajadores del sistema de salud, “no estamos de acuerdo con el punto uno de esta reforma, que habla de la salud como una mercancía, y se prioriza el interés financiero y no un derecho derivado de la Constitución Política”.

De esta forma, queda anunciada la marcha de este 6 noviembre y solicita a las autoridades que respete las garantías a la protesta, así como pide al Gobierno el retiro inmediato la reforma del Congreso.

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Persisten los mitos y crecen las mentiras, vivamente alimentadas por la industria, sobre los supuestos beneficios de los cultivos transgénicos. Estos engaños se pueden resumir en cinco: que alimentarán al mundo, que producen más, que eliminarán el uso de los agroquímicos, que coexisten armoniosamente con otros cultivos y que son absolutamente seguros para el medio ambiente y la salud. Desmontar el engaño es sencillo, sólo se trata de echar una mirada, desapasionada y objetiva, a lo que de verdad está pasando en el campo, con datos de la propia industria. La conclusión, después de veinte años de siembra transgénica comercial, es clara: ninguna de las promesas se está cumpliendo, más bien todo lo contrario. Veamos los cinco puntos uno por uno.

 

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