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Presunción de la subordinación laboral y del contrato de trabajo

Jurídico-laboral
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De conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Sin embargo, por los efectos de la deslaboralización, el mercado de trabajo se ha flexibilizado, existiendo formas de contratación que pretenden ocultar una verdadera relación laboral, tales los casos de la tercerización o intermediación: vinculación a través de cooperativas de trabajo asociado, contratos de prestación de servicios, etc., lo cual se traduce en el desconocimiento y violación de los derechos laborales.

Interesante y hasta sorpresiva ha sido la nueva posición de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral1, que hace pocos meses, en un caso donde el demandante laborando para la sociedad embotelladora “Embosán, S.A”, se le obligó a registrarse como comerciante dueño de una empresa de cobranzas y venta de gaseosas, firmar un contrato civil de prestación de servicios cuyo objeto era el cobro de cartera, para simular la relación de trabajo, y quincenalmente, para simular el pago de su remuneración salarial se le imponía la obligación de facturar el 1.5% sobre el valor de la cartera recaudada, estando obligado a cumplir con un horario de trabajo, llegó a la conclusión aplicando la norma citada, que demostrada la prestación personal del servicio, se presume la subordinación laboral y el contrato de trabajo.

Recordó la Corte, lo que tantas veces ha plasmado en sus sentencias, que para la configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté demostrada la actividad personal del trabajador a favor del empleador. Y respecto a la continuada dependencia o subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación laboral, no es menester su acreditación con la producción de la prueba apta, cuando se encuentre evidenciada esa prestación personal del servicio, toda vez que en este evento lo pertinente es hacer uso de la presunción legal del artículo 24 ibídem.

En palabras de la Corte “Lo anterior significa, que a la parte actora le basta con probar la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo, mientras que es a la accionada a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado el trabajador”.

Esta posición jurisprudencial es altamente benéfica y aplicable en todos los casos de común ocurrencia en Colombia, caso de las vinculaciones en el sector palmicultor, hospitales, etc., a través de cooperativas de trabajo asociado, o donde se hace aparecer al trabajador como un empresario independiente para que firme  contratos civiles, etc., tomando en cuenta además, que este precedente jurisprudencial es obligatorio para los jueces y particulares de conformidad con lo ordenado en la sentencia C – 539 de 2011, donde se consagró que “(ii) el entendimiento del imperio de la ley a la que están sujetas las autoridades administrativas y judiciales, debe entenderse como referido a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, incluyendo la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales;…(x) los fallos de la Corte Constitucional tanto en ejercicio del control concreto como abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante, en su parte resolutiva (erga omnes en el caso de los fallos de control de constitucionalidad de leyes, e interpartes para los fallos de tutela) y, en ambos casos, las consideraciones de la ratio decidendi tienen fuerza vinculante para todas las autoridades públicas”2.

De tal manera, debe alegarse permanentemente en los procesos esta circunstancia, a fin de que los jueces utilicen los procedimientos para materializar los derechos sustanciales de los trabajadores, y no se excedan en ritualidades y requerimientos de pruebas ya no necesarias para demostrar la subordinación laboral, cuando lo lógico, legal y jurisprudencial, es hacer uso de la presunción legal del artículo 24 del C. S. del T., de tal manera que, acreditándose la prestación personal del servicio o la actividad desplegada por el trabajador demandante, que había sido forzado a convertirse en contratista o empresario independiente, se presume la subordinación laboral, y como consecuencia, surge el derecho al reconocimiento y pago de los derechos laborales.

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* Abogado. Vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores.
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral. Sentencia de 29 de junio de 2011. Rad. 39377. M.P. Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
2 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 539 de 2011.M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.