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Sáb, May
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Por Camilo Raigozo. Fensuagro

 

Desde hace unas 48 horas cinco trabajadores del grupo empresarial Nutresa entraron en huelga de hambre en busca de forzar a la administración a que  no continúe evadiendo el diálogo con los asalariados.

 

Los trabajadores que adelantan la protesta pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, Sinaltrainal, y exigen contratación laboral directa a término indefinido, nivelación salarial, reintegro inmediato de trabajadores despedidos, eliminación de los acuerdos de desempeño y respeto a la libertad sindical.

 

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El desconocimiento de los criterios para graduar la sanción, la falsa motivación del acto administrativo y la presunta violación al principio de contradicción de la prueba, entre los aspectos identificados por el Ministerio Público.

 

La Procuraduría General de la Nación, a través de la agencia especial designada para intervenir ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dentro del proceso que se adelanta por la presunta cartelización empresarial del gremio de los azucareros, remitió un pronunciamiento sobre cinco aspectos que debían ser revisados por parte de ese organismo de vigilancia y control.

Criterios para graduar la sanción

La agencia especial de la Procuraduría concluye que la SIC, al efectuar la gradualidad y dosimetría de la sanción, no tuvo en cuenta los criterios definidos por la Ley 1340 de 2009 (que define normas en materia de protección de la competencia) y en particular lo señalado en los artículos 25 y 26 de esta norma.

Encontró el Ministerio Público que el ente sancionador sustentó la sanción en lo que denomina “ingresos operacionales”, sin que el ordenamiento jurídico aplicable contemple tal variable como criterio de gradualidad de las sanciones por restricción a la libre competencia, lo que en términos legales supone la violación de garantías constitucionales como el debido proceso y la legalidad.

Caducidad y favorabilidad

De otra parte, el Ministerio Público concluyó que en este proceso no operó la caducidad de la facultad sancionatoria de la SIC. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido que el cómputo de los cinco años para dicha caducidad debe efectuarse desde el momento en que cesó o dejó de ejecutarse la conducta infractora, que para este caso fueron las acciones tendientes a restringir las importaciones a Colombia que, según las pruebas recaudadas por la SIC, se registraron hasta julio del año 2011.

Asimismo, al analizar los hechos y circunstancias jurídicas del caso y valorarlos de acuerdo a la ley y a la jurisprudencia, este organismo de control determinó que no es posible aplicar el principio de favorabilidad, pues la conducta de restricción a la competencia ejercida por los sancionados se dio de manera continuada o permanente.

Falsa motivación del acto administrativo

La agencia especial de la Procuraduría observó que en la Resolución 80847 del 7 de octubre de 2015 la SIC sanciona a los ingenios azucareros por obstrucción a las importaciones, entre otras desde Guatemala y el Salvador, sin que desde la apertura de la investigación y hasta antes de la sanción se observara debate o contradicción en relación con tales argumentos, lo que de acuerdo a la ley supone falta de congruencia y en consecuencia falta de motivación de la resolución sancionatoria.

El Ministerio Público advirtió la violación al derecho a la defensa de los ingenios sancionados, ya que se evidenciaron límites a la posibilidad de controvertir los hechos y las pruebas.

Presunta violación al principio de contradicción de la prueba

La Procuraduría señaló además su preocupación ante lo manifestado por la SIC, respecto del momento en que informó a los investigados la manera de acceder a los archivos que fueron utilizados como prueba, cuando ya se había cerrado el periodo probatorio. Esto presuntamente se constituyó en una transgresión a la posibilidad procesal de controvertir y debatir las pruebas que sustentaron la sanción impuesta.

Inexistencia de la tipicidad de la conducta de algunos investigados

Este órgano de control consideró que no hay rigurosidad fáctica-probatoria en algunos casos particulares, que permita concluir la participación o actuación de algunas de las personas naturales sancionadas en prácticas reprochables. La Procuraduría no encontró evidencia que justifique y pruebe una relación directa de la actuación de algunos sujetos que, en calidad de representantes legales, hayan efectuado alguna conducta sancionable.

 

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La situación de las trabajadoras de las flores es realmente lamentable. Durante los 40 años que lleva la floricultura en Colombia ha sido muy difícil que las trabajadoras tengan políticas claras frente a su tratamiento.


 

Beatriz Fuentes, miembro del sindicato de las flores, hizo una larga lista de denuncias que suceden frente a la ignominia del Estado. El derecho de asociación no se respeta; es prácticamente imposible la formación y participación sindical. Sobre el salario, hasta hace unos cinco años ellas contaban con escala salarial. Ahora ningún trabajador gana más del salario mínimo, incluso, menos; sin contar los descuentos sin fundamento que hacen las cooperativas, como por papelería.

La salud de las trabajadoras es terrible. Muchas de ellas, especialmente las más veteranas, están sufriendo de túnel carpiano, de manguito rotador, de artritis, de hernias discales. Pero las enfermedades profesionales las ARL no las quieren reconocer como tal. Por ejemplo, cuando una trabajadora lleva más de 20 años en una empresa y se enferma del túnel carpiano, la ARL le dice que es por barrer, por lavar ropa o por planchar.

 

Una violación flagrante es la firma del TLC con Estados Unidos, específicamente los puntos que hacen parte del acuerdo Obama-Santos. Se supone que con base en este, ellas tendrían unas ventajas, que se acabarían las cooperativas y las temporales, pero al día de hoy eso no ha pasado.

Por el contrario, muchas de las empresas siguen constituyendo cooperativas de trabajo asociado y el descaro es tal que el personal firma sus contratos en las sedes de estas. Para disfrazarlas, buena parte de ellas se transformaron en SAS, pero conservando su accionar negativo a las trabajadores.

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