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Sáb, May
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La Vía Campesina - Grain

Defender los Sistemas de Semillas Campesinas

Los campos campesinos constituyen la primera línea de defensa contra las leyes de semillas que resultan perjudiciales. Esto implica organizar el rescate, la recogida, el mantenimiento y el desarrollo de las semillas locales así como compartirlas y utilizarlas.

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Leer más: Infografía – ¡Paremos las leyes de semillas que criminalizan a las campesinas y los campesinos y...

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Cuando hace 21 años desde estas mismas páginas decíamos “Las nuevas biotecnologías abren otra etapa, prometen un mejoramiento de las condiciones de la agricultura, con la creación de una nueva generación de semillas milagrosas; sin embargo, las mayores inversiones en investigación en este campo, se están realizando en la creación de plantas resistentes a los herbicidas, no a las enfermedades” sabíamos de las amenazas que teníamos por delante pero ni el más aventurado de los responsables podía imaginar lo que vendría.

Sin embargo los peores presagios se confirmaron y fueron, como siempre han sido, los pueblos afectados por las fumigaciones masivas los primeros en dar el alerta. Desde los campesinos colombianos afectados por las fumigaciones masivas contra las “plantaciones ilegales” por el Plan Colombia hasta los pueblos fumigados en toda la “República Unida de la Soja”, impúdicamente bautizada así por Syngenta, se han escuchado durante las últimas dos décadas sus reclamos por todas las vías posibles: cientos de movilizaciones, resistencia en las comunidades, acciones legales, acampes, piquetes y miles de expresiones de creatividad que aun en las peores situaciones los pueblos saben expresar dieron testimonio de una resistencia que ha marcado a fuego estas décadas.

Hoy la Organización Mundial de la Salud ha aceptado darle un poquito de razón a esos pueblos y reclasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno”. No es el final de la historia. Pero si es un hito que confirma lo que Andrés Carrasco hace 6 años puso en claro con sus investigaciones y que fortalece las resistencias y sobre todo la necesidad imperiosa de un nuevo modelo agrícola que justamente abreve en los diez mil años de agricultura de nuestras campesinas y campesinos para poder alimentar, ahora sí en serio, al mundo.

Vaya una recopilación, como siempre arbitraria e incompleta, que recorre los últimos 20 años de luchas, investigaciones y búsquedas enfrentando al gran veneno de nuestros tiempos.

Los impactos de las fumigaciones en la frontera colombo-ecuatoriana han sido muy graves. Organizaciones populares, no gubernamentales y, últimamente, representantes de los ministerios de Agricultura y Ambiente de Ecuador, han realizado estudios y misiones de verificación en la zona fronteriza que han permitido recaudar valiosa información sobre los daños humanos y ecológicos causados por las fumigaciones a lo largo de los tres últimos años.

Los surfactantes (POEA + Cosmo Flux 411) provocan la disminución del tamaño de las gotas del glifosato, efecto que permite que éste se sostenga más tiempo en el aire y que la deriva aérea sea importante incluso con escaso viento. Los estudios ecuatorianos han permitido determinar que a cinco kilómetros de los lugares colombianos que son asperjados, entre el 80 y el 100% de los campesinos que se encuentran en territorio ecuatoriano sufre signos de intoxicación aguda por organofosforados (el glifosato). Los signos y síntomas disminuyen conforme se supera la distancia de cinco kilómetros de las zonas fumigadas, lo cual demuestra que esas señales no son la consecuencia de enfermedades naturales. La sintomatología que presenta la población tras las fumigaciones, corresponde a síndromes ocasionados por la inhibición de la colinesterasa y el consiguiente aumento del neurotransmisor acetilcolina en los terminales nerviosos. En particular, las náuseas, los vómitos, los espasmos abdominales, las incontinencias urinaria y fecal, la broncorrea, la tos, la disnea, la sudoración, la salivación y el lagrimeo, que son síntomas del síndrome muscarínico, son ocasionados por la estimulación del sistema parasimpático que, en intoxicaciones graves, puede generar bradicardia, bloqueo de la conducción, hipotensión y edema pulmonar. De otra parte, los signos nicotínicos espasmos y fasciculaciones musculares, debilidad, hipertensión, taquicardia y en casos graves, hipoventilación con insuficiencia respiratoria, son ocasionados por la estimulación de los ganglios del sistema vegetativo y de las terminaciones de los nervios motores. El tercer grupo de síntomas corresponde a efectos a nivel del sistema nervioso central por acumulación de la acetilcolina: ansiedad, intranquilidad, temblor, convulsiones, confusión debilidad y coma.

La sintomatología antes descrita coincide con los reportes médicos encontrados en la población que habita en la zona de frontera. Según los estudios practicados en Ecuador, los síntomas presentes en la población, durante las fumigaciones, son cinco veces más frecuentes que respecto a los encontrados tres meses después de las aspersiones en esas mismas comunidades, lo que redunda en demostrar que son las fumigaciones las causantes de los padecimientos de la población.

Los estudios de sangre hasta ahora realizados han demostrado que la población que vive en la frontera y recibe las fumigaciones, tiene un número de aberraciones cromosómicas que supera al correspondiente de la población no expuesta en un porcentaje que oscila entre mill 200% y mil 700%. En otras palabras, se trata de personas que tienen un riesgo entre 12 y 17 veces más elevado que el común de la gente de padecer cáncer, sufrir mutaciones y presentar abortos o alteraciones embrionarias.

En un estudio reciente realizado con 47 mujeres, la totalidad de ellas que recibieron el impacto de las fumigaciones y sufrieron síntomas de intoxicación, presentaron lesiones genéticas en el 36% de sus células. El daño genético en estas mujeres es de un 800% por encima del grupo control establecido por el laboratorio de Quito y un 500% superior a los daños encontrados en población de similares características en la región Amazónica, a 80km de la zona de estudio.

La población estudiada que recibió los impactos de las fumigaciones, había sido afectada con al menos una fumigación nueve meses antes, por lo que no se puede determinar si las lesiones producidas son efecto del impacto recibido en las últimas fumigaciones o producto de la acumulación de fumigaciones previas. Sin embargo, sí se puede afirmar que someter a la población a más fumigaciones puede aumentar el riesgo de daños celulares y que, una vez permanente, se incrementen los casos de cáncer, mutaciones y alteraciones embrionarias importantes que den lugar, entre otras posibilidades, al incremento del número de abortos en la zona.

En un escenario futuro, la persistencia de las fumigaciones puede traducirse en daños genéticos irreparables para la población que las sufre. En el escenario actual, en la frontera colombo-ecuatoriana se ha registrado la muerte de 12 personas asociada a las fumigaciones. Cada periodo de fumigaciones ha implicado el incremento del número de fallecimientos en la frontera. La mayoría de las personas que mueren son niños, personas ancianas o personas cuyo sistema inmunológico está debilitado, Impactos en la salud ecuatoriana. Adolfo Maldonado, Acción Ecológica, Fumigaciones fronterizas del Plan Colombia, por diciembre del 2004,http://www.biodiversidadla.org/layout/set/print/content/view/full/10999

Las compañías biotecnológicas argumentan que cuando los herbicidas son aplicados correctamente no producen efectos negativos ni sobre el hombre ni sobre el ambiente. Los cultivos transgénicos a gran escala favorecen aplicaciones aéreas de herbicidas y muchos de sus residuos acumulados afectan a microorganismos como los hongos micorríticos o la fauna del suelo. Pero las compañías sostienen que el glifosato se degrada rápidamente en el suelo y no se acumula en los alimentos, agua o el propio suelo. El glifosato ha sido reportado como tóxico para algunos organismos del suelo, sean controladores benéficos como arañas, ácaros, carábidos y coccinélidos o detritívoros como las lombrices y algunas especies de la microfauna. Existen reportes que el glifosato también afecta a algunos seres acuáticos como los peces y que incluso actúa como disruptor endocrinológico en anfibios. El glifosato es un herbicida sistémico  y es conducido a todas las partes de la planta, incluidas las cosechables. Esto es preocupante pues se desconoce exactamente cuánto glifosato se presenta en los granos de maíz o soja transgénicos, ya que las pruebas convencionales no lo incluyen en sus análisis de residuos de agroquímicos. Es sabido que éste y otros herbicidas se acumulan en frutos y otros órganos dado que sufren escasa metabolización en la planta, lo que genera la pertinente pregunta acerca de la inocuidad de alimentos tratados, especialmente ahora que más de 37 millones de libras del herbicida son utilizadas solamente en los Estados Unidos (Risller y Mellon, 1996). Aun en el caso de ausencia de efectos inmediatos, puede tomar hasta cuarenta años a un carcinógeno potencial actuar en una suficiente cantidad de personas para ser detectado como un causal, Miguel A. Altieri y Walter A. Pengue, “La soja transgénica en América Latina. Una maquinaria de hambre, deforestación y devastación socioecológica”, Biodiversidad, sustento y culturas, núm 47, enero 2006.http://www.grain.org/article/entries/1090-la-soja-transgenica-en-america-latina-una-maquinaria-de-hambre-deforestacion-y-devastacion-socioecologica

Las comunidades indígenas y los movimientos campesinos en Argentina denuncian desde hace una década los efectos sanitarios de los agrotóxicos sojeros. Pero siempre chocaron con las desmentidas de tres actores de peso: productores (representados en gran parte por la Mesa de Enlace), las grandes empresas del sector y los ámbitos gubernamentales que impulsan el modelo agropecuario. El argumento recurrente es la ausencia de “estudios serios” que demuestren los efectos negativos del herbicida. A trece años de fiebre sojera, por primera vez una investigación científica de laboratorio confirma que el glifosato (químico fundamental de la industria sojera) es altamente tóxico y provoca efectos devastadores en embriones. Así lo determinó el Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina) que, con dosis hasta mil 500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras, comprobó trastornos intestinales y cardiacos, malformaciones y alteraciones neuronales. “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la posibilidad de que se estén interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, subraya el trabajo, que también hace hincapié en la urgente necesidad de limitar el uso del agrotóxico e investigar sus consecuencias en el largo plazo. El herbicida más utilizado a base de glifosato se comercializa bajo el nombre de Roundup, de la compañía Monsanto, líder mundial de los agronegocios.

Cuando los embriones fueron inyectados con dosis de glifosato muy diluido (hasta 300 mil veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones), los resultados fueron igualmente devastadores. “Malformaciones intestinales y malformaciones cardiacas. Alteraciones en la formación y/o especificación de la cresta neural. Alteraciones en la formación de los cartílagos y huesos de cráneo y cara, compatible con un incremento de la muerte celular programada.” Estos resultados implican, traducido, que el glifosato afecta un conjunto de células que tienen como función la formación de los cartílagos y luego huesos de la cara.

“Cualquier alteración por fallas de división celular o de muerte celular programada conduce a malformaciones faciales serias. En el caso de los embriones, comprobamos la existencia de menor cantidad de células en los cartílagos faciales embrionarios”, detalla Andrés Carrasco, que también destaca la existencia de “malformaciones intestinales, principalmente en el aparato digestivo, que muestra alteraciones en su rotación y tamaño”.

Carrasco rescata las decenas de denuncias —y cuadros clínicos agudos— de campesinos, indígenas y barrios fumigados. “Las anomalías mostradas por nuestra investigación sugieren la necesidad de asumir una relación causal directa con la enorme variedad de observaciones clínicas conocidas, tanto oncológicas como de malformaciones reportadas en la casuística popular o médica”, advierte el profesor de embriología.

La investigación recuerda que el uso de agrotóxicos sojeros obedeció a una decisión política que no fue basada en un estudio científico-sanitario (“es inevitable admitir la imperiosa necesidad de haber estudiado éstos, u otros, efectos antes de permitir su uso”), denuncia el papel complaciente del mundo científico (“la ciencia está urgida por los grandes intereses económicos, y no por la verdad y el bienestar de los pueblos”) y hace un llamado urgente a realizar “estudios responsables buscando mayores daños colaterales del glifosato”, Darío Aranda, “El tóxico de los campos”, abril del  2009.http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-123111-2009-04-13.html

El glifosato produce malformaciones en embriones anfibios y sus efectos alertan sobre las consecuencias en humanos. Una revista científica acaba de publicar el trabajo del argentino Andrés Carrasco, que estudió el efecto del agroquímico.

“Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión (anfibio), interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, alertó en abril de 2009 el jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del Conicet, Andrés Carrasco. Fue la primera vez que un estudio de laboratorio de Argentina confirmaba el efecto perjudicial del agroquímico pilar del modelo de agronegocios. Luego del anuncio, Carrasco fue blanco de una campaña de desprestigio por parte de las empresas del sector, medios de comunicación y funcionarios. Aunque el científico aclaró que se trataba de un avance de investigación, el principal cuestionamiento fue la falta de publicación en una revista científica, que —según los sostenedores de los agronegocios y buena parte del mundo académico— sería lo que otorga validez al saber científico. Un año y medio después de aquella alerta, el lunes último, la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología) publicó la investigación de Carrasco, donde se confirma que el glifosato produce múltiples malformaciones y, con análisis científicos como prueba, advierte: “Los resultados comprobados en laboratorio son compatibles con malformaciones observadas en humanos expuestos a glifosato durante el embarazo”.

Las diez páginas de la revista científica están plagadas de términos técnicos que, de distinto modo, dan cuenta del efecto negativo del agroquímico: microftalmia (ojos más pequeños de lo normal), microcefalia (cabezas pequeñas y deformadas), ciclopía (un sólo ojo, en el medio del rostro, malformación conocida en clínica médica), malformaciones craneofaciales (deformación de cartílagos faciales y craneales) y acortamiento del tronco embrionario. Y no descarta que, en etapas posteriores, se confirmen malformaciones cardiacas.

“Los embriones más gravemente afectados carecen de ojos y fosas nasales […] El glifosato interfiere con mecanismos esenciales del desarrollo temprano conduciendo a malformaciones congénitas”, explica la investigación, publicada en la revista científica Investigación Química en Toxicología (Chemical Research in Toxicology), de la Sociedad Americana de Química (ACS, por sus siglas en inglés, entidad con sede en Estados Unidos, que cuenta con más de 160 mil miembros y es una sociedad científica referente a nivel mundial).

“El efecto (del glifosato) sobre embriones abre la preocupación acerca de los casos de malformaciones en humanos observados en poblaciones expuestas en zonas agrícolas”, remarca la revista científica y explica: “Debido a defectos craneofaciales observados en seres humanos de zonas agrícolas decidimos explorar si los genes implicados en el desarrollo de la cabeza son alterados con el agroquímicos. Confirmamos que tanto la marca comercial como el glifosato puro producen defectos cefálicos”.

Los resultados experimentales se realizaron en embriones anfibios y de pollos, modelos tradicionales de estudio en embriología cuando se investigan trastornos en el desarrollo de vertebrados. “Debido a la conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de los vertebrados, los resultados de ambos modelos (anfibios y pollos) son equivalentes con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano”, explica el profesor de embriología de la UBA e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

La revista científica señala que se avanzó en un hecho inédito, de particular interés para el ámbito científico, que es vincular las malformaciones con la incidencia del glifosato en el aumento del ácido retinoico (derivado de la vitamina A, normal en todos los vertebrados y esencial para la regulación correcta de los genes involucrados en la vida embrionaria). “Pequeñas variaciones de ácido retinoico producen malformaciones. Nuestro trabajo es la primera evidencia de que las malformaciones producidas por el glifosato se asocian con el ácido retinoico”, explicó Carrasco a Página/12.

Luego de detallar hasta el extremo las formas de cómo se realizaron los análisis, la investigación problematiza los aspectos macro de la problemática argentina: “El modelo agrícola basado en el paquete tecnológico de OMG (Organismos Genéticamente Modificados) en la actualidad se aplica sin evaluación crítica, sin normas rigurosas y sin información adecuada acerca del impacto de las dosis subletales sobre la salud humana y el medio ambiente”.

La investigación —que lleva la firma de todo el equipo científico de Carrasco— recuerda que en la última década varios países de América Latina iniciaron estudios sobre las consecuencias ambientales del uso de herbicidas y pesticidas y destaca que en Paraguay un estudio epidemiológico en mujeres expuestas durante el embarazo a los herbicidas confirmó 52 casos de malformaciones.

También remarca que Argentina cuenta con antecedentes que debieran haber llamado la atención de los organismos de control. Destaca el aumento en la incidencia de malformaciones congénitas informado desde hace cinco años por el bioquímico y jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Horacio Lucero, y la situación del barrio cordobés Ituzaingó Anexo (rodeado de soja y donde se detectaron casos de malformaciones y repetidos abortos espontáneos).

“Estos hallazgos se concentran en familias que viven a escasos metros de donde regularmente se rocían los herbicidas. Toda esta información es extremadamente preocupante por riesgo de inducir alteraciones en la gestación humana”, confirma la publicación internacional, recuerda que la literatura científica ya comprobó que los factores ambientales inciden durante el embarazado y, sobre todo, remarca que “la placenta humana ha demostrado ser permeable al glifosato”.

El trabajo del Laboratorio de Embriología de la UBA hace especial hincapié en el “principio precautorio”, legislado en la Ley Nacional del Ambiente, que insta a tomar medidas protectoras toda vez que existan posibilidades de perjuicio ambiental y sanitario. La investigación de Carrasco, que aporta nuevos elementos de prueba, cuestiona que “a pesar de todas las pruebas reportadas en la literatura científica y las observaciones clínicas en el campo, no se ha activado el principio de precaución con el fin de darse cuenta de la profundidad del impacto sobre la salud humana producida por herbicidas en la agricultura basados en OGM”.

Andrés Carrasco insistió en que su publicación científica es, junto a otros estudios ya realizados, “un alerta que reclama la aplicación del principio precautorio en todo el país” y adelantó a Página/12 que puso su investigación a disposición de las autoridades del Conicet y de los ministros de Salud (Juan Manzur) y Ciencia (Lino Barañao). “Esta investigación, junto con otras ya existentes, deben invitar de forma urgente a un debate abierto a la sociedad con las máximas autoridades —reclamó. Es necesario terminar con el silencio, ya que la peor de las situaciones es la negación de lo que está sucediendo en las poblaciones sometidas al impacto de los agroquímicos.”, Darío Aranda, “Deformaciones similares a las de embriones humanos”, Página/12, agosto de 2010.http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-151480-2010-08-17.html

La primera recomendación es que la sociedad, la opinión pública, escuche, reconozca y conozca lo que desde el ámbito académico y científico de la salud afirmamos: los plaguicidas son tóxicos, son venenos y nos están enfermando, las enfermedades que vemos y tenemos no son casuales, son generadas, principalmente, por la fumigación con estos agrotóxicos.

En razón del grave problema que hemos aquí presentado, y en función de la aplicación del principio precautorio, creemos que se deben tomar medidas para garantizar el derecho a la salud y a un ambiente sano para las poblaciones de los pueblos fumigados, nuestros pacientes. Es urgente avanzar en restricciones públicas al uso de los plaguicidas ya que durante al menos 6 meses al año y tres veces por mes se envenena masivamente a las poblaciones de los Pueblos Fumigados de la Argentina. Las fumigaciones realizadas por medio de aviones o helicópteros han demostrado que producen una “deriva” de los venenos que se esparcen de manera incontrolable. De hecho el Parlamento de la Unión Europea a través de su Directiva 128/09 ha determinado su prohibición en todo su territorio, y establecido la exigencia de adecuar las normativas de cada país en ese sentido, ya que pulverizaciones de plaguicidas realizadas en Francia eran detectadas en Islandia a los pocos días.

Es por ello que creemos que, considerando la magnitud de la utilización de agroquímicos en la Argentina y la fragilidad de la salud que se detecta en la población de los pueblos fumigados, es fundamental prohibir, en forma inmediata, toda fumigación aérea de plaguicidas en todo el territorio del país. I Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, agosto del 2010, http://alainet.org/es/active/41935

La embajada de los Estados Unidos defendió el uso del cuestionado pesticida glifosato ante autoridades del Senasa, el organismo responsable de garantizar y certificar la sanidad y calidad de la producción agropecuaria. Según un cable diplomático de julio del 2009 filtrado por Wikileaks, al que tuvo acceso Página/12, la embajada tomó la decisión de presentar estudios propios ante el ente regulador que había autorizado el uso del pesticida después de que este diario revelara un estudio científico alertando sobre la posible toxicidad del producto.

El lobbying estadounidense en favor del fabricante del pesticida, la multinacional Monsanto, tuvo lugar seis meses después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenara al Ministerio de Salud iniciar una investigación oficial sobre los posibles efectos nocivos del pesticida. El estudio, que aún se está realizando, servirá de base para limitar o eventualmente prohibir el uso de glifosato, si se demuestra que efectivamente afecta la salud de la población, tal como sugiere el trabajo cuestionado por la embajada. Lo realizó el toxicólogo Andrés Carrasco con embriones de pollo. Según el cable, para la embajada, Carrasco es un investigador del “prestigioso” Conicet y de la “muy respetada” Universidad de Buenos Aires. Pero su estudio no sería “científicamente creíble” porque no había sido refrendado por esas instituciones ni incluido en una publicación científica.

“Dentro de los círculos científicos y las agencias regulatorias responsables por la aprobación del uso de glifosato en la Argentina, se acepta que el supuesto estudio no tiene credibilidad científica. Los resultados no han sido presentados para un análisis de metodologías, procedimientos y/o conclusiones”, dice el cable, Santiago O’Donnell, “El glifosato es intocable”, Página/12, marzo del 2011,http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-163729-2011-03-09.html

La Organización Mundial de la Salud (OMS), máximo espacio internacional en materia sanitaria, acaba de alertar sobre la vinculación del herbicida glifosato (el más utilizado en el mundo) y el cáncer. Confirmó que existen “pruebas” de que el herbicida puede producir cáncer en humanos y en animales de laboratorio. “También causó daño del ADN y en los cromosomas en las células humanas”, alerta el trabajo científico y detalla que se detectó glifosato en agua, alimentos, y en sangre y orina de humanos. El glifosato se utiliza de manera masiva en soja y maíz transgénicos (entre otros cultivos) y desde hace más de diez años es denunciado por organizaciones sociales, campesinas, médicos y científicos independientes de las empresas.

A medida que crecía la siembra de transgénicos, y mayor era el uso de agrotóxicos, se sumaban las denuncias por daños a la salud la salud. Caso emblemático de Argentina es el de las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba, que incluso llegó a juicio penal con condenas para el productor y el fumigador. Y también se sumaron los estudios científicos que daban cuenta de abortos espontáneos, cáncer, malformaciones y afecciones agudas, entre otras consecuencias.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) es un ámbito especializado de la Organizaciones Mundial de la Salud (OMS). Luego de un año de trabajo de 17 expertos de once países, el 20 de marzo emitió un documento inédito: “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”. Detalla que la evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001. Y destaca que el herbicida “también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas” (situación que tiene relación directa con el cáncer).

El IARC-OMS recuerda que, en estudios con ratones, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos había clasificado al glifosato como posible cancerígeno en 1985 pero luego (1991) modificó la calificación. Los científicos del IARC consideran que, desde la reevaluación de la EPA hasta la fecha, hubo “hallazgos significativos y resultados positivos para llegar a la conclusión de que existen pruebas suficientes de carcinogenicidad en animales de experimentación” y afirman que estudios en personas reportaron “incrementos en los marcadores sanguíneos de daño cromosómico” después de fumigaciones con glifosato.

El documento “Evaluación de cinco insecticidas organofosforados y herbicidas”, fue publicado en la sede del IARC en Lyon (Francia) y remarca que las evaluaciones son realizadas por grupos de “expertos internacionales” seleccionados sobre la base de sus conocimientos y sin conflictos de interés (no puede tener vinculación con las empresas).

La organización internacional recuerda que el glifosato es el herbicida de mayor uso mundial. Se utiliza en más de 750 productos diferentes para aplicaciones agrícolas, forestales, urbanas y en el hogar. Su uso se ha incrementado notablemente con el desarrollo de variedades de cultivos transgénicos y precisa que el agroquímico “ha sido detectado en el aire durante la pulverización, en agua y en los alimentos”. Y reconoce que la población “está expuesta principalmente a través de la residencia cerca de las zonas fumigadas”. Precisa que el glifosato se detectó en la sangre y la orina de los trabajadores agrícolas.

Con la nueva evaluación, el glifosato fue categorizado en el “Grupo 2A”, que significa en parámetros de la Organización Mundial de la Salud: “Probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Esta categoría se utiliza cuando hay “pruebas limitadas” de carcinogenicidad en humanos y “suficiente evidencia” en animales de experimentación. La evidencia “limitada” significa que existe una “asociación positiva entre la exposición al químico y el cáncer” pero que no se pueden descartar “otras explicaciones”,  Confirmado: la OMS ratificó que el glifosato de las fumigaciones puede provocar cáncer, Darío Aranda, La Vaca, marzo 2015. http://www.lavaca.org/notas/confirmado-la-oms-ratifico-que-el-glifosato-de-las-fumigaciones-puede-provocar-cancer/

 

 

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ginebra_15.jpgLa Via Campesina, La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA), el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores (WFFP), la Alianza Mundial de Indígenas Trashumantes (WAMPI), el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), la Federación Internacionales de Movimientos Adultos Rurales Cristianos (FIMARC), Centre Europe-Tiers Monde (CETIM), FIAN Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Para la segunda sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre una Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales.

Somos representantes de hombres y mujeres campesinas, pueblos indígenas, pastores trashumantes, pescadores y trabajadores rurales de todo el mundo, es decir millones de personas que vivimos y trabajamos en las zonas rurales, acompañadas, por FIAN Internacional y CETIM y otras organizaciones de derechos humanos. Venimos participando de una forma constructiva en el proceso de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los campesinos y campesinas y de otras personas que trabajan en zonas rurales desde hace muchos años, desde nuestros campos, nuestros pastos y nuestros lugares de trabajo en todo el mundo, y también desde Ginebra. Nos agrada ver el proceso que está en marcha y las aportaciones constructivas de tantos Estados y organizaciones de la sociedad civil.

La Resolución 26/26 del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas entregó, en 2014, el mandato a este grupo de trabajo intergubernamental para negociar, finalizar y presentar ante el Consejo un proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las campesinas y campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales. Dicho mandato pide que se aclaren y consoliden los derechos humanos existentes con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos de las campesinas y campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales.

Compartimos la opinión que la Declaración debería extender los derechos universales al campesinado en general y a todos las personas que trabajan en zonas rurales, y así colmar las brechas legales existentes en la protección. Debería también ser progresista, para tratar las brechas emergentes y, por ende, acabar con las prácticas discriminatorias que afectan a campesinas y campesinos y a otras personas que trabajan en zonas rurales.

Nosotras y nosotros, como representantes de mujeres y hombres campesinos, pueblos indígenas, pastores trashumantes, pescadores y trabajadores rurales, debemos ser reconocidos como parte legítima de la cooperación internacional en relación a la alimentación y al desarrollo rural, puesto que somos el principal grupo de la población que se enfrenta al hambre y a la malnutrición, a la vez que contribuimos sobremanera a la alimentación del mundo. Los dos mil millones de campesinos y campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales poseen un gran conocimiento y experiencia, así como también nuestras propias perspectivas. Entendemos los desafíos actuales a los que se enfrenta el sistema alimentario mundial, y tenemos ideas para una solución. Podemos contribuir al proceso del desarrollo de manera valiosa.

Hacemos un llamado a los Estados a que se unan para reconocer y garantizar en mayor medida la realización de los derechos de los campesinos y campesinas y de otras personas que trabajan en zonas rurales. Los Estados y las organizaciones de las Naciones Unidas deben seguir trabajando para encontrar la mejor manera de promover y proteger la subsistencia y los productores de alimentos a pequeña escala y de las poblaciones rurales. Esta tarea incluye un impulso fuerte para la adopción de medidas antidiscriminatorias, como ya se mencionó en el proyecto de declaración sobre los derechos de las mujeres, pueblos indígenas, pastores trashumantes, pescadores y trabajadores rurales, hombres y mujeres. Opinamos que, con estas medidas, los campesinos y campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales tendrán una mayor seguridad y podrán trabajar arduamente en producir alimentos adecuados y nutritivos para la humanidad.

Para nosotras y nosotros, la relación con la Madre Tierra, sus territorios y aguas constituye la base física, cultural y espiritual de nuestra existencia. Debemos mantener esta relación con la Madre Tierra para la supervivencia de las generaciones futuras, y asumimos con mucho gusto nuestro papel de guardianes y guardianas de la misma.

Más allá de las fuentes ya mencionadas en el preámbulo, desearíamos enfatizar la relevancia de incluir la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 13 de setiembre de 2007 y las convenciones relevantes de la OIT, así como el trabajo realizado por el Comité sobre la Seguridad Alimentaria y el derecho a la alimentación.

Los Estados, la sociedad civil y las agencias de las Naciones Unidas han hecho un arduo trabajo a lo largo de esta semana para hacer aportes y desarrollar una Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y campesinas y de otras personas que trabajan en zonas rurales. Encomiamos la naturaleza inclusiva del proceso, especialmente el lugar brindado a las organizaciones de la sociedad civil, para participar plenamente en él. Ha llegado el momento de aunar fuerzas y trabajar por el bien de nuestra identidad, integridad y derechos.

Como organizaciones que representan a campesinas y campesinos y a otras personas que trabajan en zonas rurales, estamos listas para cumplir con nuestra parte y asumir nuestras responsabilidades. Instamos a los Estados y al sistema de las Naciones Unidas a cumplir con sus obligaciones y a que sigan participando de buena fe y de una manera proactiva para garantizar una discusión democrática en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.

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P O N E N C I A

EBERTO DIAZ  MONTES

 


El campo es un escenario para superar la violencia o continuar la guerra

El campo colombiano, que tanto interesa al gran capital transnacional, ha sido y es un escenario de confrontación y disputa donde en la actualidad se puede definir el logro de la paz o, alternativamente, la profundización de la guerra interna que ha sufrido el país durante las últimas cinco decadas.


La paz debería significar el fin de la violencia caracterizada por el desplazamiento masivo y el despojo, de la cual históricamente han sido víctimas campesinos, indigenas, afros y raizales. Una violencia, que además ha inducido una alta concentración de la propiedad de la tierra.


Así, el logro de la paz requiere la desactivación del modelo de desarrollo latifundista y excluyente que ha hecho permanecer el gamonalismo y una seudodemocracia que favorece a los privilegiados de siempre. Estos son los retos de la paz que deben superar quienes han detentado el poder y son responsables de la crisis estructural del campo colombiano. Sin embargo, ese no pareciera el propósito que persigue el Plan Nacional de Desarrollo.


El Plan Nacional de Desarrollo-PND y las política para el campo


En las bases del PND se reconoce la importancia del campo en el desarrollo económico y social del país, toda vez que el 81,8% del territorio colombiano está integrado por municipios rurales, al tiempo que el 30.3% de la poblacíón vive en zonas rurales. Sin embargo, en lo que respecta a las estrategias para transformar el campo, predomina una visión desarrollista y tecnocrática que busca modernizar el campo a costa del empobrecimiento y exclusión social del campesinado, las comunidades y pueblos étnicos, de manera que es poco lo que plantea para que el Estado, sus instituciones y los gobiernos de turno salden la deuda histórica que se tiene con la población rural colombiana.


En efecto, los mecanismos de intervención integral en territorios rurales, implicitos en el artículo 96 del Proyecto de Ley del PND, abre las puertas a la implementación del modelo de plantaciones y agroexportación, por el cual, como mecanismo integrador, se invita a los campesinos a formar parte de las alianzas productivas, según un arreglo en el que los campesinos son “el caballo y los grandes empresarios  ligados al sector financiero transnacional  son el jinete.”


Así mismo, las propuestas para regularizar un sistema de seguridad social y laboral en el campo no tienen asidero real y no tiene en cuenta que constituyen premisas que deberían ser concretadas en un nuevo contrato social a corto tiempo. Lo cierto es que, por un lado, gran parte de la rentabilidad empresarial en el sector agropecuario se debe principalmente a los subsidios que entrega el Estado a los grandes agroindustriales, como lo ejemplífica el caso del etanol entre otros productos. Y, por otro lado, las reglas de flexibilización laboral someten a los trabajadores de las plantaciones, en su gran mayoria sin derecho a seguridad social, a tener desventajosas condiciones de remuneración economica y de tercerización laboral.


Por eso, aquí cabe aclarar que cualquier tipo de intervención sobre el territorio debe ser previamente consultada y acordada con las comunidades, las cuales deben recibir información suficiente con respecto a la implementación de las políticas gubernamentales. Asi lo plantean en sus exigencias las organizaciones de la Cumbre Aagraria, la cual se transcribe a continuación:


El pais necesita un proceso de de ordenamiento territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la produción, se distribuya el uso del suelo, se gobierne el suelo y se protejan el aire, el agua, los ecosistemas estratratégicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese ordenamiento apuntará a armonizar la conservación del medio natural con el aprovechamiento para la supervivencia de las comunidades agrarias.”


Otro aspecto negativo contenido en las bases del PND tiene que ver con la propuesta de implementar el derecho real de superficie. El mismo aplica a los bienes de la Nación (baldios) y a las tierras antiguamente adjudicadas a pequeños productores campesinos como soluciones de reforma agraria. Este mecanismo, en la práctica, se convierte en una herramienta más para el despojo y la concentración de la propiedad rural (esta útima según el indice de Gini, se establece en el 0.86, donde uno representa concentración total  y cero ninguna concentración)


Tampoco hay buenas noticias con respecto a la política de subsidios para reforma agraria. No obstante que la ley prevé el otorgamiento de un subsidio hasta del 100% del valor de la UAF o del proyecto productivo según el caso, el hecho de que el programa de tierras esté a cargo de una entidad sin el presupuesto suficiente como el INCODER, seguramente conllevará nuevas frustraciones de las esperanzas de miles de familias campesinas sin tierra. Para colmo de males, la asignación focalizada y por convocatorias de los subsidios ha demostrado ser un procedimiento excluyente que se presta para prácticas clientelistas. Así, en será un mecanismo engorroso, abundante en tramites y desarticulador de los procesos sociales y organizativos. En otra palabras, más de lo mismo .


Podemos asegurar también que el enfoque del PND en cuanto a su política de reforma agraria es marginal. Las tierras accesibles por los pequeños productores estarán reducidas a posibles baldios de la nación, teniendo las familias campesinas que competir con los grandes emporios empresariales para que se les adjudique una parcela y a las tierras sustraidas de las zonas forestales, en contra de la protección ecológica de los ecosistemas, páramos, fauna bosques naturales. No se plantea afectar las mejores tierras ubicadas en el interior de la frontera agrícola que brindan todas las garantías para la implementación de una política de reforma agraria integral, dada su cercanía a las grandes ciudades, a los mercados, a los aeropuertos, con  dotaciones de vías de acceso, comunicación, agua potable y energía.


Según Hector Mondragón, la no utilización de las tierras aptas para la agricultura no es un fénomeno meramente técnico. “Se deja de sembrar por que hay un control monopólico especulativo de la propiedad de la tierra”. Eso es comprobable en Colombia donde las politicas agenciadas por el Banco Mundial promueven el mercado de tierras como el mecanismo  mas idoneo para que las familias campesinas accedan a la propiedad de la tierra, garantizando realmente que la gran propiedad y las mejores tierras no sean afectadas, desvirtuando a su vez el concepto politico de   reforma agraria y puesta en practica de la misma. Lo cual, además, pone en grave riesgo la producción local de alimentos, acentuando los problemas de desnutrición y muertes por este flagelo, como lo demuestra la denuncia de la muerte de más de tres mil niños indigenas en el departamento de la Guajira en los ultimos cinco años. Por eso afirmamos que sin una acción  decidida del Estado en materia de apoyo a la economia campesina y una política antimonopolio de la tierra será no solo imposible el acceso a la propiedad por los pequeños productores, si no ademas la imposibilidad de un verdadero desarrollo rural.


La necesidad de una institucionalidad agropecuaria que apunte hacia el buen vivir en el campo


Infortunadamente, las políticas de ajuste institucional para el sector agropecuario han estado al vaivén de los intereses políticos de turno, lo que ha conllevado a la formulación y toma de decisiones equivocadas, llenas de burocratismo, en desmedro del campesinado. Así, entidades como el INCODER no han cumplido su misión y son un fracaso. Resultado de la fusión del antiguo INCORA con otras tres entidades, según Decreto 1300 de 2003, expedido por el entonces presidente Alvaro Uribe con el argumento de que habia que articular esfuerzos políticos, técnicos y de integracionalidad institucional para garantizar un mejor beneficio a los usuarios del sector agropecuario, este Instituto nunca ha tenido “dientes” para llevar a cabo el cometido para el que fue creado, convirtiéndose en un feudo politiquero de los partidos de gobierno.


Por ello creemos que conceder al presidente de la República facultades extraordinarias para suprimir y/o escindir las entidades del sector agropecuario que ejecuten las políticas de tierra y de desarrollo rural, debe acompañarse de la opinión y la participación efectiva de las comunidades rurales, de sus organizaciones y de los trabajadores del sector.


Se hace necesario un gran concenso que permita sentar las bases de una nueva institucionalidad al servicio del campo colombiano. Una institucionalidad pública que garantice dar cumplimiento a los acuerdos de paz, a las exigencias y acuerdos con el movimiento indigena, negro y campesino. Una institucionalidad con capacidad económica, con talento humano, desburocratizada y desclientizada de los intereses politiqueros. En síntesis, una institucionalidad que pueda dar cumplimiento al nuevo ordenamiento territorial que se concerte con los pobladores rurales, que esté en sintonía con los anhelos y la puesta en práctica de la reforma agraria integral, la protección ambiental y, en general, con las exigencias planteadas por la cumbre agraria, campesina, étnica y popular hacia el buen vivir.


Otro aspecto importante de la institucionalidad sectorial es el relacionado con la política de creditos para el sector agropecuario. En el Proyecto de Ley del PND solo se considera la restructuración de la estructura de Finagro, quedando al margen la dirección de una política de incentivos crediticios y tratamiento especial a la producción de economía campesina, mediante una línea de créditos de fomento que garantice la promoción de la producción de alimentos para el mercado interno .


No se considera la situación de miles de pequeños y medianos productores agropecuarios que hoy se encuentran en un callejon sin salida como consecuencia de las deudas, muchas de ellas como resultado de las politicas gubernamentales, el enfoque rentista y de acumulación de ganancias del sector financiero, las politicas aperturistas, los tratados de libre comercio y las imposiciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio-OMC.


Por eso, desde la Cumbre Agraria hemos planteado la necesidad de condonar las deudas y retiro de los embargos a tierras y propiedades del campesinado adquiridas a traves del sistema financiero, así como la reactivación inmediata y el acceso a nuevos créditos agropecuarios con tasas no determinadas por la lógica del mercado y sistema financiero internacional.


Como paradoja, el financiero es el primer sector de la economía colombiana con una participación en el PIB del 19,9% (2013), mientras que el sector agropecuario ocupa el octavo lugar con una participación del 6,2% (2013), sin embargo  genera mas del 18% del empleo en el país, solo superado por el sector del comercio, la hoteleria y restaurantes. Esto indica que si se traza una política de crédito masivo para la agricultura y en especial para la pequeña producción, que incentive a la organización cooperativa, al mercado local y a la generación de la pequeña y mediana agroindustria, se aprovecharían mejor las potencialidades de la economía. Además, que si se si se cambia la lógica perversa con la que se ha tratado al sector agropecuario, en especial a la pequeña y mediana produccón agropecuaria se podría crecer de forma democrática en terminos de generación y distribución de riqueza,


El modelo neoliberal ha pretendido arraigar en la sociedad, entre otros, términos como la eficiencia, la competividad, el libre mercado, la productividad y la rentabilidad que apuntan a la acumulación de capital. Sin embargo, en la realidad colombiana algunos de dichos terminos no son más que una consigna. Por ejemplo, desde las esferas del alto gobierno se proclama el aumento de la productividad, pero más de 16 millones de hectáreas de tierra aptas para la agricultura estan ociosas o usadas para ganaderia extensiva, mientras miles de familias campesinas dispuestas a sembrar no poseen ningúna forma de propiedad sobre la tierra. Es por ello que a pesar de la insistencia del PND en la palabra competitividad, esta no será posible si continuan las viejas condiciones latifundistas que condenan al atraso y miseria a la mayoria de la poblacion campesina.


Comentario final sobre el CRECIMIENTO VERDE


Quiero terminar este analisis refiriendome al mencionado, según expresión del PND. El mismo, en realidad esta más relacionado con la ECONOMIA VERDE, la cual algunos estudiosos han denominado de manera acertada com el “ASALTO FINAL A LOS BIENES COMUNES O BIENES DE LA NATURALEZA”. Nuestro planeta está en peligro como consecuencia de la sobre explotación capitalista de la naturaleza, el derroche de energía, el consumismo creciente y la implementación de un modelo de desarrollo que agota los ecosistemas, los bosques, el agua, que está conllevando al derretimiento de los casquetes de hielo de los  polos, que saquea los oceanos, los rios, las lagunas y lagos y que, en últimas, ha derivado en lo que se conoce como crisis climática y ambiental. El peligro es tan grande que demanda un cambio de rumbo de la humanidad en su accionar y modelo de vida, porque de lo contrario, se verá abocada a la desaparición como especie en el planeta tierra.


Así, corresponde poner en máxima alerta a cada uno de los colombianos/as ante la real posibilidad de que los territorios sufran una nueva escalada de violencia y ante la decisión de mercantilzar todos nuestros bienes naturales, tal como lo confirma las bases del PND en relación con la venta de la biodiversidad, que en el caso colombiano representa el 10% de la biodiversidad del planeta. Se trata de una nueva estrategia mundial de acumulación de capital en cabeza de las poderosas transnacionales como lo ejemplifican las cifras astronómicas del mercado de carbono que mueve globalmente cerca de 180 mil millones de dólares al año. (Economia verde-Revista biodiversidad). Es importante tambien advertir que esta nueva estrategia presente en las bases del PND está intimamente ligada a la continuidad de la concesion de los territorios a las corporaciones transnacionales como sucede con la gran mineria.


ES HORA DE CONSTRUIR NUESTRO PROPIO FUTURO, NO EL QUE NOS IMPONGAN LOS INTERESES TRANSNACIONALES E IMPERIALISTAS.

“SEMBRANDO DIGNIDAD, LABRANDO ESPERANZA Y COSECHANDO PAÍS “


Referencias


· Hector Mondragón, (2011), La economa campesina y el futuro del agro en Colombia.

· Cumbre Agraria, Campesina, Etnica y Popular, (2014), Plego de Exigencias.

· XI Congreso Nacional de Fensuagro, (2015),Tesis Discusión

· Economia Verde – Revista Biodiversidad.

· Proyecto de Ley de Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

 

 

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GRAIN | 01 diciembre 2014 | A contrapelo

¿Qué podría ser más habitual que guardar semillas de una temporada para la siguiente? Después de todo, así es como hemos cultivado en nuestras fincas y huertas. Sin embargo, desde Guatemala a Gana, desde Mozambique a Malasia, esta práctica ancestral se está convirtiendo en un acto criminal, lo que permite que media docena de grandes corporaciones multinacionales puedan transformar las semillas en propiedad privada y lucrar de ellas.

GRAIN ha elaborado un conjunto de datos actualizados sobre la forma en que los llamados acuerdos de libre comercio están privatizando las semillas a través de todo el mundo. Pero la gente se está defendiendo y en varios países las movilizaciones populares están forzando a los gobiernos a suspender los planes de privatización de semillas.

 

El tratado de libre comercio entre Guatemala y EUA obliga a Guatemala a adherirse al Convenio UPOV. pero la resistencia popular forzó al gobierno a repeler una ley nacional que se buscaba aprobar con este propósito. (Foto: Raúl Zamora)

El tratado de libre comercio entre Guatemala y EUA obliga a Guatemala a adherirse al Convenio UPOV. pero la resistencia popular forzó al gobierno a repeler una ley nacional que se buscaba aprobar con este propósito. (Foto: Raúl Zamora)

Los acuerdos comerciales se han convertido en la herramienta elegida por los gobiernos para, en conjunto con los grupos de presión de las corporaciones, impulsar nuevas normas que restrinjan el derecho de los agricultores a usar sus propias semillas. Hasta algunos años atrás, el acuerdo más importante era el Acuerdo de la Organización Mundial para el Comercio (OMC) sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Este acuerdo fue adoptado en el año 1994 y fue el primer tratado destinado a establecer estándares mundiales para los derechos de “propiedad intelectual “ sobre las semillas.1 Su objetivo es asegurar que empresas como Monsanto y Syngenta, las cuales invierten dinero en el mejoramiento de plantas e ingeniería genética, puedan controlar lo que sucede con las semillas que producen, impidiendo que los agricultores la reutilicen. Esta estrategia es similar a la desplegada por Holywwod o Microsoft, que bloquean legal y tecnológicamente sus películas y programas informáticos para que la gente no los copie y comparta

 

Sin embargo las semillas no son lo mismo que un programa informático. La noción misma de “patentar la vida” es impugnada fuertemente. Por esta razón, el acuerdo de la OMC fue una suerte de acuerdo para lograr un punto medio entre gobiernos. El acuerdo indica que los países pueden excluir plantas y animales (pero no microrganismos) de sus normas sobre patentes, pero deben crear algún tipo de protección a la propiedad intelectual sobre variedades vegetales, sin especificar cómo hacerlo.

Los acuerdos de comercio negociados fuera de la OMC, especialmente aquellos impulsados por las economías desarrolladas más poderosas, tienden a ir mucho más allá. A menudo exigen que los gobiernos signatarios patenten plantas o animales o reconozcan las normas de la la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), con sede en Ginebra, la cual entrega derechos similares a las patentes sobre variedades vegetales. Ya sea en la forma de patentes o de UPOV, estas normas generalmente dejan en la ilegalidad la posibilidad que los agricultores guarden, intercambien, vendan o modifiquen semillas de las llamadas variedades protegidas.2 En efecto, la convención de 1991 de la UPOV fue modificada para entregar un monopolio aún más fuerte a las empresas agroindustriales a expensas de las comunidades campesinas e indígenas. Esta versión de UPOV del año 1991 está siendo promovida fuertemente a través de los tratados comerciales.

 

La embestida de los Tratados de Libre Comercio (TLC)

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por México, Canadá y Estados Unidos, casi al mismo tiempo que el ADPIC se estaba finalizando, fue uno de los primeros acuerdos comerciales negociados fuera del campo multilateral que contenía medidas más duras sobre privatización de semillas. Este tratado obligó a México a integrar el club UPOV de países que han otorgado a las empresas semilleras derechos exclusivos que les permiten impedir que los agricultores reciclen y reutilicen las semillas comerciales. El acuerdo, además, sentó un precedente para todos los acuerdos bilaterales estadounidenses que siguieron, y la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y Japón adoptaron la misma posición.3

Desde entonces, han existido permanentes presiones diplomáticas y financieras para conseguir, por “la puerta trasera” ( estos acuerdos comerciales se negocian en secreto), la privatización de las semillas. Lo que está en juego para las grandes semilleras es mucho. A nivel mundial, sólo 10 compañías controlan el 55% del mercado de semillas comerciales.4

Sin embargo, para estas empresas esa participación en el mercado aún no es suficiente. En Asia, África y América Latina, alrededor del 70 a 80% de las semillas utilizadas por los agricultores provienen de lo que guardan de una temporada a otra, ya sea ellos mismos, sus vecinos o personas en comunidades cercanas. En estos territorios no conquistados, los gigantes agroindustriales quieren reemplazar las semillas conservadas de una temporada a otra por mercados de semillas y hacerse del control de esos mercados. Para lograrlo, están exigiendo que los gobiernos creen y hagan cumplir protecciones legales que les permitan mantener monopolios empresariales sobre las semillas.

La tendencias recientes

GRAIN ha estado rastreando desde hace 15 años la forma en que los acuerdos comerciales firmados fuera del sistema multilateral están presionando a los países para que acepten los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas que la industria desea y, al mismo tiempo, convertir esas nuevas normas en estándares mundiales. Una actualización reciente de nuestra información señala que esta tendencia no ha cambiado. De hecho, existen signos preocupantes en el horizonte.

◦ El triunfo más reciente de Monsanto, Dupont, Limagrain y Sygenta – las compañías de semillas más importantes del mundo – es el obtenido con los nuevos tratados de comercio firmados por países latinoamericanos. En el año 2006, el acuerdo que Estados Unidos (país de origen de Monsanto y Dupont) firmó con Perú y Colombia obligo a estos países a adoptar la convención UPOV 1991. Los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA - lugar de origen de Syngenta) hicieron lo mismo en el 2008 y la Unión Europea (región de origen de Limagrain)en el 2012.5 En América Central ha ocurrido algo similar. Estados Unidos firmó, en el año 2007, el Acuerdo de Libre Comercio de América Central que fuerza a todos los países firmantes a adherir a UPOV 1991. EFTA hizo lo mismo el año pasado.

◦ En África, recientemente se ha dado un importante paso para fortalecer los mercados de semillas privatizadas. Este año 2014 y luego de diez años de conversaciones, se concluyó el AAE, (Acuerdos de Asociación Económica), entre la Unión Europea y los países de África Subsahariana. La mayoría de ellos, hasta el momento, “sólo” liberalizan el comercio de bienes , sin embargo, también contienen el compromiso de negociar con Bruselas estándares comunes sobre propiedad intelectual. Las expectativas indican que estos estándares serán similares a aquellos que los países del Caribe acordaron recientemente en sus Acuerdo de Asociación Económica de 2008: la obligación de, al menos, considerar adherir a la UPOV. Este hecho es preocupante porque hasta ahora, los países africanos no tenían ninguna obligación de adherir al estándar UPOV e, incluso, habían tratado realmente de elaborar sus propios sistemas de protección sobre las variedades vegetales.6 Y, si bien es cierto que entidades africanas como la Organización Regional Africana para la Propiedad Intelectual (ARIPO) y la Organización Africana para la Propiedad Intelectual (OAPI) ya han adherido a UPOV, bajo los tratados comerciales con la UE serán los mismos gobiernos nacionales quienes lo hagan. Lo que sigue es que África está homologando sus regulaciones en la medida que sus bloques comerciales sub-regionales se unen para formar un zona de libre comercio continental, supuestamente en 2017. Se espera que esto provocará una homologación continental de las leyes de propiedad intelectual, probablemente endureciendo las normas aún más.

◦ Posiblemente el Acuerdo Trans- Pacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) sea, de los acuerdos actualmente en negociación, el TLC más terrorífico en cuanto a lo que pueda significar para los derechos de los agricultores a controlar sus semillas en Asia y el Pacífico. Ello porque Estados Unidos, que lidera las conversaciones con 11 otros países de la cuenca del Pacífico, está jugando duro. El texto de negociación de mayo de 2014 da cuenta que Estados Unidos no sólo demanda la aplicación de UPOV 1991 en todos los países de la ATP sino que también el patentamiento sin restricciones de plantas y animales. Aún no se sabe si estas demandas también aparecerán en la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) actualmente negociándose ente Estados Unidos y y la Unión Europea, ya que el texto es inaccesible al público.

◦ Cuanto más se expande el rango de lo que se privatice, más lo hacen las penas para quienes no respeten esas normas. En numerosos TLC, países como Estados Unidos exigen que los agricultores que infrinjan estos nuevos derechos de propiedad intelectual sobre las semillas enfrenten castigos tanto bajo leyes penales como civiles. En algunos casos, como en el recién firmado Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la Unión Europea y Canadá, la sola sospecha de infracción podría acarrear el embargo de los activos de un agricultor o el congelamiento de sus cuentas bancarias.7

La resistencia toma fuerza

Las buenas noticias son que los movimientos sociales no se han quedado tranquilos; han reaccionado de manera activa, organizada, determinada y clara. En el año 2013, los colombianos de todas clases fueron remecidos al observar cómo su propio gobierno, debido a las exigencias de los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, destruía violentamente toneladas de semillas de los agricultores, quienes no conocían las nuevas normas. La indignación, que terminó en una protesta agraria masiva a nivel nacional, fue tan fuerte que el gobierno aceptó suspender temporalmente la ley y reexaminar el tema directamente con los representantes de los agricultores.8

 

En el año 2014, fue el turno de Guatemala de estremecerse cuando el público general se dio cuenta que, debido a acuerdos comerciales como el CAFTA, el gobierno estaba logrando que el parlamento aprobara adoptar UPOV 1991 sin un debate serio.9 La gente estaba indignada porque no se consultó a las comunidades indígenas como se debía hacer, especialmente cuando el propósito de la ley era finalmente reemplazar las semillas indígenas por semillas comerciales de empresas extranjeras como Monsanto o Syngenta. Después de meses de presión el gobierno se retractó y el parlamento derogó la ley.10 Pero, tal como sucedió en Colombia, estos retrocesos son sólo temporales en tanto se estudian otras medidas. En otras partes de América Latina, como en Chile y Argentina, los movimientos sociales han resistido intensa y exitosamente frente a proyectos de leyes - apodadas “leyes Monsanto” - que pretenden implementar UPOV 1991.

También en África están levantándose olas de protestas públicas contra los regímenes de protección de variedades vegetales a los cuales los países están adhiriendo. En Gana, se está desarrollando una gran campaña para impedir que el país adopte la legislación de UPOV 1991.11

En otras partes, las redes de la sociedad civil tales como la Alianza para la Soberanía Alimentaria en África están presentando recursos judiciales para impedir que la ARIPO adopte legislación basada en UPOV y se incorpore a la unión.12

 

Las grandes corporaciones y quienes defienden sus intereses se han pasado de la raya tratando de privatizar lo que la gente considera un bien común. Esto no se limita sólo a las semillas. Lo mismo ha sucedido con la tierra, los minerales, los hidrocarburos, agua, conocimiento, internet, incluso microrganismos importantes, tales como la gripe aviar hace algunos años o el virus Ebola hoy en día. La gente está luchando para impedir que estas cosas caigan bajo el exclusivo control de unas pocas empresas o ministerios de defensa. Una buena forma de tomar parte en esta lucha es unirse a las campañas para detener nuevos importantes tratados como TTIP, CETA, TPP, y AAE y dejar sin efecto otros como los tratados estadounidenses con México, América Central, Colombia o Chile. Los tratados comerciales son un conjunto de normas escritas y es por ello que podrían ser borradas.

Para un examen más profundo sobre el estado de los acuerdo comerciales que incluyen impositivamente la privatización de las semillas, descargue los datos de Noviembre de 2014 de GRAIN, "Acuerdos Comerciales Que Privatizan La Biodiversidad (Noviembre 2014)".

Para profundizar

- GRAIN, Leyes de semillas en América Latina: una ofensiva que no cede y una resistencia que crece y suma (EN, ES, FR)

- Biodiversidad, “Leyes de semillas y otros pesares”, Septiembre 2014

- Actualizaciones diarias sobre tratados comerciales en: http://bilaterals.org or@bilaterals_org or https://www.facebook.com/bilaterals.org (IN, ES, FR)

 

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