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P O N E N C I A

EBERTO DIAZ  MONTES

 


El campo es un escenario para superar la violencia o continuar la guerra

El campo colombiano, que tanto interesa al gran capital transnacional, ha sido y es un escenario de confrontación y disputa donde en la actualidad se puede definir el logro de la paz o, alternativamente, la profundización de la guerra interna que ha sufrido el país durante las últimas cinco decadas.


La paz debería significar el fin de la violencia caracterizada por el desplazamiento masivo y el despojo, de la cual históricamente han sido víctimas campesinos, indigenas, afros y raizales. Una violencia, que además ha inducido una alta concentración de la propiedad de la tierra.


Así, el logro de la paz requiere la desactivación del modelo de desarrollo latifundista y excluyente que ha hecho permanecer el gamonalismo y una seudodemocracia que favorece a los privilegiados de siempre. Estos son los retos de la paz que deben superar quienes han detentado el poder y son responsables de la crisis estructural del campo colombiano. Sin embargo, ese no pareciera el propósito que persigue el Plan Nacional de Desarrollo.


El Plan Nacional de Desarrollo-PND y las política para el campo


En las bases del PND se reconoce la importancia del campo en el desarrollo económico y social del país, toda vez que el 81,8% del territorio colombiano está integrado por municipios rurales, al tiempo que el 30.3% de la poblacíón vive en zonas rurales. Sin embargo, en lo que respecta a las estrategias para transformar el campo, predomina una visión desarrollista y tecnocrática que busca modernizar el campo a costa del empobrecimiento y exclusión social del campesinado, las comunidades y pueblos étnicos, de manera que es poco lo que plantea para que el Estado, sus instituciones y los gobiernos de turno salden la deuda histórica que se tiene con la población rural colombiana.


En efecto, los mecanismos de intervención integral en territorios rurales, implicitos en el artículo 96 del Proyecto de Ley del PND, abre las puertas a la implementación del modelo de plantaciones y agroexportación, por el cual, como mecanismo integrador, se invita a los campesinos a formar parte de las alianzas productivas, según un arreglo en el que los campesinos son “el caballo y los grandes empresarios  ligados al sector financiero transnacional  son el jinete.”


Así mismo, las propuestas para regularizar un sistema de seguridad social y laboral en el campo no tienen asidero real y no tiene en cuenta que constituyen premisas que deberían ser concretadas en un nuevo contrato social a corto tiempo. Lo cierto es que, por un lado, gran parte de la rentabilidad empresarial en el sector agropecuario se debe principalmente a los subsidios que entrega el Estado a los grandes agroindustriales, como lo ejemplífica el caso del etanol entre otros productos. Y, por otro lado, las reglas de flexibilización laboral someten a los trabajadores de las plantaciones, en su gran mayoria sin derecho a seguridad social, a tener desventajosas condiciones de remuneración economica y de tercerización laboral.


Por eso, aquí cabe aclarar que cualquier tipo de intervención sobre el territorio debe ser previamente consultada y acordada con las comunidades, las cuales deben recibir información suficiente con respecto a la implementación de las políticas gubernamentales. Asi lo plantean en sus exigencias las organizaciones de la Cumbre Aagraria, la cual se transcribe a continuación:


El pais necesita un proceso de de ordenamiento territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la produción, se distribuya el uso del suelo, se gobierne el suelo y se protejan el aire, el agua, los ecosistemas estratratégicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese ordenamiento apuntará a armonizar la conservación del medio natural con el aprovechamiento para la supervivencia de las comunidades agrarias.”


Otro aspecto negativo contenido en las bases del PND tiene que ver con la propuesta de implementar el derecho real de superficie. El mismo aplica a los bienes de la Nación (baldios) y a las tierras antiguamente adjudicadas a pequeños productores campesinos como soluciones de reforma agraria. Este mecanismo, en la práctica, se convierte en una herramienta más para el despojo y la concentración de la propiedad rural (esta útima según el indice de Gini, se establece en el 0.86, donde uno representa concentración total  y cero ninguna concentración)


Tampoco hay buenas noticias con respecto a la política de subsidios para reforma agraria. No obstante que la ley prevé el otorgamiento de un subsidio hasta del 100% del valor de la UAF o del proyecto productivo según el caso, el hecho de que el programa de tierras esté a cargo de una entidad sin el presupuesto suficiente como el INCODER, seguramente conllevará nuevas frustraciones de las esperanzas de miles de familias campesinas sin tierra. Para colmo de males, la asignación focalizada y por convocatorias de los subsidios ha demostrado ser un procedimiento excluyente que se presta para prácticas clientelistas. Así, en será un mecanismo engorroso, abundante en tramites y desarticulador de los procesos sociales y organizativos. En otra palabras, más de lo mismo .


Podemos asegurar también que el enfoque del PND en cuanto a su política de reforma agraria es marginal. Las tierras accesibles por los pequeños productores estarán reducidas a posibles baldios de la nación, teniendo las familias campesinas que competir con los grandes emporios empresariales para que se les adjudique una parcela y a las tierras sustraidas de las zonas forestales, en contra de la protección ecológica de los ecosistemas, páramos, fauna bosques naturales. No se plantea afectar las mejores tierras ubicadas en el interior de la frontera agrícola que brindan todas las garantías para la implementación de una política de reforma agraria integral, dada su cercanía a las grandes ciudades, a los mercados, a los aeropuertos, con  dotaciones de vías de acceso, comunicación, agua potable y energía.


Según Hector Mondragón, la no utilización de las tierras aptas para la agricultura no es un fénomeno meramente técnico. “Se deja de sembrar por que hay un control monopólico especulativo de la propiedad de la tierra”. Eso es comprobable en Colombia donde las politicas agenciadas por el Banco Mundial promueven el mercado de tierras como el mecanismo  mas idoneo para que las familias campesinas accedan a la propiedad de la tierra, garantizando realmente que la gran propiedad y las mejores tierras no sean afectadas, desvirtuando a su vez el concepto politico de   reforma agraria y puesta en practica de la misma. Lo cual, además, pone en grave riesgo la producción local de alimentos, acentuando los problemas de desnutrición y muertes por este flagelo, como lo demuestra la denuncia de la muerte de más de tres mil niños indigenas en el departamento de la Guajira en los ultimos cinco años. Por eso afirmamos que sin una acción  decidida del Estado en materia de apoyo a la economia campesina y una política antimonopolio de la tierra será no solo imposible el acceso a la propiedad por los pequeños productores, si no ademas la imposibilidad de un verdadero desarrollo rural.


La necesidad de una institucionalidad agropecuaria que apunte hacia el buen vivir en el campo


Infortunadamente, las políticas de ajuste institucional para el sector agropecuario han estado al vaivén de los intereses políticos de turno, lo que ha conllevado a la formulación y toma de decisiones equivocadas, llenas de burocratismo, en desmedro del campesinado. Así, entidades como el INCODER no han cumplido su misión y son un fracaso. Resultado de la fusión del antiguo INCORA con otras tres entidades, según Decreto 1300 de 2003, expedido por el entonces presidente Alvaro Uribe con el argumento de que habia que articular esfuerzos políticos, técnicos y de integracionalidad institucional para garantizar un mejor beneficio a los usuarios del sector agropecuario, este Instituto nunca ha tenido “dientes” para llevar a cabo el cometido para el que fue creado, convirtiéndose en un feudo politiquero de los partidos de gobierno.


Por ello creemos que conceder al presidente de la República facultades extraordinarias para suprimir y/o escindir las entidades del sector agropecuario que ejecuten las políticas de tierra y de desarrollo rural, debe acompañarse de la opinión y la participación efectiva de las comunidades rurales, de sus organizaciones y de los trabajadores del sector.


Se hace necesario un gran concenso que permita sentar las bases de una nueva institucionalidad al servicio del campo colombiano. Una institucionalidad pública que garantice dar cumplimiento a los acuerdos de paz, a las exigencias y acuerdos con el movimiento indigena, negro y campesino. Una institucionalidad con capacidad económica, con talento humano, desburocratizada y desclientizada de los intereses politiqueros. En síntesis, una institucionalidad que pueda dar cumplimiento al nuevo ordenamiento territorial que se concerte con los pobladores rurales, que esté en sintonía con los anhelos y la puesta en práctica de la reforma agraria integral, la protección ambiental y, en general, con las exigencias planteadas por la cumbre agraria, campesina, étnica y popular hacia el buen vivir.


Otro aspecto importante de la institucionalidad sectorial es el relacionado con la política de creditos para el sector agropecuario. En el Proyecto de Ley del PND solo se considera la restructuración de la estructura de Finagro, quedando al margen la dirección de una política de incentivos crediticios y tratamiento especial a la producción de economía campesina, mediante una línea de créditos de fomento que garantice la promoción de la producción de alimentos para el mercado interno .


No se considera la situación de miles de pequeños y medianos productores agropecuarios que hoy se encuentran en un callejon sin salida como consecuencia de las deudas, muchas de ellas como resultado de las politicas gubernamentales, el enfoque rentista y de acumulación de ganancias del sector financiero, las politicas aperturistas, los tratados de libre comercio y las imposiciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio-OMC.


Por eso, desde la Cumbre Agraria hemos planteado la necesidad de condonar las deudas y retiro de los embargos a tierras y propiedades del campesinado adquiridas a traves del sistema financiero, así como la reactivación inmediata y el acceso a nuevos créditos agropecuarios con tasas no determinadas por la lógica del mercado y sistema financiero internacional.


Como paradoja, el financiero es el primer sector de la economía colombiana con una participación en el PIB del 19,9% (2013), mientras que el sector agropecuario ocupa el octavo lugar con una participación del 6,2% (2013), sin embargo  genera mas del 18% del empleo en el país, solo superado por el sector del comercio, la hoteleria y restaurantes. Esto indica que si se traza una política de crédito masivo para la agricultura y en especial para la pequeña producción, que incentive a la organización cooperativa, al mercado local y a la generación de la pequeña y mediana agroindustria, se aprovecharían mejor las potencialidades de la economía. Además, que si se si se cambia la lógica perversa con la que se ha tratado al sector agropecuario, en especial a la pequeña y mediana produccón agropecuaria se podría crecer de forma democrática en terminos de generación y distribución de riqueza,


El modelo neoliberal ha pretendido arraigar en la sociedad, entre otros, términos como la eficiencia, la competividad, el libre mercado, la productividad y la rentabilidad que apuntan a la acumulación de capital. Sin embargo, en la realidad colombiana algunos de dichos terminos no son más que una consigna. Por ejemplo, desde las esferas del alto gobierno se proclama el aumento de la productividad, pero más de 16 millones de hectáreas de tierra aptas para la agricultura estan ociosas o usadas para ganaderia extensiva, mientras miles de familias campesinas dispuestas a sembrar no poseen ningúna forma de propiedad sobre la tierra. Es por ello que a pesar de la insistencia del PND en la palabra competitividad, esta no será posible si continuan las viejas condiciones latifundistas que condenan al atraso y miseria a la mayoria de la poblacion campesina.


Comentario final sobre el CRECIMIENTO VERDE


Quiero terminar este analisis refiriendome al mencionado, según expresión del PND. El mismo, en realidad esta más relacionado con la ECONOMIA VERDE, la cual algunos estudiosos han denominado de manera acertada com el “ASALTO FINAL A LOS BIENES COMUNES O BIENES DE LA NATURALEZA”. Nuestro planeta está en peligro como consecuencia de la sobre explotación capitalista de la naturaleza, el derroche de energía, el consumismo creciente y la implementación de un modelo de desarrollo que agota los ecosistemas, los bosques, el agua, que está conllevando al derretimiento de los casquetes de hielo de los  polos, que saquea los oceanos, los rios, las lagunas y lagos y que, en últimas, ha derivado en lo que se conoce como crisis climática y ambiental. El peligro es tan grande que demanda un cambio de rumbo de la humanidad en su accionar y modelo de vida, porque de lo contrario, se verá abocada a la desaparición como especie en el planeta tierra.


Así, corresponde poner en máxima alerta a cada uno de los colombianos/as ante la real posibilidad de que los territorios sufran una nueva escalada de violencia y ante la decisión de mercantilzar todos nuestros bienes naturales, tal como lo confirma las bases del PND en relación con la venta de la biodiversidad, que en el caso colombiano representa el 10% de la biodiversidad del planeta. Se trata de una nueva estrategia mundial de acumulación de capital en cabeza de las poderosas transnacionales como lo ejemplifican las cifras astronómicas del mercado de carbono que mueve globalmente cerca de 180 mil millones de dólares al año. (Economia verde-Revista biodiversidad). Es importante tambien advertir que esta nueva estrategia presente en las bases del PND está intimamente ligada a la continuidad de la concesion de los territorios a las corporaciones transnacionales como sucede con la gran mineria.


ES HORA DE CONSTRUIR NUESTRO PROPIO FUTURO, NO EL QUE NOS IMPONGAN LOS INTERESES TRANSNACIONALES E IMPERIALISTAS.

“SEMBRANDO DIGNIDAD, LABRANDO ESPERANZA Y COSECHANDO PAÍS “


Referencias


· Hector Mondragón, (2011), La economa campesina y el futuro del agro en Colombia.

· Cumbre Agraria, Campesina, Etnica y Popular, (2014), Plego de Exigencias.

· XI Congreso Nacional de Fensuagro, (2015),Tesis Discusión

· Economia Verde – Revista Biodiversidad.

· Proyecto de Ley de Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

 

 

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ginebra_15.jpgLa Via Campesina, La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA), el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores (WFFP), la Alianza Mundial de Indígenas Trashumantes (WAMPI), el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), la Federación Internacionales de Movimientos Adultos Rurales Cristianos (FIMARC), Centre Europe-Tiers Monde (CETIM), FIAN Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Para la segunda sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre una Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales.

Somos representantes de hombres y mujeres campesinas, pueblos indígenas, pastores trashumantes, pescadores y trabajadores rurales de todo el mundo, es decir millones de personas que vivimos y trabajamos en las zonas rurales, acompañadas, por FIAN Internacional y CETIM y otras organizaciones de derechos humanos. Venimos participando de una forma constructiva en el proceso de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los campesinos y campesinas y de otras personas que trabajan en zonas rurales desde hace muchos años, desde nuestros campos, nuestros pastos y nuestros lugares de trabajo en todo el mundo, y también desde Ginebra. Nos agrada ver el proceso que está en marcha y las aportaciones constructivas de tantos Estados y organizaciones de la sociedad civil.

La Resolución 26/26 del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas entregó, en 2014, el mandato a este grupo de trabajo intergubernamental para negociar, finalizar y presentar ante el Consejo un proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las campesinas y campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales. Dicho mandato pide que se aclaren y consoliden los derechos humanos existentes con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos de las campesinas y campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales.

Compartimos la opinión que la Declaración debería extender los derechos universales al campesinado en general y a todos las personas que trabajan en zonas rurales, y así colmar las brechas legales existentes en la protección. Debería también ser progresista, para tratar las brechas emergentes y, por ende, acabar con las prácticas discriminatorias que afectan a campesinas y campesinos y a otras personas que trabajan en zonas rurales.

Nosotras y nosotros, como representantes de mujeres y hombres campesinos, pueblos indígenas, pastores trashumantes, pescadores y trabajadores rurales, debemos ser reconocidos como parte legítima de la cooperación internacional en relación a la alimentación y al desarrollo rural, puesto que somos el principal grupo de la población que se enfrenta al hambre y a la malnutrición, a la vez que contribuimos sobremanera a la alimentación del mundo. Los dos mil millones de campesinos y campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales poseen un gran conocimiento y experiencia, así como también nuestras propias perspectivas. Entendemos los desafíos actuales a los que se enfrenta el sistema alimentario mundial, y tenemos ideas para una solución. Podemos contribuir al proceso del desarrollo de manera valiosa.

Hacemos un llamado a los Estados a que se unan para reconocer y garantizar en mayor medida la realización de los derechos de los campesinos y campesinas y de otras personas que trabajan en zonas rurales. Los Estados y las organizaciones de las Naciones Unidas deben seguir trabajando para encontrar la mejor manera de promover y proteger la subsistencia y los productores de alimentos a pequeña escala y de las poblaciones rurales. Esta tarea incluye un impulso fuerte para la adopción de medidas antidiscriminatorias, como ya se mencionó en el proyecto de declaración sobre los derechos de las mujeres, pueblos indígenas, pastores trashumantes, pescadores y trabajadores rurales, hombres y mujeres. Opinamos que, con estas medidas, los campesinos y campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales tendrán una mayor seguridad y podrán trabajar arduamente en producir alimentos adecuados y nutritivos para la humanidad.

Para nosotras y nosotros, la relación con la Madre Tierra, sus territorios y aguas constituye la base física, cultural y espiritual de nuestra existencia. Debemos mantener esta relación con la Madre Tierra para la supervivencia de las generaciones futuras, y asumimos con mucho gusto nuestro papel de guardianes y guardianas de la misma.

Más allá de las fuentes ya mencionadas en el preámbulo, desearíamos enfatizar la relevancia de incluir la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 13 de setiembre de 2007 y las convenciones relevantes de la OIT, así como el trabajo realizado por el Comité sobre la Seguridad Alimentaria y el derecho a la alimentación.

Los Estados, la sociedad civil y las agencias de las Naciones Unidas han hecho un arduo trabajo a lo largo de esta semana para hacer aportes y desarrollar una Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y campesinas y de otras personas que trabajan en zonas rurales. Encomiamos la naturaleza inclusiva del proceso, especialmente el lugar brindado a las organizaciones de la sociedad civil, para participar plenamente en él. Ha llegado el momento de aunar fuerzas y trabajar por el bien de nuestra identidad, integridad y derechos.

Como organizaciones que representan a campesinas y campesinos y a otras personas que trabajan en zonas rurales, estamos listas para cumplir con nuestra parte y asumir nuestras responsabilidades. Instamos a los Estados y al sistema de las Naciones Unidas a cumplir con sus obligaciones y a que sigan participando de buena fe y de una manera proactiva para garantizar una discusión democrática en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.

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Llamado Internacional – La Vía Campesina

(Harare, 4 de Marzo de 2014) Las campesinas y los campesinos articulados en la La Vía Campesina convocamos este 17 de Abril, al día de acción y movilización global en defensa de las luchas campesinas con un énfasis en las semillas campesinas.

Las semillas tienen un lugar fundamental en la lucha por la soberanía alimentaria. De ellas depende, a cada ciclo de siembra, el alimento de los pueblos, cómo se cultiva y quién lo cultiva. Las semillas también transmiten la visión, los saberes, las prácticas y la cultura de las comunidades campesinas.

Desde hace 100 años nuestras semillas han sido agredidas por capitales quienes buscan privatizlarlas y estandarizarlas a favor de una agricultura industrial. En los últimos años se ha intensificado este despojo a través de nuevas ‘Leyes Monsanto’ que criminalizan a los campesinos por utilizar sus propias semillas a favor de semillas registradas o patentadas de la industria y través de los transgénicos.

Sin embargo, en África, Asia, Europa y las Américas, cada año crece y se fortalece la capacidad de movilización y lucha de los pueblos organizados en contra de la agroindustria que genera explotación y muerte, que acapara la tierra, envenena los alimentos y expulsa a los y las campesinos, y pueblos indígenas de sus territorios. En Colombia hubo un paro nacional cuando el gobierno aprobó una ley que permitió destruir semillas campesinas por no estar registradas y en México una huelga de hambre frente al intento de permitir la siembra de maíz transgénico. En toda África las comunidades campesinas luchan en contra de una nueva ‘revolución verde’ que quiere imponer transgénicos y semillas industriales. En todos los continentes luchamos por nuestras semillas que nos permiten una agricultura sana, rica en diversidad y que nos permite verdaderamente enfrentar al cambio climático.

Luchamos en defensa de las semillas campesinas porque ellas son esenciales para una reforma agraria integral y de nuestro modelo de agricultura basado en la producción agroecológica. Las semillas campesinas son un patrimonio de los pueblos en la afirmación de la Soberanía Alimentaria. Son parte de los bienes comunes como la tierra, el agua y los minerales que deben permanecer en manos de los pueblos.

En nuestra Jornada también denunciaremos a las transnacionales, al agronegocio, el uso de agrotóxicos y transgénicos. Asimismo, rechazamos todo intento de represión, criminalización de la protesta, penalización y muerte. Continuaremos luchando para transformar todo aquello que nos oprime, domina y somete. Nuestra lucha crece, se fortalece, y frente a cada clamor del pueblo, desarrollaremos indignación, solidaridad, internacionalismo y Lucha.

Desde 1996 en memoria de la masacre de 19 campesinos sin tierra de Brasil que fueron brutalmente asesinados por la policía military por intereses del agronegocio, La Vía Campesina declaró el 17 de abril como día mundial de las luchas campesinas, organizando acciones que visibilizan las distintas luchas que se dan en los territorios. A la vez se busca generar un dialogo con la sociedad en la edificación de una gran alianza internacional por la soberanía de nuestros pueblos, en la en la construcción de un modelo de agricultura y sociedad que rescata la justicia y dignidad humana.

La Vía Campesina Internacional hace un llamado a todas sus organizaciones miembros, amigos y aliados a realizar acciones en sus países y territorios para reforzar esta lucha global. Estas pueden ser movilizaciones, tomas de tierras, intercambio de semillas, ferias de soberanía alimentaria, foros sobre las semillas y la soberanía alimentaria, eventos culturales, etc. Les pedimos que registren estas acciones enviándonos información sobre ellas para que de esta manera podamos visibilizar esta gran jornada mundial de lucha. Publicaremos un mapa de acciones en todo el mundo en www.viacampesina.org

Globalicemos la lucha! Globalicemos la Esperanza!

§ Vean aquí VIDEO: Llamado Comité Internacional de Coordinación de la Vía Campesina por Jornada Mundial de Luchas Campesinas- 17 de Abril

§ Vean también VIDEO: Movilización en Defensa de la Semillas Campesinas realizado por la Coordinación Europea - Vía Campesina

§ Vía Campesina TV: Envíanos fotos,afiches, audios y  vídeos de las luchas campesinas en sus territorios o de las acciones que hagan el 17 de Abril a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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GRAIN | 01 diciembre 2014 | A contrapelo

¿Qué podría ser más habitual que guardar semillas de una temporada para la siguiente? Después de todo, así es como hemos cultivado en nuestras fincas y huertas. Sin embargo, desde Guatemala a Gana, desde Mozambique a Malasia, esta práctica ancestral se está convirtiendo en un acto criminal, lo que permite que media docena de grandes corporaciones multinacionales puedan transformar las semillas en propiedad privada y lucrar de ellas.

GRAIN ha elaborado un conjunto de datos actualizados sobre la forma en que los llamados acuerdos de libre comercio están privatizando las semillas a través de todo el mundo. Pero la gente se está defendiendo y en varios países las movilizaciones populares están forzando a los gobiernos a suspender los planes de privatización de semillas.

 

El tratado de libre comercio entre Guatemala y EUA obliga a Guatemala a adherirse al Convenio UPOV. pero la resistencia popular forzó al gobierno a repeler una ley nacional que se buscaba aprobar con este propósito. (Foto: Raúl Zamora)

El tratado de libre comercio entre Guatemala y EUA obliga a Guatemala a adherirse al Convenio UPOV. pero la resistencia popular forzó al gobierno a repeler una ley nacional que se buscaba aprobar con este propósito. (Foto: Raúl Zamora)

Los acuerdos comerciales se han convertido en la herramienta elegida por los gobiernos para, en conjunto con los grupos de presión de las corporaciones, impulsar nuevas normas que restrinjan el derecho de los agricultores a usar sus propias semillas. Hasta algunos años atrás, el acuerdo más importante era el Acuerdo de la Organización Mundial para el Comercio (OMC) sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Este acuerdo fue adoptado en el año 1994 y fue el primer tratado destinado a establecer estándares mundiales para los derechos de “propiedad intelectual “ sobre las semillas.1 Su objetivo es asegurar que empresas como Monsanto y Syngenta, las cuales invierten dinero en el mejoramiento de plantas e ingeniería genética, puedan controlar lo que sucede con las semillas que producen, impidiendo que los agricultores la reutilicen. Esta estrategia es similar a la desplegada por Holywwod o Microsoft, que bloquean legal y tecnológicamente sus películas y programas informáticos para que la gente no los copie y comparta

 

Sin embargo las semillas no son lo mismo que un programa informático. La noción misma de “patentar la vida” es impugnada fuertemente. Por esta razón, el acuerdo de la OMC fue una suerte de acuerdo para lograr un punto medio entre gobiernos. El acuerdo indica que los países pueden excluir plantas y animales (pero no microrganismos) de sus normas sobre patentes, pero deben crear algún tipo de protección a la propiedad intelectual sobre variedades vegetales, sin especificar cómo hacerlo.

Los acuerdos de comercio negociados fuera de la OMC, especialmente aquellos impulsados por las economías desarrolladas más poderosas, tienden a ir mucho más allá. A menudo exigen que los gobiernos signatarios patenten plantas o animales o reconozcan las normas de la la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), con sede en Ginebra, la cual entrega derechos similares a las patentes sobre variedades vegetales. Ya sea en la forma de patentes o de UPOV, estas normas generalmente dejan en la ilegalidad la posibilidad que los agricultores guarden, intercambien, vendan o modifiquen semillas de las llamadas variedades protegidas.2 En efecto, la convención de 1991 de la UPOV fue modificada para entregar un monopolio aún más fuerte a las empresas agroindustriales a expensas de las comunidades campesinas e indígenas. Esta versión de UPOV del año 1991 está siendo promovida fuertemente a través de los tratados comerciales.

 

La embestida de los Tratados de Libre Comercio (TLC)

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por México, Canadá y Estados Unidos, casi al mismo tiempo que el ADPIC se estaba finalizando, fue uno de los primeros acuerdos comerciales negociados fuera del campo multilateral que contenía medidas más duras sobre privatización de semillas. Este tratado obligó a México a integrar el club UPOV de países que han otorgado a las empresas semilleras derechos exclusivos que les permiten impedir que los agricultores reciclen y reutilicen las semillas comerciales. El acuerdo, además, sentó un precedente para todos los acuerdos bilaterales estadounidenses que siguieron, y la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y Japón adoptaron la misma posición.3

Desde entonces, han existido permanentes presiones diplomáticas y financieras para conseguir, por “la puerta trasera” ( estos acuerdos comerciales se negocian en secreto), la privatización de las semillas. Lo que está en juego para las grandes semilleras es mucho. A nivel mundial, sólo 10 compañías controlan el 55% del mercado de semillas comerciales.4

Sin embargo, para estas empresas esa participación en el mercado aún no es suficiente. En Asia, África y América Latina, alrededor del 70 a 80% de las semillas utilizadas por los agricultores provienen de lo que guardan de una temporada a otra, ya sea ellos mismos, sus vecinos o personas en comunidades cercanas. En estos territorios no conquistados, los gigantes agroindustriales quieren reemplazar las semillas conservadas de una temporada a otra por mercados de semillas y hacerse del control de esos mercados. Para lograrlo, están exigiendo que los gobiernos creen y hagan cumplir protecciones legales que les permitan mantener monopolios empresariales sobre las semillas.

La tendencias recientes

GRAIN ha estado rastreando desde hace 15 años la forma en que los acuerdos comerciales firmados fuera del sistema multilateral están presionando a los países para que acepten los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas que la industria desea y, al mismo tiempo, convertir esas nuevas normas en estándares mundiales. Una actualización reciente de nuestra información señala que esta tendencia no ha cambiado. De hecho, existen signos preocupantes en el horizonte.

◦ El triunfo más reciente de Monsanto, Dupont, Limagrain y Sygenta – las compañías de semillas más importantes del mundo – es el obtenido con los nuevos tratados de comercio firmados por países latinoamericanos. En el año 2006, el acuerdo que Estados Unidos (país de origen de Monsanto y Dupont) firmó con Perú y Colombia obligo a estos países a adoptar la convención UPOV 1991. Los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA - lugar de origen de Syngenta) hicieron lo mismo en el 2008 y la Unión Europea (región de origen de Limagrain)en el 2012.5 En América Central ha ocurrido algo similar. Estados Unidos firmó, en el año 2007, el Acuerdo de Libre Comercio de América Central que fuerza a todos los países firmantes a adherir a UPOV 1991. EFTA hizo lo mismo el año pasado.

◦ En África, recientemente se ha dado un importante paso para fortalecer los mercados de semillas privatizadas. Este año 2014 y luego de diez años de conversaciones, se concluyó el AAE, (Acuerdos de Asociación Económica), entre la Unión Europea y los países de África Subsahariana. La mayoría de ellos, hasta el momento, “sólo” liberalizan el comercio de bienes , sin embargo, también contienen el compromiso de negociar con Bruselas estándares comunes sobre propiedad intelectual. Las expectativas indican que estos estándares serán similares a aquellos que los países del Caribe acordaron recientemente en sus Acuerdo de Asociación Económica de 2008: la obligación de, al menos, considerar adherir a la UPOV. Este hecho es preocupante porque hasta ahora, los países africanos no tenían ninguna obligación de adherir al estándar UPOV e, incluso, habían tratado realmente de elaborar sus propios sistemas de protección sobre las variedades vegetales.6 Y, si bien es cierto que entidades africanas como la Organización Regional Africana para la Propiedad Intelectual (ARIPO) y la Organización Africana para la Propiedad Intelectual (OAPI) ya han adherido a UPOV, bajo los tratados comerciales con la UE serán los mismos gobiernos nacionales quienes lo hagan. Lo que sigue es que África está homologando sus regulaciones en la medida que sus bloques comerciales sub-regionales se unen para formar un zona de libre comercio continental, supuestamente en 2017. Se espera que esto provocará una homologación continental de las leyes de propiedad intelectual, probablemente endureciendo las normas aún más.

◦ Posiblemente el Acuerdo Trans- Pacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) sea, de los acuerdos actualmente en negociación, el TLC más terrorífico en cuanto a lo que pueda significar para los derechos de los agricultores a controlar sus semillas en Asia y el Pacífico. Ello porque Estados Unidos, que lidera las conversaciones con 11 otros países de la cuenca del Pacífico, está jugando duro. El texto de negociación de mayo de 2014 da cuenta que Estados Unidos no sólo demanda la aplicación de UPOV 1991 en todos los países de la ATP sino que también el patentamiento sin restricciones de plantas y animales. Aún no se sabe si estas demandas también aparecerán en la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) actualmente negociándose ente Estados Unidos y y la Unión Europea, ya que el texto es inaccesible al público.

◦ Cuanto más se expande el rango de lo que se privatice, más lo hacen las penas para quienes no respeten esas normas. En numerosos TLC, países como Estados Unidos exigen que los agricultores que infrinjan estos nuevos derechos de propiedad intelectual sobre las semillas enfrenten castigos tanto bajo leyes penales como civiles. En algunos casos, como en el recién firmado Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la Unión Europea y Canadá, la sola sospecha de infracción podría acarrear el embargo de los activos de un agricultor o el congelamiento de sus cuentas bancarias.7

La resistencia toma fuerza

Las buenas noticias son que los movimientos sociales no se han quedado tranquilos; han reaccionado de manera activa, organizada, determinada y clara. En el año 2013, los colombianos de todas clases fueron remecidos al observar cómo su propio gobierno, debido a las exigencias de los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, destruía violentamente toneladas de semillas de los agricultores, quienes no conocían las nuevas normas. La indignación, que terminó en una protesta agraria masiva a nivel nacional, fue tan fuerte que el gobierno aceptó suspender temporalmente la ley y reexaminar el tema directamente con los representantes de los agricultores.8

 

En el año 2014, fue el turno de Guatemala de estremecerse cuando el público general se dio cuenta que, debido a acuerdos comerciales como el CAFTA, el gobierno estaba logrando que el parlamento aprobara adoptar UPOV 1991 sin un debate serio.9 La gente estaba indignada porque no se consultó a las comunidades indígenas como se debía hacer, especialmente cuando el propósito de la ley era finalmente reemplazar las semillas indígenas por semillas comerciales de empresas extranjeras como Monsanto o Syngenta. Después de meses de presión el gobierno se retractó y el parlamento derogó la ley.10 Pero, tal como sucedió en Colombia, estos retrocesos son sólo temporales en tanto se estudian otras medidas. En otras partes de América Latina, como en Chile y Argentina, los movimientos sociales han resistido intensa y exitosamente frente a proyectos de leyes - apodadas “leyes Monsanto” - que pretenden implementar UPOV 1991.

También en África están levantándose olas de protestas públicas contra los regímenes de protección de variedades vegetales a los cuales los países están adhiriendo. En Gana, se está desarrollando una gran campaña para impedir que el país adopte la legislación de UPOV 1991.11

En otras partes, las redes de la sociedad civil tales como la Alianza para la Soberanía Alimentaria en África están presentando recursos judiciales para impedir que la ARIPO adopte legislación basada en UPOV y se incorpore a la unión.12

 

Las grandes corporaciones y quienes defienden sus intereses se han pasado de la raya tratando de privatizar lo que la gente considera un bien común. Esto no se limita sólo a las semillas. Lo mismo ha sucedido con la tierra, los minerales, los hidrocarburos, agua, conocimiento, internet, incluso microrganismos importantes, tales como la gripe aviar hace algunos años o el virus Ebola hoy en día. La gente está luchando para impedir que estas cosas caigan bajo el exclusivo control de unas pocas empresas o ministerios de defensa. Una buena forma de tomar parte en esta lucha es unirse a las campañas para detener nuevos importantes tratados como TTIP, CETA, TPP, y AAE y dejar sin efecto otros como los tratados estadounidenses con México, América Central, Colombia o Chile. Los tratados comerciales son un conjunto de normas escritas y es por ello que podrían ser borradas.

Para un examen más profundo sobre el estado de los acuerdo comerciales que incluyen impositivamente la privatización de las semillas, descargue los datos de Noviembre de 2014 de GRAIN, "Acuerdos Comerciales Que Privatizan La Biodiversidad (Noviembre 2014)".

Para profundizar

- GRAIN, Leyes de semillas en América Latina: una ofensiva que no cede y una resistencia que crece y suma (EN, ES, FR)

- Biodiversidad, “Leyes de semillas y otros pesares”, Septiembre 2014

- Actualizaciones diarias sobre tratados comerciales en: http://bilaterals.org or@bilaterals_org or https://www.facebook.com/bilaterals.org (IN, ES, FR)

 

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Comunicado de Prensa MNCI

Por todos conocida es la situación actual, el modelo de Agricultura industrial estructurado bajo el control del capital financiero pugna por subordinar la producción mundial de alimentos, destruyendo mercados locales, sistemas de producción campesino indígenas y ecosistemas naturales. Su objetivo aumentar sus enormes tasas de ganancias.


Un grupo de 10 de Corporaciones controlan la producción y comercialización mundial de agrotóxicos; Monsanto controla el 90% de semillas transgénicas y el 23% de las semillas a nivel global, solo 4 (ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus) controlan el 90% del comercio global de granos.

En Argentina unas 28 corporaciones controlan más del 70 por ciento de la cadena agroalimentaria. La Mesa de Enlace hace tiempo se subordinó a estos grupos oligopólicos. Y es funcional a su estrategia. Difícil poder determinar las cifras exactas de las ganancias de estos grupos, pero se estima que en esa cadena logran una renta superior al 50%. Pero el problema va mas allá de los miles de millones de dólares que acaparan y se roban de nuestros países. La destrucción de las economías locales y regionales ha provocado que existan más de 1000 millones de hambrientos en el mundo. El mercado financiero que maneja la economía mundial no se mueve bajo ningún principio humanista. Las Corporaciones van contra la vida en todas sus dimensiones, incluida la democracia.


Hoy, hay un ataque despiadado al pueblo Argentino de parte de esta asociación espuria entre empresarios “nacionales” y corporaciones. Su poder les permite controlar las cadenas de valor y de esa manera provocar aumentos sostenidos de precios. Pero además, descaradamente “comunican” que van a “acopiar” los granos de exportación hasta que el gobierno haga lo que ellos pretenden: Ajuste o desestabilización.

Los trabajadores formales, intentaran dar la batalla en Paritarias, para que la devaluación e inflación no afecte sus salarios. Sin embargo los trabajadores informales, pequeños cuentapropistas, campesinos y agricultores familiares, cooperativas, así como las fabricas recuperadas, contamos con escasas herramientas, salvo el rescate con subsidios del estado. Peor es la situación de los desocupados.

En este escenario la democracia se ve amenazada, el capitalismo condiciona a una falsa democracia de libre mercado. Llegamos a un punto donde avanzamos o retrocedemos. Avanzar significa ir contra las corporaciones:
- Nacionalizar y estatizar el comercio Exterior

- Fortalecer y desarrollar la Agricultura Campesina indígena y familiar
- Desarrollar un Programa de abastecimiento de Alimentos estatal, apoyado en las organizaciones de la economía popular, para llegar con precios justos a productores y pobladores.

Incorporar la Función Social de la Propiedad en el código Civil.
-Recuperar la soberanía en la producción de insumos agrícolas,
Suspender las plantas de semillas transgénica de corporaciones transnacionales (como la de Monsanto en Malvinas Argentinas).
-Archivar el proyecto de Ley de privatización de las semillas (Ley Monsanto) y crear un programa de producción y distribución de semillas locales, en coordinación con INTA, organizaciones y cooperativas.

Además consideramos que es un tema que la CELAC debe abordar urgente, como línea de acción, para poder caminar hacia el desarrollo de una flota mercante latinoamericana que garantice el comercio regional sin la intermediación de las corporaciones que se apropian de renta latinoamericana. Un ejemplo es la venta de Maíz argentino a Venezuela, donde Cargill hace la intermediación, vendiendo a los venezolanos el maíz al doble del precio que nos paga a los argentinos.


Desde nuestro Movimiento, y confiamos en que gran parte del pueblo argentino, acompañaremos con firmeza al gobierno en esa dirección. Porque somos conscientes de que el tiempo es de definiciones: Democracia o Corporaciones. Y señalamos que No vamos a permitir que el Ajuste, en el marco de la crisis internacional, lo volvamos a pagar los sectores populares.

Movimiento Nacional Campesino Indígena – MNCI

CLOC Vía Campesina Argentina

Contactos:
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