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Se acaba de publicar en inglés un ilustrativo informe titulado "Agropoly - A handful of corporations control world food production", que muestra, en sólo 18 páginas, cómo un puñado de empresas han llegado a dominar la agroindustria mundial. El documento describe brevemente con ayuda de gráficos como la industrialización y la concentración en el sector de la alimentación mundial socavan los sistemas alimentarios sostenibles y la soberanía alimentaria.

La publicación, elaborada por las organizaciones EcoNexus y Berne Declaration, señala cómo se da ese dominio de las corporaciones transnacionales en áreas como las siguientes:

- la producción de alimento para animales: un tercio de las tierras agrícolas se destina a producir alimentos para animales;

- la cría de animales: en la cría de pollos, por ejemplo, las 4 principales empresas tienen el 99% del mercado de la genética;

- la producción de semillas: las 10 principales empresas de semillas tienen el 75% del mercado;

- la producción, procesamiento, comercio mayorista y minorista de mercancías: los ingresos de las tres más grandes cadenas de supermercados son mayores que el PIB de muchos países;

- la fabricación de fertilizantes y pesticidas: esta última también controlada por las corporaciones de semillas.

El documento en pdf se puede bajar del siguiente enlace:

http://www.econexus.info

 

Fuente: OLCA

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Por: Álvaro Sierra, editor jefe de Semana

El crítico balance de la política de restitución de tierras hecho por Human Rights Watch (HRW) en su reporte “El riesgo de retornar a casa”, publicado el martes, generó una rápida respuesta del gobierno en un punto particularmente sensible, que se está convirtiendo en una polémica creciente con esa ONG internacional de derechos humanos.

El documento detalla el elevado número de amenazas contra reclamantes de tierras en el marco de la Ley de Víctimas –las denuncias ante las autoridades pasan del medio millar– y muestra la inmensa impunidad que reina en las investigaciones por esas amenazas y por los múltiples asesinatos de los que han sido víctimas los reclamantes.

El reporte llama al gobierno y a la Fiscalía a juzgar los abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra los desplazados que reclaman tierras y a hacer avances en la desarticulación de los grupos sucesores de los paramilitares, responsables de muchos de los ataques contra ellos. De no tomarse medidas en esa dirección, dice el informe, “la iniciativa más importante del gobierno de Santos en materia de derechos humanos podría verse irremediablemente desvirtuada”.

En el marco de este análisis general, el reporte menciona un dato que es el que parece haber tocado una fibra sensible. Human Rights Watch (HRW) afirma que, a dos años de aprobada la Ley de Víctimas y aunque muchas familias visitan regularmente las tierras que les han sido devueltas, a junio del 2013 “solamente una familia había retornado a vivir a su tierra como resultado de [las] sentencias dictadas en el marco de la Ley de Víctimas”.

La respuesta del gobierno no tardó. La Unidad de Restitución de Tierras publicó un comunicado en el que afirma que “el total de sentencias hasta el momento son 233, que cubren 666 casos e involucran casi 15.000 hectáreas. De los beneficiarios de restitución, alrededor del 66% han retornado a vivir o ejercen un retorno laboral en sus predios;  del 34% restante, aproximadamente el 24% está pendiente de la entrega de sus terrenos y solo un 10% no ha retornado”.

José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, contestó que esa afirmación del gobierno “no contradice” que sólo una familia haya retornado a vivir en su predio gracias a una sentencia de restitución, dato que, según él, proviene de la propia Unidad de Víctimas. Ese 66% incluye familias que habían retornado antes de esa ley o que visitan sus tierras para trabajarlas pero no viven en ellas.

El jueves, la Unidad de Víctimas hizo otro comunicado, en el que insiste en el mismo argumento y sostiene que “no es cierto que un solo hogar favorecido con un fallo de restitución se encuentre retornado en virtud de la Ley de Víctimas”. Su directora, Paula Gaviria, dice que hay muchos retornos que se han realizado antes del fallo de restitución y son resultado de la labor oficial bajo el manto de la Ley de Víctimas.

Vivanco fue categórico: “los comunicados de la Unidad de Víctimas y Unidad de Restitución deliberadamente distorsionan los hechos, al intentar confundir a la opinión pública presentando como retornos productos de sentencias de restitución de tierras casos de familias que ya estaban viviendo en sus predios o los visitan para trabajarlos”, dijo, insistiendo en que “el propósito aparente es defender el programa bandera del gobierno –que después de dos años de vigencia– solamente ha logrado el retorno de una familia desplazada a vivir en su tierra”.

El director de la División para las Américas de la ONG añadió que después del cierre de su informe, el 31 de julio, tuvo conocimiento de un reclamante en Cesar que fue amenazado 10 días después de volver, obligándolo a huir, y de unas siete familias que estarían viviendo en cambuches en el predio Santa Paula sin acompañamiento adecuado de las autoridades y en condiciones de alto riesgo.

“El gobierno probablemente no ha citado estos casos porque no son ejemplos dignos para víctimas desplazadas”, dice Vivanco.

Esta discusión no es menor. Que a dos años de aprobada la Ley de Víctimas sólo una familia haya retornado a su predio gracias a una de las 233 sentencias que han restituido tierras sería un grave indicio de la lentitud que se le ha criticado al proceso.

Sin embargo, el dato que tiene enfrentados al gobierno y a HRW es apenas la punta del iceberg de los problemas de fondo que señala el reporte de la ONG y sobre los cuales, hasta ahora, no hay pronunciamientos oficiales de calibre.

Las amenazas y los casos de desplazamiento forzado están en una impunidad casi completa. Como lo señaló Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, la impunidad sería de 99,9983%, pues, de acuerdo a los datos del informe de HRW, sólo hay 28 sentencias en 17.109 casos de desplazamiento que están en investigación.

En varias ocasiones, activistas de derechos humanos y organizaciones internacionales han dicho al gobierno que no basta proteger a quienes denuncian las amenazas sino que lo principal, para prevenir que estas ocurran o se concreten en asesinatos, es investigar con eficacia y dar con los culpables, materiales e intelectuales, de las amenazas, hoy por hoy probablemente el delito más impune que hay en Colombia.

Por eso, además de cuántas familias hayan retornado, gracias a fallos de restitución, a los predios que perdieron, lo que debe generar una amplia discusión en el país, a raíz del informe de Human Rights Watch, es la exposición de este preocupante contexto de impunidad y sostenida violencia de los grupos sucesores de los paramilitares y otras fuerzas que amenazan el éxito del proceso de restitución de tierras.

¡Pon los pies por la tierra: ayúdanos a compartir esta información

 

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Desde hace algunos años, empresas semilleras y capitales transnacionales están intentando apropiarse y controlar las semillas y la agricultura en el mundo entero. Las familias y comunidades campesinas e indígenas se han resistido a esta agresión y han logrado mantener sus semillas y su autonomía para reproducirlas

Entonces, las empresas están hoy tratando de acabar con las semillas  y las agriculturas indígenas y campesinas. Para lograrlo están exigiendo a los países que aprueben leyes que privatizan las semillas y convierten la libre  reproducción de las semillas en un delito.

En Chile se está discutiendo un proyecto de ley que privatiza las semillas, la llamada Ley de Derechos de Obtentor. Esta ley aún no ha sido aprobada por el Senado, pero si se aprueba pasaría lo siguiente:

·        permitiría que las empresas y los institutos de investigación se apropien de las semillas campesinas diciendo que las “descubrieron”. Lo único que necesitarán es tomar semillas, seleccionarlas un poco y luego registrarlas como propias.

·        Una vez que se apropien de esas semillas, podrán volver al campo y decir que las semillas que se parezcan a ellas también son de la empresa y prohibir que se reproduzcan libremente

·        Las familias en el campo tendrán dificultades cada vez más grandes para reproducir sus semillas y se verán obligados a comprarle semillas a las empresas semilleras al menos año por medio.

·        Las y los campesinos que reproduzcan las semillas que las empresas dicen que son de ellas podrán ser sancionados mediante la destrucción de sus cultivos, la confiscación de sus cosechas e incluso la confiscación del producto derivado de  las cosechas (como la harina)

·        Si la ley se aprueba, le abrirá la puerta a los cultivos transgénicos en todo el país, para que se conviertan en un by saveshare">gran negocio para las transnacionales.

·        A pesar de que este proyecto de ley afecta profunda y gravemente a los pueblos indígenas sus organizaciones y representantes no han sido consultados.

 

Es muy importante en este momento presionar a los senadores para que rechacen este proyecto de ley, mediante cartas y  correos electrónicos a los senadores, movilizaciones, declaraciones públicas, programas de radio, entrevistas, conversatorios, debates públicos y conversaciones con los senadores donde podamos expresar este rechazo. Es necesario demostrar que el rechazo es amplio y profundo y que defenderemos  las semillas, la agricultura campesina e indígena y la alimentación de todo el pueblo.

 

¡No a la privatización de las semillas!

¡Por la defensa de la agricultura campesina e indígena!

¡Nuestras semillas campesinas se mantendrán en resistencia!

¡Construyamos soberanía alimentaria YA!

 

 

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Un tribunal mexicano suspendió la emisión de permisos a transnacionales como Monsanto, Pioneer o Syngenta para la siembra de maíz transgénico a escala experimental, piloto y comercial en México.

El maíz transgénico representa "el riesgo de daño inminente para el medio ambiente", argumentó Jaime Eduardo Verdugo, juez del Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia civil de Ciudad de México, informan medios locales.

Además, el magistrado ordenó a la Secretaría de Agricultura y a la Secretaría de Medio Ambiente suspender de forma inmediata "todas las actividades relacionadas con la siembra de maíz transgénico en el país".

"La decisión del juez representa el primer paso para la protección definitiva de la diversidad biológica de nuestro país y un reconocimiento pleno de los derechos humanos de los mexicanos a un medio ambiente sano, a una alimentación de calidad y al maíz como patrimonio cultural", comentó Greenpeace en su página web.

En algún momento [los transgénicos] se van a tener que aprobar porque la población está creciendo

"El mayor logro de dicha resolución es que finalmente, el poder judicial ha aceptado formar parte del debate sobre los perjuicios o beneficios de introducir maíces transgénicos al país", señalaron por su parte organizaciones sociales que promovieron una demanda para que el tribunal dictara el fallo.

Recordaron también que los cultivos transgénicos, además de tener un gran impacto en la biodiversidad, afectan de manera negativa al medio ambiente y a los campesinos, favoreciendo el monopolio y el control de las transnacionales de la biotecnología sobre los granos base de nuestra alimentación.

Sin embargo, representantes de la Secretaría de Agricultura advirtieron que México tendrá que entrar al debate de la siembra de transgénicos debido a la alta demanda de alimentos por parte de su población.

 

"En algún momento de nuestra vida se van a tener que aprobar porque la población está creciendo y hay miles de millones de personas sin alimentos, y esta discusión pronto se va a tener que superar", señalaron.

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Este 19 de agosto se inicia el Gran Paro Nacional Agrario y Popular, donde varias regiones del país se estarán movilizando, las organizaciones agrarias y populares en la búsqueda de la Reforma Agraria Estructural con perspectiva territorial e intercultural que contribuya a la soberanía nacional en el marco de una Paz con Justicia Social, se han abierto paso mediante la movilización, la reivindicación y la búsqueda de una solución política al Conflicto social y armado que por décadas han violentado el derecho a la vida, al territorio y a la tierra.


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