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Nota de prensa de los Movimientos Sociales para una Asia Alternativa (SMAA), Gerak Lawan y La Vía Campesina

 

(Bali, 7 de diciembre de 2013) La IX Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se prolongó hasta el día 7 de diciembre, dio luz verde al Paquete de Bali en el último momento en detrimento de los países en vías de desarrollo, los pobres y las víctimas del hambre.

Facilitar los intercambios comerciales a las multinacionales

Aclamado como una victoria por parte de la OMC por desbloquear unas negociaciones en punto muerto, el Paquete de Bali ofrece un acuerdo jurídicamente vinculante sobre la facilitación de los intercambios comerciales que saldrá caro a los países en vías de desarrollo y garantiza un acceso y beneficios más fáciles a las empresas multinacionales. La facilitación de los intercambios comerciales, o la disminución de procedimientos arancelarios y fronteras, favorece clara y exclusivamente a las multinacionales que ya tienen el control de las exportaciones e importaciones. Tal y como demuestra el Informe sobre el Comercio Mundial de 2013, "el 80% de las exportaciones de los Estados Unidos son gestionadas por el 1% de los grandes exportadores; el 85% de las exportaciones europeas están en manos del 10% de los grandes exportadores y el 81% de las exportaciones se concentra en las 5 principales empresas exportadoras en países en vías de desarrollo".

Además, hay que tener en cuenta la vertiente hipócrita de este acuerdo para la facilitación de los intercambios comerciales, que abrirá las fronteras en todos los Estados miembros salvo Cuba, ya que no anula el bloqueo que Estados Unidos lleva ejerciendo sobre Cuba desde hace 60 años. La referencia al principio de no discriminación del Artículo V del GATT 1994 es pura retórica, dado que se menciona en la Declaración y no en el texto del Acuerdo para la facilitación de los intercambios comerciales.

Una cláusula de paz que pone en peligro el derecho a la alimentación

Los países en vías de desarrollo no han recibido nada a cambio de este acuerdo para la facilitación de los intercambios comerciales, un acuerdo que les es perjudicial y que tiene carácter jurídicamente vinculante.

§ El texto contiene una cláusula de paz muy negativa que infringe el derecho a la alimentación y pone en peligro el derecho a la soberanía alimentaria, dado que establece una serie de restricciones sobre la capacidad de los países en vías de desarrollo para brindar apoyo a sus pequeños agricultores y a la población más pobre.

§ La cláusula de paz solamente es aplicable a los programas de seguridad alimentaria de reservas públicas que superen la Medida Global de la Ayuda (MGA) o de minimis en la fecha de la decisión. Esto supone que solamente India puede acogerse a la cláusula y que no se permitirán otros programas de seguridad alimentaria en países en vías de desarrollo.

§ Existe una promesa de encontrar una solución permanente, si bien sujeta a futuras negociaciones durante los próximos 4 años. Falta concretar de qué tipo de solución permanente se tratará.

§ Y lo que es más importante, los países en vías de desarrollo tendrán que aceptar su culpa por infracción de las normas de la OMC antes de querer acogerse a la cláusula de paz.

Finalmente, la cláusula de paz carece de sentido alguno, básicamente porque ningún país debería tener que suplicar el derecho de garantizar el derecho a la alimentación. En realidad, ni la alimentación ni la agricultura deberían formar parte de la OMC.

Antiguas promesas incumplidas y fracasadas

El tema de los subsidios de exportación sigue siendo una promesa. En la Declaración Ministerial de Hong Kong ya se prometió la supresión en 2013 todos los subsidios a las exportaciones. Actualmente, en el Paquete de Bali volvemos a encontrarnos con una mera promesa retórica, consistente en que "la competencia en materia de exportaciones sigue siendo una prioridad para el programa de trabajo posterior a Bali".

En cuanto al tema del algodón, que los países africanos llevan mucho tiempo reivindicando, la promesa contenida en la Declaración Ministerial de Hong Kong jamás se ha implementado. Hoy, el Paquete de Bali promete mantener "debates dedicados a este tema" con posterioridad a Bali.

El Paquete de Bali contiene un Paquete para los Países Menos Desarrollados (PMD), pero no prevé nada sustancial o relevante. El tratamiento especial y diferencial y el mecanismo de seguimiento son antiguas promesas sin cumplir que hoy en día siguen siendo meras declaraciones.

En resumen, el Paquete de Bali ofrece un texto jurídicamente vinculante sobre la facilitación de los intercambios comerciales, un cláusula de paz muy negativa sobre la seguridad alimentaria que pone en peligro nuestro derecho a la soberanía alimentaria, declaraciones y promesas vacías en relación con las peticiones que los países en vías de desarrollo llevan tiempo reivindicando en materia de subsidios de exportaciones, algodón y los problemas de los PMD.

Pedimos el fin de la OMC y exigimos justicia económica

La OMC ha vuelto a demostrar que es una organización para los países desarrollados y las multinacionales, que impulsa normas de libre comercio que solo favorecen a los ricos e incluso concentran aún más la riqueza en menos manos. Hasta la fecha, la organización no ha llevado el desarrollo a la gente, ni lo hará en el futuro.

La OMC es una institución fracasada y sin legitimización que está intentando revivir desesperadamente con el Paquete de Bali, a expensas de la soberanía alimentaria, los medios de subsistencia, el empleo y el futuro de las personas.

Reiteramos nuestra petición para la finalización de la OMC y la tiranía del régimen de libre comercio. Doblamos nuestros esfuerzos luchando contra el sistema e impulsando alternativas para los pueblos. Continuaremos con nuestra lucha para lograr un mundo sin la OMC y los acuerdos de libre de comercio y gozar, en su lugar, de una economía para la vida.

Para más información, podéis contactar con:

1. Ashlesha Khadse: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., +6287862889114 (Nusa Dua) (inglés, español, hindi)

2. Mohammed Ikhwan: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., +62 819 32099596 (Denpasar) (inglés, indonesio)

3. Andre Abeng: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., +62 852 870 32176 (Denpasar) (indonesio)

Miembros de Gerak Lawan: (Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme-Imperialisme)

Indonesia for Global Justice (IGJ) - Bina Desa - Serikat Petani Indonesia (SPI) - Solidaritas Perempuan (SP) - Aliansi Petani Indonesia (API) - Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KONTRAS) - Climate Society Forum (CSF) - Koalisi Anti Utang (KAU) - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) - Institut Hijau Indonesia (IHI) - Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI Jakarta) - Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) - Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI) - Serikat Nelayan Indonesia (SNI) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) - Serikat Buruh Indonesia (SBI) - Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) - Universitas Al-Azhar Indonesia (Dosen Hubungan Internasional) - Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI) - Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) - Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia (APPI) - Migrant Care

Organizadores de Movimientos Sociales para una Asia Alternativa:

Alliance of Progressive Labor, Philippines, All Nepal's Peasants' Federation, Assembly of the Poor, Thailand, ATTAC Japan, Bangladesh Krishok Federation, Bangladesh Kishani Sabha, Bhartiya Kisan Union, India, Coalition Against Trafficking of Women (CATW-AP), Focus on the Global South, FTA Watch Thailand, Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), Indonesia for Global Justice, Indonesian Political Economy Association (AEPI), Koalisi Anti Utang (KAU), Indonesia, Jubilee South-Asia Pacific Movement on Debt and Development, Karnataka Rajya Raitha Sangha, Karnataka, India, Kerela Coconut Farmers Association, Kerela, India, Korean Confederation of Trade Unions (KCTU), La Via Campesina, Migrant Forum in Asia, MONLAR, Sri Lanka, Northern Peasants Federation, Thailand, NOUMINREN, Japan, Peoples Coalition for the Right to Water, Indonesia (KRuHA), Serikat Petani Indonesia (SPI), South Indian Coordination Committee of Farmers Movements (SICCFM), World March of Women-Philippines

Aliados de la coalición ENDWTO:

FairWatch Italy, ATTAC France, SENTRO-Philippines, Ecologistas en Accion, Spain, World Development Movement, Transnational Institute, Polaris Institute, Freedom from Debt Coalition Philippines, People's Action for Change Cambodia, War on Want, Alternative Development Information Centre South Africa, Grassroots Global Justice Alliance, Popular Resistance, Sumpay Mindanao, Kilusang Maralita sa Kanayunan (KILOS KA), Migrants Rights International


 

Lean y compartan el Llamamiento de Yakarta!

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Por: Fernanda Sánchez Jaramillo

Entrevista a Fabiola Piñacué, indígena mujer, politóloga, magíster en geografía, Empresaria de Coca Nasa FSJ: En la Habana en sí no está discutiendo el punto de Las "ilícitas DROGAS".El Gobierno ha DICHO Que No discute Asuntos Indígenas Con las Farc. ¿Han Sido INVITADOS un discutir sos Perspectivas en el transcurso de los Diálogos de Paz?

 

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Se acaba de publicar en inglés un ilustrativo informe titulado "Agropoly - A handful of corporations control world food production", que muestra, en sólo 18 páginas, cómo un puñado de empresas han llegado a dominar la agroindustria mundial. El documento describe brevemente con ayuda de gráficos como la industrialización y la concentración en el sector de la alimentación mundial socavan los sistemas alimentarios sostenibles y la soberanía alimentaria.

La publicación, elaborada por las organizaciones EcoNexus y Berne Declaration, señala cómo se da ese dominio de las corporaciones transnacionales en áreas como las siguientes:

- la producción de alimento para animales: un tercio de las tierras agrícolas se destina a producir alimentos para animales;

- la cría de animales: en la cría de pollos, por ejemplo, las 4 principales empresas tienen el 99% del mercado de la genética;

- la producción de semillas: las 10 principales empresas de semillas tienen el 75% del mercado;

- la producción, procesamiento, comercio mayorista y minorista de mercancías: los ingresos de las tres más grandes cadenas de supermercados son mayores que el PIB de muchos países;

- la fabricación de fertilizantes y pesticidas: esta última también controlada por las corporaciones de semillas.

El documento en pdf se puede bajar del siguiente enlace:

http://www.econexus.info

 

Fuente: OLCA

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Comunicado La Vía Campesina

 

A lo largo de estos 20 años como La Vía Campesina hemos reconocido el rol de las mujeres en todos los aspectos de la vida, en ese sentido hemos denunciado al capitalismo y al patriarcado como los principales generadores de todo tipo de violencia: física, ética, psicológica, política y económica que  aumentan las condiciones de discriminación y las situaciones de violencia hacia las  mujeres y niñas.

Las campesinas en todo el mundo sufren la violencia de clase heredada del latifundio, la falta de acceso a la tierra, a los bienes de producción, la falta de condiciones para permanecer en el campo causadas por el poder destructor del agronegocio, que hoy por hoy, es la  expresión del capital en el campo. Este modelo de agricultura no solo acapara la tierra y expulsa, sino que además pone en riesgo la vida millones de mujeres en todo el mundo,  pues las expone a los agrotóxicos y venenos utilizados en este modelo de agricultura.

Inspirados e inspiradas en las luchas por la  tierra, reforma agraria, soberanía alimentaria, hemos posicionado el debate de género desde una perspectiva de clase, a partir de esta reflexión política construimos y lanzamos la Campaña `Basta de violencia contra las mujeres´ en el 2008 en el marco de nuestra V Conferencia,  herramienta de denuncia que ratificamos el pasado junio en nuestra VI Conferencia en Indonesia.

Como movimiento campesino hemos  afirmado que nuestras luchas son para generar una sociedad basada en la justicia y la igualdad, respetuosas de los derechos humanos. Las mujeres tienen derecho a una vida digna;  y en el caso de las mujeres del campo esta vida digna está directamente relacionada con el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria, estudios confirman que  las mujeres producen el  80% de los alimentos,  y apenas son propietarias del 2% de las tierras.

Como Vía Campesina creemos que para acabar con esta violencia estructural es fundamental acabar con el sistema capitalista que se basa en la explotación de clase, género y exclusión, principalmente,  de las mujeres campesinas.

Es así, que este  25 de noviembre las mujeres de la Vía Campesina hacemos un llamado a preparar  Jornadas Internacionales de lucha, resistencia y de denuncia por el fin de toda forma de violencia contra las mujeres.

Basta de Violencia contra las Mujeres!

Más información:

Fotos y audios: Vean Nueva Colección de Postales Basta de Violencia contra las mujeres!

Cartilla  Basta de Violencia contra las Mujeres, aquí.

Vídeo:  Basta de Violencia contra las Mujeres!

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Por: Álvaro Sierra, editor jefe de Semana

El crítico balance de la política de restitución de tierras hecho por Human Rights Watch (HRW) en su reporte “El riesgo de retornar a casa”, publicado el martes, generó una rápida respuesta del gobierno en un punto particularmente sensible, que se está convirtiendo en una polémica creciente con esa ONG internacional de derechos humanos.

El documento detalla el elevado número de amenazas contra reclamantes de tierras en el marco de la Ley de Víctimas –las denuncias ante las autoridades pasan del medio millar– y muestra la inmensa impunidad que reina en las investigaciones por esas amenazas y por los múltiples asesinatos de los que han sido víctimas los reclamantes.

El reporte llama al gobierno y a la Fiscalía a juzgar los abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra los desplazados que reclaman tierras y a hacer avances en la desarticulación de los grupos sucesores de los paramilitares, responsables de muchos de los ataques contra ellos. De no tomarse medidas en esa dirección, dice el informe, “la iniciativa más importante del gobierno de Santos en materia de derechos humanos podría verse irremediablemente desvirtuada”.

En el marco de este análisis general, el reporte menciona un dato que es el que parece haber tocado una fibra sensible. Human Rights Watch (HRW) afirma que, a dos años de aprobada la Ley de Víctimas y aunque muchas familias visitan regularmente las tierras que les han sido devueltas, a junio del 2013 “solamente una familia había retornado a vivir a su tierra como resultado de [las] sentencias dictadas en el marco de la Ley de Víctimas”.

La respuesta del gobierno no tardó. La Unidad de Restitución de Tierras publicó un comunicado en el que afirma que “el total de sentencias hasta el momento son 233, que cubren 666 casos e involucran casi 15.000 hectáreas. De los beneficiarios de restitución, alrededor del 66% han retornado a vivir o ejercen un retorno laboral en sus predios;  del 34% restante, aproximadamente el 24% está pendiente de la entrega de sus terrenos y solo un 10% no ha retornado”.

José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, contestó que esa afirmación del gobierno “no contradice” que sólo una familia haya retornado a vivir en su predio gracias a una sentencia de restitución, dato que, según él, proviene de la propia Unidad de Víctimas. Ese 66% incluye familias que habían retornado antes de esa ley o que visitan sus tierras para trabajarlas pero no viven en ellas.

El jueves, la Unidad de Víctimas hizo otro comunicado, en el que insiste en el mismo argumento y sostiene que “no es cierto que un solo hogar favorecido con un fallo de restitución se encuentre retornado en virtud de la Ley de Víctimas”. Su directora, Paula Gaviria, dice que hay muchos retornos que se han realizado antes del fallo de restitución y son resultado de la labor oficial bajo el manto de la Ley de Víctimas.

Vivanco fue categórico: “los comunicados de la Unidad de Víctimas y Unidad de Restitución deliberadamente distorsionan los hechos, al intentar confundir a la opinión pública presentando como retornos productos de sentencias de restitución de tierras casos de familias que ya estaban viviendo en sus predios o los visitan para trabajarlos”, dijo, insistiendo en que “el propósito aparente es defender el programa bandera del gobierno –que después de dos años de vigencia– solamente ha logrado el retorno de una familia desplazada a vivir en su tierra”.

El director de la División para las Américas de la ONG añadió que después del cierre de su informe, el 31 de julio, tuvo conocimiento de un reclamante en Cesar que fue amenazado 10 días después de volver, obligándolo a huir, y de unas siete familias que estarían viviendo en cambuches en el predio Santa Paula sin acompañamiento adecuado de las autoridades y en condiciones de alto riesgo.

“El gobierno probablemente no ha citado estos casos porque no son ejemplos dignos para víctimas desplazadas”, dice Vivanco.

Esta discusión no es menor. Que a dos años de aprobada la Ley de Víctimas sólo una familia haya retornado a su predio gracias a una de las 233 sentencias que han restituido tierras sería un grave indicio de la lentitud que se le ha criticado al proceso.

Sin embargo, el dato que tiene enfrentados al gobierno y a HRW es apenas la punta del iceberg de los problemas de fondo que señala el reporte de la ONG y sobre los cuales, hasta ahora, no hay pronunciamientos oficiales de calibre.

Las amenazas y los casos de desplazamiento forzado están en una impunidad casi completa. Como lo señaló Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, la impunidad sería de 99,9983%, pues, de acuerdo a los datos del informe de HRW, sólo hay 28 sentencias en 17.109 casos de desplazamiento que están en investigación.

En varias ocasiones, activistas de derechos humanos y organizaciones internacionales han dicho al gobierno que no basta proteger a quienes denuncian las amenazas sino que lo principal, para prevenir que estas ocurran o se concreten en asesinatos, es investigar con eficacia y dar con los culpables, materiales e intelectuales, de las amenazas, hoy por hoy probablemente el delito más impune que hay en Colombia.

Por eso, además de cuántas familias hayan retornado, gracias a fallos de restitución, a los predios que perdieron, lo que debe generar una amplia discusión en el país, a raíz del informe de Human Rights Watch, es la exposición de este preocupante contexto de impunidad y sostenida violencia de los grupos sucesores de los paramilitares y otras fuerzas que amenazan el éxito del proceso de restitución de tierras.

¡Pon los pies por la tierra: ayúdanos a compartir esta información

 

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