Proyecto de Ley propuesto por las Organizaciones Campesinas y Sociales

Economía

PROYECTO DE LEY  xxx  DE 2011.

Por la cual se expide la Ley General de Tierras y Desarrollo Rural, y se dictan otras disposiciones

DECRETA:

T I T U L O I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
OBJETO, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS.


Artículo 1. El objeto de esta ley, es establecer el marco normativo e institucional, para el efectivo cumplimiento de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, cuyo precepto impone como deber del Estado,  garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra por parte de las comunidades rurales, la priorización del Estado hacia la producción de alimentos como única garantía del derecho de toda persona a una alimentación adecuada y un ejercicio pleno del poder soberano del pueblo; estableciendo las bases para un desarrollo rural, armónico, sustentable y sostenible entre la población y el medio rural, procurando de manera progresiva el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral de los hombres y mujeres del sector, y la equidad social,  en el marco de una justa redistribución de la tierra y una adecuada distribución por los recursos del territorio, basados en una planificación estratégica y democrática, participativa, con plena observancia y respeto por la dignidad humana, la conservación de la biodiversidad  y protección ambiental; se expide la presente ley con los siguientes objetivos, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 7, 40, 43, 58, 63, 70, 79 y los incisos 2° y 3° del artículo 13 y segundo del artículo 103 de la  Carta Política y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDHES.

Parágrafo. Hacen parte de esta ley en su integridad la ley 21 de 1991 y la ley 70 de 1993 y la ley 731 de 2002; cuya reglamentación no se modifica, sustituye ni deroga por ninguna de las disposiciones contenidas en ella.

Artículo 2. Los objetivos de la presente ley son:  

Establecer los instrumentos para que el Estado promueva efectivamente, el progresivo acceso a la propiedad de la tierra por parte de las comunidades rurales, en forma individual o asociativa; y la consolidación de la propiedad a la que se accede, de manera que estas puedan disfrutar del derecho a la tenencia y dominio  de la tierra.
Favorecer, apoyar y atender de manera prioritaria,  a las comunidades rurales, de forma individual o colectiva,  cuando por razones de violencia, inclemencias del clima, desastres naturales u otras circunstancias, hayan perdido sus parcelas o se encuentren en peligro de perderlas sin discriminación y desarrollar medidas para prevenir y contrarrestar el daño climático y el calentamiento global.

Garantizar e implementar un proceso de Desarrollo Rural Integral, cuyo eje primordial sea la población, mediante la implementación y puesta en marcha de un programa intensivo de mejoramiento de la calidad de vida de la familia campesina, en donde la función social y ecológica de la propiedad de la tierra, prime sobre los intereses extra-campesinos.
Apoyar prioritariamente y respetar la pequeña propiedad rural, y la implementación de políticas públicas, que permitan el pleno desarrollo de las comunidades rurales,  y la construcción de tejido social.  

Promover coordinadamente la concertación, respeto y cumplimiento entre los diferentes actores estatales y de la sociedad civil de la cultura y la vida rural; la protección del ambiente y el uso de los recursos naturales; la generación, transferencia, uso, evaluación de la tecnología; la producción agropecuaria y encadenamientos productivos, el procesamiento, la comercialización, otras formas de mercadeo y el consumo.

Garantizar el desarrollo de la investigación y transferencia de tecnología por parte de instituciones educativas, para la producción limpia y procesamiento de alimentos, apoyando también los procesos  implementados por las comunidades rurales, con el propósito de aumentar la productividad, calidad, rentabilidad y competitividad y garantizar el derecho a una producción limpia y a la protección del conocimiento ancestral, a un ambiente sano, la diversidad e integridad del ambiente en un marco de sostenibilidad ambiental, económica y social, así como el acceso democrático a los avances tecnológicos.

Establecer una política pública de financiamiento preferencial para las pequeñas y medianas productoras y programas con condiciones especiales, favorables para el crédito de fomento, con incentivos y/o crédito subsidiado agropecuario, con tasas preferenciales para las mujeres cabezas de familia, capital semilla y el financiamiento de la pequeña industria procesadora de alimentos y/o proyectos necesarios para ellas.

Contribuir a la promoción y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación, definiendo los instrumentos para el reconocimiento y la defensa de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, comunidades room y raizales y las comunidades afro-colombianas.

Garantizar el uso adecuado de los suelos del país, de acuerdo con sus características culturales y agro-ecológicas, priorizando la producción de alimentos, la economía campesina, sostenibilidad ambiental y conservación y protección de  los recursos naturales.

Garantizar e incrementar la participación de la producción campesina, en el abastecimiento de alimentos en el país y el margen de beneficio que corresponde a los campesinos en cada cadena y encadenamiento productivo,  facilitando la construcción y sostenimiento de redes urbano-rurales y regionales que fortalezcan la economía campesina, dentro del mercado interno nacional.

Promover el acceso de las comunidades rurales y los productores rurales, con prioridad a las mujeres rurales cabeza de familia,  a los servicios de crédito, bancarios y no bancarios,  capital semilla y créditos de fomento,  comercialización de productos, asistencia técnica y empresarial, comunicaciones, seguridad social, vivienda, educación y salud, así como el fomento de las cooperativas agropecuarias y de la economía solidaria en general, con el fin de mejorar su ingreso y calidad de vida.

Garantizar el apoyo a las iniciativas de comercialización de las organizaciones campesinas, cuyos productos hagan parte de la economía campesina nacional.

Contribuir a la preservación del medio ambiente, los ecosistemas y reconocer el papel y aporte de las comunidades rurales, para el efecto.

Establecer y garantizar condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, que les permitan a las comunidades rurales promover su bienestar, mejorar su calidad de vida y ejercer en forma plena y efectiva sus derechos individuales y colectivos.

Promover coordinadamente la concertación, respeto y cumplimiento entre los diferentes actores de la cultura y la vida rural; la protección del ambiente y el uso de los recursos naturales; la generación, transferencia, uso, evaluación de la tecnología; la producción agropecuaria y las cadenas productivas, el procesamiento, la comercialización y el consumo.
Garantizar la coordinación entre las entidades nacionales, territoriales y la sociedad civil.
Realizar el ordenamiento social y cultural de la propiedad.

Armonizar las relaciones sociales en el campo, entre el campo y la ciudad, y entre las regiones.

Realizar inversiones en adecuación de tierras para mejorar la productividad, la rentabilidad y la competitividad de sus explotaciones, y mantener las condiciones de estabilidad de la producción agropecuaria.

Reglamentar, administrar, controlar y ordenar la actividad pesquera y de la acuicultura, así como determinar las áreas en donde estas actividades se desarrollen o pretendan desarrollarse, protegiendo el trabajo de los pescadores artesanales, utilizando plenamente los potenciales productivos, en un marco de sostenibilidad ambiental, económico y social.

Proteger, fomentar y apoyar la producción nacional de alimentos de manera que garantice la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria y el consumo de los alimentos básicos por el conjunto de la población, sin dependencia de las fluctuaciones y avatares internacionales.

Hacer efectiva la prioridad nacional para el desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, de manera que el país pueda recuperar plena y sustentablemente su producción agropecuaria.
Garantizar el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad de la tierra y los recursos agropecuarios.

Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos dirigidos a eliminar y prevenir la in equitativa concentración de la propiedad sobre la tierra y su fraccionamiento antieconómico; dotando de tierra a las comunidades rurales  que no la posean, minifundistas, vivientes, aparceros, desplazados; mujeres campesinas cabeza de familia, víctimas de desastres, a las asociaciones sociales debidamente organizadas, protegiendo la diversidad étnica y cultural de la nación.

Defender y proteger los recursos naturales a través de la redistribución de la tierra dentro de la frontera agrícola con el fin de evitar el éxodo indiscriminado de la población hacia los bosques y reservas ecológicas; reubicando a los colonos que se encuentran en las áreas frágiles y reordenando el uso técnico de los suelos de acuerdo a los estudios agro-ecológicos y a los planes de vida y de desarrollo de las entidades territoriales y la Nación.

Incrementar la producción, productividad y sostenibilidad de las economías campesinas, agropecuarias y pesqueras nacionales, orientando su labor productiva de acuerdo a los intereses de la economía nacional, regional y local, garantizando la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria de la Nación, mediante la adecuada y oportuna prestación de servicios en materia de capacitación, asistencia técnica y empresarial, transferencia de tecnología, comercialización, procesamiento de materias primas agropecuarias y crédito en condiciones acordes con la realidad económica de la población rural; así como garantizar el abastecimiento a precios de fomento de los insumos e implementos agropecuarios.

Incrementar la participación de las economías campesinas en el abastecimiento de alimentos en el país y el margen de beneficio que corresponde a los campesinos en cada cadena productiva, facilitando la construcción y sostenimiento de redes urbano-rurales y regionales que fortalezcan el tejido económico interno.

Promover el acceso de las comunidades rurales y de los trabajadores y productores rurales a los servicios de crédito, comercialización de productos, asistencia técnica y empresarial, comunicaciones, seguridad social, vivienda, educación y salud, así como el fomento de las cooperativas agropecuarias y de la economía solidaria en general, con el fin de mejorar su ingreso y calidad de vida.

Fomentar el procesamiento y mercadeo de los productos campesinos, tanto por los productores como por grupos urbanos de ingresos bajos.

Promover y apoyar a las comunidades rurales, cooperativas y otras formas de economía solidaria, sus programas de educación, capacitación y formación, en su propósito de lograr el mejoramiento económico, social, técnico, cultural y ambiental de la población rural, posibilitando su participación con poder de decisión en todas las instancias donde se defina la política agropecuaria, eliminando la discriminación, por razones de genero, sexo, edad y raza.

Crear las condiciones para que toda la población rural participe equitativa e integralmente en la distribución de los beneficios de la sociedad.

Garantizar el cumplimiento pleno de la Ley 21 de 1991 y la Ley 70 de 1993 así como de su reglamentación.
Artículo 3. Serán principios rectores de la presente ley:

El derecho al agua, la tierra y el territorio serán parte fundamental de la dignidad de las comunidades rurales.

La tierra será un derecho inalienable, imprescriptible e inembargable a favor de las comunidades rurales.

El trabajo, la concepción política y  comunitaria  de las comunidades rurales,  será un requisito fundamental en la base de un estado social de derecho, que genera desarrollo humano  integral de sus pobladores, reconociendo y optimizando sus actividades, su quehacer social y sus territorios.

Todos los colombianos tienen derecho fundamental a una alimentación adecuada y a estar protegidos contra el hambre.
Será un deber del Estado, la preservación del medio ambiente y los ecosistemas y el reconocimiento del papel y aporte de las comunidades rurales  para el efecto.

La construcción de una paz duradera con justicia social y el bienestar de las comunidades rurales  será un requisito indispensable en la solución de los conflictos sociales del campo.

La soberanía, autonomía y seguridad alimentaria es una prioridad nacional.

Será un deber del Estado la defensa y el fortalecimiento de la economía campesina, así como el reconocimiento de su diversidad étnica y cultural.

La descentralización y las competencias territoriales, buscarán acercar los servicios del Estado al habitante rural.
El Estado deberá garantizar la participación decisoria y autónoma de la población rural en el diseño, la gestión y evaluación de los planes, programas y proyectos, de acuerdo con sus prioridades.

El Estado reconocerá el aporte de la economía campesina a la economía nacional, para la defensa y desarrollo de su propio espacio político, económico, social, cultural y ambiental.

Será una prioridad del Estado la atención diferenciada al medio rural en las regiones más vulnerables, para corregir los desequilibrios económicos y sociales.

Las mujeres rurales,  jefas de hogar, víctimas de la violencia o en estado de desprotección social, tendrán prioridad para acceder a los beneficios contenidos en esta ley. Todas las políticas, programas y proyectos con destino a las mujeres rurales serán consultadas con sus respectivas organizaciones.

CAPITULO II

DEFINICIONES

Artículo 4. Serán sujetos de esta ley las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, los pueblos afro-descendientes, los pueblos raizales, los pueblos room, los pescadores, las comunidades campesinas sin tierras, los pequeños propietarios, los productores agropecuarios, las mujeres rurales, y las y los artesanos, los jóvenes rurales, los trabajadores agrícolas, la población en situación de desplazamiento forzado y desarraigo, quienes en adelante y para el efecto de la presente ley serán denominados las comunidades rurales.

Artículo 5. Para efectos de la presente ley, se entenderá por Desarrollo Rural Integral el mejoramiento progresivo del nivel y la calidad de vida de las comunidades rurales, aunado a la participación activa, organizada y decisoria de  estas, en la definición y orientación  de su desarrollo  y en la defensa  de sus propios intereses. El Desarrollo Rural Integral requiere de la transformación  de las estructuras sociales, económicas y políticas ligadas al sector rural, sobre bases de mayor equidad y justicia social, teniendo como propósitos fundamentales propiciar un crecimiento  equilibrado y sustentable de la producción y productividad del sector rural; elevar los ingresos de las comunidades rurales; y garantizar  la participación de estas en la formulación  e implementación de políticas públicas.

Artículo 6. Se entenderá por Reforma Agraria Integral el conjunto amplio de medidas para la trasformación de la propiedad, uso y tenencia de la tierra y otros factores productivos. Busca impulsar  un proceso de Desarrollo Rural Integral que ayude a superar  la pobreza y marginación de las comunidades rurales de conformidad con los principios rectores de la presente ley.

Artículo 7. Se entenderá para los efectos de la presente ley por Unidad Agrícola Familiar – UAF la extensión de tierra necesaria e indivisible para que explotada de acuerdo con la aptitud de los suelos y en las condiciones culturales y de la tecnología media de la región (medido en SMLMV), produzca los ingresos netos suficientes para que una familia pueda vivir en condiciones dignas y disponer de un excedente.

Artículo 8.  Para  los efectos de la presente ley se entenderá por Soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental.

Parágrafo. La alimentación es un derecho humano fundamental, reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales. Los alimentos son una necesidad imperativa para la existencia de todos los seres vivos, requeridos de manera permanente para el cuidado y mantención de la vida, al igual que el aire y el agua.

T I T U L O II

ORGANIZACION DEL SECTOR

CAPITULO I

SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y REFORMA AGRARIA

Artículo 9. Organícese el Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria, como mecanismo obligatorio de planificación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades dirigidas a proteger la producción nacional de alimentos, dotar de tierra a las comunidades rurales  y prestar los servicios de créditos subsidiados y complementarios, para el fomento económico de los pequeños productores rurales.

Artículo 10. El Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria, estará compuesto por diez sub-sistemas, así:
Programación y Coordinación.

Dotación, y Adecuación de Tierras e Infraestructura.

Generación y transferencia de tecnología, asistencia técnica y empresarial, investigación, educación, capacitación, formación y diversificación.

Mercadeo y Fomento Agroindustrial.

Crédito Subsidiado Rural.

Seguridad Social y Desarrollo Integral de la Población Rural

Participación Política y Comunitaria

Información para la Agricultura y el Medio Rural.

Pesca y Acuicultura.

Soberanía, autonomía y Seguridad Alimentaria,

Producción y Comercialización Agropecuaria.

Artículo 11. El organismo rector del Sistema es el Consejo Nacional de Desarrollo Rural Integral, Tierras y Reforma Agraria, el cual contará con un Conpes Rural y con un Plan decenal y tendrá las siguientes funciones:

Coordinar y evaluar periódicamente la operación del Sistema Nacional de Desarrollo Campesino, Indígena y Afrocolombiano y dar a conocer sus observaciones y recomendaciones al respecto al Gobierno Nacional.

Coordinar los planes y programas de trabajo departamentales, regionales, si los hay, aprobados por los Comités respectivos, en forma de hacerlos coherentes y compatibles entre sí y con el plan general de desarrollo.

Aprobar los programas de trabajo de carácter nacional de los entes estatales, a que se refiere el literal b) del artículo 12.
Presentar al Gobierno Nacional recomendaciones sobre actividades para promover el desarrollo campesino, indígena y afrocolombiano especialmente en materia de asistencia técnica, tecnológica, mercadeo y agroindustria.

Asesorar al Gobierno nacional en la elaboración y presentación al CONPES rural, del Plan decenal para el Desarrollo de la Agricultura y el Medio Rural.

Hacer el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Agricultura y el medio Rural.

Determinar los programas del sector rural que requieren ser incluidos en los proyectos de ley de Plan Nacional de Desarrollo y los presupuestos nacionales anuales que deben asignarse a programas del sector rural en los proyectos de ley de presupuesto nacional anual.    Hacer el seguimiento y evaluación de la ejecución de los presupuestos nacionales anuales.

Definir la política de tierras rurales del país.

Definir los criterios de uso del suelo, tanto para producción agrícola, pecuaria, forestal, como para explotaciones mineras, petroleras y de recursos naturales no renovables, para reserva natural o conservación ambiental o para fines culturales y establecer los criterios e instrumentos aplicados a la destinación de los suelos para diferentes fines.

Hacer un seguimiento y evaluación del uso de los suelos en el país y sus repercusiones sociales, culturales, económicas y ambientales. .

Definir las políticas nacionales de ordenamiento social de la propiedad rural.

Definir la política general de conservación, manejo y aprovechamiento de aguas en actividades productivas del sector rural.

Aprobar los proyectos estratégicos de adecuación de tierras, riego y drenaje que requieran inversión nacional.

Presentar informes anuales a las Comisiones Constitucionales Permanentes Terceras y Quintas del Congreso de la República.

Artículo 12. La programación de las acciones del Estado para el sector rural se someterá a las siguientes reglas:

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), acorde con lo establecido en el mes de enero de cada año por Conpes Rural de que trata el  artículo 13 de la presente ley y dentro de los parámetros del plan de desarrollo, a propuesta del Ministerio de Agricultura y el Departamento Nacional de Planeación, definirá en el mes de febrero de cada año, el monto global del presupuesto general de la nación para el año siguiente que se destinará a los servicios de Asistencia Técnica y Empresarial, Mercadeo, Dotación y Adecuación de Tierras, Vías, Electrificación, Crédito Subsidiado y Fomento Agroindustrial para el sector rural y definirá la respectiva distribución por Ministerios y entidades del orden nacional;

Con base en la distribución presupuestal y las estrategias definidas por el Conpes, cada una de las entidades nacionales formulará los planes y programas que programen ejecutar en cada municipio, de acuerdo con los planes y programas formulados por las autoridades locales y por las organizaciones del sector rural. Dichos planes y programas serán sometidos a discusión y aprobación del respectivo Consejo Municipal de Desarrollo Rural;

Aprobados los planes y programas por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Integral y revisados por los Consejos Departamentales de Desarrollo Rural, sus presupuestos respectivos se incorporarán a los proyectos de Presupuesto de la Nación, del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria, INCODER, y de las entidades territoriales.

El Consejo Nacional de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria – CONDRA, determinará la parte del presupuesto, y los programas que, por su naturaleza, deben ejecutarse con carácter nacional.

La omisión del trámite dispuesto por el presente artículo será causal de devolución del respectivo proyecto de Ley del presupuesto nacional y de nulidad del presupuesto en caso de ser aprobado.

CAPITULO II

SUB-SISTEMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y REFORMA AGRARIA

Artículo 13. Créase el Consejo Nacional de Política Económica y Social para la Agricultura y el Medio Rural,- Conpes Rural -, como un organismo de la Presidencia de la República para la formulación, coordinación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas para la agricultura, pesca, acuicultura y el medio rural.

El Conpes Rural estará integrado por:

El Presidente de la República, quien lo presidirá.

Los Ministros de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio Exterior y Desarrollo Económico, Transporte, Comunicaciones, Educación, Protección Social y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Los directores de los departamentos administrativos de planeación, -DNP-, estadística, DANE y Dansocial.

Dos (2) representantes de las organizaciones campesinas nacionales.
Dos (2) representantes de las organizaciones indígenas nacionales.  
Dos (2) representantes de las organizaciones de las comunidades rurales  afrocolombianas.
Dos (2) representante de las organizaciones de mujeres del sector rural de carácter nacional.
Dos (2) representantes del sector cooperativo y de economía solidaria del sector agropecuario de carácter nacional.
Dos (2) representantes de Organizaciones Ambientalistas y Ecologistas de carácter nacional.

El director del Departamento Nacional de Planeación y un representante de las organizaciones sociales del sector rural, elegido entre ellos, ejercerán conjuntamente las funciones de secretaría técnica del Conpes Rural.

Artículo 14. SUB- SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN. Tiene por objeto programar y coordinar las actividades de las diferentes agencias del Estado en relación con las comunidades rurales, de tal manera que se garantice la mejor participación, asignación y cumplida aplicación de los recursos físicos y humanos, y se estimule la participación de la comunidad.  Este sub-sistema, funciona con base en los Consejos de Desarrollo Rural Integral, Tierras  y Reforma Agraria, en los niveles Municipal, Departamental y Nacional y el Conpes Rural.

Artículo 15. Los Consejos de Desarrollo Rural Integral, Tierras  y Reforma Agraria estarán conformados de la siguiente manera:

En el nivel Municipal por:

Los representantes de las entidades ejecutoras con asiento en el Municipio, quienes tendrán voz pero no voto.
Siete representantes de las organizaciones de las comunidades rurales, que tengan presencia en el municipio, elegidos por ellas mismas para períodos de dos años.

Un representante del sector cooperativo y de asociaciones de economía solidaria rurales.
Un representante de las organizaciones ambientalistas y ecologistas de la región.
Un representante por cada vereda del Municipio, elegido por la asamblea Veredal de Vida y Desarrollo.
Dos representantes por los trabajadores agropecuarios residentes en cascos urbanos.
Dos representantes de las mujeres del sector rural.
Dos delegados elegidos por el Concejo del respectivo municipio.
El Alcalde municipal quien lo preside.
La Secretaría de Planeación o la Oficina que el Alcalde designe, hará las funciones de Secretaría del Comité
En el nivel Departamental por:
Los gerentes o directores regionales o departamentales representantes de las entidades ejecutoras nacionales, quienes tendrán voz, pero no voto.
Nueve (9) representantes de las organizaciones de las comunidades rurales, ambientalistas, ecologistas, cooperativas y de asociaciones de economía solidaria del sector rural organizado del departamento, elegidos por ellas en votación directa para períodos de dos años.
El Coordinador del Conpes Rural Regional.
Cinco (5) Alcaldes elegidos entre ellos.
El Gobernador del departamento, o su delegado, quien lo presidirá.
En el nivel Nacional por:
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o su delegado quien lo presidirá.
El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado.
Los directores y gerentes nacionales de las entidades adscritas al sistema, con voz pero sin voto.
El Jefe del Departamento Nacional de Planeación, en representación de las Corporaciones Regionales de Desarrollo.
Un representante elegido por cada una de las siguientes organizaciones campesinas, indígenas y afro colombianas:
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas ANMUCIC.
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC.
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción ANUC - UR.
Acción Campesina Colombiana ACC.
Asociación Colombiana de Beneficiarios de Reforma Agraria ACBRA
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria Fensuagro.
Federación Agraria Nacional, Fanal.
Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, Fenacoa.
Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.
Autoridades Indígenas de Colombia, AICO.
Un delegado designado por las cooperativas y las asociaciones de economía solidaria rurales.
Un representante designado por las organizaciones de las comunidades afro colombianas rurales del país.

Parágrafo. Los consejos o comités descritos en el presente artículo, sesionarán de manera ordinaria cada tres meses, previa convocatoria de un número plural de sus miembros.  

Artículo 16 Funciones de los Consejos de Desarrollo Rural Integral, Tierras  y Reforma Agraria.
Son  funciones del Comité Municipal:

Conceptuar sobre los planes y programas de trabajo que presenten las agencias nacionales del Estado para desarrollar en el municipio respectivo, a la luz de las necesidades y posibilidades locales.  El CMDC podrá introducir las modificaciones que considere convenientes en dichos programas pero sin alterar el monto total del presupuesto ni las estrategias generales dictadas por el Conpes Rural.

Presentar a los Comités Departamentales y Nacional propuestas y recomendaciones sobre actividades que deberían cumplirse para promover el desarrollo campesino.

Aprobar el programa de trabajo de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica y Empresarial, o de los organismos que hagan sus veces y los demás programas rurales de carácter municipal que presente el alcalde.

Evaluar periódicamente la ejecución de los programas y dar a conocer sus observaciones al respecto a los Comités Departamental y Nacional y al Gobierno Nacional.

Proponer, solicitar y analizar las propuestas de constitución de Zonas de Reserva Campesina en el Municipio.

Diseñar los programas y formular proyectos para el uso adecuado del suelo, ordenamiento social de la propiedad territorial y su tenencia y redistribución equitativa y realizar estudios y propuestas para la creación y funcionamiento de las zonas de reserva agrícola y forestal de municipio.

Nombrar los integrantes de la Umata (o su equivalente) entre los aspirantes calificados por concurso de méritos.
Supervisar y demandar el adecuado funcionamiento de las Umatas.

Garantizar que las pautas sobre la calificación, formas de contratación y funciones de las Unidades de Asistencia Técnica se cumplan.

Garantizar la transparencia en los contratos entre los agentes económicos: promover el acceso a una adecuada información de precios para el mercadeo agropecuario y forestal; promover la equidad en la intervención de los agentes comerciales y agroindustriales.

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el desarrollo, cuidado, preservación, conservación, protección, recuperación, renovación y equilibrio ambiental en el sector rural y la aplicación de políticas de desarrollo sostenible que estimule la integración del hombre con el medio ambiente.

Garantizar la eficiente y equitativa aplicación de los recursos económicos, financieros, técnicos y tecnológicos de carácter nacional e internacional para el Desarrollo Rural Integral teniendo como marco de referencia el conjunto de veredas del municipio.

Diseñar el componente rural del plan de desarrollo municipal.

Establecer el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar, UAF, acorde con la calidad y vocación de las tierras en cada municipio.

Son funciones del Consejo Departamental:

Coordinar los planes y programas de trabajo  municipales aprobados por los Comités respectivos, en forma de hacerlos coherentes y compatibles entre sí y con los planes de Desarrollo Departamental y Regional si los hubiese.

Presentar al Comité Nacional recomendaciones sobre actividades que deberán cumplirse para estimular el desarrollo campesino, indígena y afrocolombiano.

Proponer planes y programas de trabajo y desarrollo económico y social al gobernador y a las Asambleas Departamentales para su estudio, aprobación y ejecución.

Evaluar periódicamente la ejecución de los programas y proyectos y dar a conocer sus observaciones al respecto a los directores y gerentes nacionales de las agencias ejecutoras, al comité nacional y al gobierno.

Son funciones del Consejo Nacional de Desarrollo Rural Integral, Tierras  y Reforma Agraria, las determinadas por el artículo 11 de la presente ley.

Parágrafo 1. En todos los niveles, los planes y programas de reforma agraria, Desarrollo Rural Integral y ordenamiento territorial, estarán articulados a los Planes de Vida de los Pueblos Indígenas, planes de desarrollo de los consejos comunitarios de comunidades donde existan.

Parágrafo 2. Atendiendo al principio Constitucional que protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, los planes, programas y proyectos relacionados con los pueblos indígenas y afrocolombianos, el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan Nacional de Desarrollo, se definirán teniendo en cuenta el entorno territorial y cultural, y en consulta con los pueblos interesados.

Artículo 17. SUB-SISTEMA DE DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE TIERRAS E INFRAESTRUCTURA. Es el conjunto de entidades, instrumentos, acciones y normas que tienen por objeto financiar, adquirir y dotar de tierras a las comunidades rurales  y a las asociaciones de economía solidaria debidamente organizada que no la poseen o que la poseen en calidad no aptas o cantidades insuficientes y realizar las obras de adecuación e infraestructura que sean necesarias o requeridas para lograr el mejor aprovechamiento y mejoramiento de la calidad de vida del sector, priorizando la producción de alimentos
En este sub-sistema participan:

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria, INCODER, quien lo coordinará y será responsable de garantizar a las comunidades rurales  el acceso a la propiedad de la tierra y no podrá delegar sus funciones y competencias relacionadas con adquisición de tierras y los procedimientos agrarios.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC-, o quien tenga sus funciones.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial
FINAGRO.

El Ministerio de Transporte.
Invías.

Las entidades territoriales.

Artículo 18. El sub-sistema de dotación y adecuación de tierras e infraestructura contará con un Comité Consultivo compuesto por dos representantes campesinos del Comité Nacional de Desarrollo y sendos representantes del INCODER, IGAC, El Ministerio de Transporte, Invías y Finagro.

Artículo 19. Las entidades adscritas al sub-sistema formularán anualmente, junto con los Comités Municipales de Desarrollo, los programas y proyectos a desarrollar y para tal fin comprometerán mínimo el 30% de los recursos de inversión para infraestructura en reforma agraria con destino a estas actividades y a subsidiar proyectos complementarios.

Artículo 20. SUB-SISTEMA NACIONAL DE GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y EMPRESARIAL, INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN. Es el conjunto de entidades, procedimientos y normas para adelantar en forma gratuita, coordinada, sistemática y permanente, la investigación tecnológica, la asistencia en producción, administración, procesamiento y mercadeo, de tal forma que permita  a las comunidades rurales  el conocimiento y uso de los avances técnicos, especialmente en tecnologías orgánicas y limpias para el mejoramiento de la calidad de vida con base en desarrollo auto sostenible, para garantizar la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria, su producción, productividad e ingreso, obtener un precio justo, regular los precios y mejorar su gestión empresarial, todo lo anterior teniendo en cuenta los patrones de uso y los conocimientos ancestrales de las comunidades.

Son parte integrante del sub-sistema de Asistencia Técnica y Empresarial:

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, que lo coordinara y será responsable de garantizar la investigación y transferencia de tecnología para los pequeños productores rurales y el procesamiento de alimentos.
Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica y Empresarial, Umatas, y las que se constituyan por asociación de municipios vecinos, de provincias o regiones, o los organismos que hagan sus veces.

Las secretarías de Agricultura Departamental.
La Escuela Superior de Administración Pública - ESAP.
El Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena.
El Instituto Colombino de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria - INCODER.
El Ministerio de Agricultura.
Las universidades públicas
Otros organismos públicos, privados o mixtos, nacionales o internacionales.

Parágrafo 1. Créase un Comité compuesto por dos representantes campesinos, del Comité Nacional de Desarrollo Campesino y por sendos representantes del ICA y del INCODER, que servirá de órgano consultivo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Integral en la programación y ejecución de los programas de asistencia técnica.

Parágrafo 2. La Unidad Municipal de Asistencia Técnica, Umata, y los organismos intermunicipales que hagan sus veces, prestará la asistencia técnica y empresarial en forma directa a las comunidades rurales, de acuerdo con las normas y procedimientos técnicos y administrativos que expida el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual el Ministerio tiene un plazo de 6 meses para su expedición a partir de la vigencia de la presente ley.

El INCODER prestará directamente la asistencia técnica y empresarial a los campesinos beneficiarios de los programas de reforma agraria durante el desarrollo del asentamiento.

Parágrafo 3. A partir de la vigencia de esta ley los Municipios tendrán un plazo de tres (3) años para organizar sus unidades municipales de asistencia técnica y empresarial. En todo caso el municipio participará en el costo de este servicio con la porción de las transferencias de los ingresos corrientes de la nación destinados al sector rural.

Artículo 21. EL SUB-SISTEMA DE MERCADEO Y FOMENTO AGROINDUSTRIAL. Es el conjunto de entidades, acciones y normas que tiene por objeto:

Establecer estímulos especiales a los productos de la economía de las comunidades rurales  y mejorar las condiciones de competencia en el mercado para sus productos.

Evitar las mermas y pérdidas físicas por el mal manejo, almacenamiento y transporte de los productos y propiciar el uso de criterios de calidad en la oferta de productos.

Evitar los fenómenos de especulación, intermediarios, acaparamiento y otros abusos de posición dominante en los mercados por parte de los diferentes agentes que interviene en el proceso de acopio o distribución.

Garantizar la protección especial a la soberanía y producción nacional de alimentos y evitar la competencia desleal o unilateral de productos agropecuarios, forestales o pesqueros extranjeros.

Fomentar organizaciones cooperativas que enlacen a los productores rurales y los consumidores urbanos en el mercadeo de productos campesinos e insumos para la producción agropecuaria.

Promover la constitución de formas asociativas y empresas que procesen y comercialicen productos agropecuarios.

Promover la adquisición en el país, o la importación libre de aranceles, de la maquinaria y los equipos necesarios para la explotación agropecuaria competitiva y sostenible.

Artículo 22. Conforman el sub-sistema de Mercadeo y Fomento Agroindustrial las siguientes entidades:

El Ministerio de Agricultura, que será coordinador del sub-sistema y está obligado a garantizar el mercadeo, acopio y precios de sustentación para los productos del sector rural y de los pequeños productores en especial.
El Ministerio de Comercio Exterior.
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria, INCODER.
Las centrales de Abastos.
Los organismos encargados del fomento industrial.
El Banco Agrario.
Los programas de alimentación o nutrición de las diferentes entidades territoriales.
Las cooperativas de producción y comercialización de primero y segundo grado.

Artículo 23. SUB-SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO SUBSIDIADO RURAL. Para proveer y mantener un adecuado financiamiento es necesario para la ejecución de las políticas públicas aplicables a las actividades productivas que se efectúan en el medio rural y de conformidad con las políticas sectoriales establecidas en los planes y programas de desarrollo que adopte el Congreso de la República o el Gobierno Nacional, según el caso, créase el Sub-sistema Nacional de Crédito Subsidiado Rural, dirigido a los medianos y pequeños productores, rurales quienes serán beneficiados con créditos subsidiados hasta del 70% del valor del proyecto de Desarrollo Rural Integral en áreas como: vivienda, educación y desarrollo de actividades productivas.

Artículo 24. Forman parte del Sub-sistema Nacional de Crédito Subsidiado Rural, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro creado por la Ley 16 de 1990, que lo coordinará; el Banco Agrario; los bancos comerciales, los fondos ganaderos, las entidades cooperativas especializadas en ahorro y crédito, las entidades financieras solidarias, calificadas y reconocidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, que se comprometan a actuar como intermediarios en el otorgamiento de préstamos a estos mismos productores, las organizaciones comunitarias de consumidores urbanos constituidas para financiar la producción de alimentos mediante contratos con campesinos (as) y pequeños productores agropecuarios y las demás entidades financieras, creadas o que se creen en el futuro, que tengan por objeto principal el financiamiento de las actividades rurales.

Parágrafo 1. Sin perjuicio de las actividades que desarrollen al servicio de otros sectores de la producción en el ámbito del sistema financiero convencional, también hacen parte del Sub-sistema de Crédito Subsidiado Rural, las Bolsas de bienes y productos de la agricultura y la agroindustria que operen en el país o que se creen, las compañías de seguros, el Instituto de Fomento Industrial y el Fondo Nacional de Garantías.  Estas instituciones ejercerán las funciones de acuerdo con el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 2. En  cumplimiento de la Ley 731de 2002, se asignará el 2% del presupuesto anual del Ministerio de Agricultura al FOMMUR y el 90% de esta asignación será para inversión directa en las mujeres rurales, para apalancar las iniciativas de generación de ingresos para las mujeres de bajos recursos no sujetas de crédito, con capital semilla y acompañamiento técnico. En concordancia con el artículo 5 de la Ley 731 de 2002, para  superar las barreras y brechas en el acceso al crédito se aplicarán los procedimientos de acompañamiento y asesoría respetuosa y la entidad bancaria asumirá los costos en la planificación del crédito, brindando la información oportuna sobre las condiciones y requisitos del mismo y establecerá condiciones especiales, con incentivos y con tasas preferenciales para las mujeres rurales, cabeza de familia y jóvenes rurales.

Parágrafo 3.   Las disposiciones contenidas en la presente Ley serán aplicables a las entidades que integran el Sub-sistema Nacional de Crédito Subsidiado Rural en cuanto otorguen crédito al sector rural.
Parágrafo 3. El crédito subsidiado para vivienda rural cuando se trate de parcelaciones  para campesinos y/o desplazados, será simultáneo a la entrega de la UAF.

Artículo 25. Objetivos del Sub-sistema. El sub-sistema de Crédito Subsidiado Rural deberá cumplir los siguientes objetivos:
Brindar real acceso  al crédito a las comunidades rurales, pequeños productores del sector agropecuario, cooperativas y demás asociaciones de economías solidaria, que por su situación económica actual tienen serias barreras de acceso a recursos del crédito que restringen sus capacidades de desarrollo económico y social

Establecer líneas de créditos subsidiados especiales para las comunidades rurales, cooperativas y demás asociaciones de economía solidaria y otros pequeños productores con tasas de interés preferencial o  de fomento.  
Proporcionar en términos competitivos a las actividades establecidas en el medio rural, los recursos de crédito subsidiado necesarios para su financiación, los cuales deberán ser suministrados en montos suficientes, de manera oportuna y con plazos adecuados.

Establecer la red de oficinas y prestar a los productores del medio rural los servicios bancarios indispensables para su desenvolvimiento, para lo cual se dispondrán de líneas de crédito subsidiados con el fin de impulsar la producción, capitalizar las empresas y establecer esquemas de financiación para la innovación y adopción de tecnologías modernas y eficientes. El sub-sistema debería servir como medio impulsor de la producción nacional de alimentos para el abastecimiento interno y el potencial exportador agropecuario.

Dar prioridad al financiamiento y estímulo de la producción de alimentos y de la protección de su comercialización.

Establecer líneas de crédito subsidiadas para financiar el procesamiento de los productos por los mismos productores.

Definir de manera clara y precisa los preceptos que tengan relación con los riesgos y la adopción de modernos esquemas de cubrimiento, para lo cual el Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente en el curso de los ciento ochenta (180) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Fortalecer el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) para pequeños productores vinculados a los sectores rural y agrario.

Posibilitar la creación de un fondo con carácter autónomo mediante instrumentos legales, que permitan el desarrollo de mecanismos de fomento entre personas naturales, asociaciones de productores o empresas asociativas de economía solidaria, establecidas en los sectores agrícola y rural.

Artículo 26. Comisión Nacional de Crédito Subsidiado Rural. La administración del sub-sistema que por esta ley se crea estará a cargo de la Comisión Nacional de Crédito Subsidiado Rural, la cual se integrará de la siguiente manera:
El Ministro de Agricultura, y Desarrollo Rural, quien la presidirá.

El Jefe del Departamento Nacional de Planeación.
El Gerente del Banco de la República.
El Ministro de Comercio Exterior.
El INCODER
Un representante de las entidades que conforman el Sub-sistema Nacional de Crédito Subsidiado Rural, elegido en la forma que prescriba el reglamento.
Dos representantes de las organizaciones campesinas nacionales.
Dos representantes de las organizaciones indígenas.
Dos representantes de las organizaciones afrocolombianas.
Dos representantes de las asociaciones de economía solidaria y cooperativas del nivel nacional correspondiente del sector rural.
Dos representantes de las organizaciones ambientalistas y ecologistas.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Crédito Subsidiado Rural será ejercida por FINAGRO, a través de dos asesores, que serán nombrados por el Presidente de la República por períodos fijos de tres años quienes serán reelegibles por una vez  renovables por una vez y tendrán calidades similares a las estipuladas para los dos representantes del Presidente de la República en la Comisión Nacional de Crédito Subsidiado Rural.

Parágrafo 1. El Gobierno determinará mediante decreto la organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de Crédito Subsidiado Rural.

Parágrafo 2. El Presidente de FINAGRO asistirá a la Comisión Nacional de Crédito Subsidiado Rural con voz pero sin voto.

Artículo 27. Funciones de la Comisión Nacional de Crédito Rural. Como organismo rector del financiamiento del sector agropecuario, corresponde a la Comisión Nacional de Crédito Subsidiado Rural, fijar las políticas sobre el crédito agropecuario, para lo cual podrá:

Determinar periódicamente, con base en las recomendaciones de la Secretaría Técnica, el monto global de los recursos que cada una de las entidades integrantes del Sub-sistema Nacional de Crédito Subsidiado Rural destinará al sector.
Establecer las actividades, los costos y los porcentajes de estos últimos que podrán ser objeto de financiación por parte de las entidades que integran el Sub-sistema Nacional de Crédito Subsidiado Rural.

Fijar, dentro de los límites de carácter general que señale la Junta Directiva del Banco de la República, las políticas sobre las tasas de interés que se cobrarán a los usuarios del crédito por parte de las entidades que integran el Sub-sistema Nacional de Crédito.

Dictar los reglamentos para el control de los gastos o inversiones que se  realicen como producto de los créditos. De igual manera, hará un seguimiento cada seis meses en coordinación con organismos de control y vigilancia del Estado, al manejo de los recursos administrados por el Sub-sistema

Aprobar, mediante normas de carácter general y con el voto favorable del Ministro de Agricultura, la refinanciación de los créditos otorgados por las entidades que integran el Sub-sistema Nacional de Crédito Subsidiado Rural cuando se afecte negativamente la producción o se disminuya apreciablemente la inversión que se realizó con el crédito por la presencia, a su juicio, de razones de fuerza mayor o caso fortuito o por causa de medidas equivocadas del Estado. Las entidades que integran el Sub-sistema Nacional de Crédito Subsidiado Rural determinarán las políticas de refinanciación a los usuarios, siguiendo los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Crédito Subsidiado Rural cuando sea el caso.

Fijar las tasas y márgenes de redescuento de las operaciones de crédito que apruebe FINAGRO.

Artículo 28. EL SUB-SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES RURALES. El sub-sistema Seguridad Social y desarrollo Integral de las comunidades rurales  es el conjunto de entidades, normas, procedimientos y servicios para prestar a las comunidades rurales, en forma gratuita, coordinada sistemática y permanente; asistencia en materia de salud, riesgos profesionales y pensión, educación, vivienda, empleo y recreación y estará conformada por las siguientes entidades:

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio del Interior y de Justicia.
Ministerio de la Protección y Seguridad Social  quién coordinará el sub-sistema.
Ministerio de Educación Nacional.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.
Instituto Colombiano para la Juventud y el Deporte.
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria, INCODER.
La Caja de Subsidio Familiar Campesino.
Agencia Colombiana para la Acción Social

Parágrafo 1. Un comité compuesto por dos representantes campesinos del Comité Nacional de Desarrollo y sendos representantes de las entidades adscritas al sub-sistema de seguridad social y desarrollo Integral de las comunidades rurales, conforman el órgano de consulta del mismo y de los sectores sociales.

Artículo 29. Los planes que se acuerden por los diferentes sub-sistemas son la sumatoria desagregada según rubros de inversión de los programas que en materia de desarrollo agropecuario acuerden los Comités Municipales de Desarrollo Campesino, Indígena y Afrocolombianos, previa aprobación por similares comités en los niveles departamental y Nacional.

Dichos planes son de obligatoria inclusión en los presupuestos de los entes que en ellos deban intervenir.

Su omisión impedirá la tramitación del proyecto de presupuesto de la entidad respectiva en el Congreso de la República, además  de constituir causal de mala conducta. El Comité Nacional de Desarrollo Campesino velará por el cumplimiento óptimo de esa obligación y dará aviso oportuno de su transgresión a las instancias competentes.

Parágrafo 1. Se detallarán de manera específica en el Plan Operativo anual de Inversiones (POAI) que hace parte del proceso de fundamentación del presupuesto General de la Nación, los proyectos de inversión de cada una de las entidades que hacen parte del Sub-sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.

Artículo 30. SUB-SISTEMA  DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y COMUNITARIA.  Este sub-sistema busca garantizar la participación política y comunitaria de  las comunidades rurales  como actores socio-políticos y económicos,  sujetos de derechos  en la toma de decisiones que les afectan y el acceso libre y amplio a la información por parte de la entidades gubernamentales y  agentes públicos, que se requiera  con responsabilidad, y permita el desarrollo de la política contemplada en la presente ley.

Parágrafo 1. Las comunidades rurales  tienen el derecho de participar activamente en el diseño de políticas públicas, programas, proyectos, en la toma de decisiones, la aplicación y el monitoreo de cualquier proyecto, leyes, programa o política que afecte sus vidas,  tierras y territorios, cultura, organización.

Artículo 31. El sub-sistema de participación política y comunitaria, estará conformado de la siguiente manera:
Dos representantes afro-descendientes
Dos representantes de las mujeres rurales
Dos de organizaciones campesinas
Uno del sector de pescadores
Dos del sector minero
Dos de las comunidades indígenas
Uno de las comunidades  raizales
Uno de las comunidades room
Dos de los trabajadores agrícolas

Parágrafo. Estos conformarán un comité interinstitucional con un funcionario del Ministerio de Agricultura y uno de Planeación Nacional, uno del Ministerio de Interior y de Justicia y  uno del INCODER, para discutir asuntos relacionados con definición de programas y proyectos relacionados con el sector.

Artículo 32. Este sub-sistema tendrá por objeto garantizar a las comunidades rurales  el derecho de mantener y fortalecer sus diferentes instituciones políticas, legales, económicas, sociales y culturales, requisito indispensable para la construcción de una verdadera paz e implementación de la ley del sector,  al tiempo que conserven el derecho a participar plenamente, si así lo deciden, dentro de las esferas y la vida política, económica, social y cultural del Estado.
Y propenderá por el reconocimiento y la visibilizaciòn del papel que  cumplen las comunidades rurales, en la defensa, protección  de la bioversidad y el patrimonio y riqueza étnica-cultural, generada de su quehacer político y comunitario, desde sus conocimientos ancestrales, saberes y sabidurías organizacionales.

Artículo 33. SUB-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA AGRICULTURA Y EL MEDIO RURAL, este estará adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que estará integrado por los organismos y entidades públicos y privados que generen, divulguen o utilicen información para la agricultura y el medio rural.

La Secretaría Técnica del Consejo será ejercida por el Ministerio de Agricultura, y Desarrollo Rural.

Artículo 34. El Sub-sistema Nacional de Información para la Agricultura y el Medio Rural estará dirigido por el Consejo Nacional de Información conformado por:

El Viceministro de Agricultura, y Desarrollo Rural, quien lo presidirá.
El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
El Director de Desarrollo Rural Sostenible del Departamento Nacional de Planeación.
Un representante de los gremios de la producción agropecuaria.
Dos representantes de las organizaciones campesinas nacionales.

Artículo 35. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con el Departamento Nacional de Estadística y el Departamento Nacional de Planeación, formulará y ejecutará un programa de fortalecimiento del Sub-sistema Nacional de Información para la Agricultura y el Medio Rural.

Artículo 36. El Sub-sistema Nacional de Información para la agricultura y el medio rural deberá cumplir las siguientes funciones:

Establecer un sistema de indicadores e información estratégica que permita la aplicación eficiente de procesos de planeación y gestión pública.

Desarrollar un plan censal del sector que comprenda la realización cada diez años del censo nacional agropecuario, la construcción de una muestra maestra rural y un sistema de encuestas intercensales rurales.

Desarrollar servicios especializados de información sectorial y poner en funcionamiento y mantener los Observatorios de Competitividad, de Innovación y de Desarrollo Rural.

Establecer un programa de divulgación y una estrategia de comunicaciones que permita el acceso a la información estratégica, a la innovación, a las reglas de juego económico, a las estrategias de la política sectorial y a la gestión del Estado, por parte de las organizaciones de empresarios y comunidades, tanto a nivel nacional, como regional y local.

Promover acuerdos de inversión de las entidades públicas y privadas de los órdenes nacional y territorial de los fondos parafiscales, para la destinación de recursos al fortalecimiento de actividades de producción y divulgación de información para la agricultura y el medio rural, y

Adelantar una estrategia de creación de Centros Locales de Información, como apoyo técnico a la gestión de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, coordinados por las Umatas y cofinanciados por el Instituto Nacional de Cooperación para el Desarrollo del Medio Rural.

Artículo 37. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Integral y el Departamento Nacional de Estadística – DANE, establecerán programas de inversión que garanticen recursos para el financiamiento del sistema nacional de información para la agricultura y el medio rural y permitan el cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 38. EL SUB-SISTEMA DE PESCA Y ACUICULTURA. El sub-sistema de  Pesca y acuicultura es el conjunto de entidades, normas, procedimientos y servicios que se prestan, para a las diferentes  personas  naturales y jurídicas que  ejercen la actividad pesquera en sus diferentes fases de la actividad, investigación, extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de los recursos pesqueros y para proteger y fomentar la pesca artesanal.

Artículo 39. El Sub-sistema tiene por objeto dinamizar y adecuar  el sub sector pesquero y acuícola  con el fin de contribuir a su desarrollo social y de  integración económica a la visión que tienen las regiones de su desarrollo y aplicando el sano principio de equidad social y étnica, competitividad económica y sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta que todas las regiones merecen la misma oportunidad de desarrollo para elevar la calidad de vida de sus habitantes, y en cumplimiento a lo  consagrado en la Constitución Nacional y refrendados con las Leyes 70 y 21 de las comunidades negras e indígenas, dentro de un marco de aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas provenientes de las aguas marinas y continentales.

Artículo 40. El Sub-sistema  pesquero y acuícola estará conformado por:
Un organismo rector- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural quien  formulara la política pesquera y acuícola,  en coordinación  con El Ministro de Comercio Industria y Turismo o su delegado; El Jefe del Departamento Nacional de Planeación o su delegado; El Director General Marítimo y Portuario o su delegado; El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o su delegado.

Un Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura organismo asesor y consultivo del Gobierno Nacional para formular la política pesquera y acuícola colombiana y propender por su desarrollo y consolidación y estará conformado por:
Dos representantes de la Industria Pesquera
Un representante de los exportadores
Tres representantes de los pescadores artesanales (Regiones del Pacifico, Atlántico y Continental)
Tres representantes  de  Asociación de Acuicultores.
Un representante de las comunidades afro descendientes vinculadas al sub sector pesquero y acuícola.
Un representante de las comunidades indígenas vinculadas al sub sector pesquero y acuícola.

Artículo 41. El Sistema tendrá la función de la administración, el ordenamiento y el fomento de la pesca y acuicultura se constituyen uno de los  objetivos de la misión institucional; la investigación y el desarrollo tecnológico son los medios para el cumplimiento de dicha misión la cual realizará mediante alianzas estratégicas y los servicios al usuario y de apoyo son los instrumentos para el logro de lo anterior.

Uno de los objetivos más importantes de la gestión es mejorar la contribución del sector pesquero y acuícola a la economía nacional dentro de un marco de desarrollo sostenible basado en prácticas responsables de pesca y acuicultura.

Artículo 42. Para la implementación del sub-sistema pesquero y acuícola se deberá actualizar el marco jurídico e institucional que garantice que la pesca de captura y la acuicultura desempeñen la función que el conjunto de la sociedad considera adecuada.  La gestión debe establecer las normas que garanticen una competencia eficiente dentro del sector y un acceso equitativo a los recursos.

Artículo 43. El  objetivo  más importante del Sub-sistema  es mejorar la contribución del sector pesquero y acuícola a la economía nacional dentro de un marco de desarrollo sostenible basado en prácticas responsables de pesca y acuicultura.

Artículo 44. Las funciones del sub-sistema son:

Administrar, fomentar y controlar la actividad pesquera y acuícola marina y continental y establecer las condiciones y los requisitos para otorgar patentes,  permisos para la extracción, el cultivo, el procesamiento, comercialización con destino al mercado nacional e internacional y de importación e investigación de los recursos pesqueros y acuícolas.

Fijar y recaudar el monto de las tasas y derechos que deben cobrarse por concepto del ejercicio de la actividad pesquera y acuícola.

Organizar, coordinar y ejecutar con las autoridades correspondientes, sistemas  de control y vigilancia  del ejercicio de la actividad pesquera y acuícola para asegurar el cumplimiento de las normas que  la regulan e imponer las sanciones correspondientes.

Fijar periódicamente el número, tamaño y tipo de embarcaciones pesqueras con el fin de no exceder la captura permisible. Igualmente, determinar el tipo y tamaño reglamentario de artes y aparejos de pesca, promover, adoptar y aplicar los principios de la Pesca Responsable.

Establecer periódicamente las líneas de investigación que requiere el país que permitan cuantificar los recursos pesqueros  y su potencialidad, caracterizar las pesquerías; los pescadores; las embarcaciones, los artes y métodos de pesca; con el fin de hacer un aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros; así como tecnificar los procesos  en las fases de extracción, cultivo, procesamiento y comercialización.

Diseñar un plan de investigaciones para  avanzar en aspectos de  biología-pesquera y tecnologías de adaptación, reproducción y sistemas de cultivo; así como de liderar, evaluar y hacer seguimiento de la investigación en acuicultura que realiza el sector público, entidades gubernamentales, universidades y productores particulares, con especies nativas tanto marinas como continentales y exóticas, con miras a la trasferencia de tecnología.

Promover la actividad pesquera  artesanal y acuícola  a pequeña escala con miras a modernizarla y tecnificarla con el objeto de a elevar los niveles socioeconómico y tecnológico de  quienes la ejercen haciéndola más competitiva.

Diseñar, coordinar y ejecutar con el SENA u otros organismos especializados; programas de capacitación del personal vinculado a las diferentes fases de la actividad pesquera y acuícola.

Establecer una adecuada y obligada coordinación entre las entidades e instituciones  que tienen alguna responsabilidad en el manejo y conservación de los recursos costeros y marinos.

Promover la construcción de infraestructura portuaria y de trasformación de los productos pesqueros y acuícolas  velando por la industrialización, el mercadeo y la comercialización nacional e internacional.

Formular, coordinar y gestionar proyectos relacionados con la actividad pesquera y acuícola, con el fin de buscar cofinanciación  a nacional e internacional;

Estructurar, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural un sistema de acceso al crédito y al financiamiento de la actividad pesquera y acuícola, adaptado a las necesidades del sub sector

Establecer áreas de reserva  y medidas regulatorias que permitan la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la renovación de los mismos.

Las demás que le sean asignadas por la Ley o mediante reglamento que expida el Gobierno Nacional en desarrollo de la presente Ley.

Artículo 45. Créase el SUB-SISTEMA NACIONAL SOBERANÍA, AUTONOMÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, para la defensa, promoción, apoyo y sostenimiento de la producción de alimentos como una prioridad del Estado y como un derecho de la nación Colombiana, con respeto  por  la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria.

Artículo 46. El sub- sistema estará conformado por:

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Integral
El Instituto Colombiano Agropecuario – ICA
CORPOICA
El  Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Integral – INCODER
El Banco Agrario
Las organizaciones del sector

Artículo 47. El sub-sistema  tiene por objeto garantizar la alimentación del conjunto de la población, especialmente los sectores de bajos ingresos, la protección y el fomento de la economía campesina y la constitución de sistemas agroalimentarios locales. Todas las entidades territoriales están obligadas a incluir dentro de su Plan de Ordenamiento Territorial un área agropecuaria destinada a la producción de alimentos.

Artículo 48. La redistribución y enajenación de las tierras aptas para la producción agropecuaria ingresadas al patrimonio del Estado en desarrollo de los procesos judiciales de extinción de dominio se orientará a la creación de sistemas agroalimentarios de economía campesina, vinculando preferencialmente a las víctimas del desplazamiento forzado y desarraigados, a la población campesina e integrantes de los grupos étnicos sin tierras, residentes en las áreas de extinción del dominio, como medio propicio para alcanzar el crecimiento y desarrollo de la economía rural.

CAPITULO III

PLAN DECENAL DE DESARROLLO DE LA AGRICULTURA Y EL MEDIO RURAL

Artículo 49. El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Integral y del Departamento Nacional de Planeación, formulará el plan decenal de desarrollo de la agricultura y el medio rural, previa aprobación por parte del Conpes Rural, con el voto favorable de las Organizaciones del Sector, el cual deberá servir de referencia para la elaboración de los planes decenales de desarrollo y de inversiones públicas, así como de las leyes anuales de presupuesto.
El Gobierno Nacional formulará el plan decenal de desarrollo, el cual estará sujeto a los lineamientos que defina el Conpes Rural y el primero deberá ser formulado en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Parágrafo. El plan decenal de desarrollo de la agricultura y del medio rural articulará los planes de desarrollo y de vida local, departamental y regional.

Artículo 50. El plan decenal de desarrollo de la agricultura y el medio rural se elaborará en forma concertada con: las entidades territoriales, las comunidades rurales  y las demás de la sociedad civil rural organizada y el Consejo Nacional de Planeación, en los términos de representatividad consignados en la presente ley y garantizará la participación regional y local.

Artículo 51. El plan decenal de desarrollo de la agricultura y del medio rural comprenderá: El reconocimiento del derecho a la posesión y dominio y redistribución equitativa de la tierra, desarrollo de los territorios rurales del país y de su economía; y deberá incluir una visión de largo plazo, metas multisectoriales y territoriales anuales, estrategias, mecanismos e instrumentos de gestión pública, compromisos públicos y de la sociedad civil rural y metas indicativas de inversión pública.

Artículo 52. Corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y con las organizaciones miembros del Conpes Rural, adelantar un proceso permanente de monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución del plan decenal de desarrollo de la agricultura y el medio rural, que servirán de base a los informes de que tratan los artículos 235y 236  de la presente ley y al informe al Congreso de la República.

Artículo 53. En la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y el correspondiente Plan de Inversiones Públicas, el gobierno nacional deberá incorporar el plan decenal de desarrollo de la agricultura y el medio rural acorde a como lo defina el Conpes Rural y tener en cuenta los lineamientos de la presente Ley General Rural.

Artículo 54. Las entidades territoriales al elaborar sus respectivos planes de desarrollo deberán acogerse a los lineamientos de la presente ley.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Artículo 55. El Estado garantizará la cobertura universal de la educación pública básica en el medio rural en un plazo no mayor a 4 años, a partir de la sanción de la presente ley, y velará por el mejoramiento de la calidad y pertinencia, como principales factores para nivelar las oportunidades y la calidad de vida de la comunidad rural con las predominantes en el medio urbano.

Artículo 56. La política educativa del Estado para el medio rural será definida nacionalmente, coordinada regionalmente y ejecutada de forma descentralizada.

Artículo 57. El Estado promoverá la educación, capacitación y formación en el medio rural estructurando programas y acciones para:

Financiar el personal docente y los establecimientos educativos públicos ubicados en áreas rurales y de muy fácil acceso a las comunidades rurales.  

Dotar a las instituciones educativas públicas de los medios tecnológicos e instrumentos educativos que reconozcan las particularidades de las comunidades rurales, y aumenten la eficiencia de la oferta pública, y

Compensar costos de oportunidad por la asistencia escolar, mediante incentivos a las familias.

Artículo 58. El Estado promoverá y fomentará la formación en competencias técnicas y la capacitación laboral pertinentes al desarrollo rural, mediante:

El establecimiento de incentivos para la organización comunitaria en el medio rural con el fin de acceder a programas educativos mediante la celebración de contratos para el desarrollo de la población rural.

La elaboración y ejecución por parte del SENA y las Universidades Públicas de planes quinquenales de formación y capacitación laboral para el medio rural, concertados con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  Será causal de mala conducta del Director y del Consejo Directivo del SENA y de las Universidades la no observancia de esta disposición, de acuerdo a las evaluaciones elaboradas y emitidas por las comunidades rurales.

El otorgamiento de incentivos para estimular el compromiso del sector empresarial con la capacitación técnica y laboral para el medio rural.

La formulación y ejecución de programas especiales que combinen transferencia de tecnología con programas de educación post escolar.

La educación formal y no formal en las áreas rurales será de carácter gratuito y acorde a la realidad de cada una de las comunidades rurales.

Los programas educativos rurales se establecerán respetando e incorporando los conocimientos ancestrales de las comunidades rurales.

Artículo 59. Autorizase al Gobierno Nacional para establecer incentivos especiales de localización en el medio rural para los docentes del sector.  Su aplicación debe estar dirigida a lograr que docentes de mayor calificación y competencia presten sus servicios educativos en el medio rural.

CAPITULO V
DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE SALUD

Artículo 60. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, encargadas de la población rural deberán prestar los servicios primarios en el sector rural y en lugares de fácil acceso a las comunidades rurales.  Para el efecto contarán con puestos de salud y brigadas móviles que se adapten a las condiciones de cada área rural.  

Artículo 61. Toda la población de las comunidades rurales  se clasificarán como un estrato cero (0), beneficiario del Fondo de solidaridad y garantías Fosyga, que debe pagar los servicios de salud de primer y segundo nivel a las IPS.

Artículo 62. El Estado garantizará los fondos complementarios necesarios para que la población rural acceda a los servicios de salud de tercer nivel.

Parágrafo 1. El estado propenderá por el desarrollo de una política pública diferenciada en lo relacionado a la medicina agraria y la salud rural respetando los diferentes patrones culturales, para la prevención, atención  y tratamiento  de  las enfermedades  propias del entorno rural, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.

Parágrafo 2. Los Ministerios de Protección Social, Ambiente y Vivienda y Agricultura y Desarrollo Rural establecerán medidas de salud pública, salud ocupacional y seguridad agroindustria, para proteger a la población rural de los efectos de los agroquímicos y de las diferentes tecnologías y procesos de la producción agropecuaria, pesquera y forestal y para prevenir o revertir cualquier efecto nocivo para la salud humana o para el medio ambiente.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE INFRAESTRUCTURA

Artículo 63. El Estado dará prioridad y, mediante diversos mecanismos a su disposición, asumirá la responsabilidad por el desarrollo adecuado de la infraestructura económica pública en el medio rural, con el fin de igualar las oportunidades de progreso, bienestar y calidad de vida de los habitantes del campo frente a los demás ciudadanos del país, respetando la diversidad étnica y cultural y las decisiones de las comunidades rurales.

El Estado creará un organismo adscrito al Ministerio de  Agricultura y Desarrollo Rural, que se encargará de acopiar y comercializar la producción agrícola de las zonas apartadas de sistemas de comunicación, y de las áreas de recuperación de cultivos de uso ilícito, para lo cual tendrá un año a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

La Nación financiará y cofinanciará programas de infraestructura en los cuales se dará prioridad a los proyectos que desarrollen la red terciaria de carreteras, la electrificación y vivienda rural y la telefonía rural, respetando la biodiversidad y recursos naturales de cada una de las regiones y los lugares sagrados de las comunidades rurales.

Artículo 64. Créase el Incentivo para el Desarrollo de la Infraestructura Rural como un instrumento especial del Instituto Nacional de Cooperación para el Desarrollo del Medio Rural con el fin de subsidiar los costos de conexión de predios a la red de carreteras y las acometidas de electrificación y telefonía en el medio rural.

Artículo 65. El incentivo de que trata el artículo anterior podrá ser hasta del 40% de los costos de la conexión predial a la red de carreteras y de las acometidas de electrificación y telefonía, y se podrá aplicar siempre y cuando los proyectos sean presentados en forma colectiva e involucren las participaciones de las correspondientes organizaciones comunitarias rurales. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones de otorgamiento y acceso al Incentivo para el Desarrollo de la Infraestructura Rural.

T I T U L O III

DISPOSICIONES PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

CAPITULO I

ACCESO A LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN

Artículo 66. La Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas, individualmente o en forma conjunta, participarán en la conformación de Centros de Servicios para el Desarrollo de la Agricultura y la Agroindustria en zonas de pequeños y medianos productores y en zonas de alto potencial de desarrollo productivo.

Artículo 67. El objetivo de los Centros de Servicios para el Desarrollo de la Agricultura y la Agroindustria es modernizar el manejo y la gestión de las unidades productivas del medio rural promoviendo la capacidad empresarial de los productores, mediante acciones como:

Generación y suministro de información e investigación de mercados.

Registro y divulgación de información de precios de los productos y de los insumos de agricultura y pecuarios para la producción.

Acopio y suministro de información tecnológica y prestación de servicios de asistencia técnica y financiera.
Formulación y ejecución de programas de capacitación y formación agroempresarial.

Organización de actividades de transferencia para poner en contacto a los productores de la zona con las mejores prácticas de gestión y de producción.

Identificación de agentes de la cadena y promoción del relacionamiento comercial.
Creación y formación de bancos de maquinaria.

Creación, formación y protección de bancos de semillas nativas.

Facilitar y promover la coordinación interinstitucional, y

Establecer la protección, conservación, sanidad y defensa de las especies animales y vegetales de los diferentes ecosistemas nacionales.

Artículo 68. El Estado dará prioridad a la modernización y sistematización del catastro rural, atendiendo a las especificidades propiamente dichas de la construcción y a la vocación y calidad de la tierra y ubicaciones georreferenciada al casco urbano, así como a las acciones que procuren la normalización de los títulos y la clarificación de la propiedad y demás derechos reales.

Artículo 69. La celebración de cualquier tipo de contratos con empresas o grandes propietarios, así como la participación en cadenas productivas, no podrán ser condicionantes del derecho de las comunidades rurales  y otros productores para acceder a la inversión social y productiva del Estado.

Artículo 70. Corresponde a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Integral de que trata el artículo 61 de la Ley 101 de 1993 la elaboración de una terna para la designación del jefe o director(a) de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, por parte del alcalde.

De la misma manera, compete a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Integral solicitar la remoción del jefe o director de la Umata.

Artículo 71. El personal de asistencia técnica de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, recibirá periódicamente cursos de actualización y estará sujeto a pruebas de Estado para confirmar su vinculación y promoción.

El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación que defina la periodicidad de la calificación y los criterios para calificar la idoneidad del personal de asistencia técnica de las Umatas dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

CAPITULO II

MERCADOS DE PRODUCTOS Y DE FACTORES PRODUCTIVOS

Artículo 72. La política comercial para la agricultura y la agroindustria tiene por objeto proteger la soberanía de la producción nacional y mejorar la eficiencia del funcionamiento de los mercados de productos y de factores productivos de la agricultura y la agroindustria mediante la aplicación de normas y regulaciones que procuren transparencia, equidad y predectibilidad, en las reglas de juego que rigen las transacciones de bienes y servicios en el medio rural.

Artículo 73. El Estado intervendrá de manera justa en los mercados de productos y de factores productivos de la agricultura y la agroindustria mediante apoyos directos para:

Proteger la producción nacional, priorizando la producción de alimentos;

Compensar sobre costos de transporte interno en que hayan de incurrir los productores en las zonas marginales determinadas por el Gobierno Nacional;

Compensar costos de almacenamiento de productos en los casos en que los mercados registren abruptas y pronunciadas oscilaciones estacionales de precios;

Crear el seguro agropecuario para proteger a los productores y la producción nacional, subsidiado para pequeños.

Artículo 74. El Estado intervendrá de manera justa, también para procurar la estabilización de precios de los productos de la agricultura y la agroindustria mediante los siguientes instrumentos:

Fondos de estabilización de precios.

Franjas de precios.

Convenios de absorción de cosechas.

Proyectos de procesamiento de los productos campesinos.

Coberturas de riesgo.

Medidas para evadir el dumping y la competencia desleal.

Impuestos de aduana especiales que carguen los productos de países que no cumplan o no hayan ratificado los acuerdos y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo o de protección del ambiente que hayan sido ratificados por Colombia.

Artículo 75. La Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas regularán la celebración de contratos de compraventa a futuro de bienes agropecuarios bajo la modalidad de agricultura por contrato entre productores, procesadores, comercializadores, distribuidores, consumidores y demás agentes de la cadena productiva, para los cuales podrán establecer las condiciones de coberturas de riesgo de precios.

El Gobierno Nacional, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas priorizarán el fomento a proyectos de procesamiento de alimentos de origen campesino, tanto por organizaciones de los campesinos como por grupos productivos urbanos de bajos ingresos, desempleados o desplazados.

Todas las entidades del estado que adquieran alimentos priorizarán la compra de productos campesinos, indígenas, afrocolombianos, mujeres jefes de hogar o de los desplazados por la violencia y por lo menos el treinta por ciento (30%) del valor de sus compras deberá proceder de estos productores.

En concordancia con lo anterior las entidades públicas ejecutarán acciones de apoyo técnico, capacitación y organización de los pequeños productores y garantizarán plenamente el derecho de organización local y nacional de las comunidades rurales  y demás trabajadores rurales para defender sus derechos y obtener condiciones equitativas y distribución justa de los beneficios de los mismos.

Artículo 76. El Gobierno Nacional, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas promoverán y financiarán las iniciativas de las comunidades rurales  para asumir directa y progresivamente y mediante cooperativas, empresas comunitarias y otras formas asociativas los diferentes niveles de la cadena productiva a partir del manejo y procesamiento de sus propios productos.

Parágrafo. Autorízase a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, a las entidades territoriales, a las entidades de carácter mixto público-privado, a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, a efectuar inversiones para el desarrollo de proyectos productivos y la construcción de redes de producción, comercialización, procesamiento y consumo de alimentos originados en la economía campesina u otras formas de pequeña producción. Estas inversiones serán sujeto de los estímulos y exenciones tributarias previstas para el sector y sin que estos sean incompatibles con los estímulos, incentivos en materia ambiental.

Artículo 77. Modifíquese el artículo 50 de la Ley 101 de 1993, el cual  quedará así:

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá, mediante resolución motivada, fijar precios mínimos de garantía para los productos de la agricultura, los cuales deberán considerar la protección de la producción nacional, los costos de producción en Colombia, el margen de protección otorgado por el régimen arancelario, los precios de los mercados internacionales, los costos portuarios y los costos de almacenamiento de las cosechas nacionales.  En todo caso, el precio fijado no podrá ser inferior al costo mínimo de importación determinado por el régimen arancelario vigente, pudiéndose descontar el costo de almacenamiento de las cosechas nacionales.

Artículo 78. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, contribuirá a la apertura de nuevos mercados para los bienes de la agricultura y la agroindustria mediante la celebración de convenios sanitarios que permitan reducir costos y agilizar los trámites para la exportación de dichos bienes.

Artículo 79. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural garantizará un alto grado de preparación y de capacitación técnica de los profesionales responsables del área internacional para que puedan apoyar en forma eficaz a los negociadores del Gobierno Nacional. En todas las negociaciones internacionales sobre comercio de productos agropecuarios estarán representadas las organizaciones de las comunidades rurales, además las de otros productores del respectivo sector.

CAPITULO III

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Artículo 80. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, coordinará el sistema nacional de generación y transferencia de tecnología, asistencia técnica y empresarial, investigación, capacitación, y diversificación; dirigirá la política nacional de ciencia y tecnología para la agricultura y la agroindustria y tendrá como funciones específicas:
Adelantar programas nacionales de investigación de tecnologías sustentables aplicables a todos los niveles de la producción agropecuaria y agroindustrial.

Coordinar los programas de investigación de las Umatas y las Secretarías Departamentales de Agricultura.
Desarrollar investigaciones nacionales para facilitar el acceso de la economía campesina a las innovaciones y desarrollar paquetes tecnológicos sustentables propios para este tipo de economía.
Coordinar con las Umatas la implementación de la tecnología apropiada sustentable para granjas campesinas, de acuerdo con las condiciones agroecológicas propias de cada lugar.

Ejercer control de la introducción o salida del país de semillas, vegetales, animales, genes, células, tejidos o cualquier otro material relacionado con la agricultura, la ganadería o la silvicultura y en general de todas las especies animales y vegetales.

Controlar la aplicación de las normas sobre tecnología agropecuaria.

Desarrollar la agricultura tropical con criterios de sustentabilidad ambiental.

Propiciar el control social de la tecnología mediante la participación de las comunidades rurales  y sus organizaciones.
Coordinar la planificación y ejecución de la política nacional para el desarrollo científico y tecnológico de la agricultura y la agroindustria,

Proteger el conocimiento ancestral y la propiedad colectiva de las comunidades rurales  sobre el mismo, en coordinación con ellas.

Artículo 81. La política nacional para el desarrollo científico y tecnológico de la agricultura y la agroindustria se compone de siete estrategias, así:

Consolidación del compromiso del Estado con la dirección y el financiamiento de la oferta de bienes públicos científicos y tecnológicos y de tecnologías aplicadas de interés social.

Fomento de la inversión estatal en el desarrollo tecnológico.

Democratización del acceso a la tecnología.

Sustentabilidad ambiental de las innovaciones.

Optimización del sistema nacional de ciencia y tecnología agrícola y pecuaria.

Promoción de la cooperación y la coordinación entre el sector privado, el Estado y la cooperación internacional en el financiamiento y la gestión del desarrollo científico y tecnológico, y

Defensa y protección del conocimiento ancestral de los pueblos y de las semillas nativas.

Artículo 82. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, será regido por un Gerente General y un Consejo Directivo que será además el órgano rector de la política nacional de ciencia y tecnología para la agricultura y la agroindustria y desarrollará sus funciones con base en programas estratégicos y de mediano plazo, con metas y objetivos claros, y que sean consistentes con el enfoque y las estrategias formuladas en el plan decenal de desarrollo de que trata la presente ley.

Artículo 83. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria estará integrado por:
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o su delegado que sólo podrá ser el Viceministro del mismo despacho, quien lo presidirá.

Un delegado del Ministro de Ambiente.
El Director de Colciencias, o su delegado.
Un representante de las Universidades.
Un representante de los centros de investigación agropecuaria.
Dos representantes de los gremios de la producción agropecuaria.
Dos representantes de las organizaciones campesinas nacionales.
Un representante de las organizaciones indígenas nacionales.
Un representante de las organizaciones de las comunidades afrocolombianas.
Una representante de las organizaciones de mujeres campesinas de nivel nacional.
Un representante de las organizaciones ambientalistas y ecologistas.
El Gerente General del ICA asistirá a las reuniones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto.

Artículo 84. Se prohíben las tecnologías, métodos, productos y proyectos que provocan un alto riesgo o causan daño a la salud humana, al ambiente, al patrimonio de las comunidades, o a la integridad cultural o a la diversidad étnica.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología podrá ordenar la prohibición transitoria de todos los proyectos y programas que causen impacto nocivo sobre los ecosistemas y la población, mientras las autoridades competentes para cada caso estudian la revocatoria, previa concertación con las comunidades rurales  y las organizaciones ambientalistas para el otorgamiento de una licencia.

Parágrafo. A partir de la vigencia de esta ley se prohíbe en el territorio nacional el uso de semillas transgénicas.

Artículo 85. Créase el Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico para la Agricultura y la Agroindustria como una cuenta especial del Instituto Colombiano Agropecuario.

Parágrafo. El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico para la Agricultura y la Agroindustria asumirá la financiación de la operación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria.

Artículo 86. Los ingresos del Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico para la Agricultura y la Agroindustria estarán constituidos por:

Los aportes del presupuesto nacional.
Los bienes que poseen las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que no son necesarios para el cumplimiento de sus respectivas funciones.
Donaciones.
Créditos internos y externos.
Recursos de cooperación internacional.

Artículo 87. Los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico para la Agricultura y la Agroindustria se asignarán con fundamento en el programa estratégico y de mediano plazo vigente.

Artículo 88. Los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico para la Agricultura y la Agroindustria serán asignados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria y estarán distribuidos en cuatro programas con su respectiva cuenta, así:

Un porcentaje definido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria se dedicará a financiar en forma competitiva proyectos específicos de investigación y desarrollo tecnológico para la agricultura y la agroindustria.

Otro porcentaje definido de la misma forma, se dedicará a financiar o cofinanciar en forma competitiva la construcción de infraestructura y la adquisición de equipos para la investigación científica y tecnológica.

Un porcentaje se destinará a financiar o cofinanciar en forma competitiva programas de capacitación y formación especializada para desarrollar los recursos humanos para la investigación y el desarrollo tecnológico.

Un porcentaje se destinará a financiar la protección y fortalecimiento de los saberes y conocimientos ancestrales.

Artículo 89. El fisco nacional garantizará a los municipios que no tengan recursos suficientes de las partidas necesarias para el adecuado funcionamiento de las Umatas y los CMDR: Sueldos de los funcionarios, medios de transporte, insumos agropecuarios y forestales para la experimentación y la investigación aplicada en fincas, remuneraciones y transporte de los miembros de los CMDR.

Artículo 90. Cada Umata tendrá por lo menos un profesional especializado (o experiencia acreditada equivalente) por cada 20 mil habitantes en el resto municipal; un profesional por cada 10 mil habitantes y un práctico agropecuario o forestal por cada cinco mil. Se establecerán, al mismo tiempo, un mínimo de funcionarios para municipios con territorios extraordinariamente grandes.

Parágrafo. Se harán las modificaciones normativas pertinentes.

Artículo 91. El director y los funcionarios de las Umatas serán nombrados por concurso de méritos realizado por Universidades de acuerdo con pautas nacionales. El Comité Municipal de Desarrollo Rural Integral hará la selección final y nombrará como director a quien ocupe el primer lugar en el concurso de meritos.  
Las autoridades de los territorios indígenas tendrán autonomía para organizar el funcionamiento de la asistencia técnica y tecnológica.

CAPITULO IV
INVERSIÓN, FINANCIAMIENTO Y SEGUROS

Artículo 92. Autorizase a la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas a hacer aporte al capital de organizaciones comunitarias campesinas de ahorro y crédito.  La participación pública en los órganos de dirección y administración no podrá exceder el 40% de los miembros, aún en los casos en los cuales la participación pública en el capital supere el porcentaje indicado.

Parágrafo. El Gobierno Nacional en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley expedirá el reglamento para la constitución, operación y liquidación de las organizaciones comunitarias campesinas de ahorro y crédito, previa consulta con las organizaciones campesinas.

Artículo 93. Los préstamos que otorguen los establecimientos de crédito a las organizaciones comunitarias de las comunidades rurales  de ahorro y crédito podrán ser redescontados en Finagro en las mismas condiciones de los préstamos para pequeños productores campesinos, y podrán ser avalados por el Fondo Agropecuario de Garantías de acuerdo con el porcentaje que establezca la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

Artículo 94. Las Organizaciones Comunitarias Campesinas de Ahorro y Crédito estarán sujetas a inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Economía Solidaria, SES, en los términos de reglamento que dicho organismo expida para el efecto.

Artículo 95. Subsidio y Control de Tasas de Interés. El Estado garantizará que las tasas de interés especiales subsidiadas para el sector agropecuario permitan rentabilidad. Para el efecto:

Controlará la fijación de tasas de interés;

Las tasas máximas o de usura serán de un 20% inferior a las generales.

Establecerá subsidios especiales a cargo del presupuesto nacional y los presupuestos de las entidades territoriales para las tasas de interés para campesinos y campesinas y para la producción de alimentos y de otros productos estratégicos, así como para la condonación de deudas no pagadas como resultado de los efectos de la apertura económica o de catástrofes naturales por fuerza mayor o caso fortuito.

Parágrafo Transitorio: Para el cumplimiento de los objetivos constitucionales y sociales, ordénase al Gobierno Nacional que con recursos del presupuesto nacional del año 2010 al 2014 para que en el término de treinta (30) días, a partir de la promulgación de esta ley, la cartera vigente de los campesinos que se encuentre morosa por causa de problemas como desastres naturales, orden público y problemas en el mercadeo, de tal manera que sean habilitados de inmediato para acceder a recursos de crédito agropecuario en las condiciones establecidas por este parágrafo.

El Fondo de Financiamiento Agropecuario, Finagro, establecerá líneas especiales de redescuento para operaciones de crédito con destino a los sectores campesinos, indígena y afrocolombiano, de acuerdo con las condiciones específicas de cada sector, con tasas de interés inferiores al 70 % del IPP.

Artículo 96. El acceso al crédito complementario de tierras y de producción para beneficiarios de reforma agraria, se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 510 de 1999 y para su eficacia será simultáneo con el otorgamiento del subsidio de tierras.

Artículo 97. Los créditos que se otorguen a beneficiarios de reforma agraria deberán ser respaldados por el Fondo Agropecuario de Garantías. Para las mujeres campesinas o desplazadas que accedan a tierra, el FAG las respaldará por el 100% de sus créditos.

Artículo 98. Autorizase al Gobierno Nacional para asociarse con personas jurídicas mixtas o privadas con el objeto de constituir fondos de capital de riesgo para la agricultura y el medio rural, destinados a participar en el capital de sociedades creadas como empresas de producción, comercialización, transformación de bienes y servicios en las zonas rurales, priorizando las cooperativas y empresas comunitarias campesinas.

Artículo 99. Créase un seguro de cosecha que cubrirá los costos e ingresos dejados de percibir por el cultivador de acuerdo a patrones de costos e ingresos determinados anualmente por el Ministerio de Agricultura.

Artículo 100. La contratación del seguro de cosecha será voluntaria por parte del productor y para su protección deberá cancelar máximo el 1% del valor esperado de la cosecha.

Artículo 101. El Gobierno Nacional anualmente cubrirá el déficit que se llegasen a presentar en el Fondo de Seguro de Cosecha, por reconocimiento de siniestros.

Artículo 102. El seguro de cosecha cubrirá los diferentes imponderables que se presentan en la producción agropecuaria tales como pérdidas parciales o totales por razones ajenas a la voluntad del productor, como las climáticas, epidemias y las ocasionadas por problemas en el mercadeo de los productos.

Artículo 103. Autorizase al Gobierno Nacional para otorgar subsidios al costo de contratación de seguros agrícolas y para controlar las primas de los mismos.

Los montos, las fuentes y los términos de aplicación de los subsidios, deberán quedar establecidos de manera clara en las disposiciones que los creen.

Artículo 104. De conformidad con las normas establecidas, las funciones del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, son las de banco de redescuento y, por tanto, no pueden ser cambiadas o interpretadas de manera distinta.

Artículo 105. Con fundamento en las disposiciones contenidas en la Constitución Política sobre la especial protección de que gozará la producción de alimentos y la prioridad que debe otorgarse al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras y teniendo en cuenta que el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, es el instrumento financiero básico del sistema, se reafirma la inversión obligatoria como medio de provisión de los recursos para el crédito agropecuario.

Artículo 106. Dentro de las funciones del Banco Agrario, la especialización en la atención a los pequeños productores y el apoyo a las instituciones de crédito solidario y cooperativo, se definen como objetivos básicos e ineludibles de su gestión.

Artículo 107. Con el fin de incentivar la cobertura del sistema financiero formal en las zonas que carecen o tienen una presencia precaria de instituciones financieras, autorízase al Gobierno Nacional para constituir un fondo fiduciario para pagar a las entidades financieras estatales o cooperativas, compensaciones por los sobrecostos en que incurran en la realización de operaciones de crédito con pequeños productores y asociaciones comunitarias campesinas, indígenas y afrocolombianas de ahorro y crédito cuando las mismas sean efectuadas a través de oficinas ubicadas en los municipios que señale el gobierno.

CAPITULO V

DESCENTRALIZACIÓN Y COMPETENCIAS TERRITORIALES

Artículo 108. La política de desarrollo de la agricultura y el medio rural será descentralizada, siguiendo los principios de coordinación, complementariedad, concurrencia, subsidiaridad y equidad territorial.

Artículo 109. Las entidades territoriales, los municipios y los Territorios Indígenas y sus asociaciones, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria, Finagro, el Banco Agrario y el Instituto Colombiano Agropecuario, serán la base fundamental de la ejecución de la política pública para la agricultura y el medio rural y actores principales en la focalización e identificación de beneficiarios, así como en la iniciativa de los programas y proyectos nacionales y departamentales correspondientes.

Los departamentos serán los responsables de la articulación e intermediación de las políticas y acciones nacionales con las de los municipios y los Territorios Indígenas, así como de la coordinación entre sus acciones y programas de desarrollo.
La Nación será responsable de la dirección general de la política sectorial y de la formulación de los lineamientos estratégicos para su desarrollo.

Artículo 110. El reordenamiento social y cultural de la propiedad de acuerdo con su función social y ecológica es una competencia de la Nación, ejercida por medio del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria.

Artículo 111. El plan decenal de desarrollo de la agricultura y el medio rural establecerá los lineamientos y las pautas generales para guiar la iniciativa legislativa del gobierno en materia de distribución de competencias.

CAPITULO VI

CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO RURAL

Artículo 112. El Gobierno Nacional, las entidades territoriales, las entidades descentralizadas y las corporaciones autónomas regionales podrán cumplir sus funciones relacionadas con el Desarrollo Rural Integral mediante la celebración de contratos con las organizaciones de comunidades rurales beneficiarias cuyo objeto o actividad principal sea la gestión y la promoción del desarrollo comunitario en el medio rural; la producción, transformación y comercialización de bienes agrícolas; o la prestación de servicios para el medio rural.  Estos contratos se denominarán Contratos para el Desarrollo del Medio Rural y en ellos se especificarán, de una parte, las prestaciones a que se comprometen las entidades públicas con la respectiva comunidad y, de otra parte, las contraprestaciones a que se obligan las organizaciones de las comunidades rurales  con la Nación y/o las entidades territoriales.

Artículo 113. En los Contratos para el Desarrollo del Medio Rural la organización de las comunidades rurales  respectiva se compromete con la entidad o entidades públicas a cumplir dentro del territorio objeto del contrato uno o varios de los objetos de interés público y social que se señalan a continuación:

Conservación y protección de los recursos naturales, el medio ambiente y el paisaje.

Introducción y utilización de prácticas de manejo de suelos y aguas compatibles con propósitos de desarrollo sostenible.

Ejecución de proyectos de pesca, avicultura, ganadería, agricultura, acuicultura y agroindustria para resguardos indígenas,

territorios colectivos afrocolombianos, parcelaciones de reforma agraria, zonas de reservas campesinas y adecuación de tierras.

Provisión de servicios de interés social en materia de educación, recreación, salud, saneamiento básico, infraestructura, electrificación y comunicaciones.

Sustitución de cultivos de uso ilícito y erradicación manual.

Generación de empleo, y Establecimiento de cooperativas o empresas comunitarias especializadas.

Artículo 114. En virtud de los Contratos para el Desarrollo del Medio Rural, el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, las entidades descentralizadas y las Corporaciones Autónomas Regionales, con sujeción a las competencias constitucionales, podrán asumir uno o varios compromisos en las siguientes materias:

Concesión de incentivos tributarios y rebajas de tarifas y de costos de trámites.
Otorgamiento de subsidios.

Aportes y financiación para desarrollar proyectos productivos.

Construcción o cofinanciación de obras de interés colectivo, y

Provisión o cofinanciación de servicios de interés social como los referidos en el numeral 4 del artículo anterior.

T I T U LO IV

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y REFORMA AGRARIA- INCODER

CAPITULO I

CARÁCTER, COMPETENCIA Y FUNCIONES

Artículo 115. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, creado por el Decreto -ley 1300 de 2003, se denominará desde ahora Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria, INCODER, que seguirá siendo un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura, y Desarrollo Rural con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

Artículo 116. Objeto. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, INCODER, tendrá por objeto fundamental ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural, el ordenamiento social de la propiedad y la reforma agraria; facilitar el acceso a los factores productivos, especialmente a las comunidades rurales ; fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades y propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país.

Artículo 117 Objetivos. Para dar cumplimiento a su objeto, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria, INCODER, tendrá los siguientes objetivos:

Fortalecer las economías de las comunidades rurales, garantizando su territorialidad, defendiendo la diversidad cultural y apoyando sus planes de vida y programas de mejoramiento de la calidad de vida.

Liderar la identificación y consolidación de áreas de desarrollo agropecuario y rural, promovidas por iniciativa pública, colectiva, privada o mixta para adelantar programas sustentables de desarrollo agropecuario y rural de propósito común, que permitan atender realidades específicas de zonas y comunidad rural y proteger el medio ambiente.

Fortalecer los procesos de coordinación inter e intrasectoriales que posibiliten la integración de las acciones institucionales en el medio rural.

Fortalecer los procesos participativos de planeación institucional, nacional, regional y local para la definición de programas de desarrollo agropecuario y rural, que permitan a los actores rurales la identificación de oportunidades que su realidad les ofrece y la concertación de las inversiones requeridas.

Garantizar la transparencia, legalidad y legitimidad de los títulos de propiedad que expida en cumplimiento de sus funciones.
Estimular la consolidación de escenarios regionales para el desarrollo rural, mediante la acción coordinada de los departamentos y propiciar la transformación de las Umata y los consejos municipales de desarrollo rural, de conformidad con la Ley y sus reglamentos.

Facilitar a los trabajadores agrarios y a los pequeños y medianos productores su derecho al acceso a la propiedad de la tierra y demás factores productivos, promoviendo diferentes alternativas para el uso eficiente, racional y sostenible de los mismos, de acuerdo con el respeto a la diversidad cultural y étnica.

Gestionar y otorgar recursos de financiación, cofinanciación, subsidios e incentivos, para promover el acceso de los trabajadores rurales, pequeños y medianos productores y en especial a las comunidades rurales, a la asistencia técnica y empresarial, comercialización y procesamiento de sus productos, crédito, vivienda, salud, seguridad social, educación, recreación y comunicaciones, con el fin de mejorar su ingreso y calidad de vida y apoyar la ejecución de programas de desarrollo agropecuario y rural.

Adelantar proyectos de adecuación de tierra, riego y drenaje.

Contribuir al fortalecimiento de la actividad pesquera y acuícola mediante la investigación, ordenamiento, administración, control y regulación para el aprovechamiento y desarrollo sostenible de estos recursos.

Artículo 118. Competencias y funciones. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, INCODER, tendrá como competencias principales el ordenamiento social de la propiedad y el Desarrollo Rural Integral de las comunidades rurales.
Serán funciones del Instituto todas las que señala el artículo 4° del Decreto 1300 de 2003 al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, y en especial:

Realizar programas de adquisición de tierras rurales en aquellos municipios donde el Comité de Desarrollo Campesino e Indígena lo determine, mediante negociación directa con los propietarios que las enajenen voluntariamente o decretar su expropiación cuando fuere necesaria, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Nacional;

Adelantar programas de parcelación sobre las tierras adquiridas y dotar de Unidades Agrícolas familiares a la población campesina que la requiera, así como dar a los productores directamente la ayuda técnica, administrativa y financiera para el adecuado asentamiento, explotación, comercialización e industrialización de los productos;

Administrar el Fondo Nacional Agrario;

Administrar a nombre del Estado las tierras baldías, constituir reservas, adelantar colonizaciones y titular tierra, siempre y cuando estas decisiones no violen los derechos de las comunidades ni contribuyan al deterioro de los ecosistemas y creando los mecanismos que garanticen la preservación de los recursos naturales;

Constituir, ampliar y sanear los resguardos indígenas para lo cual realizará adquisición directa de tierras y mejoras, las que otorgará en forma gratuita a las comunidades en cumplimiento de lo dispuesto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 21 de 1991, con la función social prioritaria de preservar la diversidad étnica y cultural de Colombia y con pleno respeto por la autonomía y cultura de los pueblos indígenas.

Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad y posesión a objeto de identificar con la mayor exactitud posible las que pertenecen al Estado, a los territorios de las comunidades indígen y comunidades afrocolombianas, a los campesinos y facilitar el saneamiento de la titulación privada o colectiva y cooperar en la formación de los catastros fiscales.

Impulsar un adecuado ordenamiento de los espacios rurales para que tengan una dedicación acorde con su capacidad de uso; redistribuir la propiedad de la tierra dentro de la frontera agropecuaria para evitar la migración hacia ecosistemas frágiles o hacia los cinturones de miseria en las ciudades.

Delimitar, constituir, ampliar y sanear zonas de Reserva Campesina.

Realizar concentraciones parcelarias con el propósito de reestructurar zonas de minifundio, apoyándose en formas asociativas de producción o mercadeo.

Administrar a nombre del Estado las tierras baldías de propiedad nacional, adjudicarlas o instituir reservas sobre ellas de acuerdo a la Constitución de 1991 y a las disposiciones de esta ley, y al mismo tiempo ejercitar las acciones y tomar las medidas que correspondan, en caso de ocupación indebida de las tierras baldías del Estado o de expedición ilegal de títulos sobre ellas.

Diseñar y ejecutar proyectos de adecuación de tierras y distritos de riego y drenaje, los cuales serán gestionados en conjunto con los productores;

Promover con los recursos del sub-sistema de mercadeo y fomento agroindustrial y ejecutar conjuntamente con las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, la constitución de empresas comerciales, cooperativas y otras formas de economía solidaria y asociativa dedicadas a las actividades de explotaciones agropecuarias, pesqueras o agroindustriales que tengan por objeto el desarrollo de la producción, transformación y comercialización de productos, en condiciones que garanticen la equidad de las partes asociadas conforme a las reglamentaciones que de estas se hagan.

Promover y apoyar el funcionamiento autónomo, la capacitación y promoción de la organización campesina, indígena y afrocolombiana, el fomento cooperativo y desarrollo rural, a través de programas de educación, capacitación, de acuerdo a un Plan Nacional.

Desarrollar programas de Administración Empresarial Rural como estrategia orientada a apoyar a las comunidades rurales  y grupos desmovilizados por los procesos de paz, para su conversión en productores con capacidad de autogestión y habilitarlos en el Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria.

Regular, autorizar y controlar el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas y cooperar con las entidades competentes en la vigilancia, conservación y restablecimiento del las aguas y de los demás recursos naturales renovables

Estudiar en concertación con las autoridades y organizaciones indígenas la situación en que desde el punto de vista de las tierras y títulos se encuentren las comunidades indígenas, para efectos de reconocerles el derecho de propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan o utilizan y para dotarlas de las áreas que necesiten para una vida digna de acuerdo con su propia cultura y a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Reubicar planificadamente en tierras adecuadas a campesinos que hayan colonizado en reservas forestales, parques nacionales, territorios indígenas u otras zonas de manejo especial; a campesinos que requieran tierras diferentes a las que actualmente usan, para adelantar programas de sustitución de cultivos y a pobladores rurales víctimas de catástrofes naturales o que hayan sido desplazados por violencia o coacción o amenazas en su contra o por proyectos de infraestructura.

Adelantar los estudios y trámites necesarios conducentes a la declaración administrativa de la extinción del dominio a los predios incultos, inadecuados y/o indebidamente explotados.

Contratar empréstitos internos o externos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones y programas inherentes al desarrollo de sus funciones, previa aprobación del Gobierno Nacional.

Crear y administrar un programa de crédito supervisado dirigido a financiar, en condiciones acordes con su realidad socioeconómica, a las diferentes comunidades indígenas, asesorar sus procesos productivos y capacitar a estos pueblos en el manejo financiero; comercialización de sus productos; así como dar asistencia técnica y administrativa.

Titular colectivamente las tierras de las comunidades afrocolombianas, de acuerdo con la Ley 70 de 1993.

Sanear las zonas de reserva agrícola o forestal constituidas por los planes de desarrollo de las entidades territoriales o de la Nación.

Determinar la extensión de Unidad Agrícola Familiar – UAF  de conformidad con las zonas relativamente homogéneas que se establezcan.

Parágrafo 1. Las funciones del INCODER son indelegables salvo en los programas de saneamiento de resguardo cuando la delegación recaiga sobre las autoridades o cabildos indígenas como entidades de derecho público de carácter especial.

Parágrafo 2. Para efectos de ampliación, reestructuración o saneamiento de un resguardo, bastará con que el INCODER describa en el estudio socioeconómico el cumplimiento de la función social de la propiedad por parte de la comunidad indígena.  Una vez cumplido el trámite respectivo, las autoridades indígenas presentarán el Plan de Manejo Ambiental del Resguardo.

Parágrafo 3. La línea especial de crédito en beneficio de las comunidades indígenas, será reglamentada por decreto dentro de los seis (6) meses posteriores a la aprobación de esta ley, con base en el texto que acuerde la Mesa Nacional de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, teniendo en cuenta la autonomía y las tecnologías indígenas para una producción agroecológica.

Parágrafo Transitorio: dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley el INCODER  elaborará y consolidará un inventario de las tierras baldías de la nación determinando claramente su adjudicabilidad o no para darle los usos que la presente ley prevé.    

Artículo 119. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria será dirigido por una Junta Directiva y administrado por un Gerente General.

Son Miembros de la Junta Directiva:
El Ministro de Agricultura o su delegado quien la presidirá.
El Viceministro de Desarrollo Rural Campesino.
El Presidente de Finagro o su delegado.
Una delegada elegida por las organizaciones de mujeres del sector rural.
Dos delegados elegidos por las organizaciones campesinas nacionales.
Un delegado designado por las organizaciones indígenas de carácter nacional.
Un delegado elegido por las organizaciones de los afrocolombianos del sector rural.
Un delegado designado por las cooperativas rurales.
Un delegado de las organizaciones nacionales de desplazados por violencia.
Un delegado de los pescadores artesanales.
Dos delegados de los gremios nacionales del sector agropecuario.

A las reuniones de la Junta Directiva asistirán el Gerente General del INCODER y el Procurador Agrario, con voz y sin voto. El Secretario General del INCODER ejercerá la Secretaría de la Junta.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará la elección de los delegados de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, y el de los gremios del sector agropecuario. El período de estos representantes será de dos (2) años.

CAPITULO II

PRESUPUESTO Y PATRIMONIO DEL INCODER

Artículo 120. El presupuesto y el patrimonio del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria estará constituido por:

Los aportes del Presupuesto General de la Nación que se le asignen. A partir de la aprobación de la presente ley y durante los diez años fiscales subsiguientes se destinará al INCODER por lo menos el 5% del presupuesto nacional anual y los recursos específicos del Fondo de Inversiones Públicas para la Paz y el Plan Colombia, los cuales deberán ser transferidos al INCODER dentro de los dos primeros meses de cada año.

El producto de los empréstitos internos y externos que el INCODER contrate en condiciones favorables para la economía campesina, con la autorización y garantía del Gobierno Nacional.

Los bonos agrarios emitidos y los que se emitan hacia el futuro por el Gobierno Nacional y que serán administrados por el Fondo Nacional Agrario.

Las sumas o valores que el INCODER reciba en pago de las tierras enajenadas.

Todos los bienes inmuebles rurales cuyo dominio haya sido extinguido judicialmente en desarrollo del artículo 3 y 4 de la Constitución Política, y especialmente en virtud de lo dispuesto en la Ley 793 de 2002 o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

Los predios rurales que reciba del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por sucesiones intestadas, así como los bienes rurales vacantes que la Ley 75 de 1968 le atribuyó a dicho Instituto.

Todos los predios rurales aptos para la explotación agrícola, ganadera, forestal o acuicultura y sobre los cuales los Jueces de la República hayan declarado la extinción de dominio por ser fruto de enriquecimiento ilícito.

El 10% del Fondo Nacional de Regalías.
El 5% del valor de las importaciones de alimentos y materias primas agropecuarias.
El 10% de los recaudos originados en el impuesto del 4 por mil.

Parágrafo 1. El Presupuesto para Desarrollo Rural Integral a recibir por las entidades pertenecientes al sistema de reforma agraria, no podrá ser inferior al porcentaje que representa la población rural con necesidades básicas insatisfechas con relación al total nacional de esta misma población, con respecto al Presupuesto General de la Nación.

Parágrafo 2. Los presupuestos de las entidades territoriales para desarrollo rural, destinados al sistema, cuyo porcentaje con respecto al total del presupuesto respectivo no podrán ser inferiores en cada entidad territorial, al porcentaje de población rural con necesidades básicas insatisfechas con respecto al total de población en estas condiciones en la respectiva entidad.

Parágrafo 3. Los predios rurales, mejoras, equipos agroindustriales, semovientes y maquinaria agrícola que los intermediarios financieros hayan recibido a título de dación en pago, o adquirido en virtud de una sentencia judicial, deberán ser ofrecidos al INCODER para que este ejerza el derecho de opción privilegiada de adquirirlos dentro del mes siguiente a la fecha en que se le comunique la oferta. Las condiciones de avalúo y pago de estos bienes serán las establecidas por la presente ley.

Parágrafo 4. Transcurridos seis (6) meses de la expedición de esta ley, el Gobierno Nacional asignará el presupuesto necesario al INCODER para programas en beneficio de los indígenas, el cual no podrá ser inferior al 20% de la asignación anual para reforma agraria, previo cronograma de actividades a elaborar en sesiones conjuntas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas.

Estos recursos no podrán ser sometidos a congelamiento, aplazamiento o recorte o a ninguna otra figura que impida la ejecución en la respectiva vigencia.

TÍTULO V

PROGRAMAS A CARGO DEL INCODER

CAPITULO I

EXTINCIÓN ADMINISTRATIVA

DEL DOMINIO SOBRE PREDIOS RURALES

Artículo 121. La extinción de dominio de EL INCODER deberá adelantar el procedimiento de extinción administrativa del derecho de dominio privado sobre  predios incultos, inadecuada o indebidamente explotados es un proceso administrativo adelantado y cumplido por el INCODER, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 58 de la Constitución Nacional,  según el procedimiento dispuesto por esta ley.

Artículo 122. Serán objeto de este procedimiento, los predios de más de cincuenta (50) hectáreas objeto de extinción de dominio, en los que se presente alguna o varias de las siguientes causales:

Toda la tierra inculta, inadecuada o indebidamente explotada, durante un período continúo de dos (2) años, salvo fuerza mayor o caso fortuito, en los términos de la Ley 200 de 1936.

Se violen las disposiciones sobre conservación y protección de los recursos naturales y del ambiente.

No se dé al suelo el uso propio de las clases agrológicas a que pertenezca.

Se violen las zonas de reserva agrícola o forestal constituidas en los planes de desarrollo municipales o distritales.
Se incumpla con las obligaciones legales laborales para con sus trabajadores.

Parágrafo. Las tierras aptas para explotación económica que reviertan al dominio de la Nación por virtud de la declaratoria de extinción del derecho de dominio, ingresarán con el carácter de baldíos reservados y:

Aquéllas ocupadas por campesinos, serán adjudicadas a los mismos siguiendo las disposiciones generales sobre adjudicación de baldíos;

Las no poseídas aún,  que sean aptas para programas agropecuarios, serán asignadas  mediante contratos en los cuales únicamente se estipulará la obligación del beneficiario de explotar el predio. Las mismas podrán ser posteriormente adjudicadas siguiendo las disposiciones generales sobre adjudicación de baldíos, o se titularán como Resguardos si se trata de indígenas, o colectivamente, siguiendo las normas sobre tierras comunales de grupos étnicos;

Aquellas donde se han violado los derechos laborales, serán adjudicadas  a cooperativas, empresas comunitarias u otras formas asociativas de sus trabajadores; Las no aptas para labores agropecuarias, previo estudio socioeconómico, serán transferidas al municipio en que se hallen ubicadas o se dedicarán a la ampliación de resguardos indígenas o se transferirán a las entidades encargadas de su control.

Artículo 123. Se considera que hay explotación económica cuando ésta se realiza de una manera regular estable, con técnicas y líneas de explotación acordes con la potencialidad de los suelos y que al momento de la práctica de la inspección ocular tenga más de tres años de iniciada sin interrupción.

Artículo 124. Las diligencias sobre extinción del dominio podrán ser iniciadas de oficio o a petición de cualquier ciudadano, organización campesina, afrocolombiana o indígena, o del comité de Desarrollo Campesino e Indígena Municipal.  En caso de sentencia judicial condenatoria sobre enriquecimiento ilícito el proceso se adelantará una vez esté en firme la sentencia por solicitud del juez respectivo, de oficio por el Instituto o por solicitud de cualquier persona. Esta situación está contemplada en la ley 793 ya.

Artículo 125. Las extinciones de dominio serán aprobadas por la Junta Directiva del INCODER, por mayoría absoluta, sin necesidad de voto favorable del Ministro de Agricultura, ni de resoluciòn ejecutiva del gobierno nacional.

CAPITULO II

ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE PROPIEDAD PRIVADA

Artículo 126. En orden al cumplimiento de su objeto y objetivos, el INCODER adquirirá directamente tierras y mejoras de propiedad privada, tanto de los particulares como de las entidades de derecho público, o decretará la expropiación de estas por la vía administrativa con miras a ejecutar cualquiera de los siguientes programas, que para el efecto se declaran de utilidad pública e interés social:

Dotar de tierras aptas para la explotación agrícola y pecuaria o para los usos de la respectiva cultura a las comunidades rurales  y demás pobladores rurales que no la posean, o que la posean en forma deficitaria, particularmente en aquellas regiones caracterizadas por la alta concentración de la propiedad rústica o por la existencia de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas o por la necesidad de solucionar conflictos ocasionados por la presión social sobre la tierra, de acuerdo con las determinaciones del Comité Municipal de Desarrollo Campesino, Indígena y de las Comunidades Afrocolombianas, o por peticiones de las respectivas comunidades indígenas o afrocolombianas.

Evitar la excesiva concentración de propiedad de la tierra en cabeza de una persona y redistribuirla mediante el establecimiento de Unidades Agrícolas Familiares, cooperativas, empresas comunitarias, propiedades colectivas o formas asociativas, adecuadas en su extensión a la potencialidad productiva del suelo y a las necesidades de ingreso familiar, cuando se trate de familias campesinas, y a la concepción territorial, hábitat social y cultural cuando se trate de las comunidades indígenas o afrocolombianas.

Convertir en propietarios, a pequeños arrendatarios, vivientes o aparceros y a mujeres jefes de hogar y reubicar a pequeños propietarios o poseedores de tierras que deban salir de explotación en razón de la defensa de los sistemas frágiles o de la necesaria conservación de los recursos naturales.

Constituir, ampliar o sanear Resguardos Indígenas o reestructurar Resguardos Coloniales o Republicanos.
Constituir, ampliar o sanear territorios de propiedad colectiva de comunidades afrocolombianas.
Constituir, ampliar o sanear zonas de Reserva Campesinas.

Modificar la estructura de la propiedad en aquellas áreas donde se efectúen inversiones de adecuación de tierras. O cuando por consecuencia de las inversiones públicas se incremente la productividad de los predios y su valorización.

Establecer centros de investigación, granjas de demostración, concentraciones de desarrollo, escuelas agropecuarias, cooperativas y centros de acopio y almacenamiento de productos agropecuarios, manejados por las comunidades rurales.

Fundar aldeas o ensanchar el perímetro urbano, reponer o ensanchar las tierras comunales de centros poblados de menos de 20.000 habitantes, a solicitud del municipio respectivo.

Distribuir entre la población campesina que no la posea, nuevas tierras aptas para la explotación agropecuaria, habilitadas por aluvión o desecación espontánea.

Reforestar cuencas, microcuencas hidrográficas que surtan de agua a distritos de riego, acueductos municipales o veredales, hidroeléctricas y que en general regulen el cauce de los ríos. En tal caso, el INCODER de oficio o a petición de entidades municipios o grupos sociales interesados, iniciará las negociaciones directas o el proceso de expropiación de los inmuebles rurales que se busca reforestar.

Establecer zonas de reserva agrícola, rural o forestal definidas en los planes de desarrollo de la nación; o proteger las de los departamentos o municipios mediante convenio con los mismos.

Ensanchar y reestructurar parcelas campesinas en zonas de minifundio, con predios aledaños o entregando a los campesinos tierras accesibles de grandes propietarios.

Reubicar pobladores rurales ocupantes de reservas forestales, parques nacionales u otras zonas protegidas o colonos habitantes de territorios indígenas o pobladores rurales desplazados por catástrofes naturales o por violencia, coacción o amenazas o proyectos de infraestructura.

Parágrafo 1. En los procedimientos de adquisición de tierras, los propietarios podrán solicitar el beneficio de excluir y conservar hasta 2 UAF como derecho a ejercer por una sola vez en el momento de recibir la oferta de compra. Si el propietario rechaza la oferta, no habrá lugar al derecho de exclusión.

Parágrafo 2. A partir de la vigencia de esta ley, el INCODER deberá adquirir todos los predios ocupados de hecho por campesinos, campesinas, comunidades indígenas o afrocolombianas, desplazados por la violencia o víctimas de desastres.

Artículo 127. Declárese de utilidad pública e interés social la adquisición, mediante negociación directa o mediante expropiación por la via administrativa, de todos los inmuebles rurales cuya adquisición sea necesaria para el desarrollo y ejecución de los programas que en materia de Reforma Agraria acuerde cada municipio en sus planes de desarrollo.

Artículo 128. En todos los programas de adecuación de tierras un 30% de la tierra adecuada se dedicará a programas de redistribución de ésta entre las comunidades rurales, de acuerdo con las normas previstas en esta ley. Si el Estado hubiera invertido en el respectivo programa, se aumentará el porcentaje de tierra redistribuida, en proporción directa con la inversión del Estado.

Artículo 129. El precio de los predios a adquirir para programas de Reforma Agraria, será como máximo el 200% del avalúo catastral realizado mínimo dos años (2) antes de la fecha de la oferta al propietario, más el avalúo catastral de las mejoras realizadas con posterioridad.

Artículo 130. Previa visita del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para establecer las condiciones del predio y establecido por el Instituto el avalúo catastral, los campesinos interesados que llenen los requisitos para ser beneficiarios de la Reforma Agraria y previa visita técnica del INCODER y con la autorización del Comité Municipal de Desarrollo Campesino, formularán la oferta de compra al propietario, la que no podrá superar el tope establecido en el artículo anterior  El propietario tendrá treinta (30) días hábiles para aceptar o rechazar la oferta a partir de la presentación de la misma. Si pasado este plazo el propietario no contesta, se presumirá que la rechaza.

Parágrafo. Los campesinos interesados en un predio, pueden solicitar que el  INCODER negocie directamente el predio con los propietarios. En tal caso el Instituto, previa visita para conocer las condiciones del predio y establecido el avalúo catastral del mismo procederá a la negociación para la cual habrá el mismo plazo  de treinta (30) días hábiles, vencido el cual, se presumirá si no hay negociación, que el propietario rechaza la oferta. El precio de la negociación no podrá superar el dispuesto en el artículo 129  de la presente ley.

CAPITULO III

EXPROPIACIÓN POR LA VÍA ADMINISTRATIVA

Artículo 131. Si el propietario no aceptase la oferta, o se presumiese su rechazo, se entenderá agotada la etapa de negociación directa y en un término no mayor de quince (15) días, el Gerente General del INCODER,  mediante resolución motivada, aprobada por la Junta Directiva del  INCODER, ordenará adelantar la expropiación del predio por la vía administrativa.

Artículo 132. La resolución de expropiación será notificada en la forma prevista en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo y paralelamente el INCODER consignará en un Banco Oficial, a nombre del propietario, el valor de la tierra y mejoras de acuerdo con el precio establecido según lo determina el artículo 129  de esta ley y atendiendo la forma de pago que esta ley establece en su artículo 136

Artículo 133. Contra la resolución que ordena la expropiación, sólo procederá el recurso de reposición, que se debe interponer dentro de los diez días hábiles después de ser notificada. La administración del INCODER tendrá plazo de un mes para resolver la reposición y en el caso en que no lo haga en este lapso, se entenderá negada y quedará ejecutoriado el acto recurrido y, en consecuencia no será procedente pronunciamiento alguno sobre la materia objeto del recurso.

Artículo 134. Ejecutoriada la resolución de expropiación, se comunicará la decisión final al interesado y se ordenará su protocolización en una notaria, así como su inscripción en la oficina de registro correspondiente.

Artículo 135. En todo caso, la expropiación administrativa estará sujeta a la acción contenciosa del propietario, dentro de los quince (15) días siguientes a su ejecutoria.   De la demanda conocerá en única instancia el Tribunal Administrativo del departamento donde se encuentre el predio expropiado o la mayor parte de él   Ante el tribunal no podrán controvertirse los motivos de utilidad pública e interés social que motivaron la expropiación y únicamente podrá anularse la expropiación por error en la notificación al propietario o por deficiente identificación del predio que figure en la matrícula inmobiliaria y podrá controvertirse la cuantía de la indemnización para que coincida con el avalúo catastral según lo dispuesto por el artículo 129  de esta ley.  La demanda deberá ser fallada por el Tribunal dentro del término de dos (2) meses siguientes a su presentación, siendo la inobservancia de este término causal de mala conducta.

CAPITULO IV

FORMAS DE PAGO

Artículo 136. La forma de pago de los predios que se adquieran mediante negociación voluntaria, dentro de los parámetros del artículo 129 de la presente ley, será de contado a la entrega del predio hasta un monto de 200 salarios mínimos mensuales legales y el saldo en otro contado pagadero a los ciento ochenta (180) días de la entrega del predio.
Cuando no hubiera acuerdo de negociación y se deba adelantar el procedimiento de expropiación por la vía administrativa, el pago de la indemnización se hará así:

El precio de las mejoras, de contado a la entrega del predio hasta un monto de 200 salarios mínimos mensuales legales y el saldo del precio de las mejoras en otro contado pagadero a los ciento ochenta (180) días de la entrega del predio;
El precio del terreno, en bonos agrarios a cinco (5) años.

CAPITULO V

PARCELACIONES

Artículo 137. Las tierras que adquiera el Instituto deberán ser destinadas a los siguientes fines:

Establecer Unidades Agrícolas Familiares, Cooperativas de Producción, Empresas Comunitarias y Agroindustriales;

Para la constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de Resguardos indígenas
Para propiedades colectivas de comunidades afrocolombianas, de acuerdo con la Ley 70 de 1993;
Para Constituir, ampliar o sanear Zonas de Reservas Campesinas;
Para la recuperación y protección de los recursos naturales y ecosistemas frágiles y para conformación, restitución o ampliación de zonas de reserva agrícola o forestal o de las tierras de uso comunal aledañas a las aldeas y municipios. Las tierras ribereñas de ciénagas, lagos, meandros y madreviejas, prioritariamente se adjudicarán a los pescadores artesanales;
Para el establecimiento de granjas experimentales, de capacitación y difusión de tecnologías e institutos de enseñanza agropecuaria.

Parágrafo 1. Cuando se trate de conformar empresas comunitarias o cooperativas de producción el número de asociados que tienen cabida en la empresa o cooperativa, será el que resulte de dividir la extensión del predio entre la extensión de la Unidad Agrícola Familiar promedio.

Parágrafo 2. Para el caso de las comunidades indígenas y afrocolombianas, no se tendrá en cuenta el concepto de Unidad Agrícola Familiar, sino el concepto de territorialidad, que es el espacio de territorio necesario para que un pueblo se reproduzca, crezca y prospere en forma autónoma, constituido por las diferentes áreas productivas de acuerdo con la cultura respectiva, las tierras comunales y las áreas culturales y de manejo ambiental. Tampoco será necesaria la identificación de proyectos productivos, ni el objetivo será la constitución de Empresas Básicas Agropecuarias.

Tampoco se requerirá la elaboración previa de proyecto productivo, ni la constitución de empresa básica agropecuaria, para la adquisición de predios de buena calidad para la reubicación de desplazados o desplazadas por la violencia o víctimas de catástrofes.

Artículo 138. Las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), definidas en el parágrafo 1 del artículo anterior,  serán adjudicadas a los beneficiarios –en razón del subsidio integral del 100% de manera gratuita.

Parágrafo. Las tierras que se adjudiquen colectivamente a las comunidades indígenas o afrocolombianas, se entregarán a título gratuito, sin consideración a su extensión, y no estarán sujetas al régimen del subisidio.

CAPITULO VI

ZONAS DE RESERVA CAMPESINA

Artículo 139. Son Zonas de Reserva Campesina todas las áreas reformadas mediante programas de redistribución de tierras por el INCORA o el INCODER para campesinos o desplazados, y aquellas áreas geográficas del territorio nacional delimitado y constituido o ampliado como tales por la Junta Directiva del INCODER, teniendo en cuenta sus características agroecológicas y socioeconómicas.

Artículo 140. Son finalidades de las Zonas de Reserva Campesina fomentar la pequeña propiedad, la producción y las culturas campesinas; evitar o corregir los fenómenos de la inequitativa distribución de la propiedad rústica; redistribuir los beneficios de la inversión del Estado en infraestructura; crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo de la economía campesina; y propiciar las condiciones para el adecuado uso del suelo y la defensa y preservación del ambiente y los ecosistemas.  Para la delimitación, constitución, ampliación y desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina, el Estado, tendrá en cuenta las reglas y criterios sobre ordenamiento territorial ambiental, la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los campesinos, su participación decisoria en los procedimientos y en las instancias de planificación, decisión y ejecución regionales o provinciales y las características culturales y de las modalidades de producción.

Parágrafo. Los territorios indígenas y los de las comunidades afrocolombianas no podrán ser incluidos dentro del área de las Zonas de Reserva Campesina, pero mediante consultas y concertación, los planes de desarrollo de las Reservas Campesinas podrán articularse con los planes de las comunidades indígenas o afrocolombianas.

Artículo 141. Para toda Zona de Reserva Campesina, el Consejo Directivo del INCODER aprobará, al mismo tiempo que su delimitación y constitución, un reglamento mínimo indicando:
El número máximo de Unidades Agrícolas Familiares que podrá tenerse o darse en propiedad dentro de la respectiva Reserva campesina.

Las extensiones máximas y mínimas que podrán adjudicarse;
Las condiciones y obligaciones que deberán acreditar y cumplir los ocupantes, adquirentes y adjudicatarios de los terrenos.

Parágrafo 1. Para regular las áreas máximas de propiedad privada que podrán tenerse por cualquier persona natural o jurídica, en común o proindiviso, en las Zonas de Reserva Campesina que se constituyan o amplíen, el Instituto procederá a adquirir o a expropiar mediante los procedimientos dispuestos en esta ley, las superficies que excedan las 2 UAF.

Parágrafo 2. Las familias campesinas cuyas UAFs, estén dentro de una Zona de Reserva Campesina y las ubicadas en áreas de minifundio que organicen formas de trabajo asociado, tendrán prioridad para acceder a créditos de producción en las condiciones previstas en esta Ley.

Parágrafo 3. El INCODER y las demás entidades que conforman el Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria, destinarán, a partir de la vigencia de esta ley, como mínimo el 30% de sus presupuestos anuales de inversión en reforma agraria, para financiar proyectos de consolidación y desarrollo integral dentro de las Zonas de Reserva Campesina.

Parágrafo 4. Las UAF ubicadas dentro de las Zonas de Reserva Campesina, son inembargables, imprescriptibles e inexpropiables, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Constitución  Política.

Artículo 142. Todas las zonas de colonización y además aquellas donde predominen las tierras baldías aptas para la explotación agropecuaria son Zonas de Reserva Campesina.

CAPITULO VII

RESGUARDOS INDÍGENAS

Artículo 143. Son resguardos indígenas todos los reconocidos según lo dispuesto por el decreto firmado por el Libertador Simón Bolívar el 20 de mayo y expedido el 5 de julio de 1820, así como los establecidos por las leyes del  Estado del Cauca y otros Estados de los Estados Unidos de Colombia, o según las Leyes 89 de 1890, ley 55 de 1905, 135 de 1961, y 160 de 1994, la presente ley y las demás normas de la República de Colombia.

Artículo 144. Las necesidades de tierras de los pueblos indígenas y el Plan decenal de adquisición de tierras y mejoras para constituir, ampliar, sanear y reestructurar resguardos indígenas, se estudiarán con participación decisoria de las organizaciones indígenas respectivas, en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas de que trata el Decreto 1397 de 1996.

Artículo 145. Las tierras adquiridas por el INCODER y destinadas a la constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de los Resguardos Indígenas, se entregarán sin costo alguno a los cabildos o autoridades reconocidas por la respectiva parcialidad.

Parágrafo. Se entiende por reestructuración de un Resguardo indígena, la aplicación del artículo 12 de la ley 89 de 1890.

Artículo 146. No podrán adjudicarse como baldíos a personas naturales o jurídicas las tierras ocupadas por pueblos indígenas o comunidades afrocolombianas, o las que constituyan su hábitat, o las áreas utilizadas por pueblos indígenas nómadas o seminómadas para la caza, recolección u horticultura itinerante, ni las Reservas Indígenas, todas las cuales deberán ser tituladas colectivamente de manera gratuita para las comunidades respectivas, como Resguardos indígenas o territorios colectivos afrocolombianos, según el caso,  siendo función primordial del INCODER y demás entes públicos del Estado la de recomponer sus territorios y garantizar su posesión pacífica.

Parágrafo 1.  Los terrenos baldíos determinados por el INCORA con el carácter de reservas indígenas, constituyen tierras comunales de grupos étnicos para los fines previstos en el artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 21 de 1991.

Parágrafo 2. Los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de esta Ley, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas, pero la ocupación y aprovechamiento deberán someterse además, a las prescripciones que establezca el Ministerio del Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y las disposiciones vigentes sobre recursos naturales renovables.

Artículo 147. Los resguardos indígenas, las áreas de propiedad colectiva de las comunidades afrocolombianas y las zonas de reserva campesina, serán a partir de la vigencia de esta ley, áreas especialmente protegidas para el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

Artículo 148. Cuando se presente alguna amenaza a los territorios indígenas, así como a los recursos naturales de los mismos, las autoridades civiles y de policía prestarán toda la colaboración solicitada por las respectivas autoridades indígenas para hacer efectivas las medidas preventivas o las que tiendan a restablecer los derechos violados.  El procedimiento para atender estos casos será preferente y sumario.  

Artículo 149. Los territorios y resguardos de las comunidades indígenas afectadas por desplazamiento forzado, serán protegidas por las autoridades competentes con el fin de impedir cualquier acción en desmedro de sus territorios. Cuando deje de existir la causa de su desplazamiento, el gobierno promoverá y garantizará el regreso al respectivo territorio o resguardo.

Artículo 150. Los trámites relacionados con los territorios indígenas y en particular los relacionados con constitución, ampliación o saneamiento de Resguardos, se adelantarán en el término máximo de seis (6) meses contados desde la expedición de esta ley, so pena de causal de mala conducta del respectivo funcionario.

Artículo 151. El Cabildo o la Autoridad Indígena tradicional,  respetando las prácticas culturales del respectivo pueblo indígena, elaborará un cuadro de asignaciones de solares del resguardo, que se hayan hecho o se vayan a hacer, las cuales podrán ser revisados y reglamentados por parte del INCODER con el fin de lograr la distribución equitativa de esas tierras según las normas propias de la comunidad.

Artículo 152. En los resguardos y reservas indígenas no podrán constituirse en ningún caso, parques nacionales, ni otros tipos de reservas que no hayan sido establecidas por las propias autoridades indígenas en uso de las atribuciones que les confiere el artículo 330 de la Constitución Política.  En su lugar, las autoridades indígenas y las comunidades del respectivo territorio, elaborarán un Plan de Manejo Ambiental.

Parágrafo. Atendiendo al principio Constitucional que protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, los planes, programas y proyectos relacionados con los pueblos indígenas y afrocolombianos, el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan Nacional de Desarrollo, se definirán teniendo en cuenta el entorno territorial y cultural, y en consulta con los pueblos interesados.

CAPITULO VIII

BALDÍOS NACIONALES

Artículo 153. Exceptuando los títulos colectivos de los resguardos indígenas, los territorios de las comunidades afrocolombianas y los otorgados en las Zonas de Reserva Campesina, el Estado no concederá nuevos títulos de propiedad, como tampoco normalizará ni legitimará la titularidad de predios que al momento de entrar en vigencia la presente ley no estén siendo ocupados y explotados económicamente. No podrá hacerse adjudicaciones de baldíos sino por el INCODER, por la ocupación previa de ellos por lo menos cuatro años (4) antes, y en favor de personas naturales, cooperativas o empresas comunitarias o asociativas de campesinos y por extensiones no mayores de una  UAF por familia o por asociado a Cooperativa o Empresa Comunitaria.

El aspirante a adjudicatario deberá demostrar explotación económica sobre las dos terceras partes de la extensión que solicita; que en su aprovechamiento ha respetado las normas sobre protección de los recursos naturales, zonas de reserva agrícola o forestal y los territorios indígenas y de comunidades afrocolombianas;  que de la explotación de la extensión solicitada depende por lo menos el 80% de su ingreso promedio y que sus activos totales no superan los quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 smmlv). A los que hayan puesto bajo explotación agrícola o ganadera en uno o más predios, superficies que excedan en total una UAF en el territorio nacional, el INCODER le pagará las mejoras sobre el área excedente, siempre y cuando la ocupación y explotación no se haya dado mediante violencia ni el desplazamiento contra anteriores ocupantes,  y la adjudicará a otro campesino

Artículo 154. No serán adjudicables, entre otras, los siguientes terrenos baldíos:

Los situados en un radio de tres (3) kilómetros del límite de Parques Nacionales Naturales.
Los situados en un radio de un 81) kilómetro alrededor de las zonas donde se adelanten explotación de recursos naturales no renovables.
Los seleccionados por entidades públicas por entidades públicas para adelantar planes viales u otros de igual significación para el desarrollo económico y social del país o de la región, cuya construcción incremente el precio de las tierras por factores distintos a su explotación económica. Para tal efecto, las  entidades pùblicas que planeen adelantar tales obras, deberán comunicar al INCODER, la ubicación y el área de los terrenos que se utilizarán para tales fines.
Las que tuvieren la calidad de inadjudicables, conforme con la ley, o que constituyan reserva territorial del Estado.

Artículo 155. En todos los casos, el área máxima adjudicable en propiedad no podrá superar una Unidad Agrícola Familiar.
Parágrafo. Ninguna persona podrá adquirir terrenos de los adjudicatarios de baldíos en extensión que supere el límite de una (1) UAF, señalado por esta ley, ni tampoco si sumando las áreas adquiridas y las que ya tiene bajo su dominio supera los mismos límites. Serán nulas todas las compra-ventas que violen lo dispuesto en este parágrafo.

Artículo 156. Previos los estudios y audiencias públicas correspondientes, el Consejo Directivo del INCODER podrá delimitar áreas de baldíos que tendrán el carácter de zonas de desarrollo empresarial en las cuales podrán ser suscritos contratos de usufructo temporal de tierras baldías para realizar un proyecto productivo específico y durante el tiempo que se realice éste – sin exceder de diez (10) años -  sometiéndolas a las regulaciones, limitaciones y ordenamientos especiales que establezca el Consejo Directivo del Instituto, para facilitar la incorporación de sistemas modernos de producción sustentable, en áreas ya intervenidas, conservando el equilibrio entre la oferta ambiental y el aumento de producción por medio de la inversión de capital, dentro de criterios de racionalidad, eficiencia y uso adecuado del suelo de acuerdo con sus características agrológicas y siempre y cuando no se trate de territorios indígenas o de comunidades afrocolombianas o de Zonas de Reservas Campesinas. El contrato de usufructo será celebrado entre el Instituto y sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura como empresas especializadas del sector agrícola, pecuario, pesquero o forestal. Mediante el contrato de usufructo la sociedad se comprometerá a realizar el proyecto productivo convenido en la extensión solicitada, a iniciarlo a más tardar un año después de la suscripción y a llevarlo a cabo de acuerdo con un cronograma concreto.  En todo caso, el incumplimiento de las obligaciones durante la vigencia del contrato dará lugar a la declaratoria de la caducidad del mismo.

CAPITULO IX

CLARIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD, DESLINDE Y RECUPERACIÓN DE BALDÍOS INDEBIDAMENTE OCUPADOS

Artículo 157. Corresponde al INCODER clarificar la titulación de las tierras, a fin de determinar si hay indebida ocupación de baldíos, playones, playas, ejidos y sabanas comunales, así como delimitar las tierras de la Nación y de las entidades territoriales, de las de los particulares y de las comunidades rurales.

Artículo 158. La clarificación de que habla el artículo anterior se adelantará de oficio o por petición de la parte interesada o del Comité Municipal de Desarrollo Campesino, Indígena y Afrocolombiano.

Artículo 159. Con el fin de obtener la información necesaria para la clarificación, toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, estará obligada a presentar al INCODER descripción detallada de los inmuebles que posee, así como de los títulos mediante los cuales acredita propiedad.  Igualmente el INCODER requerirá la información pertinente de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y otras dependencias del Estado.

Artículo 160. Todos los antiguos ejidos serán entregados a los respectivos municipios. Los predios baldíos sobre los cuales se comprobase indebida ocupación revertirán a la Nación y si tuviesen vocación agropecuaria serán entregados a campesinos en los términos de esta ley. Los playones y madreviejas desecados naturalmente, serán adjudicadas prioritariamente a pescadores artesanales.

Artículo 161. Acreditan propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial sólamente los títulos originarios del Estado que no hayan perdido su eficacia legal y los títulos inscritos otorgados con anterioridad a la presente Ley, en que consten tradiciones hasta el 16 de febrero de 1937. No podrá clarificarse la propiedad de un predio sino cuando el propietario demuestre su dominio mediante esos títulos. Tampoco cuando se trate de tierras inadjudicables.

CAPITULO X

ADECUACIÓN DE TIERRAS

Artículo 163. El INCODER adelantará directamente la construcción de obras de adecuación de tierras, cuando se trate de proyectos de interés estratégico para el desarrollo del sector agropecuario y para el progreso de las zonas rurales de alta concentración de pequeños productores.

Artículo 164. El INCODER será responsable de la ejecución de estos proyectos, para lo cual adelantará, entre otras, las siguientes actividades:

Preparar los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño de los proyectos de adecuación de tierras, realizar las acciones necesarias para obtener la financiación de las obras y llevar a cabo su construcción, todo ello de acuerdo con las políticas y directrices trazadas por Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Aplicar el Manual de Normas Técnicas que expida el Consejo directivo del INCODER para la realización de obras de riego, drenaje y protección contra inundaciones.

Adquirir mediante negociación directa o expropiación, los predios, franjas de terreno y mejoras de propiedad de particulares o de entidades públicas, que se necesiten para la ejecución y desarrollo de las obras de adecuación de tierras. Cuando se requiera la ocupación transitoria así como la imposición de servidumbres para ejecutar las obras públicas de adecuación de tierras, se aplicarán las disposiciones del Capítulo III del Decreto-ley 222 de 1983, las normas de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007,, sus reglamentos y disposiciones que la sustituyan o complementen, las del Código Civil y de Comercio, en lo que fueren pertinentes, las que permita la autonomía de la voluntad y requiera el cumplimiento de los fines misionales.  El proceso de expropiación se adelantará conforme a las reglas establecidas en el Título XXIV del Código de Procedimiento Civil y demás normas concordantes. Sin embargo si los predios se requieren para redistribuir la propiedad de la tierra en las áreas de influencia de estas obras, la expropiación se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto por el Título V Capítulo 3° de la presente ley.

Realizar estudios de identificación de las fuentes hidrográficas y obtener las concesiones de aguas superficiales y subterráneas correspondientes, para el aprovechamiento de estas en beneficio del respectivo proyecto.

Adelantar las acciones tendientes a cofinanciar estos proyectos, con aportes de los departamentos, municipios y otras entidades del Estado.

Establecer el monto de las inversiones públicas que se requieren en la construcción del proyecto para tramitar su incorporación al presupuesto del Instituto, y señalar las cuotas de recuperación de tales inversiones a cargo de los beneficiarios directos de las obras.

Establecer mediante Acuerdo del Consejo Directivo del INCODER, las opciones sobre tarifas básicas diferenciadas por estratos de patrimonio e ingresos, aplicables a los usuarios, de tal forma que contribuyan a cubrir los costos reales de administración, operación y mantenimiento, así como los gastos de reposición de los equipos en cada Distrito, y los de protección y conservación de las respectivas cuencas.

Expedir los reglamentos que contengan las directrices en asuntos de dirección, manejo y aprovechamiento de los Distritos de Adecuación de Tierras, a los cuales deben someterse las asociaciones de usuarios.

Promover la participación activa de las comunidades beneficiarias durante el diseño, ejecución y gestión de los proyectos y estimular su organización en asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras.

Expedir los presupuestos ordinarios de administración, operación, conservación y mejoramiento de los Distritos de Adecuación de Tierras, aprobar estos presupuestos cuando sean expedidos por las organizaciones administradoras, recuperar la cartera por las inversiones realizadas en las obras, recaudar los derechos por los servicios que preste y las tarifas por las aguas que administre.

Las demás que establezca el Consejo Directivo del INCODER.

Parágrafo. Cuando las obras y estudios a que se refiere el presente capítulo se adelanten en territorios indígenas o de comunidades negras y que las afecten directamente deberá realizarse previamente la consulta dispuesta por el Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991 y la licencia ambiental y cualquier otra licencia requerida no podrá expedirse sin certificar el cumplimiento de este requisito.

Artículo 165. En desarrollo de las obras ejecutadas directamente por el INCODER, el Consejo Directivo reglamentará lo relacionado con la recuperación del monto de las inversiones comprometidas en la ejecución del proyecto. Cada inmueble ubicado en el área de influencia de un Distrito de Riego, deberá responder en forma diferencial, de acuerdo con el estrato de patrimonio e ingreso del propietario, por una cuota parte de las inversiones realizadas en proporción a los beneficios recibidos, de acuerdo con los parámetros que se establecen en esta ley.

Artículo 166. Las inversiones en adecuación de tierras sujetas a recuperación, estarán constituidas, entre otros, por el valor de los siguientes conceptos: Los estudios de factibilidad, el valor de los terrenos utilizados en las obras, las servidumbre de beneficio colectivo, las obras civiles realizadas adicionando el aporte comunitario de mano de obra, los equipos electromecánicos instalados, los costos financieros de los recursos invertidos, la maquinaria y los equipos iniciales para la operación y conservación del Distrito, y la porción de los costos de protección y recuperación de las cuencas respectivas. El cálculo y liquidación de las inversiones en obras de adecuación de tierras se hará por su valor real, incluidos los costos financieros, teniendo en cuenta las áreas directamente beneficiadas por los diferentes componentes de las obras, aplicando el índice de precios que determine el Consejo Directivo del INCODER en el respectivo reglamento.

Artículo 167. Los beneficiarios de los Distritos de Adecuación de Tierras que se ejecuten bajo la responsabilidad del INCODER, podrán recibir un subsidio único, que será reglamentado por la Junta Directiva de manera que opere en forma inversamente proporcional al patrimonio e ingresos del beneficiario.

Artículo 168. Constituyen motivos de utilidad pública e interés social para la adquisición y expropiación de inmuebles rurales, franjas de terrenos, derechos y mejoras de propiedad privada, o que formen parte del patrimonio de entidades de derecho público, la construcción de obras públicas de adecuación de tierras tales como embalses, riego, avenamiento, drenaje y control de inundaciones.  Se considera también que hay motivos de utilidad pública e interés social en el establecimiento de servidumbres de tránsito, desagüe, drenaje, acueducto y demás que sean necesarias para la ejecución de las obras de adecuación de tierras, con arreglo a las disposiciones especiales del Decreto-ley 222 de 1983 y las pertinentes de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil.

CAPITULO XI

PESCA Y ACUICULTURA

Artículo 169. Declárese la actividad pesquera de utilidad pública e interés social. Entiéndase por actividad pesquera el proceso que comprende las fases de investigación, cultivo, extracción, procesamiento y comercialización de los recursos pesqueros.

Artículo 170. Pertenecen al dominio público del Estado colombiano los recursos hidrobiológicos contenidos en el mar territorial, en las aguas continentales por lo cual le compete al Estado la  administración  y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros mediante planes de ordenamiento pesquero y acuícola.

Artículo 171. Se consideran recursos hidrobiológicos, todos aquellos organismos que pertenecen a los reinos animal y vegetal, y que tienen su ciclo de vida total dentro del medio acuático.  Son recursos pesqueros aquella parte de los recursos hidrobiológicos susceptibles de ser extraídos con fines de consumo, procesamiento, estudio u obtención de cualquier otro beneficio.  Corresponde al Estado definir las especies pesqueras susceptibles de aprovechamiento y los volúmenes sin que se afecte su capacidad de renovación,

Artículo 172. El INCODER será responsable de de la administración y el manejo integral de los recursos pesqueros.  El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, será responsable de adelantar las acciones necesarias en coordinación con INCODER para el mantenimiento de las condiciones óptimas del medio acuático en el cual se realiza la actividad pesquera y acuícola de acuerdo con lo establecido en la presente ley.

Artículo 173. El INCODER coordinará con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Integral y el Departamento Nacional de Planeación y concertará con las comunidades de pescadores artesanales, sector de acuicultores e industriales, la formulación de un plan de desarrollo acuícola y pesquero, en el que se definirán las estrategias, los planes, programas, instrumentos y las medidas que adoptarán para promover el aumento de la producción, la competitividad de los productos acuícolas y pesqueros, así como velar por la implementación de la BPA y BPP para el incremento de los ingresos y el bienestar de los pescadores y productores.

El costo de las inversiones requeridas para financiar los programas de investigación, capacitación, fomento y modernización de los procesos de extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de los productos pesqueros, así como de administración del recurso, serán incorporados en el proyecto de presupuesto anual del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Integral y del INCODER.

Artículo 174. El INCODER, coordinará e impulsará la identificación y ejecución de planes y proyectos orientados a mejorar las condiciones de aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros, fomento y el desarrollo de la acuicultura, en coordinación con los empresarios del sector, los pescadores y sus organizaciones, las autoridades territoriales y demás organismos vinculados al manejo y desarrollo del sector pesquero.

Artículo 175. El INCODER podrá financiar o cofinanciar la ejecución de tales planes y proyectos, aportando para ello recursos humanos, físicos, logísticos y financieros de acuerdo con los criterios que para el efecto adopte la Junta Directiva. Además, en conjunto con otras entidades competentes vinculadas directa o indirectamente con el sector pesquero en esta materia, prestará asesoría y entrenamiento a los pescadores, a las empresas acuícolas y pesqueras, a las entidades territoriales y a otras organizaciones del sector público y privado en los procesos de identificación, formulación, ejecución y evaluación de los proyectos, así como en materia de identificación de necesidades de servicios complementarios necesarios para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los pescadores.

Artículo 176. El INCODER adelantará la formulación de líneas y estrategias de investigación que permitan identificar, cuantificar y determinar el estado de los recursos pesqueros, y perfeccionar los procesos tecnológicos en las fases de extracción, cultivo, procesamiento y comercialización que ejecutará coordinadamente a través de alianzas estratégicas y convenios con las cadenas productivas, universidades publicas y privadas, centros de investigación, ONG’s legalmente reconocidas, organizaciones de pescadores y productores u otras entidades especializadas a nivel nacional y/o internacional.

Además coordinará la ejecución de todos aquellos proyectos de investigación o estudios, de preinversión e inversión relacionados con la actividad acuícola o pesquera que fueren financiados o ejecutados por organismos extranjeros o por instituciones internacionales, previamente autorizados por el Gobierno Nacional. El INCODER coordinará con las demás entidades y organismos de la administración pública que tienen injerencia en la investigación acuícola y pesquera, lo pertinente a fin de lograr la integración y la racionalización de las actividades en este campo.  El INCODER en forma directa o en coordinación con el SENA u otros organismos especializados  formulara y ejecutara programas de capacitación del personal vinculado a las diferentes fases de la actividad pesquera.

Artículo 177. El INCODER en coordinación con los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural; Ministerio de ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial SENA, y las entidades territoriales, promocionará el fomento y desarrollo de la acuicultura y, en particular, estimulará la adecuación, construcción y operación de las instalaciones destinadas a la producción de especies en cautiverio para el fomento del cultivo y repoblamiento de cuerpos de agua con especies nativas.  El INCODER podrá contratar la ejecución de programas para la producción de semilla o de importación de especies pesqueras con fines de cultivo específicamente para el mejoramiento genético de aquellas especies exóticas que se encuentran en el país y fomentar el cultivo y en coordinación con la autoridad fitosanitaria y mediante reglamento definirá los requisitos y tramites Semillas necesarias para el cultivo, conforme a las normas vigentes sobre la materia.

Artículo 178. El Gobierno Nacional propenderá por la conformación de una flota pesquera de bandera colombiana, y promoverá el fortalecimiento de los astilleros menores que tengan por objeto la fabricación y reparación de embarcaciones pesqueras. También establecerá estímulos para el desarrollo de las empresas de servicios para la pesca y la acuicultura, priorizando a las comunidades dedicadas a la pesca artesanal.

Artículo 179. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, considerando las circunstancias singulares en que se desenvuelve la actividad acuícola y pesquera, establecerá líneas especiales de redescuento en las entidades financieras para el fomento y desarrollo de dicha actividad.

Artículo 180. El Banco Agrario estructurará líneas de crédito diseñadas para atender las necesidades de los pescadores artesanales, organizaciones pesqueras y empresas dedicadas a la pesca y la acuicultura, de manera que pueda prestar sus servicios con la mayor cobertura posible, tomando en consideración las circunstancias especiales propias del desarrollo de sus actividades. Con tal propósito, coordinará sus acciones con el INCODER en los aspectos técnicos, y con Finagro, en lo relacionado con el otorgamiento de avales a través del Fondo de Garantías.

Artículo 181. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Protección Social, establecerá un sistema especial de seguridad social para los pescadores artesanales, y el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, ampliará sus programas de capacitación del personal dedicado a las actividades pesqueras.

Artículo 182. En el reglamento respectivo se establecerá un porcentaje mínimo de recursos que el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo, Fonade, otorgará para la financiación de estudios de investigación, prefactibilidad, factibilidad, diseño y pre inversión de proyectos relacionados con el desarrollo de la actividad pesquera.

Artículo 183. El INCODER tendrá a su cargo el Servicio Estadístico Pesquero Colombiano, SEPEC, que comprenderá los procesos de recolección, evaluación, análisis y difusión de la información estadística relacionada con la actividad pesquera.  Este servicio se integrará al Servicio Nacional de Información y tendrá como finalidad el seguimiento, la planificación de la actividad pesquera nacional y la ordenación pesquera y acuícola entendida como un proceso integrado de toma de información, análisis, planificación, consulta, adopción de decisiones, asignación de recursos, formulación y ejecución así como la imposición cuando sea necesario de reglamentos o normas que rijan las actividades pesqueras para asegurar la productividad de los recursos y el cumplimiento de objetivos del sector y que es competencia de INCODER.

Artículo 184. La extracción es la fase de la actividad pesquera que tiene por objeto la aprehensión de los recursos pesqueros,  su promoción y fomento corresponden al INCODER.  La extracción sólo podrá efectuarse utilizando artes, técnicas y embarcaciones permitidas, los pescadores Indígenas podrán mantener los usos propios de su cultura que han garantizado la conservación del recurso pesquero.

Artículo 185. La pesca se clasifica, según el lugar donde se realiza, en pesca continental o de aguas interiores, que podrá ser fluvial o lacustre, o en pesca marina, que podrá ser costera, de bajura o de altura.  Además, en razón a su finalidad la pesca podrá ser de subsistencia, de investigación, deportiva y comercial, que podrá ser industrial o artesanal.  El ámbito y el alcance de cada una de las modalidades de la pesca a que se refiere el presente artículo y lo relacionado con la pesquería de transonales y altamente migratorias, se establecerá mediante reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

Artículo 186. La pesca en aguas jurisdiccionales Colombianas solo podrá llevarse a cabo con embarcaciones de bandera colombiana o extranjeras afiliadas a empresas colombianas.  El producto de la pesca deberá descargarse en puertos colombianos.

Artículo 187. Se entiende por acuicultura el cultivo de especies hidrobiológicas en ambientes naturales o artificiales, mediante técnicas apropiadas y generalmente, bajo control.  El INCODER velará porque las zonas con vocación para la acuicultura sean incorporadas a los planes de ordenamiento territorial, de tal manera que se estimule su desarrollo.  El INCODER será responsable de establecer las condiciones y requisitos que resulten necesarios para el establecimiento de las explotaciones acuícolas.

Artículo 188. La acuicultura se clasifica:

Según el medio en el cual se desarrolla en:

Acuicultura marina o maricultura: La que se realiza en ambientes marinos;

Acuicultura continental: La que se realiza en los ríos, lagos, lagunas, pozos artificiales y otros cuerpos de agua no marinas.

Según su manejo y cuidado en:

Repoblación: La siembra de especies hidrobiológicas en ambientes acuáticos naturales o artificiales sin ningún manejo posterior;

Acuicultura extensiva: La siembra de especies hidrobiológicas en ambientes acuáticos naturales o artificiales, con algún tipo de acondicionamiento para su mantenimiento;

Acuicultura semi-extensiva: La siembra en la que se proporciona alimentación suplementaria, además del alimento natural, con un mayor nivel de manejo y acondicionamiento del medio ambiente;

Acuicultura intensiva: La siembra en la que se proporciona alimentación suplementaria y se utiliza tecnología avanzada, que permite altas densidades de las especies en cultivo.

c) Según las fases del ciclo de vida de las especies:

De ciclo completo o cultivo integral: El que abarca el desarrollo de todas las fases del ciclo de vida de las especies en cultivo;

De ciclo incompleto o cultivo parcial: el que comprende solamente parte del ciclo de vida de la especie en cultivo.

Artículo 189. El procesamiento es la fase de la actividad pesquera encaminada a la transformación de los recursos pesqueros de su estado natural, en productos de características diferentes, con el fin de adecuarlos para el consumo humano directo o indirecto. El procesamiento de los recursos pesqueros deberá hacerse en plantas fijas instaladas en tierra, las que se sujetarán a las normas vigentes de sanidad, calidad e inspección.

Artículo 190. La comercialización es la fase de la actividad pesquera que consiste en la transferencia de los productos pesqueros hacia los mercados internos y externos.  El INCODER, en coordinación con las demás entidades competentes, adoptará las medidas para poner en funcionamiento una red sistematizada para la comercialización de recursos pesqueros y de acuicultura a nivel nacional e internacional que facilite la identificación de mercados y en concordancia con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entidades y organismos del sector público, dentro del ámbito de su competencia y jurisdicción, así como el sector privado se promoverá el crecimiento de infraestructura para la conservación, acopio, procesamiento y comercialización con miras al mercado externo y cumpliendo la normatividad  de buenas practicas en materia de sanidad y calidad que determine la autoridad pertinente.  El INCODER establecerá las condiciones específicas y los requisitos que deberán cumplir las empresas que transportan y comercializan productos pesqueros.

Artículo 191. El derecho a ejercer la actividad pesquera se puede obtener:

Como derecho adquirido, si se trata de la pesca de subsistencia de pescadores tradicionales.

Por ministerio de ley, si se trata de la pesca de subsistencia de las demás personas, definiéndose esta como la que se realiza sin ánimo de lucro para proporcionar alimento al pescador y a su familia. La pesca de subsistencia es libre en todo el territorio nacional.

Mediante permiso, si corresponde a actividades de investigación, extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de recursos pesqueros.

Mediante patente: si se refiere al uso de embarcaciones comerciales para el ejercicio de la pesca.

Por asociación, cuando el INCODER se asocie mediante la celebración de contratos comerciales, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para realizar operaciones conjuntas propias de la actividad pesquera.

Por concesión, en el evento de que se trate de aquellos casos de pesca artesanal comercial y de acuicultura comercial que señale el reglamento que al efecto expida el Gobierno Nacional.

Artículo 192. El ejercicio de la actividad pesquera estará sujeto al pago de tasas y derechos. Para la fijación del valor de las tasas y derechos, el INCODER deberá considerar:

El valor del producto pesquero, teniendo en cuenta la especie de que se trate.
La cuota de pesca asignada, de acuerdo con el volumen del recurso.
El tipo de embarcación que se utilice, en consideración a su tonelaje de registro neto.
El destino de los productos pesqueros, ya sea para el consumo interno o para la exportación
Infraestructura para el cultivo, proceso y comercialización.
El costo de la administración de la actividad pesquera.

Artículo 193. El Gobierno Nacional establecerá los conceptos que den lugar a la aplicación de las tasas y derechos El INCODER, por conducto de su Consejo Directivo, determinará las respectivas cuantías, con sujeción a lo previsto en el artículo anterior y la forma de su recaudo, en concordancia con la política que al respecto señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Con miras a favorecer el desarrollo de la pesca artesanal o la de investigación, el INCODER establecerá tasas y derechos preferenciales para ellas.

Artículo 194. Se tipifica como infracción, toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en la presente ley y en todas las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. En particular está prohibido:
Realizar actividades pesqueras sin permiso, patente, autorización, o concesión.

Realizar cualquier actividad pesquera contraviniendo las normas ambientales y las demás disposiciones que las regulan.
Obstaculizar, impedir o perturbar injustificadamente el ejercicio de la pesca legalmente autorizada.
Extraer recursos declarados en veda o de áreas de reserva.

Desecar, taponar, desviar el curso o bajar el nivel de los ríos, lagunas, esteros, ciénagas, caños o cualquier otro cuerpo de agua, sin permiso de la autoridad competente.

Pescar con métodos ilícitos, tales como el empleo de materiales tóxicos, explosivos y otros cuya naturaleza que entrañen peligro para la vida humana o los recursos pesqueros, así como llevar a bordo tales materiales.

Abandonar en las playas y riberas o arrojar al agua desperdicios, sustancias contaminantes u otros objetos que constituyan peligro para la navegación, la circulación o la vida.

Llevar a bordo o emplear aparejos o sistemas de pesca diferentes a los permitidos.

Utilizar embarcaciones pesqueras para fines no autorizados, excepto en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

Vender o transbordar a embarcaciones no autorizadas parte o la totalidad de la pesca. La venta del producto de la pesca se hará en puerto colombiano.

Transferir bajo cualquier circunstancia los derechos derivados del permiso, autorización, concesión o patente otorgados por el INCODER.

Suministrar al INCODER información incorrecta o incompleta o negarle acceso a los documentos que este exija.

Las demás conductas que señale el reglamento que al efecto expida el Gobierno Nacional en desarrollo de la presente ley.

Artículo 195. Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones establecidas en la presente ley y demás normas legales y reglamentarias sobre la materia, se harán acreedores, según la gravedad de la infracción, a una o más de las siguientes sanciones que aplicará el INCODER, sin perjuicio de las sanciones penales y demás a que hubiere lugar:

Conminación por escrito
Multa.
Suspensión temporal hasta por treinta (30) días calendario del permiso, autorización, concesión o patente, según sea el caso.
Revocatoria hasta por sesenta (60) días calendario del permiso, autorización, concesión o patente.
Decomiso de embarcaciones, equipos o productos.
Cierre temporal hasta por noventa (90) días calendario.
Clausura definitiva del establecimiento.

Artículo 196. El valor de las multas que se impongan por infracciones a las disposiciones que regulan la actividad pesquera serán:

Para pesca continental, tendrán un valor comprendido entre el equivalente al salario mínimo legal de un día y el equivalente al salario mínimo legal de mil (1.000) días;

Para pesca marina, tendrán un valor comprendido entre el equivalente al salario mínimo legal de un día y el equivalente al salario mínimo legal de cien mil (100.000) días. Las multas podrán ser sucesivas y el capitán de la nave, el armador y los titulares del permiso de pesca responderán solidariamente por las sanciones económicas que se impusieren. El INCODER comunicará a la Dirección General Marítima, Dimar, las infracciones en que incurran los capitanes de las embarcaciones pesqueras, para que dicha Dirección General imponga las demás sanciones que sean de su competencia.

Parágrafo. El monto de las sanciones pecuniarias, así como el valor de las tasas y derechos aplicables al ejercicio de la actividad pesquera, se establecerán tomando como valor de referencia el salario mínimo legal de un día. Para los efectos de esta ley, el salario mínimo legal de un día, equivale a la treintava parte del salario mínimo legal mensual vigente, en el momento de imposición de la sanción pecuniaria, o de la liquidación de las tasas y derechos.

Artículo 197. El INCODER organizará y llevará el Registro General de Pesca y Acuicultura, el cual tiene carácter administrativo y, por tanto, los actos de inscripción son obligatorios y su omisión será sancionada conforme lo determine el reglamento. En este registro se inscribirán:

Los permisos, autorizaciones, concesiones y patentes de pesca y acuicultura.
Las embarcaciones pesqueras.
Los establecimientos y plantas procesadoras.
Los titulares de derechos pesqueros.
Los pescadores que presten servicios en embarcaciones de pesca comercial.
Las comercializadoras de productos pesqueros.
Los cultivos de recursos pesqueros.
Parágrafo. El INCODER establecerá un registro de pescadores, como personas que habitualmente se dedican a la extracción de recursos pesqueros, cualesquiera sean los métodos lícitos empleados para tal fin, y determinará los requisitos, derechos y obligaciones que les correspondan.

Artículo 198. Corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, adelantar las investigaciones y evaluaciones periódicas del estado de conservación de los recursos pesqueros, a fin de preservar el recurso y asegurar una explotación sostenible del mismo; de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 99 de 1993, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de común acuerdo con el Ministerio de Agricultura y el INCODER, con base en la mejor evidencia científica e información estadística disponibles, determinará las especies y los volúmenes de pesca susceptibles de ser aprovechados en las aguas continentales y en los mares adyacentes, con base en los cuales el INCODER como administrador de los recursos expedirá los correspondientes permisos.

Artículo 199. Gozarán de preferente protección estatal las especies hidrobiológicas y los recursos pesqueros que se encuentren amenazados o aquellos en peligro de extinción. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, adoptará las medidas necesarias para asegurar su renovación y conservación, en concordancia con las normas vigentes. En particular podrá:

Adelantar evaluaciones del estado de conservación de recursos pesqueros amenazados.
Decretar el establecimiento de vedas.
Identificar y delimitar las áreas de reserva para la protección de determinadas especies.
Delimitar las áreas que, con exclusividad, se destinen para la pesca artesanal.

CAPITULO XII

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 200. Todas las adjudicaciones de Unidades Agrícolas Familiares y titulaciones de baldíos hechas a personas que hayan establecido uniones maritales de hecho o de derecho se harán en cabeza de cada uno de los integrantes de la pareja.
Artículo 201. El Estado dará prelación a las mujeres jefas de hogar, víctimas de la violencia o en estado de desprotección social para acceder a los beneficios contenidos en esta ley.

Parágrafo. En caso de separación de la pareja y sus bienes, la mujer tendrá la prioridad para adjudicación y adquisición de la UAF y demás bienes.

Artículo 202. Para efecto de efectuar las adjudicaciones, contratos para entrega de baldíos reservados y recuperados y para las titulaciones efectuadas por el INCODER, se consideran con plena capacidad todos los hombres y mujeres mayores de 16 años.

Artículo 203. En el lapso de seis (6) meses a partir de la vigencia de esta ley, el INCODER y el sub-sistema de apoyo financiero, garantizarán la reactivación productiva de las UAF ya entregadas que se encuentren en poder de sus adjudicatarios o descendientes.

Artículo 204. Créase un fondo especial para incentivar a las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas que desarrollen planes de reforestación con especies autóctonas y protección de los recursos naturales renovables, con recursos de la Nación y los provenientes de la aplicación del Convenio Internacional de Bioseguridad.

Artículo 205. No se otorgará el Certificado de Incentivo Forestal cuando la reforestación se haga con especies introducidas o monocultivos.

Artículo 206. A partir de la vigencia de esta ley, sólo podrá adelantarse manualmente la erradicación de cultivos ilegales, previa concertación con la comunidad y contemplando la sustitución por productos rentables con el apoyo de los organismos que conforman el sub-sistema de Mercadeo y Fomento Agroindustrial.

Artículo 207. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria concertará con los municipios y Distritos para que los respectivos  Concejos acuerden exencionar a los beneficiarios de reforma agraria, del impuesto predial por los primeros doce años del asentamiento o la reubicación de éstos en el estrato más bajo dentro del sistema tarifario vigente.

Artículo 208. Designase del Presupuesto del INCODER un 2% para el fomento de la organización autónoma, adquisición de sedes y equipo y la capacitación campesina y de los grupos étnicos, el cual será ejecutado por el Fondo de Capacitación y Promoción Campesina del Instituto.

Artículo 209. Los predios del Fondo Nacional Agrario y los comprados con destino a las comunidades indígenas, entregados mediante acta a los cabildos o autoridades indígenas, hasta la sanción de esta ley, serán legalizados por el  INCODER a través de los procesos correspondientes, sin necesidad de estudio socioeconómico, al igual que los predios de propiedad privada de indígenas que sean donados para la ampliación de los respectivos resguardos. Para adelantar estas legalizaciones el Instituto tendrá un plazo máximo de un año, contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

TÍTULO VI

ACCIONES INSTITUCIONALES A FAVOR DE LOS DESPLAZADOS Y DESARRAIGADOS.

Artículo 210. Todas y cada una de las personas desplazadas y refugiados por la violencia tienen derecho a la verdad, justicia, reparación y restitución, que incluye la restitución de la propiedad o posesión de las tierras y demás inmuebles de las que fueron despojadas.

Artículo 211. La Superintendencia de Notariado y Registro, llevará un registro de los predios y territorios abandonados a causa de la violencia. Para tal efecto, los Notarios Públicos y los Registradores de Instrumentos Públicos, procederán a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad, o de otros derechos sobre aquellos bienes, cuando tales operaciones se adelanten contra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos. Las solicitudes de protección relacionadas con territorios étnicos, serán enviadas al Ministerio del Interior y de Justicia, para efectos de lo dispuesto en esta ley, en coordinación  con las autoridades tradicionales y territoriales.

El Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios llevará un registro de predios que las personas desplazadas por la violencia hayan abandonado según denuncia oral o escrita presentada ante la Procuraduría o ante otra entidad pública.
Parágrafo 1. Los personeros municipales o distritales, los Alcaldes municipales o distritales, la Oficina Presidencial de Acción Social, la Defensoría del Pueblo y cualquiera de las entidades públicas enterada al respecto, estarán obligadas a enviar a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios las denuncias sobre predios que hayan tenido que abandonar  las personas en condición de desplazadas para que dicha Superintendencia y este Procurador procedan a incluirlos en el registro respectivo.

Parágrafo 2. El propietario, poseedor, ocupante o tenedor de un predio o territorio, o el Ministerio Público, podrán solicitar la inclusión del mismo en el registro de predios abandonados y la correspondiente prohibición de enajenación o transferencia. Dicha solicitud deberá ser atendida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo respectivo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que fue recibida. La solicitud de protección se presentará ante las Oficinas del Ministerio Público y dentro del día siguiente a su recepción; esta deberá ser enviada a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo en donde se encuentre ubicado el predio, para su trámite y decisión. Decidida la aceptación o el rechazo, informarán a la Superintendencia de Notariado y Registro dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria del Acto Administrativo, para lo de su competencia. Cuando los derechos ejercidos por los desplazados no se encuentren inscritos en los folios de matrícula de los inmuebles respectivos, las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o el Comité Territorial para la Atención Integral a la Población Desplazada competente, según el caso, ordenará que las medidas de protección de que tratan los artículos anteriores, sean registradas.

Artículo 212. Amplíese a veinte (20) años el término de todas las prescripciones de que trata el artículo 1° de la Ley 791 de 2002, tales como la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, la extintiva, la de petición de herencia, la de saneamiento de nulidades absolutas y quedan restablecidas así las prescripciones  veintenarias en el Código Civil.

Artículo 213. El artículo 2532 del Código Civil quedará así: “Artículo 2532. El lapso de tiempo necesario para adquirir mediante la prescripción extraordinaria, es de 20 años contra toda persona, y no se suspende a favor de las enumeradas en el artículo 2530, pero sí a favor de las personas desplazados por la violencia.

Artículo 214. El inciso 1° del artículo 2529 del Código Civil quedará así: “Artículo 2529. El tiempo necesario para  la prescripción ordinaria es de cinco (5) años para los muebles y de diez (10) años para bienes raíces”.

Parágrafo 1. En todo caso, la prescripción ordinaria, la prescripción extraordinaria, la prescripción establecida por el artículo 11 de la ley 200 de 1936, los procesos de saneamiento de la propiedad y los de jurisdicción coactiva, se suspenden en beneficio de los desplazados por la violencia y mientras dure el desplazamiento forzado.

Parágrafo 2. Los jueces que den trámite a demandas de prescripción adquisitiva de dominio no podrán tramitar la demanda sin antes haber obtenido una certificación de que el predio no se encuentra en el registro nacional de predios abandonados por la violencia de la Superintendencia de Notariado y Registro o  del Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios. Si se encontrare el predio respectivo en uno de los registros antes mencionados, o si el juez encontrare alguna evidencia de que el supuesto poseedor demandante se ha beneficiado del desplazamiento forzado del anterior poseedor o propietario, se suspenderá el proceso hasta tanto el demandante pueda probar plenamente que tiene una posesión que no ha resultado de un desplazamiento forzado.

Parágrafo 3. Los jueces respectivos están obligados a informar a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios sobre cualquier proceso de pertenencia por prescripción de cualquier especie que curse en sus despachos, inmediatamente se reciba la demanda y sobre cada una de las actuaciones del despacho y dicha Superintendencia y este Procurador estará en la obligación de acreditar cualquier denuncia de desplazamiento del respectivo predio hecha por persona desplazada para lo cual llevará un registro.

Artículo 215. Son nulas todas las compraventas de predios y mejoras que campesinos desplazados forzadamente se hayan visto obligados a hacer por motivos de violencia, amenazas u otras formas de coacción, así como son nulas también las prescripciones decretadas sobre sus bienes. Si los compradores demuestran que han obrado de buena fe, el INCODER adquirirá los predios o mejoras. En todo caso la propiedad o posesión de los predios y mejoras serán devueltas  a las comunidades rurales  en condición de desplazamiento forzado y refugiados. Estos tienen pleno derecho a ejercer las respectivas acciones de nulidad, lesión enorme, rescisión, reivindicatorias o posesorias; para lo cual, la prescripción de las mismas empezará a correr solamente cuando cese la condición de desplazamiento.

Parágrafo 1. En todo caso, el recurso de revisión de que trata el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, procederá en contra de la sentencia ejecutoriada que resuelva cualquiera de las acciones de que trata el presente artículo, cuando lo allí resuelto afecte a una persona que tenga la condición de desplazada.

Parágrafo 2. En caso de que no sea posible el retorno con garantías a sus tierras de los desplazados por violencia, el Estado los reubicará y dotará de tierras en las condiciones previstas para ellos en esta ley.

Parágrafo 3. En el lapso de dos (2) años a partir de la vigencia de esta ley, el INCODER deberá recuperar desde el punto de vista de la propiedad y la posesión las UAF ya entregadas, cuyos beneficiarios fueron desplazados por la violencia, garantizando su restitución o en el caso del parágrafo anterior su destinación y tenencia en manos de los sujetos descritos en la  presente ley.

Artículo 216. Los Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada con el objeto de proteger a una comunidad de actos arbitrarios contra su vida, integridad y bienes, declararán la inminencia de riesgo de desplazamiento o su ocurrencia por causa de la violencia, cuando se presenten circunstancias que puedan originar o hayan originado, el desplazamiento forzado en una zona determinada del territorio de su jurisdicción, y procederán a identificar a los propietarios, poseedores, tenedores, ocupantes y territorios de comunidades indígenas y negras ubicados en esta, para lo cual dentro de los 30 días siguientes a la declaratoria, elaborarán un informe a la fecha de emisión del acto de declaratoria, cuando esta es de inminencia de desplazamiento; o a la fecha en que ocurrieron los primeros hechos que ocasionaron el desplazamiento, cuando esta es de ocurrencia, relacionando los titulares amparados y la calidad jurídica que ostentan, con base en los datos existentes en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, de Catastro, de INCODER y otras entidades.
Para identificar las calidades de derechos sin formalizar y los titulares de otros derechos, los Comités obtendrán y contrastarán información con las comunidades respectivas.

El acto de declaratoria de inminencia o de desplazamiento, se remitirá a las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes, solicitándole que se abstengan de inscribir actos de enajenación o transferencia a cualquier título, de los bienes rurales correspondientes, mientras esté vigente la declaratoria, salvo que los legítimos titulares de derechos expresen de manera libre y espontánea la voluntad de transferir sus derechos, mientras se halle vigente la medida, y para tal fin obtengan autorización del respectivo Comité. Respecto de población en condición de desplazamiento y refugiados tenga la calidad de ocupante de un bien baldío, dicho acto también se remitirá al INCODER para que dentro de los 30 días siguientes a su recibo adelante de forma preferente, los procedimientos de titulación a que haya lugar y si a ello tuvieren derecho, de conformidad con las normas que regulan la materia.

El informe así elaborado por los Comités, es prueba sumaria de las calidades de poseedor, tenedor y ocupante, para aquellas personas incluidas en el mismo.

Cuando en las zonas objeto de declaratoria se encuentren asentadas comunidades étnicas, los Comités Territoriales para Atención Integral a la Población Desplazada procederán a informar al INCODER, para que inicie o culmine de manera preferente, los procedimientos especiales de constitución, saneamiento, ampliación, reestructuración y deslinde de resguardos indígenas o procedimientos de titulación de propiedad colectiva de negritudes según el caso y cuando a ello hubiere lugar.

Artículo 217. Los desplazados y refugiados que opten por el retorno a sus lugares de origen y tengan la calidad de ocupantes de baldíos, podrán acumular el tiempo de explotación efectiva con el de duración del desplazamiento, para cumplir con el requisito mínimo de ocupación y explotación exigido en la ley para su titulación. Para este efecto, el INCODER iniciará de manera preferente e inmediata, el trámite de titulación y ordenará abrir un folio de matrícula inmobiliaria al respectivo predio con el Acto Administrativo que acepte la solicitud de adjudicación del predio baldío en el cual se inscribirá su contenido.

Párrafo. Para el caso  de comunidades indígenas y a afro –descendientes los territorios baldíos se entenderán como territorios ancestrales  colectivos.

El acto administrativo de que trata el inciso anterior ordenará suspender el procedimiento de titulación respecto de ese baldío durante el tiempo que dure el procedimiento de titulación por la subsistencia del desplazamiento forzado.
Si transcurrido dicho término el desplazado no retorna a reanudar el aprovechamiento del predio, el INCODER revocará el auto de aceptación de la solicitud de adjudicación y ordenará el levantamiento de la medida de protección a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente de oficio o a solicitud de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, los comités territoriales de atención a la población desplazada, el Ministerio Público o el interesado.

T I T U L O VII

PATRIMONIO GENETICO Y DEFENSA DEL AMBIENTE

CAPITULO I

RECURSOS GENÉTICOS, RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Artículo 218. Designase al Instituto Colombiano Agropecuario como la autoridad nacional competente en el tema de acceso a los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura.

Artículo 219. Los principios que deberán guiar la intervención del Estado en el desarrollo de la agricultura en relación con los recursos naturales y el medio ambiente son los de precaución, acción preventiva, retribución y control social, y buscarán valorizar los recursos genéticos naturales y proporcionar valor agregado a los bienes y servicios derivados de su utilización sostenible. Por ello, se promoverá la recolección de recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, la conservación in situ de plantas silvestres afines a las cultivadas y la reproducción de semillas propias por los agricultores mismos, apoyando los esfuerzos de las comunidades indígenas y locales; se promoverá la organización de un sistema eficaz de conservación ex situ, prestando la debida atención a la necesidad de una suficiente documentación, caracterización, regeneración y evaluación; se fortalecerá la investigación que promueva y conserve la diversidad biológica y la transferencia de tecnologías apropiadas al efecto, con el objeto de mejorar la utilización social sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura.

Parágrafo. No podrá prohibirse a los agricultores conservar, reproducir, utilizar, intercambiar o comercializar semillas propias.

Artículo 220. La conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos y demás recursos naturales y del medio ambiente serán criterios rectores del desarrollo de las actividades productivas del medio rural, que deberán ser observados para lograr el uso racional de los recursos y la viabilidad de la producción a largo plazo.

Artículo 221. De conformidad con lo dispuesto por el artículo anterior, la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas promoverán la utilización más adecuada de estos recursos de acuerdo con sus características y potencial productivo, así como los esquemas de producción más convenientes para la conservación y mejoramiento del agua y de los suelos.

Artículo 222. Los programas que realicen las entidades públicas en las regiones en las que se registre sobreexplotación o degradación de la calidad de los suelos y aguas, darán prioridad a proyectos de adecuación de tierras y la realización de los mismos deberá involucrar el compromiso de las organizaciones de productores de adecuar la explotación de los recursos naturales a los principios de sostenibilidad de la producción.

Artículo 223. El Estado fomentará la investigación científica para identificar, evaluar, caracterizar y aprovechar en forma sostenible los recursos genéticos y la biodiversidad, y para desarrollar tecnologías de agricultura ecológica y agricultura de bajo impacto ambiental.

Así mismo, estimulará a los productores del medio rural para que adopten tecnologías de producción que optimicen el uso del agua e incrementen la productividad de los suelos.

Artículo 224. La biodiversidad y los recursos genéticos existentes son propiedad inalienable del Estado y de las comunidades rurales  en cuyos territorios se encuentran o se desarrollaren.

Artículo 225. El Gobierno promoverá los derechos de las comunidades a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, en particular en cuanto se refiere a la protección de los conocimientos tradicionales.

Artículo 226. Solamente el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, podrá adelantar la obtención de muestras de especies vegetales y animales o de microorganismos para investigación y una vez cumpla con los requisitos establecidos por la autoridad ambiental competente y firmar un contrato de recolección y suministro de muestras biológicas con el propietario, y la comunidad campesina, indígena o afrocolombiana con derechos sobre el territorio donde se localicen los recursos de que se trate.

Artículo 227. En el caso de recolección de productos como hongos, tubérculos, semillas y otros, además de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo anterior, las personas naturales o jurídicas adquirentes no podrán convenir la extracción de cantidades que por excesivas resulten depredadoras del recurso.

Artículo 228. La inobservancia de la disposición anterior será causal de nulidad absoluta del contrato, independientemente de las sanciones administrativas y penales a que haya lugar en los términos de la legislación ambiental y penal.

Iguales sanciones y penas se aplicarán a quienes aprovechando una autorización y el respectivo contrato de recolección y suministro de muestras para investigación, lleve a cabo extracciones depredadoras y cause daños a la producción.

Artículo 229. La Nación, las entidades territoriales, las entidades descentralizadas, los propietarios y las comunidades con derechos sobre el territorio, que reciban beneficios económicos a partir de los contratos de recolección y suministro de muestras o productos a que hace referencia el artículo anterior, obligatoriamente reservarán un porcentaje para la
realización de trabajos de conservación y desarrollo de sus recursos.

CAPITULO II

ZONAS DE RECONVERSIÓN

Artículo 230. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a instancias de las entidades territoriales, las entidades descentralizadas o las organizaciones comunitarias del medio rural, determinará zonas de reconversión productiva en las que el Estado atenderá de manera adecuada a los productores en ella localizados, cuando la degradación o el exceso de explotación de los recursos así lo ameriten; cuando la localización regional de la producción respecto a los mercados no permita la sostenibilidad de la misma; cuando se presenten situaciones de riesgos y desastres naturales previsibles e inminentes; o cuando en forma crónica y recurrente las actividades productivas existentes muestran que no son competitivas.

Artículo 231. El Gobierno Nacional, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas apoyarán a los productores localizados en las zonas de reconversión, a fin de que lleven a cabo la transformación de sus actividades productivas con base en el mejor uso del suelo, el agua y la biodiversidad, mediante prácticas de explotación que permitan asegurar el logro de una producción sostenible y competitiva y prevenir la pérdida de vidas humanas y de bienes.

Artículo 232. Las zonas de reconversión declaradas por el Ministerio de Agricultura, y Desarrollo Rural deberán incorporarse con tal carácter en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los cuales deberán contener para ellas un tratamiento acorde con los artículos anteriores.

Artículo 233. El Gobierno Nacional diseñará y pondrá en marcha un sistema de incentivos a la producción agropecuaria ecológica, el cual tendrá cobertura en todo el territorio nacional, pero apoyará principalmente a los productores localizados en las zonas de reconversión productiva de que trata este capítulo de la ley.

T I T U L O VIII

DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO I

FLEXIBILIDAD Y DESARROLLO DE LA LEY

Artículo 234. El Departamento Nacional de Planeación, DNP, elaborará, dentro de los seis meses siguientes a la sanción de la presente ley, una metodología de evaluación de impacto y seguimiento de las acciones y programas relacionados con los objetivos de equidad, competitividad, sostenibilidad y equilibrios regionales. Esta metodología deberá ser sometida a la consideración del Conpes Rural para su correspondiente aprobación.

Artículo 235. Cada año el DNP presentará a consideración del Conpes los resultados de la evaluación que haga sobre los efectos y el impacto de las políticas, planes, programas y proyectos formulados y ejecutados para el desarrollo de esta ley.

Artículo 236. El informe de evaluación aprobado por el Conpes será presentado por el Gobierno Nacional, por conducto del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, al Congreso de la República dentro del primer mes de cada legislatura. El congreso se pronunciará sobre el informe dentro de los siguientes sesenta días.

Junto con el informe de evaluación anual, el gobierno presentará las iniciativas legislativas necesarias para ajustar el marco legal vigente, dentro de la flexibilidad de esta ley.

CAPITULO II

PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN EL CAMPO

Artículo 237. Ampliase la cobertura de Seguridad Social al sector agrario para dar protección en salud, hospitalización y pensión de jubilación a los trabajadores permanentes, jornaleros, pequeños y medianos propietarios del campo.

Artículo 238. En toda contratación, permanente o temporal de trabajadores agropecuarios, el contratista deberá hacer los aportes en seguridad social a nombre del trabajador sobre el valor de los jornales pagados semanalmente. Los pequeños y medianos propietarios y los trabajadores independientes del campo podrán cotizar en el régimen de prima media un porcentaje sobre sus ingresos para configurar su futura pensión.

Artículo 239. La edad de pensión para los trabajadores del sector agropecuario será como sigue:

Para jornaleros y asalariados hombres 50 años.
Para trabajadoras agropecuarias asalariadas 45 años.
Para pequeños y medianos propietarios 60 años.
Para pequeñas y medianas propietarias 55 años.

Parágrafo. Los campesinos que superen estas edades podrán ser beneficiarios de todos los programas de Reforma Agraria.

Artículo 240. Las entidades que conforman el Sub-sistema de Asistencia Social elaborarán la reglamentación y diseñarán la operatividad del Seguro Social para los trabajadores agropecuarios.

Igualmente las entidades que conforman el Sub-sistema de Apoyo Financiero elaborarán la reglamentación y diseñarán la operatividad del Fondo de Fomento a las economías campesinas y el seguro de cosecha.

CAPITULO III

FONDOS PARAFISCALES

Artículo 241. El artículo 31 de la Ley 101 de 1993 quedará así:

Los recursos que se generen por medio de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras, creadas excepcionalmente según lo dispone el numeral 12 del artículo 150 de la Constitución Política, deben ser invertidos en los subsectores agropecuario o pesquero que los suministra, con sujeción a los objetivos siguientes:

Investigación y transferencia de tecnología.
Protección sanitaria.
Promoción de mercados internos y externos.
Mejoramiento de los sistemas de información.
Apoyo a la regulación de la oferta y la demanda para proteger a los productores contra oscilaciones anormales de los precios y procurarles un ingres o remunerativo.
Fomento a la producción agropecuaria de bajo impacto ambiental y a la producción agropecuaria ecológica.

Parágrafo. Los productores campesinos y demás pequeños productores deberán tener un acceso equitativo al uso y administración de los fondos parafiscales, que no será inferior a su participación en la producción.

CAPITULO IV

DEROGATORIA Y VIGENCIA

Artículo 242.  La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las leyes 160 de 1994, 791 de 2002, 1182 de 2008 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

Presentado por