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Proyecto de Ley Agraria: Arrancan las tareas

Economía

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“Sólo la paz logrará sellar la brecha de la desigualdad entre lo urbano y lo rural” dice el manifiesto por la tierra y la paz. La iniciativa de reforma recoge las proposiciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.

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Fueron arduas las jornadas de discusión, diagnósticos, elaboración y planificación de propuestas que apuntaron a soluciones de paz y justicia social surgidas luego de la inmensa participación de colombianos en Barrancabermeja a raíz del Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la Tierra y la Paz, convocado por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACVC. “El diálogo es la ruta” fue la consigna con la que se invitaba a tomar iniciativas de paz desde la población campesina, afrodescendiente e indígena, y fue así como luego de la participación de las más importantes organizaciones campesinas del país y con el acompañamiento de la mesa de unidad agraria se consolidó la propuesta legislativa denominada proyecto de Ley Agraria.

 

EL proyecto de la unidad popular

“El Polo Democrático ha decidido acompañar una iniciativa de reforma agraria de corte popular y de corte democrático que se viene construyendo desde hace varios años, y lo que ahora estamos haciendo es actualizándola y enriqueciéndola. Lo más importante que presenta el proyecto es el acompañamiento de las organizaciones campesinas de base del país”, sostuvo el vocero del Polo en la Cámara de Representantes y principal impulsor de la propuesta, Hernando Hernández Tapasco. Sin embargo, el proyecto debe surtir otro paso previo a la presentación en el Congreso de la República y es pasar por las comunidades indígenas del país para su aprobación y acompañamiento.

La paz con bases ciertas

Según estudio del investigador Ricardo Bonilla que data de 2009, se establece que el 0.06 % de los propietarios poseen el 51.51% de la propiedad rural, mientras que el 78.76% de los propietarios  poseen el 5.27% de la tierra. Cifras que parecen no estar en los primeros renglones de importancia para el Gobierno Nacional, pues luego de un año del anuncio de presentar una reforma agraria, no se conoce una letra del proyecto. De hecho, las falencias de las políticas agropecuarias gubernamentales de los últimos gobiernos, se expresan en que el país está completamente rezagado frente al desarrollo del sector en otros países de América Latina, según explica la motivación del proyecto de borrador que el Semanario VOZ conoció. “La agricultura está rezagada con respecto al crecimiento de la economía; Colombia depende cada vez más de la importación de alimentos y la agricultura colombiana fue totalmente incapaz de responder al alza mundial del precio de los alimentos”, puntualiza el proyecto de ley.

Consecuencias del conflicto

Colombia no en vano es catalogado como el cuarto país más desigual del mundo y el primero de América. De hecho, el 82 % de campesinos del país está bajo línea de indigencia y el 95 % de ellos bajo la línea de pobreza. Antes del fenómeno de desplazamiento masivo producto del conflicto, los datos de indigencia y pobreza llegaban a 50 % y 25% respectivamente. Lo que demuestran los datos es que, de una parte, las mediciones de desigualdad siguen evidenciando que las causas del conflicto persisten a pesar de trascurrir ya medio siglo, y por otro lado, en la medida  que se continúe con la salida militar como único antídoto a la pobreza y desigualdad, el conflicto y sus causas se ahondarán como se ha demostrado en la última década. Ahora bien, con respecto al impacto de la violencia en la agricultura, el proyecto recrea cifras como las de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, en las que revela la cantidad de hectáreas de tierra usurpadas o abandonadas por causa de la violencia entre 1980 y julio de 2010, que son cerca de 6,65 millones, sin contar los territorios de comunidades étnicas. Esa cantidad de tierras equivale al 12,9% de la superficie agropecuaria del país.

Profundos cambios

Como lo establece el proyecto, existiría un “Consejo Nacional de Desarrollo Rural Integral, ampliamente participativo, que elaboraría un plan para el sector rural y lo sometería para su aprobación al CONPES; propondría los presupuestos de inversión nacional para el campo. Lo que propiciaría la definición de criterios de uso del suelo y el agua, tanto para producción agrícola, pecuaria, forestal, como para explotaciones mineras, petroleras y de recursos naturales no renovables, para reserva natural o conservación ambiental o para fines culturales y establecería los criterios e instrumentos aplicados a la destinación de los suelos para diferentes fines”.
El proyecto de ley además propone, entre otras cosas, la creación de una entidad agrícola capaz de centralización la función de ordenamiento social de la propiedad, de manera que tanto la dotación de tierras, como las formalizaciones de propiedad, clarificaciones y deslindes, tengan un curso armónico en procura del desarrollo de  programas para campesinos, indígenas y afros, que no se vean inesperadamente contradichos por la legalización de despojos.
Con la presentación del proyecto de reforma agraria inician tareas de la propuestas en el Encuentro de Paz que llegaran a buen término en la medida que las razones de la unidad popular, los sectores sociales y democráticos tengan mayor validez a los intereses de la “unidad nacional”.