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14 de noviembre Día de la Mujer Colombiana
Escrito por eldia | Miércoles, 18 de Noviembre de 2009 14:02
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En 1967 el ex presidente Carlos Lleras Restrepo declaró por medio la ley 44 en su segundo artículo, el 14 de noviembre  como “El día de la Mujer Colombiana” en honor del aniversario de la muerte de "Policarpa Salavarrieta".
La Pola como era llamada, fue fusilada el 14 de noviembre de 1817 en la Plaza Mayor de Santafé de Bogotá quien en 1816 se vinculó con el movimiento clandestino de los hermanos Vicente y Ambrosio Almeyda quienes organizaron a jóvenes que habían sido reclutados a la fuerza por las tropas realistas para desertar del ejército español y conformar guerrillas patriotas que actuaban en Cundinamarca. Desde allí Policarpa desplegó una amplia labor de información y contactos con los guerrilleros, cuyo movimiento ya coordinaba las fuerzas de los Almeyda con la de guerrillas de Casanare y Arauca, dirigidas por Manuel Röergas de Serviez, Ramón Nonato Pérez y Francisco de Paula Santander.

Policarpa murió a sus 22 años y  sus últimas palabras fueron: "muero con orgullo de defender mi patria". Por esta razón, por haber luchado con los patriotas Policarpa hace parte de la historia colombiana.  

En Colombia, los estudiantes comienzan desde pequeños a aprender la historia y todos aquellos acontecimientos importantes que hacen parte de la independencia, aprenden el por qué de muchas consecuencias que ahora se viven, pero pareciera que los colegios se olvidan de los grandes personajes que se defendieron, que lucharon y subestiman su historia dejando siempre con más importancia la historia mundial que desde décadas se ha implantando y nos han vendido dejando atrás los grandes detalles de lo que realmente pertenecen y forman parte de la historia real de Colombia.

Su labor heroica la puso en prisión en  noviembre de 1817  y fue fusilada el 14 del mismo mes. En 1967 el ex presidente Carlos Lleras declara este día como “el Día de la Mujer Colombiana” en homenaje a Policarpa.
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La nueva edición del Boletín Nyéléni es ahora en línea!


El acaparamiento de tierras en el planeta crece implacable.

No es sólo su utilización para emprendimientos agrícolas industriales de monocultivo de materias primas de exportación,  ni la producción dislocada de alimentos en otros países.

Implica extractivismo: agua, minería, petróleo, deforestación, narcotráfico, servicios ambientales y proyectos REDD  (es decir territorios enajenados aparentemente en resguardo) y la especulación subsecuente con ellos, el turismo, 
el desarrollo inmobiliario y la urbanización, la geopolítica militar y mucho más.

En este número de Nyéléni, queremos asomarnos un poco a este fenómeno creciente y a 
las posibilidades de resistirlo desde nuestras comunidades.

 


Haga clic aquí para descargar la edición en español o lea el boletíndirectamente, en el sitio web www.nyeleni.org

Haciendo memoria a inicios de siglo XX cuando en la ZONA BANANERA del departamento del MAGDALENA, se empezaba a desarrollar con gran empuje el cultivo del BANANO, los empresarios de la época en cabeza de la MULTINACIONAL UNITED FULL COMPANY, vinculaba a los y las trabajadoras sin ninguna clase de contrato, ni garantías LABORALES, SIN SALUD, EDUCACION, ni VIVIENDA, mucho menos los servicios básicos esenciales, lo que llevo a que en Diciembre de 1928 estos trabajadores se revelaran contra estas COMPAÑIAS exigiendo mejoras salariales y condiciones DIGNAS de TRABAJO y respeto a las garantías laborales, lo que dio que como respuesta de las MULTINACIOBNALES Y el gobierno de la época, respondieran con balas asesinando a más de 3.000, trabajadores, HOMBRES y MUJERES,  que reclamaban sus derechos.

Hoy a pesar que existe una ORGANIZACIÓN SINDICAL denominada SINTRAINAGRO de ideología patronalista desde hace más de dos décadas, los empresarios siguen maltratando y violando todas las normas laborales existentes en la Legislación Colombiana, con el beneplácito de quienes dirigen esta Organización Sindical.

Sin embargo desde el año 2006,  nace una nueva esperanza para los trabajadores de la Zona, al constituirse la Organización Sindical SINTRAGRANCOL, filial de FENSUAGRO-CUT, que con esfuerzo, por encima de los obstáculos que las empresas en ALIANZA con el Sindicato SINTRAINAGRO, para no dejar avanzar el desarrollo de la actividad de asociación y bajo la mirada cómplice y pasiva de las autoridades, sin embargo cada día crece más la credibilidad de la Organización Sindical clasista, afianzando su trabajo y solidaridad con el respaldo de Organizaciones como SINTRAMINERGETICA, SINTRAIME, EL INTERSINDICAL DE LA AGROINDUSTRIA Y LA ALIMENTACION EN COLOMBIA, entre otras, que sigue adelante en defensa de los Intereses de todos y todas las trabajadoras de esta región.

Por eso hoy ya hemos logrado pactar en tres ocasiones CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO –CCT- con la finca VILLA GRANDE, en diciembre del 2013 se firma CCT con la finca SAN RAFAEL y el pasado 06 de Junio se firmó CCT con la finca CORDOBA BIS, donde se ha logrado estabilidad laboral y mejores garantías y condiciones para los trabajadores.

Sin embargo la unidad de empresarios con el sindicato SINTRAINAGRO, y la parcialidad a favor de estos, los funcionarios de quien (imparten Justicia) hace que no logremos avances en otras empresas y fincas de la Zona, caso en la empresa AGROBANACARIBE, la cual consta de 10 fincas en la Zona con algo más de 700 trabajadores, donde SINTRAINAGRO tiene pactado CCT, pero que desde hace tres negociaciones los trabajadores ven retrocesos en sus derechos adquiridos, como el caso de salarios congelados, desmonte de algunas conquistas ya adquiridas, despidos injustos, y acuerdos entre la empresa y el Sindicato que desmejoran los ingresos. En un momento más de 400 trabajadores se habían afiliado a SINTRAGRANCOL, pero en una campaña entre la empresa y la dirección de SINTRAINAGRO, donde ofrecieron prebendas económicas, iniciaron a aplicar el doble descuento Sindical a los afiliados a SINTRAGRANCOL, desconocimiento de afiliaciones por parte de la empresa, desconocimiento del derecho de negociación, persecución a los afiliados de este Sindicato etc. Hoy persisten afiliados más de 300 trabajadores en SINTRAGRANCOL, en espera que las autoridades laborales cumplan con su obligación de defender los derechos Sindicales como laborales de todos los trabajadores.

Así mismo la empresa AGROBANANO finca SAN PEDRO, en unión con SINTRAINAGRO logran desmontar un proceso Organizativo y de negociación que iniciaron estos

trabajadores con SINTRAGRANCOL, los cuales más de 100 que se afiliaron a SINTRAGRANCOL fueron desalojados de la finca, despedidos de la empresa, mientras vinculan en su remplazo una cantidad igual de trabajadores, afiliándolos a SINTRAINAGRO al momento de la contratación y que hoy cuando también reclaman mejores condiciones de trabajo los retiran sin contemplación alguna.

Con SINTRAGRANCOL, FENSUAGRO-CUT venimos realizando sensibilización para que los trabajadores despierten y reaccionen ante las barbaries que comenten estos empresarios con los trabajadores de la zona en complicidad con SINTRAINAGRO, y la complacencia de las autoridades, donde permiten que en estas empresa hayan trabajadores que ni siquiera les pagan el salario mínimo de ley, que no tengan seguridad Social, ni los tengan en un fondo de pensiones mucho menos a una caja de compensación, no les paguen prestaciones sociales ni ninguna otra garantía contempladas en la legislación laboral COLOMBIANA.

Ante esta situación el trato y señalamiento, que venimos recibiendo la dirigencia de SINTRAGRANCOL Y DE FENSUAGRO, que estamos al frente de este proceso, por parte de los empresarios de la Zona y la dirigencia de SINTRAINAGRO, es de delincuentes como lo ocurrido durante el paro de los trabajadores de la finca SAN PEDRO.

En esta región no hay ley para los empresarios que explotan sin misericordia a los trabajadores, la situación de salud, educación, vivienda, saneamiento básico, derechos Sociales y humanos son precarios.

Por tal razón llamamos a las Organizaciones de Derechos Humanos, que intercedan  ante organismos nacionales e internacionales competentes para que se nos reconozcan como ciudadanos con derechos laborales y sociales.

A las organizaciones Sindicales que actúan en contra de los intereses de los trabajadores y acompañan a los empresarios en los atropellos, que recapaciten y adquieran consciencia del mal que ocasionan a la institución sindical y por ende a los trabajadores,  que día a día desmejoran su calidad de vida y aportan ingresos para funcionamiento sindical que en ocasiones son mal utilizados por esta dirigencia.

A las autoridades que cumplan oportunamente con su deber ajustado a la ley y al derecho con imparcialidad ante los patronos y trabajadores. No como lo ocurrido el día de hoy, que a pesar que a los trabajadores de la FINCA SAN PEDRO se les violan todos sus derechos. Por el paro que desarrollan en defensa de estos, las autoridades les declaran paro Ilegal para justificar la masacre laboral cometida por esta empresa. Mientras a su vez el ministerio de trabajo archiva una demanda de múltiples abusos y violaciones a los derechos de la Organización SINTRAGRANCOL y  trabajadores de la empresa AGROBANACARIBE, sin tener en cuenta evidencias y sustentaciones de del sindicato. Y alude el deber de sancionar a las empresa MONTE LIMAR, AGROBANACARIBE Y AGROBANANO, que violando el artículo 433 de CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO ya que a estas empresas se les presento pliego de peticiones, 28 de Noviembre del 2013, 18 de Diciembre del 2013 y 01 De Abril del 2014 respectivamente, e incumpliendo lo acordado entre nuestra Organización sindical, la Doctoras PATRICIA MARULANDA, DANCY PALACION, JULIA ESTHER MEJIA DE PINTO Y MARILUZ SAAVEDRA BOHORQUES funcionarias del Ministerio de trabajo Nacional, Regional Magdalena e Inspectora de trabajo de Cienaga.

Ciénaga Junio 12 de 2014

PABLO ELIAS VARGAS MANTILLA

Coordinador Nacional

 

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy el informe “Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, con motivo de la visita in loco realizada en diciembre de 2012.

La Comisión advierte que Colombia se encuentra en un momento histórico en el que se concibe la suscripción de un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, que podría poner fin al conflicto armado luego de más de cinco décadas de duración. La CIDH valora y alienta el avance de los diálogos de paz y reitera su convicción de que el camino transitable para lograr el objetivo de una paz estable y duradera debe descansar en el pleno respeto a los derechos humanos. En este sentido, es necesario el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, el juzgamiento de los responsables y su sanción conforme a la ley, así como la reparación del daño causado a las víctimas.

Este informe aborda diversas temáticas, en particular las relativas a los derechos a la verdad, justicia y reparación. La Comisión resalta, en este sentido, la importancia de redoblar esfuerzos para combatir la impunidad.

Respecto a este punto, la Comisión reconoce y valora que el enfoque que el Estado aplica en las negociaciones de paz se centra, entre otros principios, en un enfoque que se basa en los derechos humanos, la situación y necesidades de las víctimas, y la necesidad de evitar la repetición de las violaciones del conflicto. La Comisión considera especialmente importante en términos prácticos y simbólicos la incorporación de victimas representativas en las negociaciones de paz.

La Comisión constata en su informe el grave impacto que continúa teniendo el prolongado conflicto armado interno colombiano en la situación de derechos humanos en el país. La guerra ha conjugado todas las formas de violencia y ha acontecido en los lugares más apartados, perpetuando y acentuando contextos de discriminación y exclusión social histórica, en especial con los sectores en mayor situación de vulnerabilidad, en particular, personas afrodescendientes, raizales y palenqueras; niños, niñas y adolescentes; pueblos indígenas; mujeres; periodistas y comunicadores sociales; personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex, y personas privadas de libertad.

En este contexto, analiza la situación de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal en casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; así como la efectividad de los mecanismos adoptados para proteger las personas que se encuentran en situación de riesgo. La CIDH también examina la continuidad del fenómeno del desplazamiento forzado interno, el cual representa, a juicio de la Comisión, uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta Colombia en la actualidad y en las décadas venideras. Igualmente, el informe recoge la información que la Comisión ha sistematizado y analizado respecto de la situación de los derechos económicos sociales y culturales, y la situación específica de los grupos especialmente afectados por el conflicto armado interno.

La CIDH ha establecido que el principio de no-discriminación es uno de los pilares de cualquier sistema democrático y que es una de las bases fundamentales del sistema de protección de derechos humanos instituido por la OEA. A pesar de ello, tal como se desarrolla a lo largo de este informe, la Comisión advierte que el conflicto armado interno colombiano provoca y contribuye a perpetuar ciertas afectaciones específicas a determinados grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y/o afectados por múltiples niveles de discriminación. La Comisión analiza de manera detallada el impacto diferenciado respecto de cada uno de estos grupos, tomando en cuenta el concepto de interseccionalidad.

Para la CIDH, la superación de la violencia se encuentra indisolublemente vinculada a la superación de la situación de impunidad y que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares puedan obtener justicia. Este es otro de los desafíos centrales y urgentes que la Comisión identifica en su informe. En ese sentido, la Comisión presenta sus consideraciones sobre las reformas adoptadas por el Estado en materia de justicia transicional y los mecanismos de reparación para las víctimas, principalmente la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; las reformas planteadas en materia de justicia penal militar, y los avances y desafíos en la implementación de la Ley de Justicia y Paz.

Una parte importante de los desafíos que enfrenta Colombia se relaciona con asegurar justicia, verdad y una reparación adecuada a las víctimas del conflicto. En este sentido, la CIDH considera que el Estado debe fortalecer el trabajo de las instituciones que desempeñan un rol en las funciones de investigación y administración de justicia, en particular en la implementación de la Ley de Justicia y Paz. La CIDH reconoce el momento histórico que atraviesa el Estado para la construcción de la paz en el país y ha observado que el Estado se encuentra desarrollando diversas medidas legislativas encaminadas a tal dirección. La Comisión considera que la construcción de la paz se encuentra indisolublemente vinculada a la investigación, juzgamiento y reparación de violaciones de los derechos humanos, particularmente, aquellas cometidas por los agentes del Estado o con su apoyo o aquiescencia. En este sentido, la Comisión considera imperativo que el Estado adopte una perspectiva de derechos humanos al tomar las decisiones que correspondan al marco jurídico transicional, de tal manera que garantice el acceso a la justicia de las y los colombianos en conformidad con las obligaciones internacionales que el Estado ha asumido.

En el contexto actual de las negociaciones hacia la paz, y tomando en cuenta las complejidades que surgen debido a la prolongación del conflicto, la Comisión analiza la particular situación de riesgo que enfrentan las y los defensores de los derechos humanos. La CIDH destaca que en virtud del carácter vinculante de las medidas de protección del sistema interamericano, reconocido por el Estado de Colombia, y del principio de buena fe que rige en el derecho internacional, la fase que le corresponde al Estado ante un otorgamiento de una medida de protección proveniente del sistema interamericano, es la de su implementación y seguimiento. En tal sentido, la Comisión recuerda que la implementación de medidas de protección otorgadas en el contexto de procedimientos internacionales no puede estar subordinada al inicio o agotamiento de procesos internos.

La CIDH ha venido monitoreando la situación de derechos humanos en Colombia desde hace décadas. En diciembre de 2012 realizó una visita in loco al país, con el propósito de recopilar información, en particular, sobre la situación del conflicto armado interno y los grupos en especial situación de vulnerabilidad, así como para evaluar los mecanismos de justicia transicional adoptados por el Estado. El informe es el resultado de la información que la Comisión recibió durante y con posterioridad a la visita y en el mismo ofrece su análisis y recomendaciones en relación con los temas de la agenda de derechos humanos en Colombia. El informe, aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2013 por la misma integración que realizó la visita, tiene en cuenta también las observaciones realizadas por el Estado de Colombia a la versión preliminar del informe.

La CIDH valora la apertura y voluntad del Estado de haber dado su anuencia para una visita in loco, y estima que esta disposición permite consolidar aportes sustantivos en el proceso que atraviesa Colombia. La Comisión agradece a las autoridades colombianas por la valiosa información suministrada para la elaboración de este informe, así como aquella aportada por organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos internacionales.

Sabemos que, con posterioridad, ha habido nuevas decisiones jurisdiccionales y políticas públicas relevantes, así como avances en el diálogo para la paz. Es claro que en el proceso de seguimiento de las conclusiones y recomendaciones del informe que hoy le presentamos, habrá oportunidad para que la República de Colombia y la sociedad civil se sirvan aportar los insumos y actualizaciones correspondientes para su debida valoración por el Pleno de la Comisión.

La Comisión espera seguir colaborando con el Estado y con los integrantes de la sociedad civil en su determinación a la búsqueda y consolidación de una paz duradera, así como enfrentar y superar las situaciones estructurales que afectan el pleno goce de los derechos humanos en Colombia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia